SC129-2023 (2013-00035-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC129-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-041-2013-00035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la parte convocante frente a la sentencia de 19 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo promovido por Fajobe S.A.S. contra Correval S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
La sociedad actora solicit\u00f3 declarar que entre ella y la convocada se celebr\u00f3 un contrato de \u00abcartera colectiva, en los t\u00e9rminos establecidos en el formulario de apertura de cuenta FONVAL de 18 de diciembre de 2000\u00bb; que, dadas las limitaciones de esa convenci\u00f3n, \u00abno le estaba permitido a Correval realizar operaciones o inversiones a nombre de Fajobe en productos de renta variable\u00bb; y que \u00abCorreval estaba obligada a cumplir las instrucciones de manejo de cuentas otorgadas (…) en carta de febrero 7 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, reclam\u00f3 que \u00abse declare que no es oponible a Fajobe el contrato para la administraci\u00f3n de valores celebrado entre Alejandro Rey Pinz\u00f3n, en nombre propio, y Correval, el 4 de julio de 2006\u00bb; que \u00abse declare que entre Fajobe y Correval no existi\u00f3 un contrato de administraci\u00f3n de valores\u00bb, y que \u00abse declare que Correval incumpli\u00f3 sus obligaciones como comisionista de bolsa para con Fajobe, en todos aquellos caos en que desatendi\u00f3 las instrucciones de manejo de cuenta impartidas por Fajobe, y en aquellos en que intermedi\u00f3 (…) en operaciones de bolsa que no estaban autorizadas dentro de la relaci\u00f3n contractual existente entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Consecuencialmente, pidi\u00f3 que se condenara a su contraparte a pagar $1.885.134.820 \u00abpor los perjuicios causados como consecuencia de las transferencias y\/o pagos efectuados a favor de Alejandro Rey Pinz\u00f3n\u00bb; $253.185.140 \u00abpor los perjuicios causados como consecuencia de las transferencias y\/o pagos efectuados a favor de John Leonardo Bedoya\u00bb; $966.000.000 \u00abpor los perjuicios causados como consecuencia de retiros o traslados en efectivo (…) autorizadas (sic) por Alejandro Rey y\/o John Bedoya\u00bb; $1.3636.094.708 \u00abpor concepto de p\u00e9rdida en inversiones en acciones\u00bb; $174.182.372 \u00abpor concepto de las p\u00e9rdidas sufridas como consecuencias de operaciones denominadas fondeo de acciones\u00bb; $279.270.224 \u00abpor concepto de p\u00e9rdidas sufridas como consecuencia de la compra y venta de TES\u00bb; $272.615.986 \u00abpor concepto de comisiones descontadas (…) generadas en operaciones de inversi\u00f3n de acciones\u00bb; y $72.294.087 \u00abpor los perjuicios sufridos al no haber podido descontar el IVA pagado a nombre de Fajobe\u00bb. <\/p>\n
En subsidio, persigui\u00f3 los mismos resarcimientos, pero ahora como resultado de declarar que \u00abCorreval incurri\u00f3 en conductas abusivas e ilegales al permitir la apertura irregular de cuentas de administraci\u00f3n de valores a nombre de Fajobe, y al intermediar operaciones de bolsa que no estaban autorizadas dentro de la relaci\u00f3n contractual existente entre las partes\u00bb. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. Entre las partes se celebr\u00f3 \u00abun contrato de cartera colectiva para la apertura de un producto denominado FONVAL cartera colectiva\u00bb, cuyo destino exclusivo de inversi\u00f3n eran especies de renta fija en Colombia. <\/p>\n
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2. Durante las anualidades 2000 a 2005 \u00abFajobe no negoci\u00f3 operaciones diferentes a las de renta fija, aspecto que adem\u00e1s qued\u00f3 ratificado en las condiciones mencionadas en la actualizaci\u00f3n de 2007 del registro de firmas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin reparar en las condiciones iniciales pactadas, y en desarrollo de un contrato para la administraci\u00f3n de valores suscrito con Alejandro Rey Pinz\u00f3n \u2013gerente financiero y segundo suplente del representante legal de Fajobe\u2013, a partir del mes de julio del a\u00f1o 2006 Correval comenz\u00f3 a ejecutar, con fondos que pertenec\u00edan a la actora, diversas operaciones de renta variable \u2013principalmente compraventa de acciones en el mercado burs\u00e1til\u2013. <\/p>\n
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4. Todas esas operaciones, as\u00ed como varios giros desde las cuentas de la demandante a las cuentas personales de los ordenantes, fueron autorizados por el propio Alejandro Rey Pinz\u00f3n, en asocio con su colaborador y c\u00f3mplice, John Alejandro Bedoya Cerquera, tambi\u00e9n empleado del \u00e1rea financiera de Fajobe. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por instrucci\u00f3n escrita de la sociedad actora, todas las transferencias superiores a 12 SMLMV que se originaran desde sus cuentas requer\u00edan la aprobaci\u00f3n de dos empleados con un rol denominado \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. Pese a ello, Correval ejecut\u00f3 todas las \u00f3rdenes ileg\u00edtimas signadas por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, quienes ten\u00edan claves de firmas \u00abtipo \u201cA\u201d\u00bb y \u00abtipo \u201cB\u201d\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
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6. Fajobe \u00abnunca recibi\u00f3 extractos ni informaci\u00f3n relacionada con el movimiento de una cuenta (…), o de haberse recibido, probablemente fueron destruidos y ocultados por los se\u00f1ores Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Alejandro Bedoya\u00bb. <\/p>\n
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7. En el mes de octubre de 2009, y \u00abluego de la salida de Alejandro Rey de Fajobe, [se] empezaron a descubrir innumerables movimientos efectuados sin [el] consentimiento [de la sociedad], manipulados de manera directa y personal por Alejandro Rey y John Bedoya, con la complicidad de Carolina Stahelin (…), asesora comercial de Correval, a cargo de la cuenta de Fajobe\u00bb. <\/p>\n
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8. Es evidente que \u00abla conducta de Correval permiti\u00f3 a unos terceros enriquecerse con dineros de propiedad de Fajobe. Los movimientos financieros efectuados por Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Leonardo Bedoya no guardaban relaci\u00f3n con su calidad de empleados asalariados de Fajobe. El desmesurado aumentos de sus patrimonios personales entre los a\u00f1os 2007 a 2009 fue conocido por Correval, sin que dicha situaci\u00f3n generara alg\u00fan reparo o sospecha\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Todas las operaciones ideadas para defraudar a Fajobe, pudieron ejecutarse porque la demandada permiti\u00f3 realizar inversiones de renta variable y no efectu\u00f3 ning\u00fan control a las claves de firmas; adem\u00e1s, \u00abse present\u00f3 una evidente violaci\u00f3n de las conductas propias del mercado de valores (sic), tales como exceso de mandato, ejercicio indebido del nombre y recursos del cliente, conflicto de intereses, entre otros\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Al desatender \u00ablas instrucciones impartidas, e ignorar impunemente las conductas propias del mercado de valores, Correval permiti\u00f3 que Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Leonardo Bedoya obtuvieran un beneficio personal con los recursos de Fajobe, causando graves perjuicios econ\u00f3micos a esta \u00faltima. Adicionalmente, mientras permit\u00eda la utilizaci\u00f3n indebida de recursos de su cliente, Correval gan\u00f3 y sac\u00f3 provecho de las inversiones personas que efectuaban los se\u00f1ores Rey y Bedoya (…) cobrando las respectivas comisiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Las operaciones que se realizaron con dineros de Fajobe, pero que estaban \u00abdestinadas a favorecer personalmente a Alejandro Rey Pinz\u00f3n, ascendieron a la suma de $1.885.134.820\u00bb, mientras que \u00ablas destinadas a favorecer a Alejandro Bedoya, ascendieron a la suma de $253.185.140\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
12. Las inversiones en acciones que se realizaron en contrav\u00eda de lo pactado, \u00abdejaron p\u00e9rdidas para Fajobe por valor de $1.363.094.708 (…), teniendo en cuenta el emisor de las acciones que se adquirieron o vendieron, el valor de las compras, el valor de las ventas, y la diferencia entre el valor de venta y el de compra\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
13. Tambi\u00e9n se produjeron detrimentos cuantiosos \u00abcomo producto de la operaci\u00f3n de fondeo de acciones\u00bb; y como resultado de inversiones fallidas en TES; cobro de comisiones e IVA liquidados por Correval, y \u00abretiros y\/o traslados de efectivo autorizados por Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Alejandro Bedoya\u00bb. <\/p>\n
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14. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, la causa penal adelantada contra los involucrados en el desfalco cursaba la etapa preparatoria. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. Enterada del auto admisorio, la convocada se opuso a las pretensiones, objet\u00f3 el juramento estimatorio y formul\u00f3 las defensas que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de los supuestos incumplimientos a los contratos por parte de Correval\u00bb; \u00abFajobe estuvo debida y plenamente representada en su relaci\u00f3n con Correval\u00bb; \u00abFajobe pod\u00eda llevar a cabo inversiones en renta variable\u00bb; \u00abratificaci\u00f3n de los actos por parte de Fajobe\u00bb; \u00abCorreval no estaba obligado a cumplir con las instrucciones a que hace referencia la comunicaci\u00f3n del 7 de febrero de 2007\u00bb; \u00abmandato aparente\u00bb; \u00abel demandante no puede alegar su propia culpa\u00bb; \u00abFajobe ten\u00eda conocimiento de su actividad en el mercado de valores a trav\u00e9s de Correval\u00bb; \u00abFajobe no sufri\u00f3 perjuicios \u2013 reintegro de los recursos por parte de Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Leonardo Bedoya\u00bb; \u00abCorreval no puede responder por los giros que de otros bancos hiciera Fajobe a las cuentas de Correval\u00bb; \u00abCorreval no obtuvo provecho indebido\u00bb; \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb e \u00abinexistencia de responsabilidad contractual\u00bb. <\/p>\n
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2. La demandada tambi\u00e9n llam\u00f3 en garant\u00eda a Alejandro Rey Pinz\u00f3n y John Leonardo Bedoya Cerquera. El primero permaneci\u00f3 silente durante el t\u00e9rmino de traslado del llamamiento; el segundo se notific\u00f3 a trav\u00e9s de curador ad litem, quien dijo \u00abestarse a lo probado\u00bb. <\/p>\n
3. Asimismo, Correval present\u00f3 demanda de mutua petici\u00f3n, solicitando el reembolso de $122.876.469, que habr\u00eda pagado a Fajobe por concepto de utilidades derivadas de distintas operaciones de renta variable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La demandada en reconvenci\u00f3n se opuso al petitum de la comisionista de bolsa, esgrimiendo las excepciones denominadas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abinexistencia actual del derecho reclamado\u00bb; \u00abinexactitud en los resultados relacionados por Correval en el hecho 4 de la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb, y \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En sentencia de 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones de ambas demandas \u2013principal y de mutua petici\u00f3n\u2013. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, Fajobe interpuso recurso de apelaci\u00f3n, al que se adhiri\u00f3 Correval en el decurso de la segunda instancia. