ATC671-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC671-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-14-000-2023-00022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 11 de mayo, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Jos\u00e9 Leonardo Su\u00e1rez Ram\u00edrez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1, extensiva a Movistar Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, as\u00ed como a los Ministerios de Justicia y del Derecho y, de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la pronta protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abHABEAS DATA\u00bb e \u00abINTIMIDAD\u00bb, presuntamente conculcadas por los estamentos repelidos. En concreto, se ordene a la comisi\u00f3n seccional de disciplina cesar todo mal proceder dentro del expediente n.\u00b0 \u00ab2020-00024\u00bb; a la empresa de telefon\u00eda, no brindar m\u00e1s informaci\u00f3n a aquella autoridad jurisdiccional; a la superintendencia ejercer \u00abvigilancia\u00bb con relaci\u00f3n a la prenotada compa\u00f1\u00eda; y a las carteras ministeriales de justicia y de las Tic\u00b4s, hacer acatar las normas sobre \u00abdatos personales\u00bb y propicia \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo, grosso modo, que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1, ante quien se surte investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra -en calidad de juez Cuarto Penal Municipal de conocimiento de Florencia-, dispuso a trav\u00e9s de diversas resoluciones de fase probatoria -la \u00faltima, en auto de 15 de marzo de los corrientes-, requerir a Movistar Colombia reportes acerca de unos n\u00fameros telef\u00f3nicos, pese a adolecer de atribuci\u00f3n para el efecto, m\u00e1xime si la informaci\u00f3n implorada ata\u00f1e al fuero \u00edntimo de \u00e9l y probablemente de terceras personas. De ah\u00ed la perpetraci\u00f3n de \u00abDEFECTO FUNCIONAL\u00bb, carencia de motivaci\u00f3n y \u00abVIOLACI\u00d3N DIRECTA DE LA CONSTITUCI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tanto la empresa en cita como las dem\u00e1s entidades gubernamentales proporcionaron y permitieron la divulgaci\u00f3n de los datos, con destino al aludido \u00f3rgano judicial instructor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La colegiatura a-quo dio admisi\u00f3n al libelo de amparo, luego de la remisi\u00f3n que, \u00abpor competencia\u00bb, le hiciera el Tribunal Administrativo de Caquet\u00e1 -a quien inicialmente fue repartido-. <\/p>\n
Y al ep\u00edlogo de la tramitaci\u00f3n, rehus\u00f3 conceder la salvaguarda por improcedente, toda vez que a m\u00e1s de no devenir arbitrarios los pronunciamientos confutados, la causa disciplinaria est\u00e1 en curso, pendiente de la valoraci\u00f3n de los elementos suasorios objeto del actual debate. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 el convocante, con persistencia en sus ataques iniciales contra los prove\u00eddos de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que no fueron integradas a la controversia las restantes agencias accionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues como lo ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 2021): las \u00abacciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb ser\u00e1n conocidas, en primer grado, por \u00abla jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. Bajo el labrado contexto, el veredicto dimanado por el a-quo en este rito est\u00e1 viciado de nulidad, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los infolios de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para dirimir la demanda, como se vio, le corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, representada en el Tribunal Administrativo de Caquet\u00e1 -a quien fue inicialmente repartida-, si de relieve se pone la calidad de servidor judicial de la justicia ordinaria del aqu\u00ed accionante (juez penal municipal), en cuyo ejercicio es investigado al interior de la causa disciplinaria materia de su disenso y, asimismo, si se mira el principal extremo pasivo (la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del mismo departamento). <\/p>\n
Total que, en un debate con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura previno: <\/p>\n
(\u2026)Del relato f\u00e1ctico expuesto\u2026, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Se advierte que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abempleado\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab(\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb\u2026 <\/p>\n
[C]omo la entidad accionada es la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, es el Tribunal Administrativo de dich[o departamento] el llamado a desatar la s\u00faplica\u2026 (CSJ ATC412-2023, 20 abr., rad. 00054-01). <\/p>\n
Respecto de la invalidaci\u00f3n sub examine, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u2026 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (CSJ ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental de marras, habida cuenta de la falta de atribuci\u00f3n de la corporaci\u00f3n de origen para dirimir. Y en vista del repudio competencial por parte del Tribunal Administrativo de Caquet\u00e1 -a quien primigeniamente fuera repartido-, es del caso enviar el paginario a la autoridad encargada de definir en lo tocante a la colisi\u00f3n a plantear. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, dispone: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Civil-Familia-Laboral, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato las diligencias a la Corte Constitucional, en aras de que resuelva el conflicto de competencia ac\u00e1 propuesto con el Tribunal Administrativo de Caquet\u00e1. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
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