SC109-2023 (2018-00074-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC109-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2018-00074-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante frente a la sentencia de 21 de abril de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso que promovi\u00f3 Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicaci\u00f3n Celular Comcel S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Llama Telecomunicaciones S.A. (en adelante, Llama) pidi\u00f3 declarar que su contraparte \u00abejerci\u00f3 en forma temeraria o de mala fe acci\u00f3n judicial contra Llama Telecomunicaciones S.A., mediante demanda ejecutiva con acci\u00f3n mixta y medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, para cobrar y obtener el pago indebido de la suma de $3.451.451.171, m\u00e1s intereses de mora (\u2026), con base en un pagar\u00e9 con espacios en blanco que fue llenado con esa suma por Comcel\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, solicit\u00f3 reconocer que Comunicaci\u00f3n Celular Comcel S.A. (en adelante, Comcel) \u00ababus\u00f3 de su derecho subjetivo de perseguir la ejecuci\u00f3n de las obligaciones sobre los bienes del deudor\u00bb, por lo que es responsable de todos \u00ablos perjuicios por (…) lucro cesante causados\u00bb a la convocante, los cuales tas\u00f3 en $3.471.750.612. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. Mediante sendos contratos, celebrados el 14 de junio de 1994, 1 de abril de 1997 y 7 de julio de 1998, la convocada encarg\u00f3 a Llama la \u00abdistribuci\u00f3n de los productos y la comercializaci\u00f3n de los servicios de Comcel\u00bb en la zona occidental del territorio nacional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 12 de agosto de 2005 las partes ajustaron otro negocio jur\u00eddico en t\u00e9rminos similares, pero ahora referido a la regi\u00f3n oriental del pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Concomitante con la celebraci\u00f3n de este \u00faltimo convenio, Llama otorg\u00f3 un pagar\u00e9 con espacios en blanco en favor de Comcel, que garantizar\u00eda el pago de las obligaciones que pudieran surgir de esa espec\u00edfica negociaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Mediante laudo arbitral de 15 de mayo de 2013, se declar\u00f3 que los tres convenios iniciales correspond\u00edan a un contrato de agencia comercial, extendido entre el 14 de junio de 1994 y el 9 de febrero de 2011. Por lo anterior, se conden\u00f3 a Comcel a pagar a Llama una suma aproximada de $9.000.000.000, a t\u00edtulo de cesant\u00eda comercial. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Concomitante con la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite arbitral, Comcel present\u00f3 para el cobro ejecutivo el pagar\u00e9 previamente rese\u00f1ado, y reclam\u00f3 $3.451.451.171 a t\u00edtulo de capital. Al diligenciar los espacios en blanco de ese documento, el acreedor desatendi\u00f3 las instrucciones dadas por Llama, pues incluy\u00f3 d\u00e9bitos ajenos al contrato de 12 de agosto de 2005, del que apenas exist\u00eda un saldo a cargo de Llama de $255.163.667. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Durante el juicio ejecutivo, Comcel pidi\u00f3 embargar y secuestrar todos \u00ablos dineros que existan por concepto de cr\u00e9ditos a cargo de Comcel y a favor de Llama Telecomunicaciones\u00bb. Decretada esa cautela, el 4 de junio de 2013 la propia ejecutante (Comcel) consign\u00f3 $5.177.100.000 a \u00f3rdenes del juez de la ejecuci\u00f3n \u2013l\u00edmite del embargo decretado\u2013, monto que correspond\u00eda a parte de la condena que se le hab\u00eda impuesto en el procedimiento arbitral aludido. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016, confirmada el 20 de junio del a\u00f1o siguiente, se orden\u00f3 que el recaudo ejecutivo prosiguiera solamente por el capital que realmente adeudaba Llama a Comcel ($257.395.440), junto con sus intereses moratorios. <\/p>\n
<\/p>\n
8. En firme esa decisi\u00f3n, y aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el 21 de julio de 2017 se dispuso la devoluci\u00f3n a Llama de los saldos embargados en exceso, que ascend\u00edan a $4.570.462.334. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El abuso cometido por Comcel de su derecho a litigar \u00abcaus\u00f3 graves perjuicios a Llama\u00bb, los cuales \u00abascienden a la suma de $3.471.750.612, que corresponden \u00fanicamente al lucro cesante de los rendimientos financieros que debi\u00f3 producir la suma indebidamente embargada (de $4.570.462.334) entre el 4 de junio de 2013 y el 21 de julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Enterada del auto admisorio, la convocada excepcion\u00f3 \u00abinexistencia del derecho pretendido\u00bb; \u00abfalta de causa para demandar\u00bb; \u00abdemanda infundada\u00bb; \u00abinexistencia de perjuicios\u00bb; \u00abcarencia del derecho pretendido\u00bb; \u00abinexistencia de la temeridad endilgada\u00bb; \u00abinexistencia del abuso del derecho endilgado\u00bb; \u00ablegitimidad en el diligenciamiento del pagar\u00e9 en la \u00e9poca en que esto ocurri\u00f3 y derecho leg\u00edtimo de presentar y tramitar el proceso ejecutivo\u00bb; \u00abcosa juzgada respecto de la mala fe endilgada\u00bb; \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb y \u00abproceder\u00eda la indexaci\u00f3n, mas no los intereses corrientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Comcel tambi\u00e9n present\u00f3 demanda de mutua petici\u00f3n, reclamando el pago de $1.914.006.906, o la \u00absuma que resulte probada en este proceso\u00bb, por concepto de saldos a cargo de la convocante principal, la liquidaci\u00f3n de todos los contratos a los que se hizo previa alusi\u00f3n. <\/p>\n
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3. En audiencia de 20 de enero de 2022, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la demanda principal, y acogi\u00f3 la de reconvenci\u00f3n. En consecuencia, conden\u00f3 a Llama a pagar $1.914.066.906, junto con los r\u00e9ditos de mora causados a partir de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de mutua petici\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Al resolver la alzada que interpuso la sociedad demandante, el ad quem modific\u00f3 lo decidido en primera instancia, para revocar la condena impuesta a Llama y negar todos los reclamos de la demanda de reconvenci\u00f3n. Esta determinaci\u00f3n no es objeto de debate en sede de casaci\u00f3n, toda vez que la parte interesada \u2013Comcel\u2013 no expres\u00f3 su inconformidad al respecto. <\/p>\n
De otro lado, la desestimaci\u00f3n del petitum de la demanda principal fue refrendada, con apoyo en las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
i. No es posible sostener, como lo hiciera la juzgadora de primer grado, que \u00ab\u00fanicamente se pod\u00edan reclamar en el mismo proceso ejecutivo donde se causaron los perjuicios generados por la pr\u00e1ctica de unas medidas cautelares exorbitante, fundadas en la ejecuci\u00f3n de una cuantiosa suma de dinero, no respaldada en su mayor\u00eda por el cartular b\u00e1culo del recaudo\u00bb. Lo anterior en tanto que, \u00abla legislaci\u00f3n procesal civil no ha restringido en manera alguna el derecho del perjudicado con el litigio y las medidas ejecutivas en \u00e9l materializadas, por resultar victorioso con todas o algunas de excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Sin embargo, el reclamo indemnizatorio formulado en la demanda principal no est\u00e1 llamado a prosperar. Aunque Comcel, deliberadamente, diligenci\u00f3 un pagar\u00e9 y promovi\u00f3 su recaudo \u00abcontrariando las instrucciones emitidas para ello\u00bb \u2013como lo reconocieron los jueces de la ejecuci\u00f3n\u2013, lo cierto es que \u00abninguna prueba fue adosada por la precursora del libelo principal (\u2026), que refrende que el monto cautelado generar\u00eda la utilidad [reclamada], m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 alguna inversi\u00f3n dejada de materializarse con ocasi\u00f3n de la consumaci\u00f3n de la medida [cautelar]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Llama interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia. Al sustentarlo formul\u00f3 cuatro cargos, tres de ellos con base en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el postrero con sustento en la causal primera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al fallo que clausur\u00f3 las instancias ordinarias de infringir, de manera indirecta, los art\u00edculos 95-1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 78-2, 80, 443-3 y 597-10 del C\u00f3digo General del Proceso; 830 del C\u00f3digo de Comercio; 1608, 1612, 1613, 1615, 1617-2, 1649 y 2341 del C\u00f3digo Civil, y 111 de la Ley 45 de 1990, como consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n del laudo arbitral de 15 de mayo de 2013. En desarrollo de esta censura, explic\u00f3 la demandante principal: <\/p>\n
