SC119-2023 (2015-01182-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC119-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2015-01182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete (07) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por \u00d3scar Alfonso Campuzano Cuartas frente a la sentencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., en el proceso que promovi\u00f3 contra el Edificio Carlina P.H. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El se\u00f1or \u00d3scar Alfonso Campuzano Cuartas solicit\u00f3 que se declare \u00abla invalidez de la asamblea de copropietarios del Edificio Carlina, reuni\u00f3n realizada en el sal\u00f3n comunal el d\u00eda 24 de marzo de 2015\u00bb, as\u00ed como del acta que da cuenta de las incidencias acaecidas en dicha reuni\u00f3n, \u00abpor no cumplir con los requisitos legales, y las decisiones adoptadas por la asamblea de copropietarios en dicha reuni\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
2.- Como soporte f\u00e1ctico se adujeron los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1.- El demandante afirm\u00f3 ser propietario del apartamento 310 del Edificio Carlina P.H. Asegur\u00f3 que se encuentra legalmente facultado para impugnar las decisiones del \u00f3rgano m\u00e1ximo de direcci\u00f3n y administraci\u00f3n de la copropiedad. <\/p>\n
2.2.- Indic\u00f3 que el 24 de marzo del 2015, la Asamblea General de Propietarios se reuni\u00f3 en el sal\u00f3n comunal del edificio -encuentro al cual concurri\u00f3 el 54.774% de la suma total de coeficientes de la copropiedad-. <\/p>\n
2.3.- Relat\u00f3 que, entre las muchas determinaciones tomadas ese d\u00eda, se autoriz\u00f3 la instalaci\u00f3n de la red matriz en el inmueble a cargo de la empresa Gas Natural Fenosa. Tal decisi\u00f3n fue aprobada por el 65.923% del total de coeficientes de la copropiedad. Frente a lo cual el convocante manifest\u00f3 su desacuerdo, \u00abal estimar que esa decisi\u00f3n requer\u00eda ser aprobada por mayor\u00eda calificada, o sea, del setenta por ciento (70%) del total de los coeficientes que componen la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Asevera que el acta que da cuenta de la reuni\u00f3n no acredita la validez de esta, \u00abal no cumplir con las formalidades previstas en la ley que regula la propiedad horizontal, disposiciones que tienen car\u00e1cter de imperativas, y por tanto de obligatorio cumplimiento\u00bb. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que dicho documento: i) no indica la clase de reuni\u00f3n realizada el 24 de marzo del 2015; ii) omite mencionar la forma de convocatoria; iii) no consagra los nombres de los propietarios de las unidades privadas, sus representantes y dem\u00e1s concurrentes a la cita, con su respectivo coeficiente de copropiedad; iv) prescinde de indicar la hora de iniciaci\u00f3n y clausura de la reuni\u00f3n; y v) no menciona la manera como se constat\u00f3 el quorum de asistentes y la forma de contabilizar los resultados de las votaciones efectuadas. <\/p>\n
2.5.- Afirm\u00f3 que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n se propuso oportunamente. Ello, pues \u00abel administrador del edificio Carlina propiedad horizontal, no dio cumplimiento al mandato legal de publicar el acta de asamblea en los 20 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de realizaci\u00f3n de la reuni\u00f3n en comento, como correspond\u00eda. La publicaci\u00f3n se efectu\u00f3 el 25 de mayo del presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
3.- El Edificio Carlina Propiedad Horizontal, en su contestaci\u00f3n, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Adem\u00e1s, plante\u00f3 las excepciones que denomin\u00f32 \u00abFalta de legitimidad por activa\u00bb; \u00abActivaci\u00f3n de la justicia sin causas jur\u00eddicas que le asistan\u00bb; \u00abMala fe de la parte demandante\u00bb y la gen\u00e9rica. <\/p>\n
4.- Agotadas las etapas que le son propias a este tipo de juicios, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. dirimi\u00f3 la instancia el 27 de abril de 2017. En su prove\u00eddo, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
5.- El Tribunal Superior de esa capital \u2013 Sala Civil desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandante el 24 de octubre posterior. Se confirm\u00f3 en su totalidad la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