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Mediante fallo de 19 de noviembre de 2021, el tribunal confirm\u00f3 lo resuelto por el juez a quo, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Es principio del derecho \u00abque nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otros, m\u00e1s conocida como la prohibici\u00f3n de actuar en contra de los actos propios, cuyo sustento demanda la exigencia de un comportamiento claro, sensato y coherente de los integrantes de la colectividad; de ah\u00ed que, la determinaci\u00f3n de una u otra conducta, seg\u00fan su extensi\u00f3n y efectos, vista en retrospectiva, permita precisar si lo ha cumplido en la misma l\u00ednea de lo que antes hab\u00eda ejecutado o exteriorizado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Del material probatorio recaudado se deduce que la actora principal \u00abpreten[de] desconocer contratos y negociaciones por parte de la demandante, cuando para la \u00e9poca de los criticados hechos y ante la misma entidad, direccion\u00f3 su comportamiento a ejercer (…) las operaciones de las que hoy se duele, para ahora, en contra de sus propios designios, en ejercicio de un contrato consensual, buscar que se le indemnice frente a operaciones de igual raigambre\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Es pertinente agregar que \u00abel se\u00f1or Betancourt, en asocio con quien hoy acusa de orquestar un complot financiero a su espalda, se\u00f1or Alejandro Rey, solicitaron a Correval que se hiciera una transferencia por la suma de $ 1.000.000.000 de la cuenta APT a la de Fajobe. De nuevo, llama la atenci\u00f3n que hoy se procure la inoponibilidad de todas las operaciones distintas a renta fija y con cargo exclusivo a la cuenta del contrato de cartera colectiva, cuando con antelaci\u00f3n su comportamiento anduvo bien distante de esa presunta ingenuidad, pues se distinguieron portafolios adicionales al de renta fija y se autorizaron transferencias de activos entre estos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Debe tenerse en cuenta que \u00abFrancisco Betancourt design\u00f3 como ordenante del producto a, entre otros, Alejandro Rey, luego en principio, desde aquel entonces y hasta 2007, fecha en que se radic\u00f3 el instructivo de firmas (…), no se puede endilgar insuficiencia del poder. Interregno en el cual se dio el registro de firma autorizada en beneficio de John Leonardo Bedoya (…), por parte de Alejandro Rey, quien ostentaba la calidad de representante legal suplente (art. 442 C. Co.) y pese a que el se\u00f1or Betancourt, en el interrogatorio decretado oficiosamente, indic\u00f3 que no tuvo ausencias, tambi\u00e9n lo es que narr\u00f3 que para ese periodo se falt\u00f3 por 6 meses en ejercicio de un a\u00f1o sab\u00e1tico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Si fuera cierto que \u00ab[el] gerente financiero y [el] director financiero no estaban autorizados para efectuar operaciones en nombre de Fajobe\u00bb, no se explicar\u00eda c\u00f3mo la misma sociedad actora, \u00abmediante carta de noviembre 5 de 2009, hubiera comunicado a Correval que \u201c\u2026me permito informales que las personas relacionadas a continuaci\u00f3n y quienes tienen firma autorizada para suscribir todas las transacciones originadas en operaciones financieras con el banco, no tiene v\u00ednculo laboral. Por lo anterior solicito la anulaci\u00f3n de sus firmas en el registro de Correval\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Aunque el 28 de febrero de 2007 \u00abse radic\u00f3 ante Correval un instructivo de firmas para la autorizaci\u00f3n de operaciones en nombre de Fajobe\u00bb, debe tenerse en cuenta que ese documento, \u00aben casi todas sus condiciones, refiere a actividades de banca y no de mediaci\u00f3n en valores, conforme as\u00ed lo confes\u00f3 el liquidador y representante legal de la demandante en su interrogatorio de parte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Incluso, \u00abla condici\u00f3n segunda, esto es, aquella que limitaba operaciones a USD $2500 y requer\u00eda de una suscripci\u00f3n para su aprobaci\u00f3n de dos firmas tipo A, sin duda, atiende (sic) a transacciones eminentemente bancarias por lo que, ante ausencia de otro tipo de restricciones, no puede afirmarse que para las \u00f3rdenes ante la comisionista se exigiera dicha limitaci\u00f3n (…). Una vez m\u00e1s, encuentra el Tribunal que si esa condici\u00f3n hubiese sido dirigida efectivamente a Correval y limitara la actividad operacional ante la misma, como lo defiende la demandante y es el sustento principal de su demanda, su representante legal y otros empleados distintos a los se\u00f1ores Rey y Bedoya, no hubiesen obviado reiteradamente tales reglas para la administraci\u00f3n de recursos de Fajobe\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Es poco probable que la actora \u00abno [hubiera] podido rastrear contablemente las transferencias, por cuenta de que hubo un concierto entre sus financieros y empleados de Correval que, entre otras cosas, impidieron (sic) el conocimiento de los extractos de cada operaci\u00f3n y la trazabilidad mensual de todas ellas con el fin de evitar que se registraran esos hechos en su contabilidad y se impidiera descubrir que se estaban usando, sin autorizaci\u00f3n, recursos de Fajobe con fines, presuntamente personales, cuando hubo comunicaciones de diversos empleados, quienes sin el cumplimiento del instructivo dada las cuant\u00edas, ordenaron a bancos la transferencia de recursos de las cuentas corrientes de Fajobe a la de Correval; de tal modo que, si Correval no reportaba el uso de esos dineros, los bancos s\u00ed pudieron informar cada transacci\u00f3n que sal\u00eda de sus cuentas para rastrear la autorizaci\u00f3n de la misma; sin embargo, en contra de esos actos previos, hoy se indica que ello no fue alertado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En l\u00ednea con lo expuesto, \u00abno puede Fajobe constituir en fuente de responsabilidad su propia culpa, sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n; menos, pretender el desconocimiento de actos jur\u00eddicos que en el pasado inmediato convalid\u00f3 con el ejercicio de los mismos por parte de quienes hoy lideran la estructura organizacional de la compa\u00f1\u00eda, para sin causa razonable o puente comunicacional v\u00e1lido, desconocerlos absolutamente y a partir de ello, procurar una reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Aunque lo dicho bastar\u00eda para confirmar el fallo apelado, es pertinente a\u00f1adir que la \u00fanica prueba del da\u00f1o es \u00abun dictamen pericial realizado por el contador p\u00fablico Eduardo Jim\u00e9nez Ram\u00edrez (…); sin embargo, fue el mismo profesional quien desde la presentaci\u00f3n de su experticia limit\u00f3 el alcance de sus conclusiones, en tanto (…) [admiti\u00f3 que] \u201cno fue posible tener acceso a los documentos que sustentan las operaciones burs\u00e1tiles, tales como papeletas de operaciones, cheques girados con sus respectivas cadenas de endosos, archivos de llamadas entre otros (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que, al ser cuestionada en audiencia, fue refrendada e incluso afirm\u00f3 [el perito] que de haber tenido al alcance los endosos, su experticia hubiese podido variar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. La comentada circunstancia \u00abresulta trascendental, pues en contra de aquel dictamen y, en especial, ante la falta de seguimiento del destinatario final de los cheques que se emit\u00edan para el pago de cada operaci\u00f3n, la pasiva, por su parte, arrim\u00f3 otra experticia, esta vez la del contador p\u00fablico Juan Hern\u00e1n P\u00e9rez, quien teniendo en cuenta \u201c\u2026copias de cheques girados con endosos\u2026\u201d afirm\u00f3 que de los portafolios de los se\u00f1ores Rey y Bedoya, retornaron a los de Fajobe, $2.323.200.696 y $75.000.000, respectivamente (…), para definir que no se hab\u00eda causado ning\u00fan detrimento y, por el contrario, se incrementaron los recursos de la demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. Aun cuando tales conclusiones \u00abno fueron acompa\u00f1adas con los anexos que permitieron efectuar tales aseveraciones, lo cierto es que, en lo que al da\u00f1o refiere y a su cuantificaci\u00f3n, hubo precariedad probatoria que imped\u00eda con el rigor que este elemento exige, establecer su existencia y extensi\u00f3n, deficiencia que solo afecta los intereses de la convocante quien se encontraba en el deber de demostrar cada uno de los elementos de la responsabilidad, so pena del fracaso de su ruego (…). Y es que, si se observa m\u00e1s a fondo, si no se encuentra comprobado un da\u00f1o, ya sea por su falta de cuantificaci\u00f3n ora por orfandad probatoria, lo cierto es que no tendr\u00eda sentido l\u00f3gico una condena de responsabilidad, pues el fin del juicio de responsabilidad civil gravitar\u00e1 siempre en procura de la reparaci\u00f3n de una afecci\u00f3n derivada del insuceso; entonces, si no hay elemento indemnizable se echa al traste con la pretensi\u00f3n declarativa de adeudo civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. En lo que respecta a \u00abla apelaci\u00f3n adhesiva, [no] habr\u00e1 lugar a efectuar disertaci\u00f3n alguna, por cuanto desde su interposici\u00f3n se enfatiz\u00f3 que la viabilidad en su estudio se condicionaba \u00fanicamente en el hipot\u00e9tico caso que la Sala accediera a la apelaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al sustentarlo, esgrimi\u00f3 una sola censura, fincada en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 al tribunal por haber incurrido en errores de hecho y de derecho, que lo llevaron a transgredir, de forma indirecta, los art\u00edculos 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1616, 2155, 2157, 2173, 2175 del C\u00f3digo Civil; 871, 1266, 1268, 1287, 1292 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como \u00abel principio general del derecho de no contravenir los actos propios\u00bb, censura que admite el siguiente compendio: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El ad quem \u00abes reo de la acusaci\u00f3n de mal interpretar el contrato al colegir que \u201cest\u00e1 acreditada la existencia de una negociaci\u00f3n en renta variable\u201d, habida cuenta que, incurriendo en error de hecho, dej\u00f3 de ver todo un conjunto de acreditaciones que permit\u00edan vislumbrar, sin asomo de duda, que el contrato de cuenta colectiva \u2013FONVAL\u2013 fechado 18 de diciembre de 2000, en que Fajobe fungi\u00f3 como inversionista y Correval como administradora, per se, no pod\u00eda ser de aquellos en que se permit\u00edan negociaciones de \u201crenta variable\u201d, comoquiera que dichas demostraciones dejaron patente que aquella sociedad inversora se adhiri\u00f3 a un fondo de valores estructurado como una cartera de inversi\u00f3n colectiva, denominado FONVAL, mismo que en lo absoluto constitu\u00eda un \u201ccontrato de administraci\u00f3n de valores\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
iii. Igualmente, err\u00f3 la colegiatura de segundo grado al considerar que la condici\u00f3n de ordenante del se\u00f1or Rey Pinz\u00f3n le confer\u00eda tambi\u00e9n representaci\u00f3n para variar, a nombre de Fajobe, las condiciones de contrataci\u00f3n con Correval. Ese postulado obvia que la demandada \u00abestaba decidida, premeditada y negligentemente, a aceptar a Rey Pinz\u00f3n como representante legal de Fajobe, a\u00fan sin contar con prueba de su calidad, descuido que evidencia una culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones que son las de una compa\u00f1\u00eda comisionista de bolsa que es un agente profesional de la actividad burs\u00e1til y de quien, en esa condici\u00f3n, debe reclam\u00e1rsele un esmero dedicado y escrupuloso en el ejercicio de sus deberes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Varias comunicaciones dirigidas por la actora a su contraparte, as\u00ed como la versi\u00f3n del testigo Carlos Alberto Ussa, dejan en evidencia \u00abque Fajobe reclam\u00f3 persistentemente a Correval respecto de las operaciones irregulares que all\u00ed se fraguaron con los recursos de aquella y desdibuja la consideraci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual, la demandante convalid\u00f3 las operaciones irregulares de Alejandro Rey y John Bedoya al haber ordenado Francisco Betancourt la realizaci\u00f3n de operaciones de renta variable los d\u00edas 1 de diciembre de 2009 y 6 de octubre de 2010, pues, como se ha mostrado, estas operaciones solo se presentaron luego de que Fajobe ya hubiera advertido las anomal\u00edas en el manejo de sus cuentas, y en un contexto en el que, reiteradamente, se estaba discutiendo la regularidad de las operaciones ordenadas por los sujetos antes mencionados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. La \u00ab\u00fanica apreciaci\u00f3n admisible\u00bb de las claves de firmas radicadas en las oficinas de Correval S.A \u00abes que era una instrucci\u00f3n que comprend\u00eda y vinculaba por igual a la demandada\u00bb, de lo cual se sigue que esta \u00faltima \u00abfalt\u00f3 a sus deberes contractuales, incumplimiento que dio lugar al detrimento patrimonial reclamado en la demanda, incumplimiento que puso de relieve el perito Sergio Calder\u00f3n Acevedo, totalmente preterido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A lo largo de las instancias \u00abqued\u00f3 suficientemente probado que, de un lado, entre Fajobe y Correval jam\u00e1s existi\u00f3 un contrato de administraci\u00f3n de valores que pudiera legitimar cualquier clase de inversi\u00f3n en renta variable, toda vez que el contrato con fundamento en el cual se realizaron ese tipo de operaciones, de 4 de julio de 2006, no es oponible a Fajobe (…). Tales operaciones se hicieron a espaldas de Fajobe y de manera oculta, con el apoyo de Carolina Stahelin (…) y sin que de parte de la auditoria de Correval se activaran las alarmas correspondientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Adem\u00e1s, \u00abFajobe jam\u00e1s convalid\u00f3 esos traslados e inversiones que ahora discute en el proceso, pues, muy al contrario, desde el momento en que tuvo conocimiento sobre el asunto, se lo reclam\u00f3 a Correval y emprendi\u00f3 distintas acciones, tanto para recabar informaci\u00f3n como para ponerle de presente a \u00e9sta que esos actos significaban un incumplimiento del contrato suscrito desde el a\u00f1o 2000\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. En cuanto a la prueba del da\u00f1o, la colegiatura de segunda instancia incurri\u00f3 en graves yerros al conferir mayor valor demostrativo al dictamen pericial aportado por la demandada, pues \u00abning\u00fan anexo aport\u00f3 el perito Juan Hern\u00e1n P\u00e9rez [para fundamentar sus aseveraciones]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Al ser