<\/p>\n
i. De haberse apreciado de manera correcta la parte resolutiva del laudo, el tribunal se habr\u00eda dado cuenta de que \u00abtodas, absolutamente todas, las condenas hechas en contra de Comcel S.A. y en beneficio de Llama Telecomunicaciones S.A., devengaban intereses, a\u00fan antes de la expedici\u00f3n del laudo seg\u00fan se reconoci\u00f3 en esa providencia con alcance de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En ese escenario, es contraevidente \u00abnegar la productividad del dinero congelado por obra de las medidas cautelares forzadas por Comcel S.A., si es que antes de la expedici\u00f3n del laudo ya se generaban dichos intereses, luego la prueba del devengo reposa en el expediente y el Tribunal no la vio (\u2026). Si antes de la expedici\u00f3n del laudo las cantidades debidas a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de estirpe contractual produc\u00edan intereses, nada explicar\u00eda que, una vez expedido el laudo, se produj[era] una especie de esterilizaci\u00f3n de los beneficios esperados del capital debido, como si pasasen del oasis al desierto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Al exigir la prueba de un proyecto econ\u00f3mico frustrado por causa de las excesivas cautelas, el ad quem pas\u00f3 por alto \u00abel oficio de registro del embargo de que da cuenta el texto del laudo (\u2026), que fue radicado en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el d\u00eda 28 de enero de 2013\u00bb as\u00ed como la \u00abparte resolutiva del laudo en la cual se ordena poner a disposici\u00f3n del Juzgado los dineros reconocidos en favor de Llama Telecomunicaciones y embargados por iniciativa de Comcel S.A., tal como se dispuso en la resoluci\u00f3n Cuadrag\u00e9sima Segunda tomada por el Tribunal Arbitral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. De haberse valorado adecuadamente esos dos elementos de juicio, se habr\u00eda colegido forzosamente que \u00abel derecho de cr\u00e9dito reconocido en el laudo como activo de Llama Telecomunicaciones S.A. naci\u00f3 muerto, pues era imposible disponer de \u00e9l, primero, porque era una simple expectativa, es decir, el evento incierto de la litis, y luego, porque convertido en cr\u00e9dito quedo esterilizado por mandato del art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil, que por ilicitud del objeto, impide cualquier acto respecto de ese derecho que naci\u00f3 embargado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Bajo ese entendido, \u00abla exigencia de prueba de una \u201cinversi\u00f3n dejada de materializarse\u2026\u201d ri\u00f1e con el sentido com\u00fan, pues resultaba imposible para Llama Telecomunicaciones S.A. planear una inversi\u00f3n, por cuanto hall\u00e1ndose el derecho en estado larvario en su car\u00e1cter de litigioso, como contingencia o posibilidad apenas en ciernes, no permit\u00eda responsablemente planear una inversi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tras acusar al tribunal de transgredir, por v\u00eda indirecta, los mismos preceptos invocados en el cargo inaugural, la actora adujo: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El an\u00e1lisis de las piezas procesales que componen el tr\u00e1mite arbitral refleja \u00abla naturaleza contractual de los fondos congelados ilegalmente como consecuencia de las medidas cautelares\u00bb, puesto que \u00abel pagar\u00e9 que sirvi\u00f3 de soporte a la ejecuci\u00f3n en la cual hubo el exceso y abuso (\u2026) es un instrumento contractual de garant\u00eda del cual se aprovision\u00f3 Comcel S.A. como parte esencial de un programa contractual cumplido en el escenario del contrato de agencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Al obviar este aspecto medular del litigio, as\u00ed como los elementos de juicio que lo corroboran, el tribunal no advirti\u00f3 la necesidad de aplicar a este asunto la regla que prev\u00e9 el canon 1617-2 del C\u00f3digo Civil, \u00abde conformidad con la cual, si la obligaci\u00f3n es de pagar una cantidad de dinero (\u2026) \u201c[e]l acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. De manera equivocada, se concluy\u00f3 \u00abque con la expedici\u00f3n del laudo y la consignaci\u00f3n de las condenas a \u00f3rdenes del Tribunal de arbitraje, cesaba la mora, sin tomar en cuenta que el estado de retardo culpable prosegu\u00eda, pues sin soluci\u00f3n de continuidad, los fondos constitutivos del cr\u00e9dito reconocido en beneficio de Llama Telecomunicaciones S.A., migraron del Tribunal Arbitral para quedar inmediatamente congelados en el proceso ejecutivo por virtud del embargo il\u00edcito provocado all\u00ed por Comcel S.A. en uso de la garant\u00eda otorgada en desarrollo del contrato de agencia mercantil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En estricto sentido, \u00abel retardo culpable de Comcel S.A. se mantuvo, solo cambi\u00f3 el t\u00edtulo de imputaci\u00f3n, primero fue el incumplimiento del contrato de agencia mercantil, luego la imposibilidad de recaudo real por obra del ejercicio abusivo de la garant\u00eda contractual, el pagar\u00e9, otorgado como extensi\u00f3n del mismo contrato\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Insistiendo en su acusaci\u00f3n por la senda indirecta, as\u00ed como en las normas sustanciales que se invocaron como quebrantadas, la recurrente arguy\u00f3: <\/p>\n
i. Seg\u00fan lo consignado en la parte resolutiva del laudo arbitral, la mora de Comcel no inici\u00f3 con el proferimiento de ese fallo, sino con el incumplimiento del contrato de agencia comercial. Los \u00e1rbitros previeron la efectiva causaci\u00f3n de una p\u00e9rdida a t\u00edtulo de lucro cesante, al reconocer de antemano intereses de mora sobre las sumas que integraron la condena. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. El fallador de segundo grado no repar\u00f3 en esa circunstancia, omitiendo as\u00ed \u00abel examen de las condenas hechas en la resoluci\u00f3n n\u00famero trig\u00e9simo novena, las que contienen sin atenuantes, la prueba demostrativa de la naturaleza contractual de la relaci\u00f3n entre Llama Telecomunicaciones y Comcel S.A., as\u00ed como el estado de mora de Comcel S.A., [el cual] se mantuvo por obra de las medidas cautelares abusivas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. De no haberse cometido ese yerro de valoraci\u00f3n, el tribunal \u00abhubiera aplicado la regla segunda del art\u00edculo 1617 del C.C. y por ende hubiera admitido que los intereses de mora constituyen el lucro cesante reclamado en la demanda y que no era menester la prueba de un proyecto econ\u00f3mico espec\u00edfico (…) frustrado por las cautelas\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 95-1, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 78-2, 80, 94, 443-3 y 597-10 del C\u00f3digo General del Proceso; 830 del C\u00f3digo de Comercio; 1608, 1612, 1613, 1615, 1617-2, 1649 y 2341 del C\u00f3digo Civil y 111 de la Ley 45 de 1990. Esta censura puede sintetizarse as\u00ed: <\/p>\n
