ATC672-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC672-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2023-00059-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el pasado 30 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milleth Trochez Guzm\u00e1n contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y la Juez Segunda Penal del Circuito de Popay\u00e1n, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, acudi\u00f3 al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad, debido proceso, trabajo y acceso al ejercicio de cargo y funciones p\u00fablicas\u00bb presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que, producto de la superaci\u00f3n satisfactoria de las diferentes fases de la convocatoria p\u00fablica n\u00b0. 4 que ten\u00eda como objetivo la conformaci\u00f3n de registros de elegibles para proveer cargos de carrera en los diferentes despachos que conforman el Distrito Judicial de Popay\u00e1n y Administrativo del Cauca, mediante Acuerdo CSJCAUA23-32 de 23 de marzo del a\u00f1o en curso el Consejo Seccional de la Judicatura de dicho departamento elabor\u00f3 la lista de elegibles para el empleo de oficial mayor del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popay\u00e1n, quedando ubicada en el tercer lugar. <\/p>\n
Dijo que a la par con la recepci\u00f3n del referido acto administrativo, a la c\u00e9lula judicial tambi\u00e9n fue allegada una solicitud de traslado para la vacante en cuesti\u00f3n a favor de Fabio Gabriel Portilla Qui\u00f1\u00f3nez, acompa\u00f1ada del respectivo concepto favorable1, por lo que, ante la concurrencia de aspirantes, la titular del juzgado realiz\u00f3 un procedimiento comparativo de las respectivas hojas de vida a efectos de definir a cu\u00e1l deb\u00eda nombrar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, agotada la lista con los dos candidatos que la anteced\u00edan quienes desistieron de sus aspiraciones de tomar posesi\u00f3n, la juez accionada, mediante Resoluci\u00f3n 007 de 2 de mayo de 2023, opt\u00f3 por designar en propiedad a la persona que hab\u00eda solicitado el traslado al considerar que \u00e9ste \u00abten\u00eda mejor hoja de vida\u00bb respecto de la suya. <\/p>\n
La gestora dirigi\u00f3 su ataque contra (i) el concepto favorable para el traslado de Portilla Qui\u00f1\u00f3nez y (ii) la resoluci\u00f3n por medio del cual se efectu\u00f3 el nombramiento del prenombrado en propiedad, al considerar que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y la juez nominadora \u00abdesconocieron el art\u00edculo 134 de la Ley 270 de 1996, en lo referente a los traslados de servidores al interior de la Rama Judicial\u00bb, as\u00ed como \u00abel Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017\u2026 por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales. <\/p>\n
Solicit\u00f3 remover los efectos jur\u00eddicos de los aludidos actos administrativos y que, como consecuencia de ello, se ordene a la juez accionada proceda a designarla en propiedad. <\/p>\n
2. El tribunal a quo no accedi\u00f3 al amparo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad \u00abal existir una v\u00eda id\u00f3nea ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, que se torna efectiva y materialmente apta para proteger [sus derechos]\u00bb y no haber acreditado la inminencia de un da\u00f1o irreparable \u00abque habilite vaciar o desplazar la \u00f3rbita de competencia del juez natural\u00bb. <\/p>\n
3. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la tutelante insistiendo en los argumentos del escrito inaugural, a los que agreg\u00f3 que la Corte Constitucional \u00aben numerosos pronunciamientos\u2026 ha reivindicado la pertinencia de la acci\u00f3n de tutela pese a la existencia de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u2026 que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensi\u00f3n los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a los cargos p\u00fablicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan id\u00f3neos para lograr la protecci\u00f3n de los derechos de las personas que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia para este tipo de acciones lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, dicha disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n va dirigido a censurar el acto administrativo contenido en el Oficio CSJCAUOP23-486 del pasado 23 de marzo, por medio del cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca emiti\u00f3 concepto favorable para un traslado y la Resoluci\u00f3n 007 de 2 de mayo siguiente, a trav\u00e9s de la cual la Juez Segunda Penal del Circuito de Popay\u00e1n efectu\u00f3 un nombramiento en propiedad. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en los numerales 6 y 8 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En principio, si se realizara un an\u00e1lisis aislado de las pautas indicadas en las precitadas disposiciones podr\u00eda decirse que ser\u00eda el tribunal a quo el llamado a conocer del asunto por cuanto el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, de conformidad con el numeral 6 arriba mencionado, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
No obstante, debe advertirse que el segundo inciso del numeral 8 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad penal, debe ser el Tribunal Administrativo del Cauca la corporaci\u00f3n que dirima el auxilio. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al despacho del magistrado Jairo Restrepo C\u00e1ceres del Tribunal Administrativo del Cauca, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario indicado en precedencia determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar la medida cautelar solicitada, realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milleth Trochez Guzm\u00e1n, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al despacho del magistrado Jairo Restrepo C\u00e1ceres del Tribunal Administrativo del Cauca, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para asuma el conocimiento de la presente salvaguarda constitucional. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Oficio CSJCAUOP23-486 de 23 de marzo de 2023 <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC672-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC672-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2023-00059-01 Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el pasado 30 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73866","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73866","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73866"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73866\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73866"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73866"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73866"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}