ATC621-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC621-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00758-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 20 de abril de 2023, con la cual se concedi\u00f3 el amparo invocado por Andrea Viviana Lozano R\u00edos, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos, contra el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Judicial Seccional Bogot\u00e1 y Cundinamarca, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, por lo que viene. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n 115 del 11 de marzo de 2022, se vincul\u00f3 laboralmente con el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para desempe\u00f1ar el cargo de secretaria en provisionalidad, hasta que finalizara la vacancia de las incapacidades m\u00e9dicas de la actual secretaria -Bibiana Rojas C\u00e1ceres-. Esta \u00faltima, anunci\u00f3 su reintegro. No obstante, ese mismo d\u00eda inform\u00f3 que en el nuevo tratamiento m\u00e9dico se le orden\u00f3 una incapacidad de tres d\u00edas consecutivos a la semana. <\/p>\n
2.1. En raz\u00f3n a lo anterior, el titular del despacho enjuiciado, \u00abcon el fin de no perjudicar al usuario judicial y continuar con el normal funcionamiento del juzgado, procedi\u00f3 a continuar con mi nombramiento por los tres d\u00edas de incapacidad que le ser\u00edan ordenados por el galeno tratante cada semana\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que el pago de los dos (2) primeros d\u00edas de incapacidad causadas corresponde al empleador. Y a las EPS ata\u00f1e lo correspondiente desde el d\u00eda tres (3) y las posteriores, lo cual no implica el desconocimiento del art\u00edculo 9\u00ba del decreto 770 de 1975, relativo a la pr\u00f3rroga de incapacidades expedidas por la misma enfermedad o lesi\u00f3n, reiterado en el decreto 1427 de 2022, art\u00edculo 2.2.3.3.2, par\u00e1grafo 1. <\/p>\n
2.3. Inform\u00f3 que lleva m\u00e1s de un mes y medio solicitando que se d\u00e9 tr\u00e1mite a los correos de radicaci\u00f3n de las resoluciones n\u00fameros 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 emitidas por el juzgado, las cuales se remitieron a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica \u00abatencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb, haciendo el registro de vinculaci\u00f3n en dos oportunidades. <\/p>\n
2.4. Finalmente, asever\u00f3 que la vulneraci\u00f3n a sus derechos se hace extensiva a sus hijos, pues depende de sus ingresos para solventar las necesidades de alimentaci\u00f3n, educaci\u00f3n y medicina prepagada. Deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad administrativa accionada que, dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, realice su inclusi\u00f3n o vinculaci\u00f3n a la n\u00f3mina con la \u00faltima incapacidad reportada. Proceda con la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social y reconozca el pago de los salarios correspondientes a los d\u00edas laborados y respaldados en las resoluciones 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 de 2023, expedidas por el juzgado accionado. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013con prove\u00eddo del 20 de abril de 2023- concedi\u00f3 el amparo invocado. Para ello, expuso que \u00abno dispone de elementos de juicio para determinar una clara e indiscutible vulneraci\u00f3n a los derechos de la accionante. No obstante, es necesario prever que el funcionario judicial tenga en cuenta las normas e instrucciones laborales y fiscales correspondientes de las situaciones administrativas que le conciernen como director del despacho, respecto de la designaci\u00f3n de reemplazos por incapacidades de empleados en periodos de pocos d\u00edas o inferiores a tres d\u00edas, pues las vinculaciones por tan cortos periodos, adem\u00e1s de no mostrar en todos los casos una necesidad apremiante de reemplazo, podr\u00edan causar traumatismos en los tr\u00e1mites de vinculaci\u00f3n y desvinculaci\u00f3n de n\u00f3minas, de seguridad social y pagos, entre otros. Por tanto, indic\u00f3 que \u00absi bien no se dar\u00e1 una orden concreta al juzgado de circuito accionado, por cuanto no se ve una conducta vulneradora de los derechos b\u00e1sicos, se le prevendr\u00e1 para que antes de efectuar designaciones tendientes a cubrir la incapacidad de un(a) empleado(a), por pocos d\u00edas, indague con la Direcci\u00f3n Ejecutiva tambi\u00e9n accionada el modo de proceder m\u00e1s conveniente en esas situaciones, con miras a evitar las anotadas dificultades\u00bb. <\/p>\n
Requiri\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Judicial \u00abpara que, en el t\u00e9rmino de un mes, suministre al juzgado accionado y los dem\u00e1s bajo su administraci\u00f3n, unas instrucciones claras en cuanto a la designaci\u00f3n de reemplazos en los eventos de incapacidades de pocos d\u00edas o menos de tres d\u00edas\u00bb. Asimismo, ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de la impulsora al considerar que \u00abcomo en los autos no est\u00e1 acreditado que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Bogot\u00e1 y Cundinamarca, hubiese resuelto de fondo las peticiones de 2 y 8 de marzo de 2023, tal circunstancia amerita conceder a la protecci\u00f3n constitucional del derecho de petici\u00f3n, para ordenarle que las resuelva en legal forma\u00bb. En consecuencia, le orden\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si no lo hubiere hecho, notifique resuelva y responda las peticiones de la accionante, en el sentido que considere pertinente, con sujeci\u00f3n a las normas aplicables del orden administrativo laboral, y dem\u00e1s concordantes\u00bb. <\/p>\n
4. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la accionante. Advirti\u00f3 que \u00abla tutela la interpuse por la falta de reconocimiento y pago de las vinculaciones laborales, que se radicaron por los medios electr\u00f3nicos habilitados para ello\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
2. Ahora bien, trat\u00e1ndose de la regla de competencia establecida en el inciso segundo del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb. Al respecto, esta Sala -con auto ATC1097-2022- expres\u00f3 que el criterio referido \u00abdebe aplicarse de manera extensiva a todos los amparos que impetren los funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin importante qui\u00e9n o qui\u00e9nes sean las autoridades accionadas\u00bb. E ilustr\u00f3 que en auto ATC-420-2022 se dijo que <\/p>\n
1. Se advierte que el Tribunal Superior de Pereira carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abfuncionario\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab (\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. Significa, entonces, que como el accionante es un empleado judicial que pertenece a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la queja de la referencia compete a los Juzgado Administrativos de Pereira\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, en ATC1590 del 20 de octubre de 2021, se sostuvo que: <\/p>\n
En efecto las actuaciones administrativas que acusa son las desplegadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira y Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas- La Guajira; entonces, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021, surge la necesidad de aplicar su inciso segundo, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, para asignar el conocimiento de las tutelas \u00abpresentadas por (\u2026) empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. Lo anterior siguiendo los lineamientos consagrados en los art\u00edculos 306 del CPACA y 15 del CGP, en virtud de que el asunto, hoy no est\u00e1 asignado a otro organismo de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, como en el caso en concreto la actora funge como empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y al estar involucrado el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la competencia para conocer del amparo en primera instancia correspond\u00eda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo reglado por el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, lo actuado por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Por lo tanto, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser el competente para resolver en primera instancia el reclamo implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrese las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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