i. A pesar de dar por probados \u00abtodos los presupuestos de la imputaci\u00f3n a Comcel S.A. a t\u00edtulo de culpa\u00bb, el ad quem desestim\u00f3 la demanda principal por no encontrar acreditado el da\u00f1o objeto del reclamo indemnizatorio, citando como respaldo algunos precedentes jurisprudenciales que, o son impertinentes, o contradicen la idea de un \u00abproyecto econ\u00f3mico frustrado\u00bb como presupuesto del resarcimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. La colegiatura de segundo grado tambi\u00e9n dej\u00f3 de lado varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que dar\u00edan cuenta de \u00abla idea de que la regla prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil es aplicable tambi\u00e9n a la responsabilidad extracontractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Siendo claro que \u00abel laudo arbitral no solamente hizo una condena concreta, sino que reconoci\u00f3 que la cifra m\u00e1s importante reconocida en dicha providencia estaba en mora de ser satisfecha, mucho antes de ser proferido el laudo\u00bb, resultaba ineludible que se aplicara \u00abla regla segunda del art\u00edculo 1617\u00bb, de modo que \u00abLlama Telecomunicaciones S.A. no ten\u00eda por qu\u00e9 justificar los perjuicios recibidos, pues solo cobraba los intereses\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. No existe fundamento legal o jurisprudencial que permita \u00abdiscriminar a la v\u00edctima en la responsabilidad extracontractual, imponi\u00e9ndole la carga desmedida de probar los perjuicios derivados de la privaci\u00f3n del uso de una suma de dinero, exigencia esa que impone una distinci\u00f3n absolutamente inicua\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Los art\u00edculos 283 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 446 de 1998, elevan a la equidad y a la reparaci\u00f3n integral a la categor\u00eda de principios, sin distinguir la naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad civil. Por tanto, \u00abse impone una nueva lectura de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1617 en materia extracontractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Dada la \u00abausencia de una distinci\u00f3n f\u00e1ctica, y en presencia de un episodio de privaci\u00f3n del uso del dinero, como el que ilustra la presente causa, nada explicar\u00eda que se dejara de aplicar el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1617, que exonera de prueba, bajo la presunci\u00f3n de la vocaci\u00f3n productiva del dinero, con lo cual el Tribunal en la sentencia ahora acusada viol\u00f3 por falta de aplicaci\u00f3n el precepto citado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El abuso del derecho en la solicitud de medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
1. A partir de la d\u00e9cada de 1930 (Cfr. CSJ SC, 5 ago. 1937, G. J. t. XLV, p\u00e1g. 418; CSJ SC, 24 ago. 1938, G. J. t. XLVII, p\u00e1g. 54; o CSJ SC, 24 mar. 1939, G. J. t. XLVII, p\u00e1g. 742, entre otras), esta Corporaci\u00f3n ha venido reconociendo, de manera reiterada y uniforme, la posibilidad de que una persona, actuando en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, cause un da\u00f1o injusto a otra y, por lo mismo, deba repararla. <\/p>\n
Naturalmente, el ejercicio del derecho que es causa del da\u00f1o injusto tendr\u00e1 que ser ileg\u00edtimo; de lo contrario, no existir\u00eda ninguna incorrecci\u00f3n en esa conducta (ejercer un derecho), haciendo inviable la atribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas ajenas. Tal como lo explic\u00f3 la Sala en fechas recientes, <\/p>\n
\u00ab(…) el ordenamiento legal dispensa a los coasociados diversas herramientas jur\u00eddicas para defender sus derechos subjetivos en sede jurisdiccional cuandoquiera que sean amenazados o desconocidos; sin embargo, tal poder de acci\u00f3n no es absoluto, irrestricto ni ilimitado, pues debe ejercerse, en cada caso, acorde con su finalidad y sin la intenci\u00f3n de hacer da\u00f1o a los dem\u00e1s. De ah\u00ed que ese poder de acci\u00f3n encuentra sus l\u00edmites en el respeto de los atributos de los dem\u00e1s sujetos o, mejor dicho, en la prohibici\u00f3n gen\u00e9rica impuesta a cada persona de abusar de sus derechos, so pena de tener que indemnizar los da\u00f1os irrogados a terceros. <\/p>\n
(…) [N]o es que el sistema jur\u00eddico le restringa al sujeto iuris el leg\u00edtimo ejercicio de sus prerrogativas, porque se lo garantiza a plenitud, solo que impide abusar o exceder, de cualquier forma, del marco de legalidad que las rige. Es as\u00ed como el art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica contempla, en su numeral primero, la obligaci\u00f3n que tienen los habitantes de \u201c[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u201d, lo cual evidencia que los derechos subjetivos no son absolutos, sino relativos y su ejercicio debe hacerse con miramiento al fin social para el cual fueron creados por el sistema jur\u00eddico y dentro del \u00e1mbito y l\u00edmites que \u00e9l consagra. Queda claro, entonces, que, a la luz del ordenamiento positivo, los derechos subjetivos tienen restricciones, por lo que deben ser utilizados por su titular de acuerdo con su finalidad y sin la intenci\u00f3n de da\u00f1ar a los dem\u00e1s, pues de hacerlo con este \u00faltimo prop\u00f3sito el responsable debe resarcir los da\u00f1os que ocasione a terceros\u00bb (CSJ SC1066-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las consideraciones expuestas son perfectamente aplicables al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u2013consagrado en los art\u00edculos 229 de la Constituci\u00f3n Nacional y 2 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013, en virtud del cual se reconoce a todas las personas la potestad de elevar reclamos ante las autoridades judiciales, en procura de garantizar la efectividad de sus derechos sustanciales. <\/p>\n
Ello significa que el derecho a presentar una demanda ante la jurisdicci\u00f3n tambi\u00e9n puede ser ejercido de forma abusiva, lo que ocurrir\u00e1 siempre que la parte convocante, am\u00e9n de haber promovido la acci\u00f3n judicial sin fundamento \u2013es decir, sin ser el titular del derecho sustancial que reclama\u2013, act\u00fae con temeridad, negligencia o con la intenci\u00f3n manifiesta de agraviar al demandado. En ese sentido, en CSJ SC3930-2020 se explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[E]l ejercicio del derecho a litigar es una prerrogativa que, si bien puede generar consecuencias negativas para quien tiene que resistir la pretensi\u00f3n, s\u00f3lo comporta el d\u00e9bito indemnizatorio cuando a trav\u00e9s de ella se busque agraviar a la contraparte o se utilice de forma abiertamente imprudente. Bien ha pregonado \u201cla jurisprudencia y la doctrina [que] el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fen\u00f3meno que puede configurar la responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la jurisdicci\u00f3n de manera negligente, temeraria o maliciosa para obtener una tutela jur\u00eddica inmerecida\u201d (SC, 14 feb. 2005, exp. n.\u00b0 12073). <\/p>\n
En estos casos, para que proceda la reparaci\u00f3n, el afectado tiene que probar \u201cuna conducta humana antijur\u00eddica, en este caso, el adelantamiento de un proceso o la realizaci\u00f3n de un acto procesal particular en forma desviada de su finalidad; un factor o criterio de atribuci\u00f3n de la responsabilidad, que en la referida hip\u00f3tesis, como viene de explicarse, solamente puede consistir en la temeridad o mala fe; un da\u00f1o o perjuicio, es decir, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad; y, finalmente, una relaci\u00f3n o nexo de causalidad entre el comportamiento de aquel a quien se imputa la responsabilidad y el da\u00f1o sufrido por el afectado\u201d (SC, 1\u00b0 nov. 2013, rad. n.\u00b0 1994-26630-01). Son ejemplos de uso abusivo de las v\u00edas legales, entre otros, (i) la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n temeraria basada en el albur del proceso y sin consideraci\u00f3n al derecho en discusi\u00f3n (SC, 28 sep. 1953); (ii) el desistimiento de un proceso inesperadamente para evitar un inminente fallo adverso que diere la victoria a la contraparte; o (iii) la promoci\u00f3n de un compulsivo sin fundamento ni respaldo (SC, 15 dic. 2009, rad. n.\u00b0 2006-00161-01)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el caso sub examine, el problema no est\u00e1 directamente vinculado con la presentaci\u00f3n de una demanda abusiva, sino con un aspecto m\u00e1s puntual del litigio, que pudiera describirse como la muy excesiva proporci\u00f3n \u2013aqu\u00ed, de m\u00e1s del 2000% (dos mil por ciento)\u2013 de los recursos que fueron embargados y secuestrados por cuenta del acreedor en un proceso ejecutivo previo, con respecto de la verdadera prestaci\u00f3n insoluta a cargo del deudor. <\/p>\n
