ATC681-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ATC681-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00211-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia del pasado 18 de junio por medio de la cual una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta resolvi\u00f3 la solicitud de h\u00e1beas corpus presentada a favor de Esneider Enrique Landero Morales. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de agente oficioso, refiere encontrarse privado de la libertad desde \u00abel 25 de septiembre de 2021\u00bb data en que le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de \u00abacceso carnal abusivo agravado con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, dentro del proceso 2015-00090 que se adelanta en el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
Dice que desde su aprehensi\u00f3n f\u00edsica han transcurrido \u00ab621 d\u00edas (1 a\u00f1o y, 8 meses, 16 d\u00edas)\u00bb sin que se hubiera definido su situaci\u00f3n judicial por lo que debe procederse a su excarcelaci\u00f3n por vencimiento del t\u00e9rmino consagrado en el numeral 5 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto a una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien, mediante auto del pasado 17 de junio, avoc\u00f3 su conocimiento y solicit\u00f3 a las autoridades involucradas en la detenci\u00f3n de Landero Morales que rindieran el informe respectivo. <\/p>\n
3. El Juez Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Fundaci\u00f3n inform\u00f3 que la actuaci\u00f3n por la cual se encuentra privado de la libre locomoci\u00f3n el accionante se encuentra en fase de juzgamiento, desarroll\u00e1ndose la audiencia preparatoria, la que tuvo que suspenderse por solicitud del defensor del implicado, habi\u00e9ndose reprogramado para el pr\u00f3ximo 28 de junio a las 3 de la tarde. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad de la salvaguarda por cuanto las demoras en la tramitaci\u00f3n del asunto son imputables exclusivamente a la defensa del acusado quien \u00absiempre utiliz\u00f3 maniobras dilatorias\u2026 dado que dejaba de conectarse a las audiencias o se excusaba para no realizarlas\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, resalt\u00f3 que el ruego desatiende el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto las peticiones de excarcelaci\u00f3n por vencimiento de t\u00e9rminos deben ser debatidas ante los jueces de control de garant\u00edas. <\/p>\n
EL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta declar\u00f3 improcedente el amparo invocado \u00abal estar suficientemente acreditado que sobre el se\u00f1or Esneider Enrique Landero Morales pesa una medida de aseguramiento vigente, que \u00e9ste no ha solicitado libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, y en todo caso, que el retardo no ha obedecido a causas atribuibles al juzgado, y que ya se encuentra programada la continuaci\u00f3n de la audiencia preparatoria para el 28 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el agente oficioso aduciendo que las \u00abentidades accionistas [sic] faltaron a la verdad constituy\u00e9ndose en falta grav\u00edsima\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Naturaleza jur\u00eddica del h\u00e1beas corpus <\/p>\n
El art\u00edculo 28 de la Carta Pol\u00edtica, reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi\u00f3n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. <\/p>\n
Como mecanismo id\u00f3neo de protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda, se erigi\u00f3 el h\u00e1beas corpus, consagrado como derecho fundamental en el art\u00edculo 30 ejusdem, y reglamentado, como acci\u00f3n constitucional, por la Ley 1095 de 2006, que procede en dos eventos: <\/p>\n
El primero, \u00abcuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello\u00bb, por ejemplo, la inexistencia de orden judicial previa, flagrancia o captura p\u00fablicamente requerida. <\/p>\n
Y el segundo, cuando, ejecutada legalmente la captura, la restricci\u00f3n de la libre locomoci\u00f3n se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n o en la ley lo que supone el examen concreto del proceder del funcionario judicial que regenta el proceso penal, debi\u00e9ndose entonces analizar: <\/p>\n
\u00ab(i) la actividad a que est\u00e1 obligado dentro de sus facultades, por ejemplo: dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc., y (ii) que adopte la decisi\u00f3n correspondiente al caso (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de los t\u00e9rminos legales sin dilaci\u00f3n injustificada, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hip\u00f3tesis posibles)\u00bb (CSJ AP. 2 mar. 2009, rad. 31376). <\/p>\n
2. Hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n y problema jur\u00eddico <\/p>\n
En el presente asunto, sin mayor dificultad se descarta el primero de los eventos descritos en precedencia, por cuanto la privaci\u00f3n de la libertad del agenciado obedece a la imposici\u00f3n de una medida de aseguramiento cuyos presupuestos de legalidad fueron verificados por un juez con funciones de control de garant\u00edas, decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada y que, adem\u00e1s, no es el objeto concreto del presente recurso. <\/p>\n
Entonces, el problema jur\u00eddico a resolver en esta sede consiste en determinar si dicha privaci\u00f3n de la libertad est\u00e1 siendo prolongada en desmedro del plazo fijado por la normativa espec\u00edfica respecto a la vigencia de la medida aflictiva, seg\u00fan el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal1 o por exceder el t\u00e9rmino establecido en el numeral 5 del canon 317 del mismo compendio normativo. <\/p>\n
3. Presupuestos procedimentales <\/p>\n
Suficientemente decantado est\u00e1 que el presente instrumento no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2013a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n del caso <\/p>\n
La procedencia de este mecanismo se encuentra supeditada a que quien se dice afectado, acuda primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se surte, pues, se reitera, lo contrario conllevar\u00eda una injerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez penal competente. <\/p>\n
Al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u00abEvidentemente la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus fue concebida como una garant\u00eda esencial cuyo ejercicio de car\u00e1cter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situaci\u00f3n de hecho que indique la privaci\u00f3n de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, la pretermisi\u00f3n de las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la \u00faltima garant\u00eda fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha sido conculcado. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto \u00e9ste por acudir primariamente a dicha acci\u00f3n desechando los medios ordinarios a trav\u00e9s de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable\u00bb (AHC, 15 nov. 2007, reiterado en AHC, 23 oct. 2012. rad. 40184; entre otras) <\/p>\n
