SC187-2023 (2020-02505-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC187-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02505-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Martha Patricia Chaves Far\u00edas, respecto de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia 6 Rub\u00ed, Pere Esmendia 15 Rub\u00ed Barcelona, Espa\u00f1a, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que la peticionaria contrajo con el alem\u00e1n Gerd Wuest. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora pide homologar la precitada providencia, para que surta efectos en Colombia. <\/p>\n
En sustento expuso que el 21 de diciembre de 1991 se cas\u00f3 civilmente con Gerd Wuest, quien es ciudadano alem\u00e1n, seg\u00fan consta en la escritura No. 690 de esa calenda, suscrita y registrada en la Notar\u00eda \u00danica de Anolaima, Cundinamarca, agrega que en ese v\u00ednculo nupcial no procrearon hijos y que finaliz\u00f3 con la sentencia de divorcio de 14 de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado de Primera Instancia 6 Rub\u00ed, Pere Esmendia 15 Rub\u00ed Barcelona, Espa\u00f1a, la cual est\u00e1 ejecutoriada, no versa sobre derechos reales, ni se opone a normas de orden p\u00fablico, aunado a que el asunto tampoco es del resorte exclusivo de los jueces colombianos, se garantiz\u00f3 la contradicci\u00f3n y en este pa\u00eds tampoco hay proceso o fallo en firme sobre tal materia. <\/p>\n
3. Por auto de 13 de septiembre de 2022, el Magistrado sustanciador decret\u00f3 pruebas, que al estar recaudadas permiten decidir el fondo del asunto. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia que se va a dictar es anticipada, de conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que no hay pruebas que practicar por la Sala, pues las pedidas fueron aportadas en la oportunidad legalmente establecida para ello, sin que tal modo de proceder desconozca el debido proceso, ni alguna otra garant\u00eda superlativa o legal de los intervinientes en ese asunto, dado que el actual sistema procesal civil es d\u00factil. <\/p>\n
Ello porque las formalidades propias de cada juicio est\u00e1n al servicio del derecho material, de ah\u00ed que deban ser puestas en contexto con los postulados de celeridad y econom\u00eda procesal que reclaman decisiones prontas, cumplidas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin incurrir en dilaciones o actuaciones injustificadas, tanto as\u00ed que estas pueden omitirse si se advierte su futilidad. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC12137-2017 se precis\u00f3 que: <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane <\/p>\n
2. El auge del comercio internacional de bienes y servicios, as\u00ed como el desplazamiento voluntario y forzado de la poblaci\u00f3n mundial, ya sea para desarrollar un proyecto de vida profesional y familiar o buscando una salida a problemas de orden pol\u00edtico y econ\u00f3mico, han conllevado que se establezcan medidas a nivel global para que las providencias judiciales que se tomen en un pa\u00eds sean reconocidas en otro donde generan repercusiones. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina especializada1 \u00ab[m]ateria del exequatur es la sentencia extranjera\u00bb, ya que ese proveimiento \u00abcomo producto de la jurisdicci\u00f3n, emana de la soberan\u00eda, y por eso sus efectos jur\u00eddicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberan\u00eda se ejerce\u00bb. Se trata, entonces, de un instrumento jur\u00eddico establecido para lograr el reconocimiento de los fallos for\u00e1neos en suelo extranjero, por virtud de la cooperaci\u00f3n y reciprocidad entre los Estados, previo cumplimiento de los requisitos legales. <\/p>\n
En Colombia, de conformidad con el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados por autoridades extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, por \u00abreciprocidad diplom\u00e1tica\u00bb, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con \u00e9l o, en su defecto, acudiendo a la \u00abreciprocidad legislativa\u00bb, basada en la aceptaci\u00f3n que all\u00ed se reconozca a las ac\u00e1 proferidas, en cuyo caso podr\u00e1 estar basada en textos legales escritos o en la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante en el pa\u00eds de origen del fallo que se busca homologar2. <\/p>\n
Precisamente, en SC5431-2021 la Corte reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (G. 3. t. LXXX, p\u00e1g. 464; CLI, p\u00e1g. 69; CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309; citada en SC15751-2014). <\/p>\n
3. En el sub judice, existe reciprocidad diplom\u00e1tica por virtud del Convenio celebrado entre Colombia y Espa\u00f1a para el cumplimiento de sentencias civiles, suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 e incorporado al orden jur\u00eddico nacional a trav\u00e9s de la Ley 7 de 1908, hoy vigente. <\/p>\n
Ese acuerdo bilateral dispone, en lo pertinente, que: <\/p>\n
\u00ab[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A partir de ese instrumento internacional se da por establecida la reciprocidad diplom\u00e1tica, sobre todo porque las exigencias a que alude la mencionada Convenci\u00f3n concurren en esta oportunidad. <\/p>\n
4. En ese orden, debe verificarse el cumplimiento de las previsiones del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual para que la sentencia extranjera surta efectos legales en el pa\u00eds, debe reunir los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3. <\/p>\n
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento. <\/p>\n
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. <\/p>\n