En ese escenario, cabe a\u00f1adir que la posibilidad de solicitar medidas cautelares \u2013como el embargo y secuestro de bienes\u2013tambi\u00e9n es un derecho, pero para adquirir su titularidad, resulta menester probar cierto privilegio jur\u00eddico con relaci\u00f3n al patrimonio del demandado, como el que podr\u00eda otorgar la condici\u00f3n de acreedor de una obligaci\u00f3n que consta en t\u00edtulo ejecutivo, o la de beneficiario de una condena pecuniaria impuesta por un funcionario judicial, mediante sentencia vigente \u2013aunque no haya cobrado ejecutoria\u2013 (arts. 444, 590, 593 y 594 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
La excepcionalidad de esta prerrogativa se explica por su fuerte impacto en la existencia del demandado, quien podr\u00e1 verse privado del uso, goce y disposici\u00f3n de sus bienes antes de haber sido o\u00eddo y vencido en juicio. De ah\u00ed que el embargo y secuestro solo procedan en cierto tipo de proceso \u2013en los que el legislador asume la presencia de una s\u00f3lida apariencia de buen derecho en el demandante\u2013; o que el solicitante de esas medidas deba prestar cauci\u00f3n para practicarlas \u2013por defecto en los procesos declarativos (art. 590-2, ib.), o a petici\u00f3n de parte en los juicios ejecutivos (art. 599-5, ib.)\u2013; o que, ante el fracaso del petitum, con el levantamiento de cautelas se imponga condena preceptiva de perjuicios, incluso de oficio (art. 597-10, ib.). <\/p>\n
Ese panorama refleja, adicionalmente, que, en lo que concierne con el derecho al reclamo de imposici\u00f3n de cautelas, la potencialidad da\u00f1osa siempre est\u00e1 latente. Por tanto, si el decreto de una medida cautelar obedece al actuar doloso o gravemente descuidado de quien la solicit\u00f3, emerge adecuada la atribuci\u00f3n a esa persona de todas las secuelas negativas padecidas por su contraparte. De este modo lo ha decantado la Sala de Casaci\u00f3n Civil: <\/p>\n
\u00abLa existencia de un C\u00f3digo de Procedi\u001fmiento Civil para regular el modo como deben ventilarse y resolverse las trasgresiones del derecho entre los particulares (…), significa que \u00e9stos pueden recurrir l\u00edcitamente a ese me\u001fdio con que la sociedad ha querido susti\u001ftuir el derecho a la fuerza. El mismo c\u00f3\u001fdigo, al regular el ejercicio judicial de los derechos, va determinando la extensi\u00f3n que puede hacerse de las acciones tendientes a perseguir o defender un derecho. Y mien\u001ftras el que recurre a \u00e9l se mantenga den\u001ftro de l\u00edmites \u00fatiles y conducentes, hace uso de su derecho y a nadie da\u00f1a. Pero el uso anormal, mal intencionado, imprudente, inconducente o excesivo en relaci\u00f3n con la finalidad que leg\u00edtimamente ofrecen esas leyes rituarias para el reconocimiento, efec\u001ftividad o defensa de un derecho, degenera en abuso del derecho de litigar y en cada caso particular el juez puede juzgar que constituyen un caso de culpa civil. <\/p>\n
El C\u00f3digo Judicial al no autorizar el em\u001fbargo y secuestro de bienes sino en la can\u001ftidad suficiente para seguridad del pago (art\u00edculo 274, inciso 1\u00ba), al permitir la re\u001fducci\u00f3n del secuestro en el exceso que se compruebe (art\u00edculo 283) al exigir fianza previa al acto del embargo (art\u00edculo 274, inciso 3\u00ba), para asegurar al verdadero due\u00f1o de los bienes el reembolso de los posi\u001fbles perjuicios, y no ya solamente de las costas, y al sancionar la temeridad del em\u001fbargo y del secuestro con una multa de diez a mil pesos (art\u00edculo 1021), en todos esos casos (…) muestra claramente su in\u001ftenci\u00f3n de castigar el dolo y la culpa lata equiparada a \u00e9l, lo cual no es otra cosa que la sanci\u00f3n del abuso del derecho de litigar, caracterizado, en aquellos concretos ejem\u001fplos, con el prop\u00f3sito de perjudicar a otro privando al propietario por tiempo indeter\u001fminado del ejercicio y goce leg\u00edtimos de sus derechos de administrar, gozar y ena\u001fjenar sus bienes, sin que con las referidas medidas judiciales haya utilidad para el ejecutante, porque, no resultando ser de su deudor los bienes, no conseguir\u00e1 reducirlos a dinero mediante el remate, que es la fi\u001fnalidad del juicio ejecutivo, y excediendo evidentemente la cuant\u00eda de los bienes em\u001fbargados y secuestrados a la proporci\u00f3n del cr\u00e9dito que persigue, ese exceso, de cu\u001fya disponibilidad se priva al deudor, no es un medio necesario sino in\u00fatil para la sa\u001ftisfacci\u00f3n del derecho del acreedor\u00bb (CSJ SC, 30 oct. 1935, G. J. t. XLIII, p\u00e1g. 310). <\/p>\n
Por id\u00e9ntico sendero, en CSJ SC, 24 ene. 2005, rad. 1994-02131-01, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(…) El acreedor, en ejercicio del derecho consagrado en el art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil, puede embargar y secuestrar bienes para, llegado el caso, cubrir su cr\u00e9dito, los intereses y las costas del proceso. Derecho que, sin embargo, no es absoluto, porque el art\u00edculo 2492, ib\u00eddem, en concordancia con el art\u00edculo 513-8 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo limita \u201ca lo necesario\u201d, a la par que, como es apenas obvio, \u00fanicamente puede recaer sobre bienes embargables del deudor y no de terceros. <\/p>\n
En el ejercicio de esa facultad, el acreedor incurre en abuso del derecho, generador de responsabilidad civil, cuando las medidas cautelares que a instancia suya se practican son excesivas, a pesar de lo cual las mantiene, y cuando las mismas se proyectan sobre bienes que no son del deudor. La Corte tiene explicado que constituye abuso del derecho embargar \u201cbienes del ejecutado en cuant\u00eda que exceda los l\u00edmites legales\u201d (sentencia de 2 de diciembre de 1993), mantener \u201cmedidas que ninguna garant\u00eda prestan para la efectividad de la obligaci\u00f3n perseguida\u201d (sentencia de 11 de octubre de 1973), y comprometer \u201chaberes pertenecientes a terceros\u201d (sentencia de 27 de mayo de 1964). <\/p>\n
En tales eventos, al demandante le corresponde demostrar el da\u00f1o causado, la culpa del demandado y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9sta y aqu\u00e9l. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que el \u201cempleo abusivo de las v\u00edas de derecho, s\u00f3lo puede ser fuente de indemnizaci\u00f3n, cuando, simult\u00e1neamente con la demostraci\u00f3n de la temeridad o mala fe con que act\u00faa quien se vale de su ejercicio, el demandante acredita plenamente el da\u00f1o que ha sufrido y su relaci\u00f3n causal con aquellas\u201d (sentencia de 12 de julio de 1993)\u00bb. <\/p>\n
Y en fechas m\u00e1s recientes, la Corte reiter\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn trat\u00e1ndose de cautelas est\u00e1 fuera de duda que el acreedor, por mandato de los art\u00edculos 2488 y 2492 del C\u00f3digo Civil, puede acudir a ellas con el fin de asegurar los bienes del deudor y pretender la realizaci\u00f3n de su cr\u00e9dito, junto a los intereses y gastos de cobranza. Posibilidad que no es absoluta, por cuanto se entiende que s\u00f3lo se podr\u00e1 hacer uso de ella cuando reporte un beneficio para el acreedor y se limite a lo necesario para satisfacer su inter\u00e9s, tasado en el duplo de la obligaci\u00f3n insatisfecha, \u201csalvo [cuando] se trata de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel cr\u00e9dito, o cuando la divisi\u00f3n disminuya su valor o su venalidad\u201d (art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de Procedimiento, equivalente al canon 599 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
(…) Tales normas, como es sabido, guardan estrecha relaci\u00f3n con lo preceptuado por el art\u00edculo 513, inciso 8\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto faculta al juez para que, al decretar medidas precautorias las limite \u2018a lo necesario\u2019, de tal manera que ellas no excedan el \u2018doble del cr\u00e9dito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas\u2019, salvo, claro est\u00e1, que se trate de un solo bien gravado con hipoteca o prenda, o cuando por su divisi\u00f3n se \u2018disminuya su valor o su venalidad\u2019 (SC, 2 ago. 1995, exp. n.\u00b0 4159). <\/p>\n