Lo anterior se refuerza cuando se trata de una medida de aseguramiento pues, de manera pac\u00edfica e invariable se tiene dicho que las peticiones liberatorias de quien se encuentra detenido en virtud de una restricci\u00f3n de esa naturaleza, por tratarse de una actuaci\u00f3n adelantada bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal) deben ser presentadas al juez de control de garant\u00edas, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del art\u00edculo 154 de dicha normativa. <\/p>\n
Por lo tanto, se itera, es al interior del diligenciamiento donde deben surtirse las discusiones sobre la procedencia o no de la medida aflictiva personal, de ah\u00ed que mientras ello no ocurra, no sea posible utilizar este mecanismo constitucional para pretermitir las instancias o los tr\u00e1mites judiciales ordinarios. <\/p>\n
En este caso, de acuerdo con lo recopilado en la primera instancia, es evidente que el interesado no ha agotado las v\u00edas legales comunes, pues lo cierto es que no han permitido que el juez competente -valga reiterar el de control de garant\u00edas- se pronuncie en torno a la presunta p\u00e9rdida de vigencia de la medida restrictiva de la libertad o su sustituci\u00f3n e, inclusive, al vencimiento del t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo penal. <\/p>\n
Sobre la libertad y el h\u00e1beas corpus, la Corte Constitucional, antes de promulgarse la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006, dijo: <\/p>\n
El art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 1156 del 10 de julio de 1992, expedido en ejercicio de facultades de estados de excepci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 con claridad, que el H\u00e1beas Corpus no era procedente para alegar alguna de las causales previstas por el ordenamiento para obtener la libertad provisional cuando una persona se encontrare privada de la libertad por orden judicial. Seg\u00fan tal disposici\u00f3n, en estos casos, el interesado debe acudir a los mecanismos ordinarios existentes dentro del proceso penal. <\/p>\n
Al realizar el juicio de constitucionalidad de la norma mencionada, la Corte Constitucional consider\u00f3 que no se opon\u00eda a la Constituci\u00f3n la norma legal que restringe la acci\u00f3n de H\u00e1beas Corpus a la garant\u00eda de la libertad f\u00edsica de la persona frente a las detenciones arbitrarias decretadas por autoridades no judiciales. En consecuencia, consider\u00f3 ajustada a la Carta la disposici\u00f3n seg\u00fan la cual, para repeler una decisi\u00f3n judicial que, proferida al margen del ordenamiento jur\u00eddico, ordena la privaci\u00f3n de la libertad, el interesado debe acudir, en principio, a los mecanismos ordinarios dentro del proceso penal. De otra manera, dijo la Corte, se auspiciar\u00eda la anarqu\u00eda judicial (CC ST 260 de 2 abr 1999). <\/p>\n
Ahora, en vigencia de la aludida ley, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, precis\u00f3: <\/p>\n
Las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial, cuando es en \u00e9ste en que se ha dispuesto la privaci\u00f3n de la libertad, sin que con dicho prop\u00f3sito resulte viable, en principio, acudir a la invocaci\u00f3n del habeas corpus, pues el ordenamiento confiere variados mecanismos, tales como la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos \u2026 por eso se reitera que a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relaci\u00f3n con la libertad del procesado, deben elevarse al interior del proceso penal y no a trav\u00e9s del mecanismo constitucional de habeas corpus, pues esta acci\u00f3n no est\u00e1 llamada a sustituir el tr\u00e1mite del proceso penal ordinario (AHC, 19 ene. 2003, rad. 33373). <\/p>\n
En el mismo sentido luego, indic\u00f3: <\/p>\n
Los anteriores cuestionamientos, sin duda alguna, debi\u00f3 el peticionario aducirlos en su oportunidad, acudiendo directamente o por intermedio de su defensor a los recursos de ley, sin que sea procedente, como acertadamente lo estim\u00f3 el Magistrado del Tribunal a quo, su pretensi\u00f3n de debatirlos en este momento por la v\u00eda constitucional del habeas corpus, cuando ya pesa sobre el procesado medida de aseguramiento de detenci\u00f3n e, incluso, sentencia condenatoria de primera y segunda instancia en las cuales se orden\u00f3 su privaci\u00f3n intramural (AHC, 3 feb. 2010, rad. 33483). <\/p>\n
Conforme con ello, si el actor considera que est\u00e1 en alguna de las situaciones consagradas en los art\u00edculos 307 o 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, no debi\u00f3 acudir al h\u00e1beas corpus sino formular la respectiva solicitud al funcionario competente para que resuelva sobre la excarcelaci\u00f3n, o habi\u00e9ndolo hecho, esperar a que emitiera el pronunciamiento, pues como qued\u00f3 clarificado en las citas jurisprudenciales parcialmente transcritas, al juez constitucional le est\u00e1 vedado eludir los principios de legalidad y debido proceso propios del Estado de Derecho, para inmiscuirse en debates propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria penal. Por lo anterior, la impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la providencia apelada toda vez que resulta improcedente acudir al h\u00e1beas corpus cuando al interior del tr\u00e1mite penal est\u00e1n dados los instrumentos legales previstos para la defensa del derecho a la libertad, los cuales no pueden ser soslayados por el demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y rem\u00edtase el expediente a la colegiatura de primer grado para lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1786 de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC681-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ATC681-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00211-01 Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia del pasado 18 de junio por medio de la cual una magistrada de la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73871","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73871","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73871"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73871\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73871"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73871"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73871"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}