STC5338-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC5338-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02080-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00035-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Sostuvo que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Tribunal Superior de Pereira modific\u00f3 la sentencia del a quo en lo relacionado con las agencias en derecho en primera instancia, y, en su criterio, debi\u00f3 concederlas en segunda instancia, pero no lo hizo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la mencionada Corporaci\u00f3n expuso la imposibilidad de aplicar el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, pese a que el mismo Tribunal Superior lo ha tenido en cuenta para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en otras acciones populares. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al accionado conceder, a su favor, agencias en derecho en segunda instancia en la acci\u00f3n popular 2022-00035 y fijarlas teniendo en cuenta el acuerdo CSJ PSAA16-10554 de 5 agosto de 2016, arts. 2.4 y 5.1 o indicar si el Tribunal Administrativo de Pereira \u00abque fijo 10 smmlv como agencias en derecho en acci\u00f3n popular que aporto como prueba, cometi\u00f3 aparentemente prevaricato al aplicar un acuerdo NO aplicable en acciones populares para fijar agencias en derecho\u00bb. (sic) <\/p>\n
Requiri\u00f3 igualmente, disponer la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo para que lo representen en la acci\u00f3n popular objeto de queja, como tambi\u00e9n, que esas entidades, informen la fecha en que presentar\u00e1n en su nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, por falla en la prestaci\u00f3n del servicio. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y dispuso el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n de las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, expuso que conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n popular 2022-00035-01 en la que el 12 de octubre de 2022 profiri\u00f3 sentencia que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida y revoc\u00f3 el numeral 7 de la sentencia del a quo, para en su lugar condenar en costas en primera instancia, igualmente, indic\u00f3 que, en sede de apelaci\u00f3n, se abstuvo de imponer costas \u00abcomo quiera que el fallo de primer grado no se revoca en su totalidad (\u2026), de acuerdo con lo reglado por los numerales 3 y 4 del art\u00edculo 365 del CGP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, en tanto que, no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del actor. <\/p>\n
As\u00ed mismo, frente a lo solicitud de presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcorresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, indic\u00f3 que el expediente AP 2022-00035 se encuentra en el Tribunal Superior de Pereira, surtiendo el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que s\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y, acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del solicitante radica en que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Tribunal Superior de Pereira no le reconoci\u00f3 agencias en derecho en segunda instancia como lo establece el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Examinado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00035-00, promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el establecimiento de comercio Almac\u00e9n y Compraventa El Rey, se observan relevantes las siguientes actuaciones para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, una vez adelantadas las etapas propias de esa actuaci\u00f3n, profiri\u00f3 sentencia el 7 de abril de 2022 en la que concedi\u00f3 las pretensiones de la demanda y dispuso negar las costas porque el establecimiento demandado no se opuso a las pretensiones y en el expediente no hab\u00eda constancia de que se hubieran causado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El actor popular interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, y su \u00fanico reparo fue que se fijaran agencias en derecho, en tanto que se acogieron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Pereira, en fallo de 12 de octubre de 2022, confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo, revoc\u00f3 el numeral s\u00e9ptimo de la sentencia y conden\u00f3 a la parte demandada al pago de costas en primera instancia. <\/p>\n
Respecto a la condena en costas en segunda instancia se\u00f1al\u00f3 \u00abComo quiera que el fallo de primer grado no se revoca en su totalidad, se abstendr\u00e1 la Sala de imponer costas en esta sede, de acuerdo con lo reglado por los numerales 3 y 4 del art\u00edculo 365 del CGP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En ese sentido, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 25 de mayo de 2023, esto es, luego de pasados m\u00e1s de seis (6) meses de haberse proferido la decisi\u00f3n de segundo grado reprochada, t\u00e9rmino que esta Sala ha se\u00f1alado como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, STC11808-2022 entre otras). <\/p>\n
V\u00e9ase que, esa demora en el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales imploradas, y adem\u00e1s, porque el interesado no acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad, por tanto, dicha tardanza descarta la presencia de una conducta irregular atribuible al funcionario convocado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ahora bien, si a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n se tuviera por superado el anterior presupuesto, revisada la providencia atacada, no advierte la Sala arbitrariedad en la decisi\u00f3n cuestionada, porque el Tribunal Superior accionado, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y conden\u00f3 al pago de costas al demandado en primera instancia y neg\u00f3 el reconocimiento de estas en segunda instancia, porque como lo dispone la regla consagrada en el art\u00edculo 365, numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abCuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida ser\u00e1 condenada a pagar las costas de ambas instancias\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y aunque el accionante no comparta los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Pereira, no es motivo suficiente para conceder el amparo implorado, porque como bien es sabido, la sola divergencia de criterio no abre paso a la tutela favorable, seg\u00fan lo ha se\u00f1alado esta Sala \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01 reiterada en STC7174-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
6. De otro lado y en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el accionante, se se\u00f1ala que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022 y, STC14974-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por \u00faltimo, en cuanto a la petici\u00f3n dirigida a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, intervenir en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como \u00abpresenten acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre\u00bb, resulta improcedente, porque, adem\u00e1s de que Gerardo Alonso Herrera no est\u00e1 en situaci\u00f3n de \u00abdesamparo o indefensi\u00f3n\u00bb, como lo dispone el art\u00edculo 46 del Decreto 2591 de 1991, para que las entidades intervengan en esta solicitud de amparo, entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de ejercer el derecho de postulaci\u00f3n a nombre del actor popular, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de los intereses colectivos y no de los particulares, como lo pretende el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5338-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC5338-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02080-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}