De all\u00ed que se considere abusivo el embargo innecesario de bienes en un proceso ejecutivo (SC, 9 ab. 1942); la cautela sobre la totalidad de los bienes del deudor sin justificaci\u00f3n (SC, 11 oct. 1973, G. J. CXLVII, n.\u00b0 2372 a 2377); la omisi\u00f3n en el destrabamiento de bienes que no prestan ninguna garant\u00eda para la efectividad de la obligaci\u00f3n perseguida (\u00eddem); o la ejecuci\u00f3n de un deudor con cautelas excesivas respecto al cr\u00e9dito que se cobra (SC, 2 dic. 1993, exp. n.\u00b0 4159)\u00bb (CSJ SC3930-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Recuento del debate. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00edneas generales, en este juicio el tribunal tuvo por probado que entre las partes existi\u00f3 una relaci\u00f3n comercial, instrumentada en cuatro convenciones distintas. Tres de ellas, de fechas 14 de junio de 1994, 1\u00b0 de abril de 1997 y 7 de julio de 1998, fueron materia de disputa en un procedimiento arbitral, que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n del laudo de 15 de mayo de 2013. <\/p>\n
En esa providencia, se declar\u00f3 que aquellos negocios jur\u00eddicos correspond\u00edan a contratos de agencia mercantil, y se conden\u00f3 a la convocada a pagar \u00aba) $4.0114.020.940 por concepto de la prestaci\u00f3n del inciso primero del art\u00edculo 1324 de C\u00f3digo de Comercio (…); b) $547.518.226 por concepto de valores de los descuentos y penalizaciones (…); c) $343.654.898 por concepto de bonificaciones causadas y no pagadas (…); d) $79.476.005 por concepto de da\u00f1o emergente (…); [y] e) $300.000.000 por concepto de lucro cesante\u00bb. Asimismo, se dispuso el reconocimiento de los r\u00e9ditos moratorios causados \u00abdesde la fecha de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a Comcel\u00bb. <\/p>\n
Para cumplir esa orden, Comcel entreg\u00f3 a Llama un cheque por valor de $3.765.344.869, que cobijaba solo una parte de las referidas condenas. El saldo, de $5.177.100.000, lo consign\u00f3 en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, donde se tramitaba un proceso ejecutivo promovido por la propia Comcel en contra de Llama. Esto \u00faltimo lo hizo en atenci\u00f3n a una medida de \u00abembargo de derechos litigiosos\u00bb que decret\u00f3 el juez de la ejecuci\u00f3n, mediante auto de 29 de noviembre de 2012. <\/p>\n
En ese compulsivo, Comcel pretend\u00eda el cobro de un pagar\u00e9, por un importe de capital de $3.451.451.171. Sin embargo, mediante fallo de 24 de noviembre de 2016, el aludido juez a quo declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abcobro de lo no debido\u00bb, advirtiendo que el t\u00edtulo valor, otorgado en blanco, solo pod\u00eda ser llenado con obligaciones atinentes a un cuarto contrato (celebrado el 12 de agosto de 2005), y no con las deudas que pudieron haber quedado pendientes en la liquidaci\u00f3n de los tres pactos iniciales, sobre cuya suerte, adem\u00e1s, se hab\u00eda pronunciado el tribunal arbitral. <\/p>\n
Por lo anterior, redujo la cuant\u00eda del capital de la deuda a $257.395.440, decisi\u00f3n que refrend\u00f3 en su integridad la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia de 20 de junio de 2007. As\u00ed las cosas, como los recursos cautelados exced\u00edan el total de la obligaci\u00f3n a cargo de la ejecutada, el 21 de julio siguiente \u2013tan pronto cobr\u00f3 ejecutoria el auto de que trata el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013, se entregaron a la ejecutante (Comcel) $606.637.666, monto correspondiente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada. En esa misma calenda, se restituyeron a Llama los $4.570.462.334 restantes. <\/p>\n
A partir de estos hechos, que no se discuten, Llama pretendi\u00f3 atribuir a su contraparte la obligaci\u00f3n de resarcirle la p\u00e9rdida patrimonial que tuvo que soportar como consecuencia de las referidas medidas cautelares de embargo y secuestro, que consider\u00f3 abusivas. El detrimento alegado se hizo consistir en el \u00ab(…) lucro cesante de los rendimientos financieros que debi\u00f3 producir la suma indebidamente embargada (de $4.570.462.334) entre el 4 de junio de 2013 y el 21 de julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ya en lo que respecta a la presente actuaci\u00f3n declarativa, el funcionario de primer grado descart\u00f3 pronunciarse sobre la abusividad alegada, bajo el pretexto de que esa tem\u00e1tica solo pod\u00eda ventilarse ante el juez de la ejecuci\u00f3n. Sin embargo, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra esa decisi\u00f3n, el tribunal rebati\u00f3 aquella tesis \u2013con apoyo en el precedente consolidado (Cfr. CSJ SC3930-2020, ya citada)\u2013, advirtiendo que en el proceso ejecutivo referido ni siquiera habr\u00eda sido viable discutir sobre los da\u00f1os que ahora se alegan, pues las excepciones de Llama solo prosperaron parcialmente. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, dicha colegiatura advirti\u00f3 que Comcel s\u00ed hab\u00eda abusado de su derecho, pues a pesar de que solo se le adeudaba un capital de $257.395.440, pidi\u00f3 que se librara orden de pago contra Llama por una suma mucho m\u00e1s elevada ($3.451.451.171), reclamando, adem\u00e1s, el embargo y secuestro de $5.177.100.000; todo lo anterior, prevali\u00e9ndose de un t\u00edtulo valor cuyos espacios en blanco fueron diligenciados en abierta oposici\u00f3n a las instrucciones predispuestas por el deudor cambiario, a sabiendas. <\/p>\n
En palabras del tribunal, <\/p>\n
\u00ab(…) es evidente que si la sociedad promotora de la acci\u00f3n ejecutiva, esto es, Comcel S. A. teniendo precisas instrucciones para llenar el t\u00edtulo valor, opt\u00f3 por soslayarlas e incluir en este instrumento negocial obligaciones que no era dable respaldar en tal documento, y apoyada en el cuantioso monto all\u00ed consignado, deprec\u00f3 considerables medidas que aseguraran el cumplimiento de tal cifra, se extralimit\u00f3 en el ejercicio de sus prerrogativas y abus\u00f3 del derecho a litigar. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, porque, aunque en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 622 del Estatuto Mercantil, el tenedor leg\u00edtimo de un t\u00edtulo valor est\u00e1 legitimado para diligenciarlo, tal derecho no es absoluto, pues debe hacerlo acorde con las instrucciones impartidas para el efecto, facultad que trasgredi\u00f3 Comcel S.A. al consignar en el cartular cr\u00e9ditos diferentes al que se hab\u00eda habilitado depositar en \u00e9ste. Sumado a lo anterior, la referida sociedad, amparada en el derecho a reclamar el pago del valor registrado en el pagar\u00e9, y en lo previsto en el art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil, persigui\u00f3 los bienes de su deudora, hasta el l\u00edmite m\u00e1ximo legal permitido, logrando el decreto y materializaci\u00f3n de unas cautelas que superaban ampliamente la suma que realmente garantizaba tal instrumento. <\/p>\n
Ante tal panorama, es palmario que Comcel S.A. abus\u00f3 del derecho a demandar al incoar la acci\u00f3n ejecutiva sin consideraci\u00f3n a las obligaciones puntuales que pod\u00eda incluir en el documento, y al obtener la pr\u00e1ctica de un embargo de una suma de dinero bastante superior a la que, seg\u00fan las prerrogativas legales y convencionales, era dable perseguir, al punto que superaba un poco m\u00e1s de siete veces la adeudada. <\/p>\n
(…) En suma, aun cuando Comcel S.A. al iniciar la ejecuci\u00f3n lo hizo en desarrollo de una prerrogativa consagrada en la ley, s\u00ed incurri\u00f3 en desv\u00edos en ejercicio de sus derechos de acreedor, pues desatendi\u00f3 el tenor de las instrucciones impartidas para su diligenciamiento y anot\u00f3 todas las obligaciones pendientes de soluci\u00f3n, derivadas de la relaci\u00f3n comercial con Llama Telecomunicaciones S.A., pese a que solo le era posible incluir las originadas de la ejecuci\u00f3n del contrato celebrado en el a\u00f1o 2005\u00bb. <\/p>\n
