STC5177-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC5177-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00291-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de 31 de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jorge Armando P\u00e1ez Orozco instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00185. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la custodia de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n, habeas data, igualdad, m\u00ednimo vital, trabajo, acceso a cargos p\u00fablicos y al cumplimiento y acatamiento a orden judicial\u00bb, para que se ordenara \u00aba la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n actualizar certificado de antecedentes penales, donde conste que la pena inhabilidad para contratar con el Estado ley 80 de 1993 art. 8, num. 1 lit. d. (pena accesoria)\u00bb fue suspendida. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que el Juzgado Primero de Medidas de Seguridad de Monter\u00eda, en prove\u00eddo de 25 de octubre de 2022, \u00aborden\u00f3 la suspensi\u00f3n\u00bb de la pena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica el 2 de marzo de 2020, que lo conden\u00f3 a 48 meses de prisi\u00f3n y a la inhabilidad del ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el per\u00edodo igual al de la pena principal por el delito de \u00ababuso de confianza calificado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 26 de octubre de 2022, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n con el fin de actualizar el certificado de antecedentes penales en lo concerniente a la \u00absuspensi\u00f3n condicional de la pena accesoria\u00bb, pero \u00abno respondi\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos fijados por la norma\u00bb, por lo que le interpuso \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, que el Tribunal Superior de Monter\u00eda despach\u00f3 desfavorablemente por la existencia de un \u00abhecho superado\u00bb (5 dic. 2022). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que lo resuelto por dicha Magistratura \u00abno es totalmente acertado, teniendo en cuenta que no se configur\u00f3 totalmente un hecho superado\u00bb, toda vez que, en su \u00abcertificado de antecedentes disciplinarios, se \u00abmantiene\u00bb la anotaci\u00f3n de \u00abinhabilidad para contratar con el Estado\u00bb, a pesar de que, con posterioridad al veredicto constitucional, insisti\u00f3 al Ministerio p\u00fablico actualizarlo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al auxilio, porque \u00abel accionante en el momento procesal oportuno no present\u00f3 impugnaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del 5 de diciembre de 2022; por tanto, no puede ahora acudir al presente mecanismo judicial como medio alternativo, a fin de revivir t\u00e9rminos ya fenecidos\u00bb; agreg\u00f3 que \u00aben auto del 9 de febrero de 2023, al resolver la solicitud de revisi\u00f3n presentada por el accionante respecto a la sentencia del 5 de diciembre de 2022, se precis\u00f3 que la decisi\u00f3n hab\u00eda cobrado ejecutoria formal y por ello no era posible revocarla, adicionarla o modificarla\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abel certificado de antecedentes disciplinarios de la (sic) accionante se encuentra actualizado con el evento de Suspensi\u00f3n Condicional de la Pena, en los t\u00e9rminos establecidos por el art\u00edculo 238 de la Ley 1952 de 2019\u00bb y, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abRespecto de la Inhabilidad para Contratar que se encuentra visible en el certificado de antecedentes del accionante, se informa que su fundamento legal lo consagra el literal D, numeral 1, art\u00edculo 8o. de la Ley 80 de 1993. <\/p>\n
(\u2026) Dicha inhabilidad no es una PENA ACCESORIA es una inhabilidad autom\u00e1tica y est\u00e1 supeditada simplemente a la imposici\u00f3n de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. En estos eventos la Procuradur\u00eda solo est\u00e1 dando aplicaci\u00f3n a la citada disposici\u00f3n legal, la cual es clara en preceptuar que son inh\u00e1biles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales, quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, que para el caso equivale a pena accesoria de inhabilidad para ejercicio de funciones p\u00fablicas; y que se extender\u00e1 por un t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, sin exceptuar aquellas condenas que hayan sido objeto del subrogado penal de suspensi\u00f3n de la pena como en el particular y sin indicar que en estos casos la misma debe ser suspendida, concluyendo as\u00ed que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, salvo una decisi\u00f3n judicial que as\u00ed lo estime, no puede suspender una inhabilidad autom\u00e1tica de car\u00e1cter legal. (\u2026) (Subrayado y negrilla fuera del texto)\u201d. <\/p>\n
La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo porque \u00abla acci\u00f3n de tutela no fue dise\u00f1ada con miras a reemplazar al juez competente, de ah\u00ed que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante contaba con otro medio judicial para invocar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados dentro de la acci\u00f3n de tutela 2022-00185\u00bb; adem\u00e1s, de que \u00abla parte accionante no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el precursor, aduciendo que su demanda superlativa atiende el principio de subsidiariedad, toda vez que no dispone de otro medio de defensa judicial, y que busca \u00abevitar un perjuicio irremediable\u00bb, esto es \u00abno poder contratar con el Estado\u00bb; en consecuencia, insisti\u00f3 en que se \u00abconceda el derecho fundamental al habeas data\u00bb, y \u00abORDENAR a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, actualice, con informaci\u00f3n veraz y completa la base de datos que administra respecto de los antecedentes Inhabilidad para Contratar con el Estado, en el caso del se\u00f1or JORGE ARMANDO PAEZ OROZCO (\u2026) indicando que la misma se encuentra suspendida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia que las s\u00faplicas del promotor no pueden abrirse paso, y por ello, que lo definido en primera instancia debe ser convalidado, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- Examinada la queja supralegal, se evidencia que el anhelo del gestor es que se elimine la anotaci\u00f3n que establece la \u00abinhabilidad para contratar con el estado\u00bb que reposa en su \u00abcertificado de antecedentes penales\u201d, ya que le impide \u00abel acceso a cargos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Empero, de lo obrante en el dossier se colige que esa misma rogativa fue expuesta en la demanda tuitiva n\u00b0 2022-00185, desestimada por el Tribunal Superior de Monter\u00eda por \u00abhecho superado\u00bb, en sentencia de 5 de diciembre de 2022 que P\u00e1ez Orozco no impugn\u00f3, mecanismo procedente al tenor del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991, de modo que actu\u00f3 con incuria en la \u00abdefensa\u00bb de sus atributos esenciales. <\/p>\n
Por lo tanto, no puede utilizar este ruego supralegal para disculpar su desatenci\u00f3n, habida cuenta que despreci\u00f3 la oportunidad para plantear lo que aqu\u00ed exhibe. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Magistratura tiene dicho que: <\/p>\n
(…) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, citada en STC7199-2022 y STC1032-2023). <\/p>\n
1.2.- Frente a lo expuesto por el querellante en el escrito de \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, se vislumbra que no demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb que permita la intromisi\u00f3n suplicada para proteger la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Sala ha esgrimido, que \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, STC16116-2021 y STC3667-2023). <\/p>\n
2.- Corolario de lo expuesto, el prove\u00eddo refutado ser\u00e1 refrendado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5177-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC5177-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00291-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de 31 de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de marzo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}