4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. <\/p>\n
5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. <\/p>\n
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la ley del pa\u00eds de origen, lo que se presume por la ejecutoria. <\/p>\n
7. Que se cumpla el requisito del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
Al respecto, se avizora la satisfacci\u00f3n de los referidos presupuestos, as\u00ed: <\/p>\n
(i). La sentencia de 14 de septiembre de 2015 en la que el Juzgado de Primera Instancia 6 Rub\u00ed, Pere Esmendia 15 Rub\u00ed Barcelona, Espa\u00f1a, decret\u00f3 con car\u00e1cter definitivo el divorcio del matrimonio civil conformado por la colombiana Martha Patricia Chaves Far\u00edas y el extranjero Gerd Wuest, trasciende al estado civil, sin inmiscuirse en discusiones sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en el territorio colombiano. <\/p>\n
(ii) Esa decisi\u00f3n no ri\u00f1e con normas de orden p\u00fablico, pues, aunque el proceso inici\u00f3 como contencioso, ambos c\u00f3nyuges asintieron en que se decretara el divorcio, seg\u00fan instrumentos incorporados en idioma catal\u00e1n con su traducci\u00f3n al castellano, conforme lo autoriza en Colombia el art\u00edculo 154, numeral 9\u00ba del C\u00f3digo Civil, que regula el mutuo acuerdo como una de las causales de ruptura definitiva del v\u00ednculo nupcial. <\/p>\n
Las otras determinaciones adoptadas en esa providencia, en relaci\u00f3n con los compromisos econ\u00f3micos posteriores entre los divorciados, no son extra\u00f1as a las que generalmente se adoptan en Colombia en estos temas, como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n en casos de igual temperamento3. <\/p>\n
(iii) Con la demanda se aport\u00f3 copia de la providencia a convalidar, debidamente legalizada, y se acredit\u00f3 su ejecutoria, tal como consta en la certificaci\u00f3n emitida por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, el 18 de noviembre de 2019, documento que satisface las exigencias del acuerdo binacional antes mencionado. <\/p>\n
Adicionalmente, la sentencia, producida originalmente en idioma Catal\u00e1n, fue traducida en legal forma al Castellano (art. 606, inciso 2\u00ba, de la Ley 1564 de 2012), es decir, con observancia de las pautas del canon 251 ibidem, a cuyo tenor \u00ab[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, se acredit\u00f3 la calidad de traductor oficial de Sergi Casals Rispau redactor de los textos al idioma castellano, de acuerdo con las directrices del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 382 de 1951, modificado por el art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 2005. <\/p>\n
(iv) Ninguna estipulaci\u00f3n legal, o de otra \u00edndole, restringe el conocimiento del caso decidido en territorio extranjero a los jueces colombianos. <\/p>\n
(v) No hay prueba en el plenario de que en Colombia est\u00e9 en curso alg\u00fan litigio o haya decisi\u00f3n ejecutoriada sobre la materia que involucren a las mismas personas. <\/p>\n
(vi) Aunque el juicio inici\u00f3 como contencioso, la determinaci\u00f3n bajo examen constat\u00f3 que los interesados asintieron en poner fin al connubio y as\u00ed se constata de la demanda de divorcio y su respuesta, disposici\u00f3n que concuerda con la regla de derecho establecida en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano, modificado por el 6 de la Ley 25 de 1992, a cuyo tenor: \u00ab[s]on causales de divorcio: 9) El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb, lo que significa que no se quebrant\u00f3 el debido proceso al convocado a ese escenario judicial, quien tambi\u00e9n fue citado a esta tramitaci\u00f3n, pero guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
(vii) Como los exesposos no tuvieron hijos comunes, era innecesaria cualquier disposici\u00f3n en torno a estos, por lo que en ese sentido tampoco se observa discrepancia de la sentencia for\u00e1nea con el orden patrio. <\/p>\n
5. En suma, se re\u00fanen los presupuestos para otorgar efecto jur\u00eddico a la aludida determinaci\u00f3n, con la consecuente inscripci\u00f3n en el registro del estado civil para los efectos legales. <\/p>\n
6. No se impondr\u00e1 condena en costas, por no estar comprobadas (n\u00fam. 8, art. 365 C.G.P.). <\/p>\n
III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Conceder el exequ\u00e1tur a la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia 6 Rub\u00ed, Pere Esmendia 15 Rub\u00ed Barcelona, Espa\u00f1a, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado por la colombiana Martha Patricia Chaves Far\u00edas con el alem\u00e1n Gerd Wuest. <\/p>\n
Segundo: Ordenar, para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, la inscripci\u00f3n de esta providencia y del fallo homologado, en el respectivo folio del registro civil de matrimonio con serial 289344 de la Notar\u00eda \u00danica de Anolaima, Cundinamarca, as\u00ed como en el de nacimiento de Martha Patricia Chaves Far\u00edas, con indicativo serial 5837761 de la Notar\u00eda Quinta de Bogot\u00e1 D.C. Por secretar\u00eda l\u00edbrense los oficios y las reproducciones a que haya lugar. <\/p>\n
Tercero: Sin condena en costas. <\/p>\n
Cuarto: Arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sent\u00eds Melendo. Santiago. La sentencia extranjera (Exequatur). Ediciones jur\u00eddicas Europa Am\u00e9rica. Buenos Aires, 1958, p\u00e1g. 39. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC 055 de 1999, rad. 6640. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC1857-2018; SC2242-2018 y SC2984-2022. <\/p>\n
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