Con todo, para esa colegiatura la prueba del monto de la p\u00e9rdida patrimonial alegada ser\u00eda insuficiente. Es decir, Llama no habr\u00eda acreditado cu\u00e1les fueron los rendimientos o utilidades que esperaba recibir en el lapso (de cuatro a\u00f1os y un mes) durante el cual una elevada cantidad de dinero de su propiedad ($4.570.462.334) permaneci\u00f3 en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, como resultado del obrar abusivo de la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Para combatir la \u00fanica premisa en la que se funda la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda principal, la recurrente propuso tres argumentos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. En todos sus cuestionamientos por v\u00eda indirecta (cargos primero a tercero), sostuvo que existe un yerro en la valoraci\u00f3n probatoria, relativo a la relaci\u00f3n jur\u00eddica antecedente que existi\u00f3 entre Llama y Comcel, y que estaba determinada por la acusaci\u00f3n de intereses moratorios, dada la fuente mediata \u2013la relaci\u00f3n contractual de agencia\u2013 o inmediata \u2013la condena impuesta en el laudo\u2013 de la obligaci\u00f3n de pagar el dinero que fue abusivamente cautelado. <\/p>\n
ii. En el primer cargo tambi\u00e9n se denunci\u00f3 al ad quem por haber reclamado la prueba de \u00abalguna inversi\u00f3n dejada de materializarse con ocasi\u00f3n de la consumaci\u00f3n de la medida [cautelar]\u00bb, perdiendo de vista que los recursos fueron objeto de aprehensi\u00f3n mucho antes de que se dictara el laudo arbitral, es decir, cuando el cr\u00e9dito segu\u00eda sometido a las contingencias propias de la litis. En ese escenario, no pod\u00eda exig\u00edrsele a Llama que previera alg\u00fan destino espec\u00edfico para dineros que se le pagar\u00edan en un futuro apenas eventual. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. En su \u00faltimo cargo, y esta vez por la senda directa, la recurrente reiter\u00f3 el argumento (i), y adem\u00e1s se quej\u00f3 de que el tribunal no hubiera hecho extensiva a este caso la regla prevista en el art\u00edculo 1617-2 del C\u00f3digo Civil, arguyendo para ello que, \u00aben presencia de un episodio de privaci\u00f3n del uso del dinero como el que ilustra la presente causa, nada explicar\u00eda que se dejara de aplicar el [precepto citado], que exonera de prueba, bajo la presunci\u00f3n de la vocaci\u00f3n productiva del dinero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como viene de verse, los hechos probados dan cuenta de una situaci\u00f3n muy particular, consistente en que Comcel, con apoyo en un pagar\u00e9 con espacios en blanco, diligenciado en contrav\u00eda de lo dispuesto por el deudor cambiario en la carta de instrucciones, solicit\u00f3 a un juez el embargo y secuestro de unos derechos patrimoniales que su deudora estaba reclam\u00e1ndole en un tr\u00e1mite arbitral paralelo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tan pronto el derecho incierto se transform\u00f3 en cr\u00e9dito cierto \u2013dadas las condenas que se impusieron en el laudo arbitral de 15 de mayo de 2013\u2013, Comcel se asegur\u00f3 de que los dineros que deb\u00eda pagarle a Llama quedaran afectados con las cautelas pedidas abusivamente en un proceso ejecutivo. <\/p>\n
Dicho esto, debe tenerse en cuenta que, en todas sus censuras, la impugnante extraordinaria sostuvo que el abuso del derecho en el que incurri\u00f3 Comcel al solicitar el embargo y secuestro de los $5.177.100.000 que la propia Comcel deb\u00eda pagarle a Llama, le habr\u00eda generado una p\u00e9rdida equivalente a los intereses moratorios sobre dicha suma, cuya causaci\u00f3n deb\u00eda presumirse siempre que el deudor incurriese en mora de pagar una obligaci\u00f3n de dinero. <\/p>\n
Esta tesis resulta ser un tanto ambigua, por lo que permite varias lecturas distintas. La primera de ellas implicar\u00eda entender que, si los dineros no hubieran sido abusivamente embargados, Llama habr\u00eda podido producir con ellos alg\u00fan tipo de renta o ganancia equivalente al inter\u00e9s de mora previsto en el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio. Sin embargo, esa hermen\u00e9utica no luce plausible, m\u00e1xime cuando har\u00eda necesario acreditar algo que no se aleg\u00f3, y es que efectivamente la operaci\u00f3n comercial de Llama pod\u00eda generar riqueza en porcentajes equivalentes al 150% del IBC. <\/p>\n
Consecuentemente, tampoco existen pruebas que permitan sostener esa capacidad de generar utilidad. De hecho, la actora redujo la prueba del da\u00f1o a un trabajo pericial de liquidaci\u00f3n de r\u00e9ditos moratorios sobre el monto que fue afectado por la cautela judicial, y no present\u00f3 ninguna evidencia acerca de su propio ejercicio comercial, sus planes de tesorer\u00eda, o cualquier otra variable que pudiera llevar al conocimiento de las utilidades que dej\u00f3 de percibir por no haber recibido a tiempo los $4.570.462.334 a los que aludi\u00f3 a lo largo de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Otra posible interpretaci\u00f3n del alegato consistir\u00eda en que Comcel debe pagar intereses de mora porque los recursos abusivamente cautelados por solicitud suya estaban llamados a producirlos, seg\u00fan lo argumentado y decidido por los \u00e1rbitros que resolvieron una controversia pret\u00e9rita. No obstante, ello implicar\u00eda entender que, en este juicio declarativo, no se pretend\u00eda atribuir la responsabilidad civil por un il\u00edcito extracontractual, sino reclamar una compensaci\u00f3n por la tardanza en el pago de las condenas que se dispusieron en el laudo arbitral \u2013o de los d\u00e9bitos contractuales reconocidos en esas condenas\u2013. <\/p>\n
En efecto, si se asume como hecho da\u00f1oso el haber privado a Llama de una suma de dinero que le pertenec\u00eda, necesariamente debe aceptarse que tanto las condenas que fijaron los \u00e1rbitros, como las prestaciones contractuales que ellos elucidaron, habr\u00edan sido pagadas por Comcel, aunque el pago no llegara directamente a manos de su beneficiaria, debido al embargo y secuestro decretados por el juez de la ejecuci\u00f3n. Y si ese pago existi\u00f3, es obvio que se extinguir\u00edan tanto la obligaci\u00f3n impuesta judicialmente, como la derivada de los negocios jur\u00eddicos de agencia comercial. <\/p>\n
En cambio, si se afirmara que Llama fue despojada de los r\u00e9ditos moratorios ordenados en caso de impago de la condena fijada en el laudo, o hacer referencia a la relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente entre la recurrente y Comcel, implicar\u00eda extraer el conflicto del \u00e1mbito de la responsabilidad aquiliana, transformando lo que se aleg\u00f3 como da\u00f1o (la privaci\u00f3n de un capital) en un supuesto de incumplimiento, o bien del laudo arbitral, o bien de las prestaciones procedentes del contrato de agencia. <\/p>\n
Y, sobra decirlo, no fue eso lo que se argument\u00f3 en la demanda principal. All\u00ed, simplemente, Llama afirm\u00f3 que Comcel hab\u00eda incurrido en \u00ababuso del derecho a litigar\u00bb, porque \u00abla acci\u00f3n [ejecutiva] corresponde a una demanda temeraria o de mala fe (…), causando as\u00ed \u00abgraves perjuicios a la sociedad con el secuestro de $5.177.100.000\u00bb, los cuales \u00abascienden a la suma de $3.471.750.612, que corresponden \u00fanicamente al lucro cesante de los rendimientos financieros que debi\u00f3 producir la suma indebidamente embargada (…)\u00bb. <\/p>\n