6.- Inconforme con lo as\u00ed decidido, el extremo vencido formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, que fue admitido a tr\u00e1mite por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal precis\u00f3 que el problema a resolver se circunscrib\u00eda a determinar si el demandante acredit\u00f3 estar legitimado en la causa para la impugnaci\u00f3n de las decisiones del acta de asamblea de copropietarios, realizada el 24 de marzo del 2015. En caso afirmativo, el estudio conducir\u00eda a establecer la validez o la invalidez de las determinaciones cuestionadas. Para dilucidar la cuesti\u00f3n planteada, indic\u00f3, en primer lugar, que el procedimiento probatorio debe ser atendido \u00edntegramente como garant\u00eda del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de defensa de las partes en litigio. Ello, conforme a los art\u00edculos 174 y 183 del anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por un lado. Y,164 y 173 del actual C\u00f3digo General del Proceso, por otro. A su turno, se\u00f1al\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa es una exigencia para la sentencia estimatoria o desestimatoria. Por ende, \u00abdebe ser verificada por el juzgador, con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
En tercer lugar, y de conformidad con el canon 49 de la Ley 675 del 2001, dictamin\u00f3 que est\u00e1n legitimados por activa para impugnar las actas de asamblea el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de las unidades privadas de la respectiva copropiedad. Estos \u00faltimos tienen la carga de acreditar tal calidad a trav\u00e9s de \u00abla conjugaci\u00f3n de t\u00edtulo y modo, los que trat\u00e1ndose de compraventa inmuebles constan en escritura p\u00fablica y la anotaci\u00f3n respectiva en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, art\u00edculos 696, 737, 749, 756, 1857 del c\u00f3digo civil, art\u00edculo 43 ley 1250 de 1970, hoy art\u00edculo 46 ley 1579 de 2012\u00bb. <\/p>\n
En cuarto lugar, y atendiendo al asunto sub examine, tuvo por probado que la demanda fue presentada cuando reg\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y admitida en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, tal tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, de por s\u00ed, \u00abno legitima el argumento del actor en aras de obtener la revocatoria de la sentencia del a quo. No, porque en la medida que esta clase de medio no requiere de pr\u00e1ctica posterior, la documental, es decir, previo a su decreto concurren la solicitud y aportaci\u00f3n como requisitos para que puedan ser valorados, en una y otra legislaci\u00f3n existe, en trat\u00e1ndose de documentos, por regla general, la carga de aportaci\u00f3n inicial con la demanda, excepciones o respectivas contestaciones, incidentes y su respuesta\u00bb. As\u00ed lo dispon\u00eda el art\u00edculo 183 del anterior estatuto procesal, tal como lo consagra el actual canon 173. Excepcionalmente, el c\u00f3digo adjetivo s\u00ed permite la aportaci\u00f3n posterior del documento, \u00abdesde luego precedida de la solicitud oportuna, cuando el documento no est\u00e1 en poder de quien lo enuncia como prueba del hecho que le compete demostrar. As\u00ed lo establec\u00eda el c\u00f3digo de procedimiento civil art\u00edculo 253, 254, 268 y 283 y establece actualmente el c\u00f3digo general del proceso art\u00edculo 245, 246 y 265. A su vez, el c\u00f3digo de procedimiento civil autorizaba, en el art\u00edculo 183, como lo hace ah\u00ed el c\u00f3digo general del proceso, en el art\u00edculo 190, la aportaci\u00f3n de pruebas antes de dictarse sentencia. Solo que tal proceder no est\u00e1 previsto para de las partes, sino que requiere del com\u00fan acuerdo entre partes, circunstancia que no ocurre en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el apelante asever\u00f3 que no pudo aportar los documentos para acreditar su calidad de propietario, pues no estaban en su poder. No obstante, para el Tribunal, tal aserto no se encuentra justificado en tanto que \u00absi bien el original, por disposici\u00f3n legal forma parte del protocolo de la notar\u00eda, a su disposici\u00f3n tiene las primeras copias, que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 8 d\u00edas debe expedir el notario una vez autorizada la escritura; o las copias posteriores en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 79,80 y 87 del decreto 960 de 1970. Copias que legalmente estaba autorizado a aportar en las oportunidades antes enunciadas\u00bb. Ello, como reflejo del principio de colaboraci\u00f3n que surge de los preceptos 4, 37 numeral cuarto y 71 numeral sexto del C\u00f3digo General del Proceso; confrontados con el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, del plenario se evidencia que el demandante alleg\u00f3 las pruebas extempor\u00e1neamente, en tanto que no lo hizo con la demanda ni al contestar el escrito de excepciones. Y ni decir que tal falencia probatoria podr\u00eda ser salvada con el decreto oficioso de pruebas, en tanto que \u00abno puede obviarse que las pruebas decretadas de manera oficiosa por el juez son para esclarecer hechos dudosos y llegar a la verdad real y material. Y no para suplir la negligencia o incuria de las partes en la obtenci\u00f3n de las mismas\u00bb. <\/p>\n