interrogado por \u00abel impacto de la informaci\u00f3n a la que afirm\u00f3 no haber accedido\u00bb, el perito Eduardo Jim\u00e9nez Ram\u00edrez \u00abno fue m\u00e1s all\u00e1 de aclarar que de haber conocido esa informaci\u00f3n la habr\u00eda podido cruzar con los documentos provenientes de Correval que le entreg\u00f3 Fajobe (…) pero, y es importante aclararlo, ello no implica que el perito haya afirmado que su dictamen era impreciso o, de hecho, que de haber sido conocida esa informaci\u00f3n sus conclusiones se habr\u00edan infirmado. Muy al contrario, el perito siempre demostr\u00f3 confianza en su experticia \u2013puesto que la misma estaba cimentada sobre informaci\u00f3n contable de [Fajobe]\u2013\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. La convocada, en cambio, no aport\u00f3 los documentos \u00abcon los que, supuestamente, se pretendi\u00f3 acreditar que los recursos retornaron a Fajobe y que, en consecuencia, esta sociedad no sufri\u00f3 ning\u00fan perjuicio. La carga de la prueba para desvirtuar los resultados arrojados sobre las 4.381 operaciones sobre la consulta de las cuales se bas\u00f3 el dictamen pericial le correspond\u00eda a Correval, quien es el profesional que ten\u00eda la informaci\u00f3n y que, no obstante, la destruy\u00f3, tal y como lo puso de presente en su dictamen el se\u00f1or Sergio Calder\u00f3n. Lo anterior, aun cuando a todas luces lo prudente, para sus propios intereses, era haberla conservado, m\u00e1s all\u00e1 de las obligaciones legales de custodia de tales documentos, al estar advertida de las reclamaciones iniciadas por Fajobe\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Adicionalmente, el ad quem transgredi\u00f3 la regla probatoria del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00aba espaldas de los derechos del actor, en una actitud indolente, se desentendi\u00f3 de hacer uso de los poderes y deberes que le incumb\u00edan y neg\u00f3, arrebatadamente, las pretensiones de la demanda cuando, lo correcto, de concluir que no exist\u00edan elementos de juicio para establecer el quantum de la indemnizaci\u00f3n, debi\u00f3 ser el oficioso decreto de las pruebas necesarias con esa finalidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Precisiones preliminares y metodolog\u00eda de an\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Para clarificar el panorama, la Sala estima pertinente sistematizar los hechos del caso sobre los que no subsiste ninguna controversia; las acciones u omisiones que constituir\u00edan la infracci\u00f3n contractual de la demandada, y las razones del tribunal para denegar las pretensiones: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En cuanto al panorama f\u00e1ctico, cabe rese\u00f1ar que Fajobe se vincul\u00f3 a la firma comisionista de bolsa Correval el 18 de diciembre de 2000, a trav\u00e9s de un formato de apertura de cuenta en cuyo anverso figuran preimpresos los logotipos \u00abCorreval\u00bb y \u00abFonval\u00bb. En esa misma p\u00e1gina, adem\u00e1s, puede verse un autoadhesivo con la leyenda \u00abFajobe renta fija apertura de cuenta\u00bb, y un recuadro con varias opciones de \u00abnegocios con Correval\u00bb, a saber, \u00abrenta fija; renta variable; fondos de valores [y] divisas\u00bb, todas ellas marcadas con una \u201cx\u201d1. <\/p>\n
All\u00ed tambi\u00e9n qued\u00f3 establecido que ser\u00edan ordenantes, es decir, \u00abpersonas autorizadas para impartir \u00f3rdenes operativas\u00bb, los se\u00f1ores Francisco Jos\u00e9 Betancourt Azc\u00e1rate, socio y gerente general de Fajobe; Alejandro Rey Pinz\u00f3n, para entonces su director contable, y Mar\u00eda Isabel Castro Mart\u00ednez, que se desempe\u00f1aba como tesorera. Los dos primeros, adem\u00e1s, representaban legalmente a la persona jur\u00eddica \u2013dada sus condiciones de gerente general y segundo suplente del gerente, respectivamente2\u2013. <\/p>\n
El 4 de julio de 2006, el citado se\u00f1or Rey Pinz\u00f3n, afirmando actuar a nombre propio y en representaci\u00f3n de Fajobe, celebr\u00f3 con Correval un \u00abcontrato para la administraci\u00f3n de valores\u00bb3. Diez d\u00edas m\u00e1s tarde, \u00e9l mismo el mismo Rey Pinz\u00f3n rubric\u00f3 y remiti\u00f3 a la entidad financiera un documento mediante el cual \u00abautoriza [incluir] la firma\u00bb como ordenante de otro empleado de la sociedad actora, John Leonardo Bedoya Cerquera, quien qued\u00f3 facultado \u00abpara realizar operaciones ante el fondo\u00bb4. <\/p>\n
A partir de esa calenda, con la r\u00fabrica conjunta de los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera se realizaron m\u00faltiples transacciones desde el portafolio de la convocante, que podr\u00edan sistematizarse en cuatro categor\u00edas: (i) operaciones de compraventa de acciones; (ii) operaciones de fondeo de acciones; (iii) operaciones de compraventa de t\u00edtulos de deuda p\u00fablica (TES); y (iv) transferencias de recursos desde la cuenta de Fajobe a las cuentas personales de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera. <\/p>\n
Lo relevante para este caso es que esas transacciones no representaban la voluntad de Fajobe, ni se orientaban a proteger sus intereses. Solo favorec\u00edan a los precitados ordenantes, que mediante la sustracci\u00f3n temporal de \u2013o el apalancamiento en\u2013 los recursos que su empleadora ten\u00eda depositados en Correval, pretendieron costear inversiones especulativas personales, anhelando apropiarse de las utilidades que fueran produciendo5. <\/p>\n
Dicho proceder se extendi\u00f3 por m\u00e1s de tres a\u00f1os, lapso durante el cual los implicados en el il\u00edcito alteraron los libros y registros contables de Fajobe6 y reembolsaron importantes saldos a sus cuentas7, en procura de no despertar sospechas. Con todo, en los \u00faltimos meses del a\u00f1o 2009 los negocios fraudulentos quedaron al descubierto8, revel\u00e1ndose tambi\u00e9n cuantiosas p\u00e9rdidas acumuladas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de que el detrimento fuera atribuido a la convocada, y no solamente al gerente financiero (Alejandro Rey Pinz\u00f3n) o al director financiero (John Leonardo Bedoya Cerquera) de Fajobe, esta \u00faltima argument\u00f3 que fue el incumplimiento negligente de la comisionista de bolsa lo que permiti\u00f3 que las gestiones desleales de aquellos empleados se tradujeran en una lesi\u00f3n cierta a su patrimonio. <\/p>\n
En desarrollo de esa premisa, asegur\u00f3 que Correval solo estaba facultada para asignar los recursos de Fajobe a inversiones de renta fija, como CDT o bonos; por consiguiente, cuando permiti\u00f3 que \u2013por orden de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera\u2013 se efectuaran operaciones de renta variable desde las cuentas de la actora, la entidad financiera demandada desatendi\u00f3 sus deberes contractuales y, de paso, allan\u00f3 el camino para que la conducta antijur\u00eddica de aquellos ordenantes generara p\u00e9rdidas. <\/p>\n
Adicionalmente, se recrimin\u00f3 a Correval por haber ignorado las instrucciones impartidas en la misiva calendada el 7 de febrero de 2007, en la que (i) se ratificaron como \u00abfuncionarios autorizados para suscribir todas las transacciones originadas en operaciones financieras de Fajobe con el banco\u00bb a los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera; (ii) se asign\u00f3 al primero un \u00abtipo de firma \u201cA\u201d\u00bb, y al segundo un \u00abtipo de firma \u201cB\u201d\u00bb; y (iii) se estableci\u00f3 que \u00ablas dos firmas se combinar\u00e1n as\u00ed: 2 tipo A, una A con una B, o dos tipo B, dependiendo de la operaci\u00f3n, as\u00ed: (…) 2. Traslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero: Pagos ACH, OCCIRED, dispersiones de fondos, pagos de n\u00f3mina o pagos al mismo banco: Cuando se empleen dos firmas tipo A y B: Solo para operaciones cuyo valor sea inferior a 12 SMLMV o a US $2.500. Para montos superiores se requiere dos firmas tipo A (…)\u00bb9. Puntualmente, Fajobe reproch\u00f3 a su contraparte el haber permitido a Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera autorizar transacciones por montos superiores a 12 SMLMV, sin reparar en que el segundo de ellos no ten\u00eda una \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tribunal confirm\u00f3 el fallo desestimatorio de las pretensiones, arguyendo que no se hab\u00eda demostrado la infracci\u00f3n contractual de Correval; en cambio, se prob\u00f3 que las \u00f3rdenes suscritas por los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera cumpl\u00edan a cabalidad las pautas prefijadas para la administraci\u00f3n de los recursos de Fajobe, por lo que la comisionista no ten\u00eda opci\u00f3n distinta a ejecutarlas cabalmente \u2013como lo hizo\u2013. <\/p>\n
Esta inferencia se finc\u00f3 en dos premisas distintas, a saber: (i) Fajobe exterioriz\u00f3 una voluntad consistente con la posibilidad de realizar operaciones de renta variable desde su cuenta, o, por lo menos, toler\u00f3 por largo tiempo que se realizaran, sin revelar reparo alguno; y (ii) Las instrucciones que imparti\u00f3 Fajobe en el escrito de 7 de febrero de 2007 se refieren \u00fanicamente a actividades bancarias, de modo que no eran aplicables a las operaciones burs\u00e1tiles que ejecutaba Correval a nombre de Fajobe \u2013pero por instrucci\u00f3n de los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera\u2013. <\/p>\n
En refuerzo de su decisi\u00f3n, el ad quem sostuvo que la existencia o entidad del da\u00f1o no estaban demostradas, pues la experticia aportada como \u00fanica prueba para despejar esas variables \u2013elaborada por el contador p\u00fablico Eduardo Jim\u00e9nez Ram\u00edrez\u2013 no consider\u00f3 los documentos que \u00absustentan las operaciones burs\u00e1tiles, tales como papeletas de operaciones, cheques girados con sus respectivas cadenas de endosos, archivos de llamadas, entre otros\u00bb, omisi\u00f3n que socavar\u00eda por completo la credibilidad en las conclusiones del perito. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Respetando la estructura expuesta, en los ac\u00e1pites siguientes la Corte se ocupar\u00e1 de (i) evaluar las inferencias probatorias relacionadas con el incumplimiento contractual de Correval; (ii) examinar la eficacia probatoria del dictamen pericial que aport\u00f3 la actora para cuantificar la p\u00e9rdida alegada; y (iii) determinar si, en este caso puntual, resultaba imperativo decretar una prueba de oficio para estimar con precisi\u00f3n la entidad del da\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Primer segmento del an\u00e1lisis del tribunal: La infracci\u00f3n de los deberes contractuales de Correval. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La principal inobservancia contractual que se enrostr\u00f3 a la demandada consisti\u00f3 en haber ejecutado operaciones de renta variable con cargo a los recursos depositados por Fajobe en un producto denominado \u00abcuenta de renta fija\u00bb, calificativo que consta en una etiqueta adherida al formato de apertura de cuenta de 18 de diciembre de 2000, y en el encabezado de los extractos mensuales de movimientos aportados por ambas litigantes. <\/p>\n
Sucede, sin embargo, que aquel ep\u00edgrafe \u2013\u00ab…de renta fija\u00bb\u2013 no prueba, per se, lo que sugiere la demandante, esto es, que no era posible proveer fondos para operaciones de renta variable con los dineros que dicha sociedad ten\u00eda depositados en Correval. Aunque parece sencillo conjeturar que una cuenta con el aludido r\u00f3tulo solo podr\u00eda destinarse a realizar operaciones de renta fija, realmente una expresi\u00f3n insular como esa no es suficiente para brindar claridad acerca del contenido obligacional de una convenci\u00f3n concreta10; de hecho, la principal regla de interpretaci\u00f3n de los contratos apunta en sentido opuesto, en tanto subordina la literalidad de las palabras a la clara y conocida intenci\u00f3n de los contratantes (art\u00edculo 1608, C\u00f3digo Civil)11. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la Sala comparte el punto de partida del an\u00e1lisis del tribunal, conforme al cual la simple frase \u00abcuenta de renta fija\u00bb, por muy elocuente que pueda parecer, no basta para determinar cu\u00e1les fueron las obligaciones que asumi\u00f3 la comisionista de bolsa frente a su cliente; y mucho menos, para poner de manifiesto la presencia de una prohibici\u00f3n absoluta para ejecutar \u00f3rdenes de inversi\u00f3n en renta variable, impartidas por los empleados autorizados por la propia titular de los recursos depositados12. <\/p>\n
De esa proscripci\u00f3n puntual, adem\u00e1s, no existe rastro en ning\u00fan medio de prueba directo, porque las partes no se cuidaron de documentar con prolijidad los t\u00e9rminos de su negociaci\u00f3n. Dada esa particularidad, los jueces de instancia optaron por servirse de pruebas indirectas (indicios), como la conducta de los contratantes durante su relaci\u00f3n comercial, a fin de establecer a partir de all\u00ed, y con la mayor precisi\u00f3n posible, en qu\u00e9 consist\u00edan las instrucciones de manejo de los recursos confiados por la recurrente. <\/p>\n