De lo anotado se sigue que Llama eligi\u00f3, de manera inequ\u00edvoca, encauzar su reclamo por la senda de la responsabilidad extracontractual por abuso del derecho, y tambi\u00e9n que lo hizo pidiendo los rendimientos del dinero que fue objeto de las medidas cautelares que solicit\u00f3 Comcel; es decir, lo que ese monto deb\u00eda producir como utilidad. A ello cabe a\u00f1adir que, Llama no introdujo al debate procesal alg\u00fan planteamiento que permitiera equiparar su p\u00e9rdida con la causaci\u00f3n de r\u00e9ditos de mora al descorrer el traslado de las excepciones, ni al presentar sus alegatos de cierre, ni tampoco al sustentar su recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto equivale a decir que, en ninguna fase del tr\u00e1mite ordinario, qued\u00f3 planteado que las pretensiones de la demanda principal se orientaran al cobro de alg\u00fan tipo de r\u00e9ditos sobre los saldos impagados de la condena arbitral, o respecto de las cargas dinerarias derivadas de la relaci\u00f3n contractual de agencia precedente. Hasta la presentaci\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, el conflicto entre Llama y Comcel se mantuvo en el escenario propio de la responsabilidad civil extracontractual por abuso del derecho, parcela por completo ajena a la reclamaci\u00f3n de intereses de mora por incumplimiento de alguna obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Dichos r\u00e9ditos fueron tra\u00eddos a colaci\u00f3n en esta sede extraordinaria, para hacerlos ver como suced\u00e1neos de las pruebas del da\u00f1o que el tribunal extra\u00f1\u00f3 en su fallo. Pero ello es improcedente, pues implica introducir un planteamiento novedoso al debate, que precisamente por su tard\u00eda aparici\u00f3n, no fue replicado por la convocada, ni mucho menos considerado por el tribunal en su sentencia, raz\u00f3n suficiente para excluirlo del escrutinio de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
No se olvide que, ante esta sede extraordinaria, resulta imperativo rechazar <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106) (…), en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el (…) numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [que corresponde al canon 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso], el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). Con esta prohibici\u00f3n \u201ctambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020; reiterada en CSJ SC948-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Una \u00faltima posibilidad interpretativa, que engloba todos los cuestionamientos de la censura (incluso el cuarto, por v\u00eda directa), consistir\u00eda en aceptar que siempre que se embargue y secuestre una suma de dinero como resultado de un acto de abuso del derecho de la parte que solicit\u00f3 esas medidas cautelares, se causan intereses moratorios para compensar el da\u00f1o sufrido por la persona afectada. <\/p>\n
Pero esta afirmaci\u00f3n tambi\u00e9n es inadmisible, porque confunde un il\u00edcito extracontractual, como lo es el abuso del derecho, con un supuesto de mora en el pago. En efecto, si una persona priva a otra de determinado capital por un acto de abuso del derecho, esta \u00faltima quedar\u00e1 obligada a compensar la p\u00e9rdida sufrida por la v\u00edctima, pero no existe pauta jur\u00eddica alguna que lo obligue a hacerlo a trav\u00e9s del reconocimiento de r\u00e9ditos moratorios, ni el agente queda constituido en mora desde que caus\u00f3 el da\u00f1o. <\/p>\n
Expresado de otro modo, si lo que se pide es la indemnizaci\u00f3n de un da\u00f1o, naturalmente ser\u00e1 esa la fuente de la obligaci\u00f3n de reparar del agente-demandado; por tanto, acudir a circunstancias externas del da\u00f1o mismo para caracterizar esa obligaci\u00f3n no es de recibo. En punto de lo anterior, tiene dicho la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(…) La mora es la situaci\u00f3n en que se coloca el deudor tras su incumplimiento y siempre que, adem\u00e1s, se d\u00e9 alguno de los supuestos del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, evento a partir del cual se autoriza al acreedor para reclamar el pago de los perjuicios que haya podido sufrir (arts. 1610 y 1615 ib\u00eddem). Desde luego que la mora supone la existencia de una obligaci\u00f3n preexistente que en su momento no se satisface por el deudor, o dicho de otro modo, \u201cla mora del deudor\u2026 consiste en \u2018el retraso, contrario a derecho, de la prestaci\u00f3n por una causa imputable a aqu\u00e9l\u2019 (Casaci\u00f3n 19 de julio de 1936, G.J. T. XLIV, p\u00e1g. 65)\u2026\u201d y \u201c\u2026supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, y para constituir en ella al deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la cancelaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debida. De tal suerte que, s\u00f3lo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, adem\u00e1s ostenta la calidad de deudor moroso, momento \u00e9ste a partir del cual puede exigirse el pago de perjuicios conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 1610 y 1615 del C\u00f3digo Civil\u201d (Sent. Cas. Civ. de 10 de julio de 1995, Exp. No. 4540)\u00bb (CSJ SC, 13 may. 2010, rad. 2001-00161-01). <\/p>\n
Es evidente, pues, que no es apropiado confundir la mora del deudor con el da\u00f1o que produce quien priva a otra persona de la disposici\u00f3n de su dinero, por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n constitutiva de responsabilidad extracontractual. Quien infiere un da\u00f1o injusto a otro tiene el deber de repararlo, pero solo incurrir\u00e1 en mora cuando ese deber se concrete en una prestaci\u00f3n cierta, de contornos definidos. Es decir, con un monto exacto de indemnizaci\u00f3n ya fijado y una fecha para su pago, lo que suele ocurrir s\u00f3lo cuando se profiere el fallo que declara la responsabilidad, o cuando las partes, aut\u00f3nomamente, resuelven sus conflictos a trav\u00e9s de cualquier medio autocompositivo. <\/p>\n
En l\u00ednea con ese razonamiento, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSobre el tema de la causaci\u00f3n de r\u00e9ditos de la especie exigida [moratorios, se aclara], el art\u00edculo 65 de la Ley 45 de 1990, en lo pertinente reza: \u201cEn las obligaciones mercantiles de car\u00e1cter dinerario el deudor estar\u00e1 obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella\u201d. Obs\u00e9rvese, que el precepto alude al concepto de \u201cobligaciones mercantiles\u201d, por las cuales se entiende aquellas que provienen de \u201cactos o negocios comerciales\u201d, y tambi\u00e9n que tengan car\u00e1cter \u201cdinerario\u201d, es decir, que su objeto consiste en la entrega por el deudor a su acreedor de una suma de \u201cdinero\u201d; mientras que los \u201cintereses\u201d pretendidos, tienen por finalidad \u201cindemnizar el da\u00f1o\u201d a partir de la incursi\u00f3n en mora para cancelar el respectivo capital. <\/p>\n
Sin embargo, en los eventos de responsabilidad civil extracontractual, modalidad a la que corresponde la invocada como fundamento de la s\u00faplica resarcitoria, aunque con car\u00e1cter especial, es claro que solo a partir de la concreci\u00f3n o cuantificaci\u00f3n de aquella pueden generarse r\u00e9ditos, dado que es en ese momento que se establece el monto en una suma l\u00edquida y la oportunidad para hacer el pago; empero no corresponden en este caso a los de naturaleza \u201cmercantil\u201d, porque no derivan de un \u201cacto o negocio\u201d de esa \u00edndole, hall\u00e1ndose el sustento para su exigencia, en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, y as\u00ed lo ha entendido esta Corporaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 7 dic. 2012, rad. 2005-00327-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Resta por analizar un argumento, tambi\u00e9n relativo al uso de presunciones en la tasaci\u00f3n de da\u00f1os. Con este fin mem\u00f3rese que, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el tribunal, en este juicio qued\u00f3 probado que las medidas cautelares solicitadas por Comcel abusando de su derecho, despojaron a Llama del poder de disposici\u00f3n de $4.570.462.3341 por 1508 d\u00edas (entre el 4 de junio de 2013 y el 21 de julio de 2017), per\u00edodo durante el cual ese dinero estuvo embargado y secuestrado por orden del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
Y si bien en esta causa el agente da\u00f1ador y su v\u00edctima hab\u00edan celebrado un contrato de agencia comercial, lo cierto es que sobre esa duplicidad de roles no se fundament\u00f3 la demanda, y, por ende, tampoco servir\u00eda para explorar alguna opci\u00f3n que habilitara a la Corte, en este caso concreto, y dada la particularidad anotada, para equiparar las secuelas del il\u00edcito extracontractual con los intereses de mora sobre el capital objeto de las medidas cautelares solicitadas abusando del derecho. <\/p>\n