Por ende, confirm\u00f3 el pronunciamiento del a quo en su totalidad. A su turno, al resolver la solicitud de adici\u00f3n, elevada por el apelante en torno al pronunciamiento sobre la nulidad absoluta sustancial contemplada en el acta impugnada, adujo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien al funcionario judicial no le est\u00e1 vedado declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un acto o contrato y, adem\u00e1s, con independencia de la procedencia o no de la nulidad absoluta como presupuesto de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea de copropietarios, debe atenderse que, conforme con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, la misma debe aparecer de manifiesto en el acto o contrato. Circunstancia que no concurre en el sub lite, en tanto, por ejemplo, no aparecen en el expediente los elementos necesarios para confrontar los requisitos de la convocatoria y, adem\u00e1s, las formalidades que se dicen omitidas en el acta no son elementos de validez de los actos impugnados, sino de afectaci\u00f3n probatoria del acta como tal. Art\u00edculo 47 Ley 675 del 2001. En todo caso, no puede obviarse tampoco que el art\u00edculo 320 del CGP se\u00f1ala que el recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante; en concordancia con el art\u00edculo 328 de la misma codificaci\u00f3n que delimita la competencia del superior a que se haga un pronunciamiento solamente sobre los argumentos expuestos como sustentaci\u00f3n por el apelante en desarrollo de los reparos ante el juez de primera instancia. Art\u00edculo 327. Lo que hace evidente la extemporaneidad de lo pedido. <\/p>\n
Finalmente, se precisa que la nulidad oficiosa de car\u00e1cter sustancial no suple el actuar de las partes. Ni conjura la falta de legitimaci\u00f3n en quien promovi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de actos de asamblea. Y menos resulta procedente para cambiar totalmente los extremos de la litis o la pretensi\u00f3n expuesta desde el comienzo de la demanda. Las anteriores son razones para no acceder a la adici\u00f3n impl\u00edcita solicitada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, neg\u00f3 la complementaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de violar, indirectamente, los art\u00edculos 1500, 1502, 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil y 37, 38, 39, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 675 de 2001, mediante la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los c\u00e1nones 7, 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u00ababstenerse en decretar de modo oficioso las pruebas documentales destinadas a acreditar mi legitimidad para impugnar las decisiones de la asamblea de propietarios del Edifico Carlina PH., en la reuni\u00f3n citada, o sea, mi calidad de propietario de una de las unidades privadas que conforman el ente citado, precisamente del apartamento n\u00famero 310\u00bb. <\/p>\n
Y es que, a su juicio, la norma procesal impone al juez asumir la iniciativa probatoria con el fin de establecer el acontecer f\u00e1ctico del litigio en procura de proferir una sentencia que estudie de fondo la controversia. En tal sentido, \u00abpor tratarse el enunciado normativo de un deber, es de inferir su ejercicio inclusive para suplir la falta de diligencia de las partes\u00bb. Indic\u00f3 que la posici\u00f3n del Tribunal no se compadece con el alcance que esta Corte otorg\u00f3 al art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en sentencia del 04 de marzo de 1998, exp. 4921, en donde se se\u00f1al\u00f3: \u00abclaramente al juzgador [debe] hacer uso de esa potestad oficiosa en materia probatoria, incluso cuando las partes han mostrado dejadez en atender esa carga, como puede apreciarse en su jurisprudencia\u00bb. Postura que fue reiterada en providencias del 11 de noviembre de 1999, exp. 6168; del 24 de noviembre de 1999, exp. 5339 y 25 de mayo de 2004, exp. 7127, constituy\u00e9ndose en doctrina probable de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, la cual \u00abconserva su vigencia, no obstante fundamentarse en una norma derogada, toda de vez que la disposici\u00f3n que vino a