La anunciada metodolog\u00eda permiti\u00f3 determinar que la sociedad demandante ten\u00eda plena libertad para definir en qu\u00e9 negocios invertir su dinero, inferencia que, se anticipa, luce plausible, a la luz de los medios de prueba recaudados. N\u00f3tese que, desde el referido formato de vinculaci\u00f3n, aparecen como opciones de \u00abnegocios con Correval\u00bb los de \u00abrenta fija; renta variable; fondos de valores [y] divisas\u00bb, menci\u00f3n que sugiere un abanico de posibilidades m\u00e1s amplio que el descrito en la demanda. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, durante las anualidades 2006 a 2009 se ejecutaron desde la \u00abcuenta de renta fija\u00bb de Fajobe m\u00e1s de setecientas transacciones de compraventa de acciones, que totalizaron $48.731.999.620, y se financiaron (\u00abfondearon\u00bb) cerca de quinientas adicionales, por un valor de $59.167.264.87413. Un ejercicio de esa magnitud, extendido por cuatro a\u00f1os, no podr\u00eda explicarse sino asumiendo la existencia de un marco negocial que permitiera a la recurrente destinar sus excedentes de capital a la inversi\u00f3n en instrumentos de renta variable \u2013aunque se encontraran depositados en una \u00abcuenta de renta fija\u00bb\u2013. <\/p>\n
Esta hip\u00f3tesis tambi\u00e9n es compatible con el hecho de que Fajobe recibiera en sus oficinas los extractos mensuales de la pluricitada \u00abcuenta de renta fija\u00bb, en los que se registraban incontables transacciones burs\u00e1tiles14, sin que hubiera manifestado ninguna inconformidad con el destino dado a su dinero. Al contrario, el propio gerente general de la compa\u00f1\u00eda, Francisco Betancourt Azc\u00e1rate, pidi\u00f3 a la comisionista demandada la ejecuci\u00f3n de, al menos, una operaci\u00f3n de esa naturaleza (adquirir 689.655 acciones de Ecopetrol15). <\/p>\n
Todo lo expuesto deja en evidencia que la hip\u00f3tesis postulada por el ad quem est\u00e1 lejos de ser descabellada; de hecho, articula de manera coherente la informaci\u00f3n que puede extraerse del material probatorio, a saber, la menci\u00f3n expresa a negocios de renta variable en el formato de vinculaci\u00f3n; la conducta que las partes exteriorizaron durante cuatro a\u00f1os; la pasividad de la actora frente a los reportes de negocios burs\u00e1tiles que remiti\u00f3 Correval; y la decisi\u00f3n del se\u00f1or Betancourt Azc\u00e1rate de adquirir acciones de Ecopetrol a trav\u00e9s de la comisionista. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, en el segmento del cargo que se analiza, la casacionista solo present\u00f3 hermen\u00e9uticas alternativas de la evidencia recolectada, en lugar de derruir la labor de valoraci\u00f3n del tribunal. A modo de ilustraci\u00f3n, la sociedad convocante sugiri\u00f3 \u2013sin evidencia que respaldara su afirmaci\u00f3n\u2013 que algunos documentos contractuales pudieron haber sido alterados por Alejandro Rey Pinz\u00f3n, e indic\u00f3 que era posible que este \u00faltimo hubiera destruido los extractos que remit\u00eda Correval a su cliente. <\/p>\n
Igualmente, puso en duda que el referido Rey Pinz\u00f3n hubiera acreditado la condici\u00f3n \u2013que s\u00ed ten\u00eda\u2013 de representante legal suplente de Fajobe; e incluso insisti\u00f3 en que la orden de compra de acciones firmada por el se\u00f1or Betancourt Azc\u00e1rate tuvo que darse en un marco negocial distinto, que no determin\u00f3, ya que es posterior \u00aba las defraudaciones cometidas entre 2006 y mediados de 2009\u00bb. En resumen, en vez de probar los dislates anunciados, la recurrente ide\u00f3 una serie de suposiciones de lo que pudo ocurrir, a manera de un alegato de instancia. <\/p>\n
Sobra decir que argumentos como esos son inf\u00e9rtiles en sede de casaci\u00f3n, pues, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, (…) los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01; reiterada en CSJ SC3631-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La tesis del tribunal tambi\u00e9n encuentra sustento en el contrato para la administraci\u00f3n de valores que ajustaron las partes el 4 de julio de 2006, toda vez que dicho pacto refleja con claridad la voluntad de Fajobe de invertir sus recursos en el mercado nacional de valores, vali\u00e9ndose de los servicios de intermediaci\u00f3n que ofrece la comisionista de bolsa demandada. <\/p>\n
Y si bien la impugnante argument\u00f3 \u2013con insistencia\u2013 que dicha convenci\u00f3n no le era oponible, dado que hab\u00eda sido representada all\u00ed por el propio Alejandro Rey Pinz\u00f3n, quien era segundo suplente del gerente, y no acredit\u00f3 ante su contraparte las ausencias temporales del representante legal principal y del primer suplente, lo cierto es que ese alegato carece de sustento, por lo que la negociaci\u00f3n debe entenderse plenamente vinculante para Fajobe. <\/p>\n
En efecto, el ejercicio de la representaci\u00f3n legal por parte de un suplente puede supeditarse estatutariamente a una falta temporal o absoluta del principal; pero ante terceros, esa circunstancia no requiere prueba distinta al hecho mismo de que sea aquel (el suplente), y no este (el principal), quien comparezca a representar al ente societario en un acto jur\u00eddico concreto. No es pertinente presentar justificaciones de ning\u00fan tipo ante personas ajenas a la propia sociedad representada, pues ello entorpecer\u00eda el tr\u00e1fico econ\u00f3mico y ser\u00eda incompatible con el principio de buena fe que campea en el derecho mercantil. <\/p>\n
Quien ajusta un contrato con el representante legal suplente de una persona jur\u00eddica, debe poder confiar en que (i) la actuaci\u00f3n de ese representante obedece a la ausencia del principal; y que (ii) la sustituci\u00f3n corresponde a una decisi\u00f3n reflexiva del ente representado, adoptada seg\u00fan sus reglas estatutarias. Por tanto, atendidas las directivas y restricciones inscritas en el respectivo certificado de existencia y representaci\u00f3n legal16, la gesti\u00f3n del suplente debe considerarse equivalente a la del principal17. <\/p>\n
Y aunque lo anotado no obsta para que la sociedad inicie acciones en contra del administrador que act\u00faa deslealmente, la eficacia del negocio jur\u00eddico no puede quedar en entredicho. El riesgo de que el suplente ejerza sus facultades en contrav\u00eda de los intereses de su representada debe asumirlo esta \u00faltima \u2013en tanto fue quien confiri\u00f3 la potestad de representaci\u00f3n\u2013, y no puede trasladarse a la comunidad, pues ello aumentar\u00eda los costos de transacci\u00f3n injustificadamente, y socavar\u00eda la confianza p\u00fablica en la fuerza obligatoria de los contratos18. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se torna intrascendente que el tribunal hubiera sugerido \u2013sin suficiente respaldo probatorio, valga se\u00f1alarlo\u2013 que el representante legal principal de Fajobe (el se\u00f1or Betancourt Ac\u00e1rate) disfrut\u00f3 de alg\u00fan per\u00edodo sab\u00e1tico durante el a\u00f1o 200619, pues la vinculatoriedad de las convenciones celebradas por el representante legal suplente de la sociedad actora (Alejandro Rey Pinz\u00f3n), no depend\u00eda de la prueba de esa ausencia efectiva. <\/p>\n
A modo de s\u00edntesis preliminar, puede decirse que no se acredit\u00f3 un error de hecho trascendente del tribunal, en tanto consider\u00f3 que Correval no hab\u00eda inobservado sus obligaciones al permitir que se efectuaran operaciones de renta variable desde la \u00abcuenta de renta fija\u00bb de la actora; ello, obviamente, previa autorizaci\u00f3n de alg\u00fan ordenante establecido por Fajobe. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Como segundo puntal de su acci\u00f3n de responsabilidad contractual, la sociedad actora denunci\u00f3 a Correval por haber omitido \u2013consistentemente\u2013 su deber de verificar que las transacciones ordenadas por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera satisficieran las condiciones de manejo de cuenta estipuladas en la comunicaci\u00f3n de 7 de febrero de 2007 (que se radic\u00f3 el 28 del mismo mes); espec\u00edficamente, las combinaciones o \u201cllaves de firmas\u201d ah\u00ed detalladas. <\/p>\n
Para responder ese alegato, el tribunal record\u00f3 que las instrucciones se dirig\u00edan a ciertas \u00aboperaciones financieras de Fajobe con el banco\u00bb \u2013seg\u00fan all\u00ed se afirm\u00f3\u2013, o lo que es lo mismo, a negocios arquet\u00edpicamente bancarios, como la dispersi\u00f3n de pagos de n\u00f3mina, o la adquisici\u00f3n de cr\u00e9ditos, que nada tendr\u00edan que ver con los que ejecutaba Correval por \u00f3rdenes del personal autorizado de Fajobe \u2013para quienes no existir\u00eda ninguna directriz de firmas\u2013. <\/p>\n
Subsiguientemente, luce razonable que el tribunal hubiera concluido que la comisionista de bolsa no ten\u00eda la obligaci\u00f3n \u2013ni la potestad\u2013 de exigir que las \u00f3rdenes de inversi\u00f3n de aquel linaje (compraventa de acciones, negociaci\u00f3n de TES o fondeo de acciones) respetaran una \u201cllave de firmas\u201d preestablecida. En contraste, Correval ten\u00eda el deber jur\u00eddico de ejecutar todos los mandatos de Fajobe, en tanto provinieran de un ordenante autorizado, como lo eran los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera. <\/p>\n
Este argumento, cabe reiterar, no luce arbitrario o contraevidente, por lo que se mantiene a salvo en casaci\u00f3n, m\u00e1xime si se repara en que la recurrente no discuti\u00f3 los alcances de las \u201cllaves de firmas\u201d, sino que teoriz\u00f3 que otros cursos de acci\u00f3n habr\u00edan sido posibles para Correval tras recibir la misiva de 7 de febrero de 2007; por ejemplo, solicitar a su cliente una aclaraci\u00f3n sobre las instrucciones de manejo, o extender preventivamente la exigencia de \u00abdos firmas tipo \u201cA\u201d\u00bb para materializar cualquier orden que involucrara un movimiento considerable de dinero. <\/p>\n
Proposiciones como esas, insiste la Sala, carecen del vigor necesario para derruir la presunci\u00f3n de acierto que cobija al silogismo del tribunal, pues no refutan los razonamientos probatorios que esa corporaci\u00f3n expuso, ni identifican las evidencias que servir\u00edan para demostrar que la sociedad convocada estaba obligada a bloquear, revalidar o no tramitar las \u00f3rdenes de inversi\u00f3n en valores burs\u00e1tiles firmadas por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera. <\/p>\n
En punto de lo anterior, conviene reiterar que <\/p>\n
\u00ab(…) si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, el casacionista est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de acreditarlo cabalmente, present\u00e1ndolo como la \u00fanica alternativa de valoraci\u00f3n posible y no como una mera opini\u00f3n divergente en la apreciaci\u00f3n probatoria, toda vez que la estructuraci\u00f3n de los cargos por esta causal [la segunda, se aclara] no puede limitarse a la simple alegaci\u00f3n de la falta de raz\u00f3n del juzgador, sino que exige la concreci\u00f3n de los espec\u00edficos errores que se habr\u00edan cometido al valorar las probanzas, exponiendo, adem\u00e1s, de qu\u00e9 forma tales yerros influyeron en la decisi\u00f3n cuestionada (CSJ, AC 29 ago. 2000, exp. 1994-0088, citado en CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
(…) Recu\u00e9rdese que la presentaci\u00f3n de una valoraci\u00f3n factible y alternativa de los medios de convicci\u00f3n no es suficiente para derruir las conclusiones probatorias del juzgador, sino que debe demostrarse por qu\u00e9 raz\u00f3n la propuesta por los censores es la \u00fanica valoraci\u00f3n posible dado el contenido objetivo de los medios de prueba; el simple criterio divergente de los recurrentes no tiene la fuerza suficiente para desconocer la reconocida autonom\u00eda de los juzgadores al momento de valorar las pruebas, labor que es de su exclusivo resorte. <\/p>\n
Al respecto ha sostenido la Sala: \u201c\u2026en cuanto a la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, ha de respetarse por norma la autonom\u00eda con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la configuraci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto litigado, habida consideraci\u00f3n que la facultad de la Corte frente a un recurso que haga uso de esta v\u00eda es, por principio, la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n, situada en el plano del que viene habl\u00e1ndose, \u2018… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u2019 (G. J. t. CXXX, p\u00e1g. 63), descalificando en consecuencia aquellos recursos que cual ocurre con el que viene examin\u00e1ndose, se estructuran sobre la base de planteamientos que tienden a disentir, en simple contraste de pareceres, del criterio empleado por el Tribunal en lo que respecta a la elecci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando justamente que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jur\u00eddico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, as\u00ed como tambi\u00e9n el atribuirles a dichos medios, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, la jerarqu\u00eda correspondiente dentro del conjunto de las acumuladas y que hay lugar a evaluar, son facultades que les competen de manera privativa a los juzgadores de instancia\u201d (CSJ, SC 22 may. 1998, exp. 4996)\u00bb (CSJ SC3463-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con todo, las razones para desestimar los apartes del cargo hasta aqu\u00ed analizados no son replicables en trat\u00e1ndose de las transferencias de dinero desde la cuenta de Fajobe, hacia las cuentas personales de los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, porque estas s\u00ed pueden quedar subsumidas en el protocolo de firmas de 7 de febrero de 2007. Puntualmente, en su ordinal segundo, que instituy\u00f3 la participaci\u00f3n de dos personas con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb para dar curso a los \u00abtraslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero: pagos ACH, OCCIRED, dispersiones de fondos, pagos de n\u00f3mina o pagos al mismo banco\u00bb, siempre que superaran los 12 SMLMV (equivalentes a $5.204.400 de esa anualidad). <\/p>\n
