STC5324-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5324-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02073-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mart\u00edn Emilio Morales Diz instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 49315. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y no discriminaci\u00f3n racial\u00bb, para que se \u00abdeje sin efectos la SP3815-2022 o se declare la nulidad absoluta de lo actuado en el proceso penal adelantado en [su] contra y remitirlo a la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
A trav\u00e9s de extenso escrito se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura confutada en aplicaci\u00f3n del instituto de la doble conformidad, modific\u00f3 el fallo emitido el 31 de mayo de 2018 por la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia para absolverlo por los delitos de concierto para delinquir agravado por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia \u2013 AUC y tr\u00e1fico de estupefacientes y lo ratific\u00f3 respecto al concierto para delinquir agravado por su relaci\u00f3n con el grupo criminal las \u00c1guilas Negras, as\u00ed mismo por la tentativa de homicidio y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, imponi\u00e9ndosele una pena de 293 meses y 5 d\u00edas de prisi\u00f3n (SP3815-2022, 9 nov.). <\/p>\n
Sostuvo que la Sala accionada afirm\u00f3 que \u00abno denunci\u00f3 a Yoiner por falso testimonio, lo que denota prueba clara de su culpabilidad y deseo de encubrir su actuar delictivo\u00bb, desconociendo que le \u00abera imposible denunciar\u00bb, dadas las circunstancias que se presentaron y no se le garantiz\u00f3 \u00abel derecho a la confrontaci\u00f3n respecto a varias declaraciones que se surtieron\u00bb, sumado a que el veredicto reprochado presenta una \u00abmotivaci\u00f3n insuficiente e incongruente\u00bb al precisar fechas en las que era imposible que hubiese cometido los hechos endilgados. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que en la aludida actuaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en \u00abmutilaci\u00f3n de pruebas, falso juicio de identidad al cercenar el dicho de Andr\u00e9s Angarita Cobos T\u00e9llez y se omiti\u00f3 valorar pruebas legalmente aportadas al proceso\u00bb y, en mora judicial injustificada para resolver su asunto, dado que fue capturado el 9 de marzo de 2016, condenado en primera instancia el 31 de mayo de 2018 y la sentencia de doble conformidad se profiri\u00f3 el 9 de noviembre de 2022, pasando un lapso aproximado de cinco a\u00f1os entre ambas determinaciones, ignor\u00e1ndose que por estar privado de la libertad los tiempos deben ser perentorios. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que en la resoluci\u00f3n objetada se consignaron las razones que llevaron a dictarla, por lo que remite a su contenido. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de la misma dependencia inform\u00f3 que Morales Diz fue notificado personalmente de la providencia censurada el 17 de noviembre de 2022 en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogot\u00e1 COMEB. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda de Intervenci\u00f3n Segundo Delegado para la Investigaci\u00f3n y el Juzgamiento Penal se opuso al amparo, en tanto \u00abno fue presentado en un tiempo razonable\u00bb y, \u00abno se expusieron circunstancias particulares que permitiesen la flexibilizaci\u00f3n del requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
El precursor alleg\u00f3 memorial \u00abadicionando los argumentos presentados en la acci\u00f3n de tutela\u00bb y requiri\u00f3 que se decrete \u00abla prueba de peritazgo de antropolog\u00eda forense sobre la denuncia de discriminaci\u00f3n racial para que se brinde una base cient\u00edfica y objetiva sobre la valoraci\u00f3n de los hechos denunciados o cualquier otra prueba que consideren pertinente practicar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el pliego genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que el gestor se duele de la sentencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (SP3815-2022) que lo absolvi\u00f3 por unos delitos y convalid\u00f3 lo solventado por la Sala de Juzgamiento en torno a los punibles de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir agravado y lo sancion\u00f3 con una pena definitiva de 293 meses y 5 d\u00edas de prisi\u00f3n, porque, en su opini\u00f3n, se cometieron diversas irregularidades que afectaron sus privilegios al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
No obstante, del paginario acercado al dossier, se tiene que tal prove\u00eddo data del 9 de noviembre de 2022, enterado \u00abpersonalmente\u00bb al quejoso en el centro carcelario el 17 de noviembre siguiente, lo que denota que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero, porque transcurrieron seis (6) meses y siete (siete) d\u00edas a la fecha de radicaci\u00f3n del pliego superlativo (24 may. 2023), es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta- STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada hace poco en STC963-2022 y en la STC3309-2023). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, STC10045-2022 y STC4347-2023. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el tutelante se demor\u00f3 en interponer la acci\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales rogados, por lo que tampoco era viable acceder al decreto de pruebas peticionada. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este instrumento est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que el querellante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta especial v\u00eda, limit\u00e1ndose s\u00f3lo a decir que, \u00abla acci\u00f3n de tutela se presenta dentro de un t\u00e9rmino razonable desde la lesi\u00f3n del derecho que en el presente asunto es con la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de noviembre de 2022\u00bb, lo cual no es de recibo, ya que la determinaci\u00f3n del ad quem fue puesta en conocimiento el 17 de noviembre de 2022, por lo que cont\u00f3 con un lapso prudencial para ejercer esta herramienta. <\/p>\n
3.- En lo que concierne con la violaci\u00f3n de las prerrogativas que, seg\u00fan el libelista, obliga a que por este camino \u00abse declare la nulidad absoluta de todo lo actuado y remitirlo a la justicia ordinaria por violaci\u00f3n al juez natural\u00bb, se precisa que \u00e9ste no demostr\u00f3 que haya agotado los medios legales de oposici\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es, la invalidez prevista en el art\u00edculo 457, mediante el cual puede hacer evidentes, ante el juez competente, las anomal\u00edas que aqu\u00ed discute para que se estudie su viabilidad o no, situaci\u00f3n que pone en evidencia el desconocimiento de la exigencia de la subsidiariedad que caracteriza esta ayuda y, por ende, la inviabilidad del socorro suplicado. <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate. <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (STC6908-2020 reiterado en STC6515-2021, STC13322-2022 y STC3137-2023). <\/p>\n
4.- Ergo, surge infructuoso la ayuda constitucional clamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela rogada por Mart\u00edn Emilio Morales Diz. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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