reemplazarla, al cotejar su texto con la norma que la sustituy\u00f3 pas\u00f3 en su dictado de una ‘facultad’ a la imposici\u00f3n de un ‘deber’ al juez, en disponer oficiosamente el decreto de pruebas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, pues, la interpretaci\u00f3n del juez de segundo grado no se ajust\u00f3 a los dictados de la ley procesal ni a la jurisprudencia que la ha desarrollado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- A la luz de lo consagrado en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, se ha entendido que la ley le ha conferido a los jueces el poder-deber para decretar pruebas de oficio, \u00abcuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb. Sin embargo, se precisa que tal mandato no implica una orden irrestricta a los funcionarios judiciales dirigida a suplir la actividad probatoria de las partes. Desde una concepci\u00f3n mixta del proceso3 -que corresponde a aquella bajo la cual est\u00e1 construida el C\u00f3digo General del Proceso-, si bien se confirieron poderes al fallador en procura de la b\u00fasqueda de la verdad, lo cierto es que ello no significa la supresi\u00f3n de la carga probatoria de las partes -propio de los sistemas dispositivos-. Por el contrario, salvo ciertas excepciones, a\u00fan corresponde a los litigantes obrar diligentemente en torno a demostrar el \u00absupuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb4. <\/p>\n
En tal sentido, esta Sala ha indicado que \u00abaunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes\u00bb5. En otras palabras, este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas6. Es por ello por lo que ha sido reiterada la jurisprudencia reciente de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en aseverar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no est\u00e1n consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Procurando la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas constitucionales, nuestro estatuto procesal consagra la limitaci\u00f3n del decreto oficioso de pruebas testimoniales a los testigos que aparezcan mencionados en el expediente (art. 169 C.G.P), y la obligatoriedad de la contradicci\u00f3n de las pruebas decretadas por iniciativa del juez (art. 170 C.G.P). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetr\u00eda entre las partes. Ese decreto oficioso exige justificaci\u00f3n para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n as\u00ed obtenidos, en atenci\u00f3n a los principios de igualdad y lealtad procesal\u00bb7. <\/p>\n
De manera que, para esta Corporaci\u00f3n, no incurre en yerro el juzgador que se neg\u00f3 a decretar oficiosamente las pruebas que, a juicio del censor, eran trascendentales en la resoluci\u00f3n de la controversia. Ello debido a que, se insiste, la actual jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sostenido que \u00abla incuria del actor no puede convertirse en un ataque contra el juzgador. Luego, \u201cen este evento no se incurri\u00f3 por el Tribunal en el yerro de iure denunciado, puesto que fue la propia conducta descuidada de la [impugnante] la que produjo como secuela que tales medios de convicci\u00f3n, los que en su opini\u00f3n eran trascendentes (\u2026), no se decretaran como probanzas\u00bb8. <\/p>\n
De manera que ning\u00fan error de juzgamiento se puede imputar al juez de segundo grado, m\u00e1s a\u00fan cuando se advierte del plenario que la prueba omitida refiere a la verificaci\u00f3n de uno de los presupuestos de la acci\u00f3n, es decir, de aquellos necesarios para obtener sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda. Y es que la legitimaci\u00f3n es un aspecto de orden sustancial, cuya acreditaci\u00f3n corresponde a las partes. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
\u00abEl nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimaci\u00f3n en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores. <\/p>\n
De no cumplirse tal conexi\u00f3n entre quienes se traban en un pleito, se presentar\u00eda una restricci\u00f3n para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanaci\u00f3n, sino que, por su trascendencia, tiene una connotaci\u00f3n sustancial que impide abordar el fondo de la contienda. <\/p>\n