Ahora bien, para arribar a la conclusi\u00f3n opuesta, el ad quem centr\u00f3 su lectura en el listado de operaciones que sucede al signo de puntuaci\u00f3n (\u00ab…pagos ACH, OCCIRED, dispersiones de fondos, pagos de n\u00f3mina o pagos al mismo banco\u00bb), las cuales son t\u00edpicamente bancarias y, por lo mismo, ajenas al giro de los negocios de la comisionista demandada. Sin embargo, no existe raz\u00f3n que justifique ese an\u00e1lisis fragmentario, como tampoco la hay para prescindir de la inequ\u00edvoca referencia a los \u00abtraslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero\u00bb, operaci\u00f3n que Correval ejecutaba con relativa frecuencia. <\/p>\n
Para la Corte, resulta improcedente que un profesional en la gesti\u00f3n de inversiones elija cu\u00e1les instrucciones de sus clientes atender, y cu\u00e1les no; y tambi\u00e9n lo es que dichas instrucciones sean interpretadas al arbitrio del gestor, y en el \u00fanico sentido que impide derivar de ellas alg\u00fan efecto \u00fatil. Pero, dejando de lado esos cuestionamientos, lo que hace insostenible la tesis del ad quem es la evidencia de que Correval sab\u00eda que las \u00f3rdenes de traslado de dineros hacia cuentas de terceros ten\u00edan que ser autorizadas por dos personas con \u00abfirmas tipo \u201cA\u201d\u00bb, y tambi\u00e9n era consciente de que estaba incumpliendo esa restricci\u00f3n cuando ejecutaba las \u00f3rdenes de los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera \u2013dado que este \u00faltimo ten\u00eda una \u00abfirma tipo \u201cB\u201d\u00bb\u2013. <\/p>\n
As\u00ed se sigue de dos mensajes de correo electr\u00f3nico que militan en copia impresa en el expediente, y que fueron enviados el 14 de mayo de 2008. En el primero de ellos, la analista de cumplimiento de Correval, Fernanda Valero Acevedo, le pide a Carolina Stahelin Uribe \u2013quien laboraba en el \u00e1rea comercial de la misma compa\u00f1\u00eda\u2013 lo siguiente: \u00abCarolina por favor te recomiendo la carta de Fajobe donde rectifiquen nuevamente las condiciones de manejo, para evitar futuros inconvenientes en cuanto a la visaci\u00f3n (sic) de ciertas cartas\u00bb20. <\/p>\n
Pocos minutos despu\u00e9s, la propia Stahelin Uribe remite el segundo correo a John Leonardo Bedoya Cerquera, advirti\u00e9ndole que \u00abseg\u00fan instrucciones que ustedes mandaron dicen que para giros mayores a 500 (sic) millones se necesitan 2 firmas tipo A y actualmente para los giros la carta la firman tu y Alejandro que son firmas tipo A y B\u00bb. Tras esa introducci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abauditor\u00eda me est\u00e1 molestando con los giros\u00bb, y agreg\u00f3: \u00abeste tiempo he rogado cada giro, pero ya no me lo aceptan, ellos me dicen que ustedes simplemente manden una autorizaci\u00f3n para cualquier tipo de giro y monto podemos aceptar 2 firmas, una tipo a y otra tipo b\u00bb21. <\/p>\n
El contenido de estos mensajes electr\u00f3nicos revela que la comisionista de bolsa estaba plenamente advertida de la existencia de una \u201cllave de firmas\u201d espec\u00edfica para la aprobaci\u00f3n de ciertos giros dinerarios, restricci\u00f3n que decidi\u00f3 ignorar al ejecutar transferencia desde la cuenta de Fajobe, hacia la de algunos de sus empleados, a pesar de que la instrucci\u00f3n correspondiente no ven\u00eda suscrita por dos personas con \u00abfirmas tipo \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y si alguna duda quedare de la aplicabilidad de las referidas condiciones de manejo de cuenta, n\u00f3tese que el propio Rey Pinz\u00f3n22 trat\u00f3 de radicar otras instrucciones distintas el 22 de mayo del a\u00f1o 2009, en las que se lee: \u00abToda operaci\u00f3n debe llevar dos firmas (…). Las firmas se combinar\u00e1n as\u00ed: 2 tipo A, una A con una B, o dos tipo B, dependiendo de la operaci\u00f3n, as\u00ed: (…) 1. (…) traslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero (…). Se requiere que vayan 2 firmas tipo A, o una A + una B, no hay otras restricciones\u00bb23. El inter\u00e9s en simplificar las \u201cllaves de firmas\u201d refrenda el hecho de que la convocada s\u00ed estaba obligada a verificar la coexistencia de \u00abdos firmas tipo \u201cA\u201d\u00bb, al menos en trat\u00e1ndose de transferencias a terceros <\/p>\n
Lo expuesto no sufre mengua porque otros empleados de Fajobe \u2013distintos de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera\u2013 hubieran presentado \u00f3rdenes de inversi\u00f3n sin respetar la mentada \u201cllave de firmas\u201d. Dicha circunstancia, a la que se aferr\u00f3 la sentencia de segunda instancia, no traduce que el m\u00e9todo de autenticaci\u00f3n perdiera sus efectos, ni tampoco exonera a la comisionista de cumplir a cabalidad sus deberes profesionales, puntualmente, el de atender con celo las instrucciones impartidas por sus clientes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En consecuencia, el ad quem s\u00ed incurri\u00f3 en un yerro de valoraci\u00f3n, aunque mucho menor que el denunciado. Ese error consisti\u00f3 en no dar por probado, est\u00e1ndolo, que de acuerdo con las instrucciones impartidas por Fajobe, Correval estaba obligada a verificar que las transferencias mayores a 12 SMLMV desde la cuenta de la actora, hacia las cuentas de terceros, estuvieran autorizadas por dos personas con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
Entre otras pruebas similares24, milita a folios un escrito de 10 de abril de 2007, mediante el cual los dos empleados piden a Correval transferir $362.000.00025; el 25 de mayo del mismo a\u00f1o, ordenaron el giro de $20.000.00026; dos d\u00edas despu\u00e9s, transfirieron $50.000.000 m\u00e1s27; y el 5 de noviembre de la anualidad siguiente, otros $261.000.00028. En todos esos casos, el destinatario de los recursos era Rey Pinz\u00f3n, lo que equivale a decir que se trataba de giros a un tercero, que fueron ejecutados por la comisionista, a pesar de no estar debidamente autorizados. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En los restantes aspectos del debate, la argumentaci\u00f3n del tribunal no fue derruida, lo que descarta que los dem\u00e1s reproches de la convocante puedan considerarse verdaderos incumplimientos de Correval. No es posible, en el contexto explicado, calificar de infracci\u00f3n negocial el hecho de que se tramitaran \u00f3rdenes de inversi\u00f3n en instrumentos de renta variable, con cargo a recursos depositados en una \u00abcuenta de renta fija\u00bb, o que se ejecutaran cuantiosas operaciones de compraventa de acciones, fondeo de acciones, y compraventa de t\u00edtulos TES, por instrucci\u00f3n de un ordenante con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb, y otro con \u00abfirma tipo \u201cB\u201d\u00bb29. <\/p>\n
Por ende, aunque los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera hubieran ocasionado p\u00e9rdidas a Fajobe por cualquiera de esas v\u00edas (v. gr., ordenando adquirir acciones a nombre propio, pero con recursos de su empleadora), la obligaci\u00f3n de reparar no podr\u00eda hacerse extensiva a Correval, porque, siguiendo el argumento del tribunal \u2013que en este aspecto se mantuvo indemne\u2013, la participaci\u00f3n de la comisionista en esos hechos no constituy\u00f3 una transgresi\u00f3n de sus deberes negociales, sino una expresi\u00f3n leg\u00edtima de estos; puntualmente, de la carga de ejecutar las directrices de los ordenantes delegados por sus clientes. <\/p>\n
Con estas limitaciones, se analizar\u00e1n los apartes restantes de la motivaci\u00f3n del ad quem, referidos a la ausencia de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o que dijo haber sufrido por la demandante, debi\u00e9ndose insistir en que ese da\u00f1o solo ser\u00eda resarcible en la medida en que se encuentre vinculado causalmente a la \u00fanica inobservancia contractual de Correval que s\u00ed qued\u00f3 probada: tramitar \u00f3rdenes de giro mayores a 12 SMLMV, desde la cuenta de Fajobe, hacia las cuentas de terceros, sin contar con la autorizaci\u00f3n de dos personas con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Segundo segmento del an\u00e1lisis del tribunal: La (falta de) prueba del da\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fajobe aport\u00f3 como principal prueba del da\u00f1o un dictamen pericial, en el que el contador p\u00fablico Eduardo Jim\u00e9nez Ram\u00edrez sistematiz\u00f3 \u00ablos documentos [extractos de cuenta] denominados \u201cCorreval S.A. consulta de movimiento de clientes\u201d\u00bb, clasificando varios de sus registros en una de las cuatro tipolog\u00edas de operaciones cuestionadas en la demanda: compraventa de acciones; fondeo de acciones; compraventa de TES y transferencias a cuentas de terceros. <\/p>\n
A partir de esos grupos de datos, el experto (i) integr\u00f3 los costos asociados a cada tipolog\u00eda de negocio; y (ii) totaliz\u00f3, por separado, los ingresos y egresos asentados en el extracto, calculando la diferencia. Por v\u00eda de ejemplo, tras seleccionar las operaciones de compraventa de acciones, sum\u00f3 todos los dep\u00f3sitos que correspond\u00edan al pago de un precio de venta ($23.684.452.456) y sustrajo los retiros efectuados para cubrir un precio de adquisici\u00f3n ($25.047.547.164), obteniendo un valor negativo (-$1.363.094.708), pues los egresos fueron superiores a los ingresos. <\/p>\n
El hecho de que las operaciones aritm\u00e9ticas efectuadas por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ram\u00edrez arrojaran invariablemente resultados como ese (negativos), llev\u00f3 a la demandante a presentar esas cuentas como la demostraci\u00f3n irrefutable de la existencia de un da\u00f1o a su patrimonio. Incluso, el importe de las indemnizaciones que se reclamaron coincide cabalmente con los valores que obtuvo el perito en cada uno de los subgrupos transaccionales que se rese\u00f1aron supra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al desatar la alzada interpuesta por la parte convocante, el tribunal \u2013que hab\u00eda descartado ya el incumplimiento contractual de Correval\u2013 incluy\u00f3 como argumento adicional unas breves apreciaciones en torno a la falta de prueba del da\u00f1o, que consider\u00f3 una secuela inexorable de la escasa credibilidad de las conclusiones del rese\u00f1ado dictamen pericial. <\/p>\n
La cr\u00edtica consisti\u00f3 en que el perito contratado por Fajobe no hab\u00eda verificado los soportes contables que correspond\u00edan a los movimientos registraos en los extractos de cuenta, lo que pudo llevarlo a obviar datos relevantes, como el que suministr\u00f3 otro dictamen pericial, aportado por la demandada \u2013y a cargo del contador p\u00fablico Juan Hern\u00e1n P\u00e9rez Garc\u00eda\u2013, a saber, que \u00abde los portafolios de los se\u00f1ores Rey y Bedoya, retornaron a los de Fajobe $2.323.200.696 y $75.000.000\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la Sala, le asiste raz\u00f3n a la recurrente en cuanto sostuvo que el anterior argumento del ad quem carece de una estructura anal\u00edtica s\u00f3lida. Tambi\u00e9n acert\u00f3 al criticar la invocaci\u00f3n de la experticia elaborada por el se\u00f1or P\u00e9rez Garc\u00eda, pues a ella no se acompa\u00f1aron los soportes de sus conclusiones. Sin embargo, tales pifias no conducen a afirmar que el da\u00f1o est\u00e1 probado; al contrario, la evidencia parece descartarlo, al menos en el reducido \u00e1mbito en el que pudiera ser atribuible a la convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n, es necesario reiterar que no se prob\u00f3 ning\u00fan incumplimiento de Correval alrededor de la compraventa de acciones, el fondeo de acciones, o la compraventa de TES30; raz\u00f3n por la cual resulta jur\u00eddicamente inviable atribuirle cualquier p\u00e9rdida ligada a esa clase de operaciones. Por ello, el da\u00f1o por el que se averigua debe ser consecuencial a la infracci\u00f3n contractual que s\u00ed se prob\u00f3, a saber, la ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes de transferencia de sumas superiores a 12 SMLMV, desde las cuentas de Fajobe, hacia las cuentas de un tercero, sin la autorizaci\u00f3n de dos ordenantes con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
Establecida la parcela del debate que debe analizarse, cabe se\u00f1alar que en el expediente reposan registros de los siguientes movimientos de dinero, que armonizan con la aludida descripci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
31FECHA <\/p>\n
ORIGEN <\/p>\n
BENEFICIARIO <\/p>\n
MONTO <\/p>\n
FL. <\/p>\n
<\/p>\n
10\/04\/2007 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
$ 362.000.000 <\/p>\n
154 <\/p>\n
23\/05\/2007 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
152 <\/p>\n
25\/05\/2007 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