Dada esa deficiente conceptualizaci\u00f3n del da\u00f1o que se hiciera en el escrito de demanda (confundiendo el da\u00f1o con los intereses moratorios), desde los albores de este juicio la cuesti\u00f3n de la cuantificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida que realmente sufri\u00f3 Llama no fue materia de ning\u00fan esfuerzo probatorio. De hecho, al escrito inicial solamente se ados\u00f3 un dictamen pericial, en el que se calculaban los r\u00e9ditos de mora sobre $4.570.462.334, durante 1508 d\u00edas, a la tasa m\u00e1xima legalmente permitida por el ordenamiento mercantil. <\/p>\n
Al tribunal ello le pareci\u00f3 insuficiente, por lo que reclam\u00f3 la prueba de \u00abalguna inversi\u00f3n dejada de materializarse con ocasi\u00f3n de la consumaci\u00f3n de la medida [cautelar]\u00bb. Pero tal como lo anot\u00f3 la recurrente, si de lo que se trataba era de probar un da\u00f1o cierto, exigir esa evidencia no era razonable, pues ninguna persona podr\u00eda concebir un plan de negocios con recursos que apenas estaban siendo objeto de debate en el escenario de un proceso arbitral, y que luego lo fueron en el tr\u00e1mite de un juicio ejecutivo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los \u00e1rbitros dispusieron condenar a la hoy demandada al pago de una cuantiosa suma en favor de la recurrente mediante laudo de 15 de mayo de 2013; pero desde el 29 de noviembre del a\u00f1o de 2012 el juez que conoc\u00eda de la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 Comcel hab\u00eda dispuesto \u00abel embargo de los derechos litigiosos que a favor de Llama (…) pueda existir dentro del proceso arbitral promovido por Llama (…) contra Comcel\u00bb. La actora, pues, era consciente de que para disponer de alg\u00fan capital deb\u00eda salir triunfante no en uno, sino en dos litigios concomitantes. Y en esas condiciones, luce inconducente idear el destino de esos dineros, francamente contingentes. <\/p>\n
Cabe anotar que, quiz\u00e1, lo que el tribunal pretend\u00eda decir con la frase previamente trasuntada era que la v\u00edctima ten\u00eda la opci\u00f3n de plantear alguna hip\u00f3tesis acerca de las utilidades o rendimientos que pudo haber dejado de percibir con ocasi\u00f3n del acto abusivo de Comcel; es decir, una especie de an\u00e1lisis contrafactual del impacto que habr\u00edan tenido los $4.570.462.334 injustamente cautelados en el ejercicio comercial ordinario de Llama, o en su plan de tesorer\u00eda, de haberlos recibido en la fecha que en derecho correspond\u00eda. <\/p>\n
Una prueba como esa, adecuadamente elaborada y sustentada, indudablemente ofrecer\u00eda elementos de juicio valiosos para que la jurisdicci\u00f3n pudiera dimensionar mejor la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica sufrida por la v\u00edctima; y ello, con seguridad, permitir\u00eda fijar una indemnizaci\u00f3n que se adec\u00fae con mayor exactitud a la extensi\u00f3n del da\u00f1o causado injustamente. Pero, dadas las razones explicadas, no era cuesti\u00f3n sencilla recaudar tal probanza en este caso. <\/p>\n
La situaci\u00f3n, entonces, parec\u00eda obligar a acudir a alguna presunci\u00f3n, de forma an\u00e1loga al modo en el que se tasa el lucro cesante consecuencial a la p\u00e9rdida de capacidad laboral de una persona que no acredite (o no pueda acreditar, v.gr., en caso de no tener empleo) que est\u00e1 percibiendo alg\u00fan ingreso para la fecha del da\u00f1o. En esos eventos, suele cuantificarse la indemnizaci\u00f3n a trav\u00e9s de una presunci\u00f3n relativa al piso de remuneraci\u00f3n al que puede acceder una persona que est\u00e9 laborando, es decir, 1 SMLMV (Cfr. CSJ SC4803-2019; o CSJ SC16690-2016); esto partiendo de la base de que la v\u00edctima ten\u00eda una fuerza de trabajo intr\u00ednseca, de la que fue privada por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del da\u00f1ador. <\/p>\n
En casos como esos, podr\u00eda objetarse que el resultado que se obtiene al aplicar la presunci\u00f3n no es aritm\u00e9ticamente exacto, pero, a decir verdad, ning\u00fan juicio contrafactual (lo es preguntarse \u00bfcu\u00e1nto dinero habr\u00eda podido recibir la v\u00edctima de no haber sido da\u00f1ada?) ofrece certezas absolutas como respuesta. Apenas se obtendr\u00e1 un resultado hipot\u00e9tico, pero no uno desfasado, o desconectado de la realidad, sino uno que razonablemente pueda ser admitido en una discusi\u00f3n racional, mediada por la necesidad de dar efectos concretos al derecho de la v\u00edctima a una reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Naturalmente, entre m\u00e1s informaci\u00f3n se recaude sobre la rentabilidad que sol\u00eda obtener la v\u00edctima antes del da\u00f1o, o su planificaci\u00f3n patrimonial a futuro, m\u00e1s elementos de juicio habr\u00e1 para calcular la indemnizaci\u00f3n a cargo del agente da\u00f1ador; de ah\u00ed la importancia de arrimar pruebas pertinentes para esclarecer el caso ante el juez de la causa. Pero si esas pruebas no se aportan, resultar\u00eda injustificado negar la reparaci\u00f3n, pues so pretexto de no poder tasar con precisi\u00f3n la extensi\u00f3n econ\u00f3mica de un da\u00f1o probado, se terminar\u00eda aplicando una consecuencia jur\u00eddica que corresponde al supuesto de inexistencia de ese da\u00f1o. <\/p>\n
Pues bien, quiz\u00e1 sea posible presumir tambi\u00e9n alg\u00fan \u201cpiso de remuneraci\u00f3n\u201d para el dinero, tal como se presume el ingreso m\u00ednimo en las personas, a efectos de calcular el monto de la reparaci\u00f3n debida por el causante del da\u00f1o. Sin embargo, cualquier camino que la Corte pudiera tomar con miras a esclarecer el contenido de esa presunci\u00f3n estar\u00eda vedado en este espec\u00edfico caso, porque Llama limit\u00f3 su s\u00faplica a la recuperaci\u00f3n de r\u00e9ditos moratorios, al punto que el cargo cuarto busc\u00f3 expl\u00edcitamente que se asumiera su causaci\u00f3n para los efectos anotados previamente. <\/p>\n
Ins\u00edstase en que, aun en ese cuestionamiento postrero, la recurrente se doli\u00f3 de que el tribunal no hubiera construido una \u201cpresunci\u00f3n de da\u00f1o\u201d, pero a partir del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, precepto orientado a regular los casos en los que exista una obligaci\u00f3n \u00abde pagar una cantidad de dinero\u00bb, y adem\u00e1s, haya un \u00abretardo\u00bb, conceptos que, se insiste, no conciernen a la acci\u00f3n elegida por Llama (de responsabilidad civil extracontractual). <\/p>\n
En esas condiciones, y dadas las restricciones que imponen el principio de congruencia y la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no resulta factible variar la suerte de esta particular controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Ninguno de los cargos formulados puede prosperar, porque todos ellos est\u00e1n basados en una improcedente analog\u00eda entre el il\u00edcito extracontractual (la cautela abusiva de una suma de dinero) y un incumplimiento contractual (la mora en el pago de una obligaci\u00f3n). <\/p>\n
En esas condiciones, las limitaciones de la competencia de la Corte en sede de casaci\u00f3n tornan inviable explorar alternativas distintas \u2013viables\u2013 para tasar el da\u00f1o alegado por la actora; y siendo ello as\u00ed, la frustraci\u00f3n del recurso deviene inexorable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 21 de abril de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso que promovi\u00f3 Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicaci\u00f3n Celular Comcel S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante principal, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse $10.000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esta cifra, que es la referida en la demanda, resulta de restar de los $5.177.100.000 embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo, los $606.637.666 que terminaron entreg\u00e1ndosele a Comcel tras la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (de los cuales $257.395.440 correspond\u00edan a capital, y la suma restante a r\u00e9ditos moratorios causados). <\/p>\n
<\/p>\n
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SC109-2023 (2018-00074-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC109-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2018-00074-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73877","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73877"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73877\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}