La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiter\u00f3 que \u201c[l]a legitimaci\u00f3n en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acci\u00f3n o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (\u2026) En efecto, \u00e9sta ha sostenido que \u2018el inter\u00e9s leg\u00edtimo, serio y actual del \u2018titular de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica o estado jur\u00eddico\u2019 (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2\u00aa reimpresi\u00f3n, Temis-Depalma, Bogot\u00e1, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia \u2018de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)\u2019 (CXXXVIII, 364\/65), y el juez debe verificarla \u2018con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, seg\u00fan quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular\u2019 (cas. civ. sentencia de 1\u00b0 de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enf\u00e1tica en sostener que tal fen\u00f3meno jur\u00eddico \u2018es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste\u2019 (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N\u00b0 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N\u00b0 6050)\u00bb (CSJ SC4468-2014). <\/p>\n
Aunado a que est\u00e1 comprobada la protuberante incuria del casacionista, quien no aport\u00f3 prueba de su calidad de propietario. En efecto, no lo hizo al momento de interponer la demanda, al contestar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la convocada9 y, en general, durante el t\u00e9rmino existente entre la fecha de interposici\u00f3n del libelo inicial y el d\u00eda en que se profiri\u00f3 auto mediante el cual se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia inicial10. Tal proceder omisivo fue corroborado por el propio Tribunal, quien concluy\u00f3 que, en el caso en concreto, \u00abno se trata de una indebida apreciaci\u00f3n de la a quo en cuanto a la solicitud de pruebas, sino de una omisi\u00f3n de la parte en atender oportunamente la carga probatoria que le compet\u00eda respecto a su legitimaci\u00f3n en la causa como propietario de una unidad privada de la propiedad horizontal edificio Carlina para la impugnaci\u00f3n deprecada\u00bb. Aseveraci\u00f3n que, valga destacar, no fue controvertida por el casacionista en ninguno de los dos cargos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el sub iudice no es uno de aquellos eventos en que, a voces de la jurisprudencia, le resulta imperativo al juez hacer uso de facultad de decretar pruebas de oficio. En efecto, esta herramienta procesal tiene por objeto superar grados de incertidumbre frente a los hechos que interesen al proceso -siempre que no haya incuria de las partes- y para evitar nulidades procesales o providencias inhibitorias. Sobre este punto, la Sala ha aclarado cu\u00e1les son los casos en que se presenta error de derecho en el \u00e1mbito del decreto oficioso de pruebas: <\/p>\n
\u00abLas anteriores consideraciones permiten concluir que, adem\u00e1s de los casos en los que el mismo legislador ha consagrado la obligatoriedad de una determinada prueba, el decreto oficioso se vuelve un imperativo para el juez cuando el medio de convicci\u00f3n faltante es indispensable para evitar nulidades o proferir fallos inhibitorios, y en aquellos casos en los que \u2013sin existir incuria de la parte\u2013 se hace indispensable obtener una pieza de evidencia que permita superar una \u00abzona de penumbra\u00bb, es decir, cuando existe en el expediente la traza, el indicio, la sospecha fundada de la existencia de un hecho, cuya plena comprobaci\u00f3n \u2013a trav\u00e9s del decreto de pruebas de oficio\u2013 emerge necesaria para llegar a la verdad del asunto11. <\/p>\n
Por lo anterior, no siempre que el juez se abstenga de hacer uso de sus facultades oficiosas, se estar\u00e1 ante un error de derecho. S\u00f3lo en aquellos casos en los que, descartada la negligencia de las partes, la actuaci\u00f3n del funcionario se mostraba indispensable para llegar a la certeza plausiblemente insinuada en el expediente, podr\u00e1 acusarse al fallador de incumplir con su deber oficioso. Ello en tanto que el juez, \u00abcomo director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso12\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, cuando pese a la adecuada actividad probatoria de las partes sea necesario esclarecer espacios oscuros de la controversia, cuando existan fundadas razones para considerar que la inactividad del juez alejar\u00e1 su decisi\u00f3n de la justicia material; cuando la pr\u00e1ctica de la prueba sea un imperativo legal o cuando con ella se evitan nulidades o fallos inhibitorios, puede configurarse un error de derecho por infracci\u00f3n de las normas probatorias13.\u00bb (CSJ SC592-2022; destacado aparte). <\/p>\n