$ 50.000.000 <\/p>\n
156 <\/p>\n
27\/11\/2007 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
$ 51.912.300 <\/p>\n
159 <\/p>\n
27\/11\/2007 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
John Bedoya Cerquera <\/p>\n
$ 113.185.140 <\/p>\n
159 <\/p>\n
5\/11\/2008 <\/p>\n
Fajobe \u00abrenta fija\u00bb <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
$ 261.000.000 <\/p>\n
161 <\/p>\n
19\/12\/2008 <\/p>\n
Constructora Pijao <\/p>\n
$ 70.997.800 <\/p>\n
565 <\/p>\n
Es innegable que la demandada deb\u00eda abstenerse de tramitar todas esas \u00f3rdenes de giro, pues a pesar de superar los 12 SMLMV, y de tener como destinataria una persona distinta de la titular de los recursos, fueron autorizadas por los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, quienes no cumpl\u00edan los requerimientos previstos en la \u201cllave de firmas\u201d prefijada por Fajobe \u2013en tanto el segundo de los nombrados ten\u00eda una \u00abfirma tipo \u201cB\u201d\u00bb\u2013. <\/p>\n
No ocurre lo mismo con otras cuatro transacciones que fueron rese\u00f1adas tanto en la demanda, como en la experticia elaborada por el contador p\u00fablico Jim\u00e9nez Ram\u00edrez. Dos de ellas se realizaron el 14 de junio32 y el 31 de noviembre de 200633, es decir, varios meses antes de que las \u201cllaves de firmas\u201d se radicaran en Correval (7 de febrero de 2007); por consiguiente, esta nada pudo ni debi\u00f3 hacer con miras a frustrar tales \u00f3rdenes de giro, en tanto fueron emitidas por personas autorizadas para administrar \u2013sin restricci\u00f3n para ese entonces\u2013 los recursos de la convocante. <\/p>\n
Las dos restantes se llevaron a cabo con posterioridad, pero no corresponden a \u00abtraslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero\u00bb, que es el g\u00e9nero al que refieren las instrucciones de manejo impartidas por la recurrente, y aplicables a la comisionista. La primera se trata de \u00abun dep\u00f3sito en cheque en el Banco de Bogot\u00e1 en cuenta CORREVAL S.A. el d\u00eda 23 de octubre de 2007, por $30.000.000\u00bb34, que no puede considerarse \u00abun traslado desde cuenta\u00bb, y sobre el cual no existe constancia de c\u00f3mo, o por qui\u00e9n, fue autorizado. Al respecto solo obra una breve menci\u00f3n en un correo electr\u00f3nico remitido a la actora por el auditor interno de Correval35. <\/p>\n
La segunda, que es la m\u00e1s operaci\u00f3n cuantiosa, vino precedida de una instrucci\u00f3n del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abCon toda atenci\u00f3n, estamos confirmando que el d\u00eda 30 de noviembre de 2007 le solicitamos a C\u00cdA. PROFESIONALES DE BOLSA S.A. transferir v\u00eda SEBRA a CORREVAL S.A. la suma de $1.038.224.720. Dichos fondos deben ser aplicados a la cancelaci\u00f3n de acciones de Ecopetrol a nombre de Alejandro Rey Pinz\u00f3n, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda (…)\u00bb36 <\/p>\n
Aunque su brevedad hace complejo dotar de rasgos particulares a la referida consigna, es claro que tampoco puede subsumirse en la expresa descripci\u00f3n de negocios a los que aplicaba la \u201cllave de firmas\u201d (\u00abtraslados desde cuentas de Fajobe hacia un tercero…\u00bb), m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, en aplicaci\u00f3n de una de las razones del fallo del tribunal \u2013que no fue derruida en casaci\u00f3n\u2013, a esa \u201cllave de firmas\u201d ha de aplic\u00e1rsele una ex\u00e9gesis literal. <\/p>\n
Por consiguiente, las cuatro transacciones aludidas tambi\u00e9n quedar\u00edan sometidas a la soluci\u00f3n que postul\u00f3 la sentencia de segunda instancia, conforme a la cual la demandada no ten\u00eda el deber jur\u00eddico de asumir las consecuencias perniciosas de las operaciones ordenadas por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, respecto de las cuales no hubiera sido viable exigir una de las \u201cllaves de firmas\u201d previstas en el documento de 7 de febrero de 2007. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Depurados los c\u00e1lculos que present\u00f3 la actora con base en el informe del perito Jim\u00e9nez Ram\u00edrez, se puede considerar demostrado que Correval tramit\u00f3 un total de siete \u00f3rdenes de traslado de sumas superiores a 12 SMLMV, desde la cuenta de Fajobe, hacia las de terceros \u2013principalmente, los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera\u2013, sin contar con la autorizaci\u00f3n de dos ordenantes con \u00abfirma tipo \u201cA\u201d\u00bb. En esos movimientos, se extrajeron de la cuenta de la demandante un total de $929.095.240. <\/p>\n
Pero ello no significa, necesariamente al menos, que Fajobe hubiera sufrido una p\u00e9rdida equivalente a esa cantidad, negaci\u00f3n que podr\u00eda parecer contraintuitiva, pero que, si se analiza con detenimiento, emerge irrebatible, en tanto no existe garant\u00eda de una perfecta y absoluta sincron\u00eda entre los ingresos y egresos de una cuenta de dep\u00f3sito y la situaci\u00f3n patrimonial del cuentahabiente. Dicho en t\u00e9rminos simples, no todos los ingresos de dinero aumentan los activos del titular, ni cualquier egreso lo disminuye. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, el movimiento de una cuenta puede servir como un indicio de p\u00e9rdidas o ganancias, pero no constituye prueba directa de ellas, ni mucho menos una que no admita refutaci\u00f3n. Por ende, en casos como estos resulta imperativo acudir a elementos de juicio adicionales \u2013en trat\u00e1ndose de comerciantes, un an\u00e1lisis forense de contabilidad u otra evidencia t\u00e9cnica semejante puede ser de gran utilidad\u2013 para esclarecer la situaci\u00f3n real del patrimonio afectado, verificando que el egreso de la cuenta de dep\u00f3sito se convirti\u00f3 en un detrimento cierto. <\/p>\n
Este requerimiento de verificaci\u00f3n, lejos de ser excesivo, se torna ineludible, porque en punto de la existencia del da\u00f1o es deseable alcanzar el mayor grado de certeza que sea posible. El fen\u00f3meno del da\u00f1o es el elemento diferencial de la responsabilidad civil, el \u00fanico punto de partida desde el cual se puede averiguar por la presencia de los criterios normativos que permiten imponer a una persona el deber de reparar a otra. <\/p>\n
El da\u00f1o, en tanto agravio cierto que justifica que la v\u00edctima reclame una indemnizaci\u00f3n del demandado, debe ser cuesti\u00f3n sobre la que no se albergue ninguna duda. As\u00ed se sigue de la jurisprudencia de esta Sala, que ha insistido en que la reparaci\u00f3n solo procede <\/p>\n
\u00ab\u2026en la medida en que obre en los autos, a disposici\u00f3n del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de [estos] y su extensi\u00f3n cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c\u00e1lculos que no pasan de ser especulaci\u00f3n te\u00f3rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximaci\u00f3n que sea factible seg\u00fan las circunstancias del caso, tanto los elementos del hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja, como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminar\u00e1n gravitando en contra de aqu\u00e9l\u00bb (CSJ, SC, 4 mar 1998, rad. 4921). <\/p>\n
Por la misma senda, la Corte tambi\u00e9n ha dicho que <\/p>\n
\u00ab…el da\u00f1o constituye \u201cla columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligaci\u00f3n resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y tambi\u00e9n hasta especulativo, hablar de reparaci\u00f3n, de resarcimiento o de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual, habida cuenta que \u201csi no hay perjuicio\u201d, como lo puntualiza la doctrina especializada, \u201c…no hay responsabilidad civil\u201d (sent. 4 de abril de 2001, rad. 5502)\u00bb (CSJ SC, 27 jun. 2005, rad. 1997-05210-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Pues bien, en la causa sub examine no obra ning\u00fan rastro de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la demandante, pues esta no aport\u00f3 su informaci\u00f3n contable (con los ajustes pertinentes para corregir cualquier alteraci\u00f3n introducida por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera); y tampoco se preocup\u00f3 por traer al expediente otro elemento de juicio que permitiera elucidar, con la precisi\u00f3n del caso, el impacto de las acciones de los ordenantes desleales en su patrimonio. <\/p>\n
A ello se agrega que en la foliatura existen soportes de movimientos de la cuenta administrada por Correval, que dan cuenta tanto de la informaci\u00f3n de egresos a la que se hizo referencia en el numeral 3.2. supra, como tambi\u00e9n de varios movimientos en sentido inverso. Esto significa que, as\u00ed como hay anotaciones de transferencias desde la cuenta de Fajobe, hacia la de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, tambi\u00e9n las hay desde la de estos, hacia la de aquella; lo que ocurre es que dichas consignaciones no fueron mensuradas por el perito Jim\u00e9nez Ram\u00edrez, porque habiendo examinado todas las operaciones inscritas en los extractos, solamente cuantific\u00f3 algunas \u2013las que encuadraban mejor con la teor\u00eda del caso de la actora\u2013. <\/p>\n
Ello demuestra que un an\u00e1lisis fragmentario no resultaba admisible, en tanto no podr\u00eda afirmarse que la p\u00e9rdida qued\u00f3 probada con la aportaci\u00f3n de los documentos que registran egresos en la cuenta de Fajobe, y a la par ignorarse que en los mismos documentos existen rastros de ingresos, con protagonistas id\u00e9nticos en ambos extremos transaccionales, pero ocupando roles invertidos. Dicho de otro modo, si se pretende computar como da\u00f1o el dinero que sali\u00f3 de la cuenta de Fajobe hacia las cuentas de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera (o de terceras personas elegidas por ellos), no parece procedente desconocer los montos depositados de vuelta por los empleados en la misma cuenta de Fajobe. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el plan de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera daba visos de ser bastante intrincado37, por lo que no cabe reducirlo a una simple sustracci\u00f3n de dinero. Adem\u00e1s, aunque es imposible comprender a cabalidad el opaco actuar de los defraudadores, no puede negarse que los giros se dieron en las dos direcciones, pues existen registros variados tanto de ingresos, como de egresos. Y al computar los segundos, no los primeros, la distorsi\u00f3n del resultado emerge evidente. <\/p>\n
Esa tergiversaci\u00f3n, adem\u00e1s, parece contraria a la regla compensatio lucri cum damno (Cfr. CSJ SC, 9 jul. 2012, rad. 2002-00101-01), y tambi\u00e9n al principio de reparaci\u00f3n integral, que supone que \u00ab[e]l resarcimiento no puede superar la p\u00e9rdida efectiva, ni generar una ventaja para el damnificado\u00bb38, de donde se sigue que \u00abla indemnizaci\u00f3n no constituye fuente de enriquecimiento\u00bb (CSJ SC2107-2018), y que \u00abuna condena excesiva puede ser fuente de riqueza o ganancia injustificada\u00bb (CSJ, SC10297-2014). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Pues bien, las transferencias que recibi\u00f3 Fajobe de parte de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, y de las cuales existe soporte documental, son las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
39FECHA <\/p>\n
ORIGEN <\/p>\n
MONTO <\/p>\n
FL. <\/p>\n
<\/p>\n
11\/05\/2007 <\/p>\n
John Bedoya Cerquera <\/p>\n
Fajobe S.A. <\/p>\n
$ 70.000.000 <\/p>\n
39 <\/p>\n
3\/01\/2008 <\/p>\n
John Bedoya Cerquera <\/p>\n
Fajobe S.A. <\/p>\n
$ 75.000.000 <\/p>\n
40 <\/p>\n
31\/01\/2008 <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
Fajobe S.A. <\/p>\n
$ 870.000.000 <\/p>\n
41 <\/p>\n
31\/07\/2008 <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
Fajobe S.A. <\/p>\n
$ 427.917.338 <\/p>\n
42 <\/p>\n
6\/02\/2009 <\/p>\n
Alejandro Rey Pinz\u00f3n <\/p>\n
Fajobe S.A. <\/p>\n
$ 298.000.000 <\/p>\n
43 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al menos seg\u00fan los datos que arroja el an\u00e1lisis detallado de las pruebas recaudadas, Fajobe recibi\u00f3 de parte de Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera un total de $1.740.917.33840, esto es, un monto de dinero superior al que aquellos extrajeron de la \u00abcuenta de renta fija\u00bb de su empleadora prevali\u00e9ndose de la omisi\u00f3n de la verificaci\u00f3n de la \u201cllave de firmas\u201d por parte de Correval ($929.095.240). <\/p>\n
