ATC661-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC661-2023 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda proveer sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 12 de mayo, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Gustavo Guzm\u00e1n Su\u00e1rez contra los Juzgados Civil del Circuito de La Mesa y Promiscuo Municipal de Apulo, de no ser por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este plenario surge notorio que el a-quo constitucional incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del decreto 306 de 19921. <\/p>\n
Ello, porque no vislumbra la Corte que se haya enterado del inicio del tr\u00e1mite supralegal del ep\u00edgrafe a los abogados Miguel Hinestroza Salcedo y Gloria Patricia G\u00f3mez Pineda; el primero, pese a que el ac\u00e1 quejoso le enrostr\u00f3 una inadecuada gesti\u00f3n de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb dentro del pleito ejecutivo hipotecario objeto de controversia, en el que fuera designado como su curador ad litem, en calidad de demandado, mientras que la \u00faltima profesional del derecho (mandataria de la ejecutante Bancolombia S.A.), aun cuando le atribuy\u00f3 el ocultamiento -ante el cognoscente Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo- de la real ubicaci\u00f3n suya, en aras de que el descrito apoderado oficioso lograra contactarlo o asistir a la audiencia de secuestro del inmueble en cautela. El involucramiento conminado debe efectuarse de manera directa, pero de resultar imposible emprenderlo como \u00faltimo remedio incluso existir\u00eda el llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente han sido expuestos por esta Magistratura. <\/p>\n
3. Entretanto, el art\u00edculo 16 del decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, en procura de que puedan defenderse y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal… Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador… (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse el enteramiento aqu\u00ed echado en extra\u00f1eza, toda vez que al omitirlo se trunc\u00f3 la posibilidad de que los llamados a intervenir concurrieran en este particular escenario, pregonaran sus argumentos y, de ser el caso, aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se devolver\u00e1 el expediente al Tribunal a-quo, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda subyace nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Miguel Hinestroza Salcedo y Gloria Patricia G\u00f3mez Pineda, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar las diligencias a la corporaci\u00f3n de origen para que renueve el decurso, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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