3.- En este orden de ideas, el embate no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 2 de la Ley 50 de 1936 y de los art\u00edculos 37, 38, 39, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 675 de 2001, como consecuencia del error de hecho al no advertir la invalidez protuberante que presenta el acta censurada, \u00abpor carecer de requisitos esenciales, como son: no constar en su texto la forma de disponer la convocatoria a la reuni\u00f3n de la asamblea, y los nombres y calidades de los asistentes, formalidades previstas por la ley para darle validez a las decisiones que all\u00ed constan\u00bb. Indic\u00f3 que la providencia mediante la cual se decidi\u00f3 sobre la solicitud de declaratoria oficiosa de nulidad absoluta del acta no se puede tomar en cuenta \u00abal haberse adoptado cuando no proced\u00eda, por presentarse violatoria de lo dispuesto por el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se\u00f1ala que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3; en este caso al despacharse el prove\u00eddo citado por el Tribunal conllevar\u00eda que rebas\u00f3 su competencia, teniendo en cuenta el haber dictado previamente la sentencia de segunda instancia, no proced\u00eda reabrir el debate al estar definido el asunto\u00bb. <\/p>\n
Reitera que el reproche se dirige a cuestionar la actitud del ad quem en no declarar de oficio la invalidez que gravita en torno al acta de asamblea de copropietarios atacada. En ese sentido, asever\u00f3 que la nulidad surg\u00eda manifiesta al cotejar el texto de dicho instrumento con el inciso primero del art\u00edculo 47 de la Ley 675 del 2001. Y es que se establece \u00abclaramente la omisi\u00f3n en su texto, de la convocatoria a la reuni\u00f3n, igual situaci\u00f3n presenta al faltar los nombres de los propietarios de las unidades privadas que concurrieron a esa sesi\u00f3n, o sea, los vicios denotados. Por tales motivos es de tener el documento carente de eficacia\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que si bien el citado mandato no contiene sanci\u00f3n alguna cuando las actas no se ajustan a sus lineamientos, lo cierto es que \u00abel precepto aludido (art\u00edculo 47 Ley 675) debe tom\u00e1rselo con los dem\u00e1s que integran la regulaci\u00f3n de la propiedad horizontal, aspecto que permite manifestar que lo dispuesto en \u00e9l, al cumplirse por las actas, procura evidenciar el acatamiento a lo previsto en las disposiciones que lo anteceden, como puede constatarse de la lectura a las mismas; raz\u00f3n para sostener que al constar en el acta de que se trate, tales exigencias, es porque se ajustan a lo estatuido en ellas al ser igualmente acatadas\u00bb. As\u00ed mismo, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) permite sostener que cuando el acta de asamblea carezca de uno de los requisitos ya se\u00f1alados, al tratarse de formalidades que atienden a la naturaleza misma de esta forma por corresponder a su esencia, se genera nulidad absoluta en esa forma. Corrobora lo expuesto, al tomar en cuenta la sanci\u00f3n dispuesta por el art\u00edculo 45 de la Ley 675, como es afectar de nulidad absoluta las decisiones; viene al caso ese precepto, por la sanci\u00f3n que impera su desatenci\u00f3n, en la asamblea de propietarios en cuanto al qu\u00f3rum y la mayor\u00eda requerida para aprobar las decisiones. Si relacionamos esta norma con el art\u00edculo 47 multicitado; al establecerse omisiones en un acta, como acaece en este caso, por no aparecer en su texto la menci\u00f3n de los propietarios que asistieron a la reuni\u00f3n del 24 de marzo de 2015, esta falencia no permite sostener que en esa ocasi\u00f3n la asamblea sesion\u00f3 con el n\u00famero suficiente de propietarios de unidades privadas requeridas para su validez; igual situaci\u00f3n cabe manifestar de la aprobaci\u00f3n de las decisiones que se dice en el acta fueron aprobadas\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, calific\u00f3 al art\u00edculo 47 de la Ley 675 del 2001 como una norma imperativa, dada su construcci\u00f3n gramatical. Y es que \u00ablos giros de los verbos resaltados permiten se\u00f1alar el querer del legislador como es tratarse de mandatos, lo que nos lleva a deducir el encontrarnos ante una regla imperativa de obligatorio cumplimiento cuya inobservancia genera para el acto jur\u00eddico respectivo, de quedar afectado de invalidez\u00bb. Adem\u00e1s, el canon 45 del citado cuerpo normativo \u00abregula lo relacionado con el quorum y mayor\u00edas de las reuniones, fijando lineamientos en orden tener por v\u00e1lidas las decisiones que se adopten; disponi\u00e9ndose en su inciso final que su contravenci\u00f3n genera la nulidad absoluta de la decisiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para los efectos de esta controversia se se\u00f1ala que, dentro de los m\u00faltiples motivos para quebrar el fallo