ATC655-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC655-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01002-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Diego Rodr\u00edguez Monje contra el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 nuevamente en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello porque si bien es cierto que Gladys Adriana Vargas Carrillo fue notificada en calidad de curadora ad-litem de Rafael Pla Benet y de Reinaldo Rodr\u00edguez Rojas, demandados en el juicio criticado, no vislumbra la Corte que ellos hayan sido enterados del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n
\u2026 emerge claro que si el reclamo de tutela se dirige a controvertir la sentencia por medio de la cual se entreg\u00f3 en pertenencia un predio que presuntamente es de uso p\u00fablico, era preciso vincular a todas aquellas personas que se vieran o pudiesen resultar afectadas con la mencionada determinaci\u00f3n y con lo que ac\u00e1 se profiera, entre ellos los demandados en el proceso objeto de la queja\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, no se verific\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los accionados en el juicio de prescripci\u00f3n, pues lo cierto es que \u00fanicamente se notific\u00f3 al Curador Ad-litem que los represent\u00f3 en aquel juicio, sin intentar que aquellos de alguna forma se enteraran del inicio de la queja constitucional, pues lo cierto es que si \u00e9stos no se hicieron presente[s] al juicio ordinario, ello no es \u00f3bice para suponer que tampoco lo har\u00e1n en la presente acci\u00f3n, por lo que era necesario que se les hiciera saber por cualquier medio la existencia de la solicitud de amparo (publicaci\u00f3n) (CSJ, ATC7159-2015, 7 dic., rad. 2015-02496-01). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Rafael Pla Benet y de Reinaldo Rodr\u00edguez Rojas, toda vez que al omitirla les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Rafael Pla Benet y de Reinaldo Rodr\u00edguez Rojas, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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