Con ello no quiere decirse que la interacci\u00f3n entre Fajobe y sus \u00edmprobos empleados solo le hubiera reportado beneficios a la primera. Al contrario, en el curso del juicio penal que curs\u00f3 contra los implicados en la estafa, qued\u00f3 claro que aquella sufri\u00f3 elevadas p\u00e9rdidas; pero lo que no est\u00e1 probado es que todas, o algunas de ellas, se deban a que Correval hubiera tramitado las espurias \u00f3rdenes de transferencia que signaron Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n, en lo medular, es id\u00e9ntica a la que propuso la colegiatura de segunda instancia, aunque se base en otro tipo de argumentos. Tal como lo hiciera el tribunal, la Corte considera que las pruebas recaudadas no son suficientes para acreditar la existencia o extensi\u00f3n del da\u00f1o patrimonial que se aleg\u00f3, lo que equivale a decir que los errores de hecho que frente a este puntal del litigio denunci\u00f3 la casacionista no logran el quiebre de la sentencia recurrida. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, no puede pasarse por alto que, previa solicitud de Fajobe, el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a favor del se\u00f1or Bedoya Cerquera, por cuanto este \u00abcumpli\u00f3 con el pago de la indemnizaci\u00f3n integral\u00bb (auto de 23 de julio de 2012 41). El monto de ese pago no se precis\u00f3, pero como tiene efectos liberatorios \u2013seg\u00fan su tenor literal\u2013, refuerza la tesis del tribunal, al tornar m\u00e1s improbable la consolidaci\u00f3n del da\u00f1o que dijo sufrir la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Breve referencia sobre la prueba de oficio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En punto de la potestad-deber de decretar pruebas de oficio, as\u00ed como de la posibilidad de cuestionar la omisi\u00f3n de ese deber a trav\u00e9s de la causal segunda de casaci\u00f3n, el precedente de la Corte tiene dicho lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo en la mayor\u00eda de las legislaciones actuales, nuestro estatuto procesal consagra un sistema mixto en el que se mantienen caracter\u00edsticas dispositivas como el inicio del proceso a trav\u00e9s de demanda (art. 8 C.G.P), la carga de la prueba atribuida a las partes (art. 167 C.G.P), la posibilidad de disposici\u00f3n del derecho en litigio (art. 312 y 314 C.G.P) y la exigencia de congruencia de la sentencia (art. 281 C.G.P); y se consagran facultades oficiosas del juez en materia de pruebas42, encaminadas tanto a la verificaci\u00f3n (art. 169 C.G.P) como al esclarecimiento de los hechos (art. 170 C.G.P), elevando el estatuto procesal dicha potestad a la categor\u00eda de deber del juzgador (art. 42 num 4 C.G.P)43. <\/p>\n
En consecuencia, el procedimiento patrio hace compatible la carga de la prueba asignada a las partes, con la iniciativa probatoria del juzgador. La primera exige de los extremos procesales una actitud proactiva y diligente al presentar los hechos en los que se sustentan las pretensiones y los medios de defensa, pues son ellos quienes est\u00e1n obligados a presentar o procurar la obtenci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que pretendan hacer valer, debiendo soportar las consecuencias desfavorables de la falta de acreditaci\u00f3n de su dicho. La segunda, permite al juez decretar pruebas de oficio \u201ccuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 169 del estatuto adjetivo, y \u201ccuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u201d, conforme al art\u00edculo 170 ib\u00eddem. <\/p>\n
Esta iniciativa probatoria, confiada al juez como director del proceso, busca garantizar fallos coincidentes con la realidad procesal y de esa manera, lo m\u00e1s justos posible. Se trata de una facultad-deber reconocida por la Corte como una herramienta de gran val\u00eda a la hora de esclarecer los hechos del litigio con el fin de lograr la prevalencia del derecho sustancial en la decisi\u00f3n, y se concreta cuando, a pesar de la diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias por parte de los interesados, a\u00fan persisten \u00abzonas de penumbra\u00bb que es indispensable despejar para llegar a la verdad de los hechos; y cuando sean necesarias para evitar nulidades y fallos inhibitorios, que contrar\u00edan la esencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Sin embargo, el ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no est\u00e1n consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales. En sentencia CSJ, SC5676-2018, 19 dic, se consider\u00f3: \u201cAunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes. Al respecto, la Corte en fallo SC 23 nov. 2010, rad. 2002-00692-01 precis\u00f3: \u2018No se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hip\u00f3tesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicci\u00f3n a su alcance y se ajusta plausiblemente a una soluci\u00f3n que acompase con el ideal de justicia\u2019\u201d. <\/p>\n
Procurando la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas constitucionales, nuestro estatuto procesal consagra la limitaci\u00f3n del decreto oficioso de pruebas testimoniales a los testigos que aparezcan mencionados en el expediente (art. 169 C.G.P), y la obligatoriedad de la contradicci\u00f3n de las pruebas decretadas por iniciativa del juez (art. 170 C.G.P). En la misma direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad44. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetr\u00eda entre las partes45. Ese decreto oficioso exige justificaci\u00f3n para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n as\u00ed obtenidos, en atenci\u00f3n a los principios de igualdad y lealtad procesal46. <\/p>\n
Las anteriores consideraciones permiten concluir que, adem\u00e1s de los casos en los que el mismo legislador ha consagrado la obligatoriedad de una determinada prueba, el decreto oficioso se vuelve un imperativo para el juez cuando el medio de convicci\u00f3n faltante es indispensable para evitar nulidades o proferir fallos inhibitorios, y en aquellos casos en los que \u2013sin existir incuria de la parte\u2013 se hace indispensable obtener una pieza de evidencia que permita superar una \u201czona de penumbra\u201d, es decir, cuando existe en el expediente la traza, el indicio, la sospecha fundada de la existencia de un hecho, cuya plena comprobaci\u00f3n \u2013a trav\u00e9s del decreto de pruebas de oficio\u2013 emerge necesaria para llegar a la verdad del asunto47. <\/p>\n
Por lo anterior, no siempre que el juez se abstenga de hacer uso de sus facultades oficiosas, se estar\u00e1 ante un error de derecho. S\u00f3lo en aquellos casos en los que, descartada la negligencia de las partes, la actuaci\u00f3n del funcionario se mostraba indispensable para llegar a la certeza plausiblemente insinuada en el expediente, podr\u00e1 acusarse al fallador de incumplir con su deber oficioso. Ello en tanto que el juez, \u201ccomo director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso\u201d48. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, cuando pese a la adecuada actividad probatoria de las partes sea necesario esclarecer espacios oscuros de la controversia, cuando existan fundadas razones para considerar que la inactividad del juez alejar\u00e1 su decisi\u00f3n de la justicia material49; cuando la pr\u00e1ctica de la prueba sea un imperativo legal o cuando con ella se evitan nulidades o fallos inhibitorios, puede configurarse un error de derecho por infracci\u00f3n de las normas probatorias50\u00bb (CSJ SC592-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Atendiendo los criterios del precedente, puede afirmarse que quien acude como demandante a un proceso de responsabilidad civil, negocial o extranegocial, tiene la carga de presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n los elementos de prueba tendientes a confirmar el fundamento de sus aspiraciones, entre los que se cuentan la existencia y extensi\u00f3n del da\u00f1o padecido. <\/p>\n
En esa afirmaci\u00f3n subyace el reconocimiento de que el da\u00f1o tiene dos dimensiones jur\u00eddicas distintas. Una es su existencia, traducida en la ya referida lesi\u00f3n de un inter\u00e9s, material o moral, objeto de tutela jur\u00eddica, resultante de la interacci\u00f3n injusta entre la conducta o actividad del agente da\u00f1ador y el proyecto de vida de la v\u00edctima. En este sentido, pueden considerarse como especies de \u201cda\u00f1o\u201d el menoscabo a la integridad f\u00edsica de una persona; la destrucci\u00f3n de un activo de su propiedad, una p\u00e9rdida patrimonial, o ciertas faltas de respeto. <\/p>\n
La segunda dimensi\u00f3n es su extensi\u00f3n, esto es, el efecto concreto de la interacci\u00f3n injusta en el inter\u00e9s material o moral tutelado. As\u00ed, por ejemplo, un da\u00f1o puede abarcar el costo del tratamiento m\u00e9dico que requiere la v\u00edctima tras un accidente; las ganancias que esta dej\u00f3 de percibir por la aver\u00eda de un bien productivo, o la afectaci\u00f3n a su buen nombre provocada por cierta imputaci\u00f3n deshonrosa. Si esas secuelas son susceptibles de ser valoradas a precios de mercado, se llamar\u00e1n da\u00f1os patrimoniales, y si son inconmensurables, se considerar\u00e1n extrapatrimoniales. <\/p>\n
A partir de esa diferenciaci\u00f3n, la Corte ha defendido con ah\u00ednco que, salvo circunstancias excepcionales, es carga del actor acreditar la dimensi\u00f3n existencial del da\u00f1o. En cambio, ha considerado pertinente asumir un rol m\u00e1s proactivo en lo que ata\u00f1e a su extensi\u00f3n, de modo que, si a pesar de los esfuerzos razonables de la v\u00edctima, no logra recaudarse evidencia suficiente para su adecuada cuantificaci\u00f3n, el juez de la causa puede decretar oficiosamente las pruebas necesarias para superar ese vac\u00edo. <\/p>\n
Con todo, cabe anotar que esa intervenci\u00f3n oficiosa debe tener por prop\u00f3sito la realizaci\u00f3n de la justicia, raz\u00f3n por la cual no puede servir para encubrir los efectos de un actuar negligente o incurioso del demandante, sino solamente como complemento de sus esfuerzos, tal como ocurre cuando se necesita clarificar alguna variable puntual del reclamo, imprescindible para calcular el importe exacto de la p\u00e9rdida denunciada (como el ingreso de la v\u00edctima, el valor exacto de un bien, etc.). No se olvide que <\/p>\n
\u00abla atribuci\u00f3n para decretar pruebas de oficio no es ilimitada o absoluta, ni puede servir de p\u00e1bulo para suplir la falta de diligencia de las partes, pues de otra forma, se desdibujar\u00eda el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone respetar las cargas probatorias procesales que la normatividad vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relaci\u00f3n procesal\u00bb (SC10291-2017; reiterada en SC282-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, refulge la impertinencia del \u00faltimo alegato de la casacionista, pues como ya se dej\u00f3 sentado, lo que qued\u00f3 sin demostraci\u00f3n en esta tramitaci\u00f3n fue la causaci\u00f3n misma del da\u00f1o atribuido a Correval \u2013es decir, la existencia de una p\u00e9rdida o detrimento patrimonial cierto\u2013, lo cual constituir\u00eda el presupuesto m\u00ednimo de cualquier reclamo indemnizatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la orfandad demostrativa no obedeci\u00f3 a causas ex\u00f3genas, sino a la estrategia de la propia demandante, que voluntariamente decidi\u00f3 concentrar toda su atenci\u00f3n en el an\u00e1lisis de los movimientos de la cuenta \u00abde renta fija\u00bb que ten\u00eda en la comisionista de bolsa demandada, esmer\u00e1ndose por mantener total opacidad sobre sus propios registros financieros y contables. <\/p>\n
La informaci\u00f3n que aqu\u00ed se extra\u00f1a, de existir, se encontrar\u00eda en manos de la misma actora, pues de lo que se trataba en este juicio era de evidenciar los rastros de una p\u00e9rdida econ\u00f3mica sufrida por ella. Y aunque la Corte entiende que la manipulaci\u00f3n de la contabilidad de Fajobe por parte del se\u00f1or Rey Pinz\u00f3n pudo haber dificultado esa tarea, lo cierto es que un comerciante no puede permitirse que sus cuentas se mantengan alteradas por tiempo indefinido; de hecho, su deber es deshacer con premura todas las incorrecciones de sus estados financieros, so pena de perpetuar su efecto nocivo en el futuro. <\/p>\n
Ante este panorama, cualquier intervenci\u00f3n oficiosa de la jurisdicci\u00f3n se mostrar\u00eda nociva, pues no estar\u00eda orientada por un fin justo o equitativo, sino por la necesidad de superar un escenario de non liquet probatorio creado por Fajobe, que fue quien decididamente insisti\u00f3 \u2013incluso en sede de casaci\u00f3n\u2013 en confiar toda su suerte a una \u00fanica prueba t\u00e9cnica, dise\u00f1ada con innumerables inconsistencias, sesgos y errores conceptuales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de que el tribunal incurriera en alguno de los yerros denunciados, lo cierto es que la decisi\u00f3n de denegar las pretensiones elevadas por Fajobe resulta razonable, no solo porque muchos de los incumplimientos alegados no se acreditaron, sino tambi\u00e9n porque el da\u00f1o, piedra angular de cualquier reclamo indemnizatorio, qued\u00f3 ayuno de prueba, por causas atribuibles a la actora, y que, por lo mismo, descartaban la necesaria intervenci\u00f3n oficiosa de los jueces de instancia. <\/p>\n
Por consiguiente, el \u00fanico cargo propuesto no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 19 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo promovido por Fajobe S.A.S. contra Correval S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.). <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS a cargo de la parte demandante. Liqu\u00eddense en la forma que prev\u00e9 el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la cantidad de diez (10) SMLMV, que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 32 del archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno1.pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 129 del archivo digital denominado \u00ab02Cuaderno1TomoI.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 5, ib. <\/p>\n