del ad quem, se encuentra el esbozado por el actor: la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por error de hecho. Este espec\u00edfico ataque, tal como invariablemente lo ha sentado esta Corporaci\u00f3n14, est\u00e1 vinculado al defecto en la contemplaci\u00f3n, existencia y percepci\u00f3n de determinado medio convictivo. Esto es, se impone \u00abla necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb15. En ese orden de ideas, para que este cargo pueda prosperar, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando se exige que \u00e9ste sea \u00abmanifiesto\u00bb16, excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. As\u00ed pues, en la labor de elaboraci\u00f3n del motivo de casaci\u00f3n, debe el censor individualizar cada medio de prueba en el que recae el error, indicarlo y \u00abdemostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb17. <\/p>\n
2.- El reproche estudiado no cumple con los antedichos requerimientos. En efecto, se dijo que el Tribunal viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 45 y 47 de la Ley 675 de 2001, el art\u00edculo 2 de la Ley 50 de 1936 y el canon 1741 del C\u00f3digo Civil por error de hecho al pretermitir el acta que recoge lo sucedido en la asamblea propietarios del Edificio Carlina PH. De haberlo hecho, habr\u00eda \u00abdispuesto de modo oficioso su invalidez, lo mismo que las decisiones que all\u00ed figuran, dada la evidencia en la carencia de requisitos legales del acta cuestionada que, al no satisfacerse le restan toda eficacia\u00bb. <\/p>\n
3.- Se advierte, la inexistencia del error, producto del desenfoque del cargo, comoquiera que el recurrente alega la falta de aplicaci\u00f3n de las normas que versan sobre los requisitos de las actas, de las reuniones de propietarios y de la nulidad absoluta, a pesar de que el Tribunal, en realidad, neg\u00f3 las pretensiones por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del demandante. De manera que, por hallar probada dicha excepci\u00f3n, el ad quem dej\u00f3 de pronunciarse sobre los vicios denunciados sobre los actos jur\u00eddicos cuestionados, tal como lo manda el inciso 3\u00ba del canon 282 ejusdem. Aunado al hecho de que, al formular los reparos concretos contra el prove\u00eddo de primera instancia18, el censor nada dijo sobre el tema que hoy expone ante esta Sala, porque las quejas \u00fanicamente se enfilaron sobre la necesidad de decretar pruebas de oficio para acreditar su inter\u00e9s en la causa. <\/p>\n
De manera que las disposiciones sustanciales que presuntamente fueron inaplicadas no son, ni han debido ser, la base argumental de la sentencia cuestionada. Por ende, la alegada violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por error de hecho no se present\u00f3. Lo anterior pues, se insiste, el juez colegiado no penetr\u00f3 en el campo de las pruebas relativas a la nulidad indicada, en tanto consider\u00f3 que el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa. En ese orden de ideas, mientras el pilar sobre el cual fue dirimida la segunda instancia no sea derrotado, resulta improcedente cualquier consideraci\u00f3n probatoria en torno a temas que realmente no fueron examinados en la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Esa falta de simetr\u00eda entre el embate del casacionista y la motivaci\u00f3n de la sentencia recurrida es contraria a las exigencias t\u00e9cnicas de este remedio excepcional, que exige del recurrente la formulaci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
Al respecto, esta Sala de Casaci\u00f3n estim\u00f3 que: <\/p>\n
Pero hay algo m\u00e1s: ya se dijo que la sentencia no penetr\u00f3 en el campo de la prueba relativa a la nulidad indicada, pues consider\u00f3 que el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en causa, de modo que mientras este aspecto no se quiebre, los cargos dirigidos contra temas no examinados son improcedentes\u00bb (Gaceta Judicial Tomo XCI no. 2215-2216, p\u00e1g. 483 a 490. Destacado aparte). <\/p>\n
En ese orden de ideas, ning\u00fan error de hecho puede achac\u00e1rsele al Tribunal frente a la supuesta pretermisi\u00f3n de los medios de prueba dirigidos a corroborar la nulidad absoluta planteada. M\u00e1xime cuando el argumento toral bajo el cual fue resuelta la alzada no logr\u00f3 ser desvirtuado por el casacionista. <\/p>\n
4.- Como consecuencia de lo expuesto, el cargo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Se tasan en $10.000.000, comoquiera que el opositor se pronunci\u00f3 oportunamente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
(Impedida) <\/p>\n
