ATC635-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC635-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02244-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor acus\u00f3 a la entidad convocada de quebrantar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad, requerimiento que hizo con el fin de que se ordenara a la accionada \u00abcancelar la medida de embargo que recae sobre la cuota parte del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 319-22832, conforme a la orden impartida por el [despacho] Segundo de Familia de Bucaramanga\u00bb (anexo 04 Expediente digital). <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil repeli\u00f3 el resguardo y lo envi\u00f3 a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bucaramanga (Reparto), porque consider\u00f3 que, aunque no se le atribu\u00eda de manera expresa la vulneraci\u00f3n, la tutela iba encaminada a la valoraci\u00f3n de una orden impartida por el Juez Segundo de Familia de Bucaramanga, por lo tanto, era el asunto competencia de la antedicha corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por su parte, una vez recibi\u00f3 el expediente, la Magistratura tambi\u00e9n rehus\u00f3 el asunto porque de los hechos y el petitum contenidos en el escrito de tutela no se desprend\u00eda ning\u00fan tipo de conducta que comprometiera al Segundo de Familia de Bucaramanga o que ameritara su vinculaci\u00f3n. As\u00ed, en aplicaci\u00f3n del numeral 1 del art\u00edculo 1 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 2021, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del dossier. <\/p>\n
4. Retornadas las diligencias a la autoridad que conoci\u00f3 en principio, esta propuso el conflicto negativo de competencia, en cuanto consider\u00f3 inevitable la revisi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial proferida por una autoridad de categor\u00eda circuito, lo que configuraba la competencia en cabeza del cuerpo colegiado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la presente colisi\u00f3n comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e zanjarla, a trav\u00e9s de Magistrado Sustanciador, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
En orden a resolverlo, conviene recordar c\u00f3mo el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de estas. <\/p>\n
De cara al objeto de esas disposiciones, esta Judicatura ha enfatizado que: <\/p>\n
[s]u designio es facilitar al presunto afectado la escogencia del juez que ha de resolver, con la celeridad propia de esta acci\u00f3n, sobre la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, seg\u00fan fluye claramente de su texto, de lo cual se deduce que la competencia por el factor territorial debe establecerse por el lugar donde, seg\u00fan las afirmaciones de la respectiva demanda, adquiera materialidad la violaci\u00f3n o amenaza de tales atributos, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que se acusan, y que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana (\u2026). De ah\u00ed, adem\u00e1s, que se trate de una competencia preventiva, significando con ello que, si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los dem\u00e1s (CSJ ATC420-2021, entre otras). <\/p>\n
En ese sentido, se ha aceptado que para saber cu\u00e1l es la dependencia que debe ocuparse de la salvaguarda, se exhibe definitiva la elecci\u00f3n que libremente haga el interesado al radicar su reclamo ante cualquiera de los aludidos despachos, de tal suerte que el escogido \u00abqueda investido de la facultad suficiente para conocer y resolver el ruego\u00bb (autos 10 nov. 2006, exp. 2006-01866-00; 24 nov. 2008, exp. 2008-01878-00 y 23 sep. 2010, exp. 2010-01533-00, entre otros). <\/p>\n
En el caso bajo examen, el promotor aspira a que Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Gil proceda a cancelar la medida de embargo que recae sobre la cuota parte del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 319- 22832, de conformidad con una orden judicial. <\/p>\n
Para ello, escogi\u00f3 la unidad judicial de San Gil, distrito donde se sit\u00faa su domicilio y el de la entidad accionada, por lo que podr\u00eda afirmarse tiene f\u00e1cil acceso a la administraci\u00f3n de justicia y se extienden las consecuencias del tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
V\u00e9ase que ese supuesto encaja en uno de los que trae el art\u00edculo 37 del citado Decreto (en torno al aspecto \u00abterritorial\u00bb) y, por consiguiente, era preciso respetar la selecci\u00f3n del censor, y no, como lo hizo el primer servidor, desechar el aludido ruego tuitivo, pues como se tiene decantado por esta corporaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela (resalto propio) (CSJ AT421-2021). <\/p>\n
Lo dicho constituye raz\u00f3n suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa a la c\u00e9lula donde inicialmente fue radicado el ruego, a la cual se dispondr\u00e1 el env\u00edo inmediato del expediente a fin de que, sin m\u00e1s dilaciones, le d\u00e9 el impulso correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil es el competente para conocer de la disputa en referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese a la libelista lo aqu\u00ed dispuesto, por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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