ATC636-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02306-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto negativo de competencia que se suscit\u00f3 entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de C\u00facuta y Tercero Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Valledupar, ya que ambos despachos judiciales rehusaron conocer de la petici\u00f3n de amparo que formul\u00f3 Giovanni Hernando Quintero Fl\u00f3rez, quien dijo obrar \u00aben nombre de Luis Orlando Roa Su\u00e1rez\u00bb contra la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar \u2013 Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de esa localidad – SIMIT. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A la primera de las mencionadas agencias judiciales le fue repartida la acci\u00f3n de tutela atr\u00e1s referida, autoridad que, a trav\u00e9s de auto de 29 de mayo de los corrientes, se declar\u00f3 incompetente para conocerla, toda vez que \u00ablos hechos con los cuales pudo haber ocurrido la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaron la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional tuvieron ocurrencia en Valledupar\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el Juzgado Tercero Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Valledupar, a quien fue asignado el asunto, plante\u00f3 conflicto negativo de competencia, al considerar, de un lado, que \u00abes asunto averiguado, porque as\u00ed lo defini\u00f3 el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017\u2026, que las reglas previstas en esa norma son simplemente de reparto y no definen la competencia\u00bb, por lo que \u00abno le est\u00e1 permitido a un juez al que le es repartido inicialmente determinado asunto, abstenerse de conocer del mismo\u00bb; y, por otra parte, destac\u00f3 que \u00abel accionante eligi\u00f3 al juzgado remitente para que sea quien conozca de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No hay duda de que en esta Corporaci\u00f3n radica la competencia para dirimir el referido conflicto, al tenor del art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n de que los despachos enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales. <\/p>\n
2. En el sub lite se advierte que la controversia planteada va dirigida a determinar qu\u00e9 estrado debe conocer la queja constitucional del actor contra la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar \u2013 Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de esa localidad – SIMIT, destacando que aquel considera vulnerados los derechos fundamentales que invoc\u00f3 con ocasi\u00f3n del actuar de ese ente, toda vez que, seg\u00fan \u00e9l, no ha resuelto la petici\u00f3n que elev\u00f3, en representaci\u00f3n de Luis Orlando Roa Su\u00e1rez, el 23 de febrero de estas calendas. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon primero del decreto 333 de 2021, establece que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb, siendo el principal objetivo de la anterior disposici\u00f3n facilitar al afectado en sus derechos fundamentales la elecci\u00f3n del juez que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, de tal suerte que la competencia por el factor territorial est\u00e1 instituida a prevenci\u00f3n por el sitio en que, seg\u00fan las afirmaciones de la demanda, ocurren los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generatriz del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el de domicilio o el de residencia de la parte accionante, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
2.2. Asimismo, el numeral primero de la citada norma (art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, decreto 1069 de 2015) indica que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
2.3. En el caso bajo examen, la parte actora eligi\u00f3 a los jueces de C\u00facuta para presentar el libelo contentivo de su solicitud de amparo, raz\u00f3n por la cual debe entenderse que precisamente en dicha localidad es que han tenido lugar los efectos de la vulneraci\u00f3n que alega frente a las garant\u00edas fundamentales que invoc\u00f3, habida cuenta que es ese sitio donde dicho extremo se desenvuelve, pues en \u00e9ste radica su domicilio, as\u00ed como tambi\u00e9n corresponde a la residencia de la persona que dice representar, conforme se desprende de lo informado en la demanda de tutela y de los anexos allegados con \u00e9sta; de lo que se deduce que en esa ciudad se ha materializado la presunta conculcaci\u00f3n de tales derechos, de donde, por lo explicado, corresponde al Juzgado Quinto Civil Municipal de C\u00facuta el conocimiento de esta tutela. <\/p>\n
3. Luego, el despacho al cual inicialmente correspondi\u00f3 por reparto la demanda es el competente para conocerla, ya que, it\u00e9rese, \u00e9sta puede instaurarse en cualquiera de los lugares donde adquiera materialidad o irradie efectos la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, se resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar que el competente para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela es el Juzgado Quinto Civil Municipal de C\u00facuta, al cual se habr\u00e1 de remitirse el expediente. <\/p>\n
Segundo. Comunicar esta decisi\u00f3n al interesado y a los despachos involucrados. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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