MARTHA PARTICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Impedida) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-31-03-020-2015-01182-01 <\/p>\n
Comparto la decisi\u00f3n de no casar la sentencia del Tribunal, pero aclaro mi voto porque estimo que el proceso tiene un componente econ\u00f3mico y que, por tanto, se debi\u00f3 analizar el inter\u00e9s del recurrente a la luz del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de establecer la viabiliadad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que las pretensiones se orientaron a obtener la invalidez de la asamblea de propietarios del Edificio Carlina P.H., llevada a cabo el 24 de marzo de 2015, as\u00ed como de las decisiones adoptadas en ese foro social, pues el accionante aduce que desconocieron las exigencias legales y estatutarias en desmedro de los intereses de los cond\u00f3minos. Empero, cabe advertir que entre lo acordado en esa sesi\u00f3n est\u00e1 la aprobaci\u00f3n del presupuesto para el a\u00f1o 2015 y el incremento de la cuota de administraci\u00f3n para enero de 2016, aspectos que dejan entrever car\u00e1cter patrimonial y que, por tanto, permiten establecer que el pleito s\u00ed tiene repercusiones econ\u00f3micas. <\/p>\n
Entonces, el solo hecho de que la contienda tenga trasfondo patrimonial hac\u00eda forzoso acometer el an\u00e1lisis a partir de lo previsto en el art\u00edculo 338 ibidem a fin de concretar el inter\u00e9s del recurrente en casaci\u00f3n, y para ello era irrelevante que este hubiera -o no- reclamado alg\u00fan beneficio de \u00edndole econ\u00f3mico, contrario a lo que se afirm\u00f3 en CSJ AC1719-2018 que, por cierto, no fue una decisi\u00f3n de Sala, sino de la Magistrada que conoci\u00f3 del caso en queja. <\/p>\n
Coincido en que el labor\u00edo propuesto hac\u00eda necesario confrontar la asamblea, el acta respectiva y las decisiones adoptadas, con el ordenamiento legal y los estatutos de la copropiedad para as\u00ed saber si aqu\u00e9llas se ajustaron a los requerimientos normativos y contractuales o si, por el contrario, los quebrantaron. Sin embargo, ello no desdibuja el car\u00e1cter econ\u00f3mico del inter\u00e9s envuelto en la reyerta, sobre todo, insisto, porque en la reuni\u00f3n censurada se adoptaron determinaciones con innegable cariz patrimonial y que conforman la pretensi\u00f3n, pues est\u00e1n \u00ednsitas en ella. <\/p>\n
Por ello aclaro mi voto, aunque comparto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 17 del cuaderno 1. <\/p>\n
2\u0002 Folio 111 del Cuaderno 1. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Hernando Dev\u00eds Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Ed. Temis, 1961. P\u00e1g 107. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC5676-2018. <\/p>\n
6\u0002 CSJ, SC3918-2021. <\/p>\n
7\u0002 CSJ SC592-2022, citada en SC3327-2022. <\/p>\n
8\u0002 CSJ.SC 00527-2010, reiterada en SC04020-2012. <\/p>\n
9\u0002 Folio 129 del Cuaderno Principal. <\/p>\n
10\u0002 Auto proferido el 07 de octubre del 2016. Folio 133 del Cuaderno Principal. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto v\u00e9ase, por ejemplo, la sentencia CSJ SC2215-2021: \u00abNo puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que, al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC5676-2018. <\/p>\n
13\u0002 Al respecto, pueden verse las sentencias CSJ, SC, 12 sep. 1994, Exp. 4293, CSJ, SC 21 oct. 2013, Exp. 2009-00392, CSJ SC1656-2016, CSJ SC8456-2016, CSJ SC5676-2019, y la reciente CSJ SC4232-2021, entre otras. En \u00e9sta \u00faltima se consider\u00f3: \u00abla falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado.\u00bb <\/p>\n
14\u0002 CSJ SSC del 23 de mayo de 1955; 19 de noviembre de 1956; 24 de abril de 1986; 2 de julio de 1993; 9 de noviembre de 1993. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039), reiterado en SC del 14 de diciembre del 2011, exp. 2008-00422-01, SC3925-2020 y SC3604-2021. <\/p>\n
16\u0002 Art\u00edculo 336, #2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
17\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
18\u0002 Minutos 45:31 a 47:36 del audio obrante a folio 225 del Cuaderno Principal. As\u00ed como consta a folios 229 a 232 del Cuaderno Principal. <\/p>\n
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SC119-2023 (2015-01182-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC119-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2015-01182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., siete (07) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73878","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73878\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}