4\u0002 Folio 9, ib. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. hechos vig\u00e9simo y trigesimoctavo de la demanda, as\u00ed como las copias de la causa penal adelantada en contra de los se\u00f1ores Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera, particularmente el escrito de acusaci\u00f3n que present\u00f3 la Fiscal\u00eda 242 Seccional (folios 410 a 436 del archivo digital denominado \u00ab143462procesopenal.pdf\u00bb) y el \u00abtexto de colaboraci\u00f3n\u00bb que elabor\u00f3 y aport\u00f3 el segundo de los referidos investigados (folios 501 a 516, ib.). Cabe anotar que ese juicio termin\u00f3 con fallo condenatorio contra Rey Pinz\u00f3n, por los delitos de estafa agravada, en concurso heterog\u00e9neo con falsedad en documento privado y fraude procesal (folios 388 a 394 del archivo digital denominado \u00ab10Cuaderno9.pdf\u00bb) <\/p>\n
6\u0002 Ninguna de las operaciones cuestionadas por Fajobe qued\u00f3 registrada en su contabilidad, toda vez que Rey Pinz\u00f3n estaba encargado de coordinar su elaboraci\u00f3n y presentaci\u00f3n (ib\u00eddem). <\/p>\n
7\u0002 Por ejemplo, en el hecho trigesimoctavo de la demanda se afirma que \u00ablas sumas faltantes de los dineros que se encontraban invertidos en acciones y\/o TES a trav\u00e9s de Correval, y que en la mayor\u00eda de los casos se convert\u00edan en p\u00e9rdidas para Fajobe, eran encubiertas a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos aprobados por otras entidades financieras, en condiciones tambi\u00e9n irregulares\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Mediante comunicaci\u00f3n de 5 de noviembre de esa anualidad (con sello de radicado del d\u00eda siguiente), el representante legal principal de Fajobe inform\u00f3 a Correval que Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera \u00abno tienen v\u00ednculo laboral vigente\u00bb, por lo que \u00absolicito la anulaci\u00f3n de sus firmas en los registros de Correval\u00bb (folio 199 del archivo digital denominado \u00ab02Cuaderno1TomoI.pdf\u00bb). <\/p>\n
9\u0002 Folios 34 y 35 del archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno1.pdf\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 De esa regla quedan exceptuadas ciertas expresiones cuya definici\u00f3n y alcances se encuentran preestablecidas en la ley u otros instrumentos semejantes (los INCOTERMS, por ejemplo). <\/p>\n
11\u0002 En punto de la interpretaci\u00f3n de los contratos, recientemente adoctrin\u00f3 la Corte: \u00abEn materia interpretativa negocial, el C\u00f3digo Civil en sus art\u00edculos 1618 a 1624 contiene un hist\u00f3rico cuerpo normativo, instituido para la realizaci\u00f3n de la labor de fijar la aut\u00e9ntica significaci\u00f3n de los t\u00e9rminos contractuales, con perfecta aplicabilidad a los contratos mercantiles por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. Por v\u00eda general, enuncia siete elementos propios de esta tarea, tales como la intenci\u00f3n de los extremos negociales, la delimitaci\u00f3n de los efectos del contrato al asunto que constituye su objeto, la eficacia interpretativa en el sentido de preferir un entendimiento que produzca efectos a uno que tienda al vac\u00edo, la naturaleza propia del contrato, la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, la interpretaci\u00f3n por v\u00eda ejemplificativa y, finalmente, la deducci\u00f3n de consecuencias jur\u00eddicas adversas en contra de quien redact\u00f3 unilateralmente el clausulado. <\/p>\n
Al margen de la vigente discusi\u00f3n sobre la pertinencia de esas gu\u00edas para resolver las nuevas y contempor\u00e1neas realidades negociales y econ\u00f3micas, se ha sostenido, con criterio mayoritario, que tales postulados consultan tanto elementos subjetivos, esto es, la intenci\u00f3n de las partes, como objetivos concernientes con las declaraciones regulatorias del acto jur\u00eddico, los cuales han sido traducidos en los postulados que seguidamente se expresan. <\/p>\n
El primero de ellos, contenido en el art\u00edculo 1618 hace prevalecer la intenci\u00f3n de los contratantes sobre lo literal de las palabras, cuando aquella est\u00e1 claramente establecida. La justificaci\u00f3n de su preeminencia la fundan algunos en el ejercicio mismo de la autonom\u00eda de la voluntad y en la libertad, por v\u00eda general, para la configuraci\u00f3n del contrato en los segmentos en que ello es posible, es decir, en la autorizaci\u00f3n para incluir, por v\u00eda de cl\u00e1usulas esenciales y accidentales, las condiciones, modalidades, estipulaciones o pactos que resulten necesarios para el buen suceso del v\u00ednculo obligacional, siempre que no contrar\u00eden la Constituci\u00f3n, la ley, el orden p\u00fablico, entre otros\u00bb (CSJ SC2879-2022). <\/p>\n
12\u0002 Cabe insistir en que la decisi\u00f3n de invertir en instrumentos de renta variable no fue adoptada motu proprio por la comisionista, sino que provino de personas que hab\u00edan sido delegadas para la gesti\u00f3n de las cuentas de Fajobe. <\/p>\n
13\u0002 As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el perito de la demandante (folios 322 y 323 del archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno1.pdf\u00bb) y as\u00ed se sigue tambi\u00e9n de los anexos a esa experticia. <\/p>\n
14\u0002 Las constancias de entrega de los extractos, con sello de recibido de Fajobe, obran a folios 12 a 127 del archivo digital denominado \u00ab02Cuaderno1TomoI.pdf\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 Esto mediante misiva de 1 de diciembre de 2009 (folio 196, ejusdem. <\/p>\n
16\u0002 El art\u00edculo 117 del C\u00f3digo de Comercio prescribe que \u00ab[p]ara probar la representaci\u00f3n de una sociedad bastar\u00e1 la certificaci\u00f3n de la c\u00e1mara respectiva, con indicaci\u00f3n del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso\u00bb, <\/p>\n
17\u0002 A voces del canon 442 ejusdem, \u00ab[l]as personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes ser\u00e1n los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripci\u00f3n mediante el registro de un nuevo nombramiento\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Si las cosas no fueran as\u00ed, todos los actos en los que interviniera un representante legal suplente quedar\u00edan expuestos a un alegato similar al que propuso la recurrente, esto es, que el contrato es inoponible, porque el representante legal principal \u00abno estaba ausente\u00bb de su cargo para la fecha de su celebraci\u00f3n. Esa posibilidad, adem\u00e1s, implica asignar a todos quienes hacen tratos con un suplente la pesada carga de esclarecer si este act\u00faa de buena fe, o si pretende desplazar il\u00edcitamente al principal. <\/p>\n
19\u0002 Recu\u00e9rdese que el 4 de julio de ese a\u00f1o, el se\u00f1or Rey Pinz\u00f3n, actuando como representante legal suplente de Fajobe, celebr\u00f3 el aludido convenio de administraci\u00f3n de valores con Correval. <\/p>\n
21\u0002 Folio 188 del archivo digital denominado \u00ab11Cuaderno9TomoI.pdf\u00bb. <\/p>\n
22\u0002 Diciendo actuar como representante legal (suplente) de Fajobe. <\/p>\n
23\u0002 Folio 37 del archivo digital denominado \u00ab12Cuaderno9TomoII.pdf\u00bb <\/p>\n
24\u0002 Que ser\u00e1n relacionadas, con detalle, en l\u00edneas posteriores. <\/p>\n
25\u0002 Folio 563 del archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno1.pdf\u00bb <\/p>\n
26\u0002 Folio 559, ib. <\/p>\n
27\u0002 Folio 560, ib. <\/p>\n
28\u0002 Folio 161, ib. <\/p>\n
29\u0002 Lo expuesto servir\u00eda tambi\u00e9n para descartar la posibilidad de trasladar a Correval los costos que generaron esas operaciones (comisiones, IVA, etc.), conforme se reclam\u00f3 en las pretensiones 3.7. y 3.8. de la demanda (en concordancia con los hechos 63 a 68). Sin embargo, este puntal del debate no amerita mayor desarrollo en esta providencia, porque no fue mencionado en la sustentaci\u00f3n del \u00fanico cargo formulado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
30\u0002 Tambi\u00e9n se descart\u00f3 el incumplimiento de Correval con relaci\u00f3n a las transferencias desde distintas cuentas bancarias de Fajobe hacia la comisionista, pero este t\u00f3pico (al que se refieren la pretensi\u00f3n 3.3. y el hecho 69 de la demanda) fue abandonado en la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. En cualquier caso, a esas operaciones le son extensibles las conclusiones expuestas en el numeral 2. de esta providencia, frente a la compraventa de acciones, el fondeo de acciones, o la compraventa de TES. <\/p>\n
31\u0002 Sociedad a la que Rey Pinz\u00f3n adeudar\u00eda esa suma de dinero. <\/p>\n
32\u0002 Transferencia desde la cuenta de Fajobe, hacia la cuenta de GS1 Colombia, por valor de $110.000.000 (folio 203, ib.), mencionada en el literal c) del hecho n.\u00b0 51 de la demanda <\/p>\n
33\u0002 Transferencia desde la cuenta de Fajobe, hacia la cuenta de Alejandro Rey Pinz\u00f3n, por valor de $31.000.000 (folio 557, ib.), mencionada en el literal h) del hecho n.\u00b0 50 de la demanda. <\/p>\n
34\u0002 A folio 350 (ib.) puede verse la referencia que hace el perito Eduardo Jim\u00e9nez Ram\u00edrez a ese cheque. As\u00ed tambi\u00e9n se encuentra en el literal b) del hecho n.\u00b0 51 de la demanda <\/p>\n
35\u0002 Folio 571, ib. <\/p>\n
36\u0002 Folio 562, ib. <\/p>\n
37\u0002 Por v\u00eda de ejemplo, el se\u00f1or Bedoya Cerquera relat\u00f3 lo siguiente en marco del juicio penal que se adelant\u00f3 en contra: \u00abAl interior de Correval se realizaron distintas operaciones y manejos que se encuentran pormenorizados en la denuncia (…), sin embargo, vale aclarar que Alejandro Rey en esas operaciones parec\u00eda m\u00e1s comisionista de bolsa que vicepresidente financiero de Fajobe (…), comenz\u00f3 a manejar mis cuentas personales como suyas, haciendo en ocasiones traslados de las cuentas de Fajobe a mis cuentas personales, y luego de mi cuenta a los portafolios de Fajobe\u00bb (folio 512 del archivo digital denominado\u00bb 143452.pdf\u00bb <\/p>\n
38\u0002 ALPA, Guido. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Jurista Editores, Lima. 2006, p. 797. <\/p>\n
39\u0002 En todos los casos, los folios corresponden al archivo digital denominado \u00ab11Cuaderno9TomoI.pdf\u00bb, en el que reposa la diligencia de exhibici\u00f3n de documentos de Correval, solicitada por la demandante. <\/p>\n
40\u0002 Aunque no los contabiliz\u00f3, el perito Jim\u00e9nez Ram\u00edrez s\u00ed hizo referencia a algunos de estos giros, al decir que \u00abse observaron traslados de fondos de Alejandro Rey hacia el portafolio de renta fija de Fajobe, por un monto total de $527.917.339\u00bb y que \u00abse observ\u00f3 un traslado de fondos de John Bedoya [hacia el portafolio de renta fija de Fajobe], por un monto total de $75.000.000\u00bb (folios 348 y 352 del archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno1.pdf\u00bb). Aunque esos valores sean inferiores a los que encontr\u00f3 probados la Corte, el reconocimiento del experto sirve para confirmar que Fajobe s\u00ed recibi\u00f3 en su cuenta dineros que fueron transferidos por Rey Pinz\u00f3n y Bedoya Cerquera. <\/p>\n
41\u0002 Folios 592 a 594 del archivo digital denominado \u00ab143462.pdf\u00bb <\/p>\n
42\u0002 \u00abLas facultades oficiosas del juez en materia probatoria fueron consagradas tanto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970 (art. 179) como en el C\u00f3digo Judicial de 1931 (art. 597)\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
43\u0002 \u00abAl respecto ver AZULA CAMACHO, \u201cManual de Derecho Procesal. Tomo VI Pruebas Judiciales\u201d, Cuarta Edici\u00f3n, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 2015, p\u00e1g 53 y ss.\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
44\u0002 \u00abAl respecto puede verse la sentencia SC5676-2018: \u201cexceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles. Bajo esas consideraciones, para que a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, m\u00e1s concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla\u201d\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
45\u0002 \u00abVer sentencia SU-768 de 2014\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
46\u0002 \u00abVer sentencia T-615 de 2019\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
47\u0002 \u00abAl respecto v\u00e9ase, por ejemplo, la sentencia SC2215-2021: \u201cNo puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que, al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia\u201d\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
48\u0002 \u00abCSJ SC5676-2018, 19 dic\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
49\u0002 \u00abVer sentencia T-264 de 2009\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
50\u0002 \u00abAl respecto pueden verse las sentencias CSJ, SC, 12 sep. 1994, Exp. 4293, CSJ, SC 21 oct. 2013, Exp: 2009-00392, CSJ SC1656-2016, CSJ SC8456-2016, CSJ SC5676-2019, y la reciente CSJ SC4232-2021, entre otras. En \u00e9sta \u00faltima se consider\u00f3: \u201cla falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado\u201d\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
<\/p>\n
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SC129-2023 (2013-00035-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC129-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-041-2013-00035-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la parte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73879","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73879\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}