ATC600-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC600-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2023-10038-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991, constituye requisito esencial para la impugnaci\u00f3n de un fallo proferido en acci\u00f3n de tutela, que quien act\u00fae para tales efectos tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual no se satisface con la simple manifestaci\u00f3n en el sentido que le asiste, sino que es menester acompa\u00f1arla de los medios cognoscitivos que la demuestren ante el respectivo funcionario, y en el caso de los apoderados dicha vocaci\u00f3n se ha de acreditar a trav\u00e9s de poder especial. <\/p>\n
Por ello la Corte en reiterados pronunciamientos ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026[C]uando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso ejecutivo, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos -Negrillas ajenas al texto- (CSJ ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01; ATC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01; y ATC, 13 jun. 2016, rad. 2016-00119-01). <\/p>\n
Bajo el contexto planteado, se advierte que como la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas no aport\u00f3 al expediente el poder especial que la facultara para representar en el tr\u00e1mite de la tutela a Miguelina Bellido Morales y a V\u00edctor Montenegro, en nombre de quien adujo formular la impugnaci\u00f3n, se impone rechazar el aludido mecanismo interpuesto contra la sentencia tutelar de primer grado y disponer que, en cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la providencia censurada, se env\u00ede el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, sobre el inter\u00e9s de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas para intervenir en las peticiones de amparo sin poder especial para tal fin, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
Sin dificultad se advierte la improcedencia del resguardo por ausencia de legitimaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas para rebatir cuestiones atinentes al juicio de restituci\u00f3n de tierras adelantado por Petrona Meri\u00f1o y otros, en el cual se opusieron las sociedades La Franciscana S.A.S., Agr\u00edcola Eufemia S.A.S. y C.I. T\u00e9cnicas Baltime de Colombia, por cuanto en aqu\u00e9l no fungi\u00f3 como parte o tercera debidamente reconocida. <\/p>\n
En torno a la gesti\u00f3n cumplida en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o en lo concerniente a providencias dictadas dentro de \u00e9sta, la Corte ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Se destaca, si la pretensi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas se dirige a obtener la salvaguarda de los m\u00e1s de cuarenta (40) demandantes en el comentado litigio, de igual modo carece de legitimaci\u00f3n, pues no cuenta con poder especial2 para actuar en este particular resguardo en nombre de aquellos y contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, ni adujo raz\u00f3n alguna en aras de justificar la imposibilidad de los all\u00e1 actores para acudir a este decurso directamente. <\/p>\n
Este mecanismo extraordinario es un instrumento procesal preferente y sumario, establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica con el prop\u00f3sito de que cada persona por s\u00ed misma, mediante apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus garant\u00edas fundamentales, si \u00e9stas resultan vulneradas o amenazadas por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares. <\/p>\n
Cuando se ejerce por representante, apoderado o agente oficioso es imperativo, en el segundo evento, anexar el respectivo mandato y acreditar la calidad de abogado titulado, y, en el \u00faltimo, manifestar la circunstancia que le impide al prohijado promover su propia defensa. En el asunto actual, no se cumple ninguna de esas opciones. (CSJ, STC4301-2019). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expresado, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Rechazar la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 18 de mayo de la anualidad en curso, dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela incoada por Daniel Antonio Montero Pacheco, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta. <\/p>\n
2. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
2\u0002 Si bien la accionante alleg\u00f3 a este decurso algunos poderes, todos ellos fueron otorgados, espec\u00edficamente, para iniciar el aludido juicio de restituci\u00f3n de tierras. Adem\u00e1s observados con detenimiento esos mandatos, los mismos se concedieron Gustavo Gall\u00f3n Giraldo, quien para ese momento dijo ser el \u201crepresentante legal\u201d de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, persona que no corresponde a la que en este ruego se atribuye la vocer\u00eda de ese ente, esto es, Jhenifer Mojica Fl\u00f3rez, sin que se aportara prueba id\u00f3nea que permitiera establecer cu\u00e1l de los prenombrados es realmente el \u201crepresentante legal\u201d de tal organismo y determinar si se cumplen los supuestos establecidos en el art\u00edculo 75 del C.G.P. <\/p>\n
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