STC5351-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5351-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2023-02114-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela presentada por Gladis Elena V\u00e9lez Pel\u00e1ez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia de rad no. 11001310301020190000500. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3 contra Cristian Andr\u00e9s Barrera Portela y otros, respecto del inmueble distinguido con folio de matr\u00edcula 50C-1407804 de esta ciudad, fue demandada en reconvenci\u00f3n mediante acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
Expuso que, adelantado el tr\u00e1mite el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 3 de marzo de 2022 neg\u00f3 las pretensiones tanto de la demanda principal, como de la de reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que en apelaci\u00f3n modific\u00f3 el Tribunal Superior el 17 de mayo de 2023, para mantener la negativa sobre la acci\u00f3n de pertenencia, accediendo a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, y la conden\u00f3 a restituir el bien y al pago de frutos civiles a favor de los demandantes en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, con esta determinaci\u00f3n, desconoci\u00f3 las reglas procesales para la tasaci\u00f3n de frutos civiles, que en este caso no fueron probados ni cuantificados, omiti\u00f3 estudiar la ausencia de juramento estimatorio conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como practicar una prueba de oficio (dictamen pericial) para tasar el valor de los c\u00e1nones de arrendamiento causados, procediendo a dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 20 de la Ley 820 de 2003 de manera ilegal. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada y a los vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1.El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link del expediente para que fuera consultado, refiri\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso objeto de esta acci\u00f3n y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
2. Wenceslao Malaver Bernal, apoderado de los se\u00f1ores Cristian Andr\u00e9s Barrera P\u00f3rtela y Claudia Johana Dumez Gamma, expuso que la aqu\u00ed accionante tuvo la oportunidad para ejercer todos sus derechos a la defensa y acceso a la justicia, dentro del proceso que curs\u00f3 en primera instancia en el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil, raz\u00f3n por la cual, no debe abrirse paso la acci\u00f3n de tutela presentada. Adem\u00e1s, alega que no existi\u00f3 un yerro sustancial, pues la accionante no logro demostrar que el Tribunal Superior aplico una norma contraria al caso concreto. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la discusi\u00f3n constitucional va encaminada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de 17 de mayo de 2023 en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3 la aqu\u00ed accionante Gladis Elena V\u00e9lez Pel\u00e1ez contra Cristian Andr\u00e9s Barrera Portela y otros, a trav\u00e9s de la cual la modific\u00f3 la del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad de 3 de marzo de 2022, mantuvo la negativa de las pretensiones de la acci\u00f3n de pertenencia pero accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n propuesta en reconvenci\u00f3n, orden\u00f3 a la demandada a restituir a favor de su contraparte la posesi\u00f3n del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 50C-1407804 de esta ciudad, y la conden\u00f3 \u00abal pago de $75.727.357,2 a t\u00edtulo de frutos civiles del inmueble objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, de la siguiente manera: a) Cristian Andr\u00e9s Barrera Portela: $29.950.169,8 (39,55%) b) Herick Juan Pablo Barrera Dumez: $33.736.537,6 (44,55%) y c) Sara Camila Barrera V\u00e9lez: $12.040.649,8 (15.9%)\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, a juicio de la accionante, tal decisi\u00f3n desconoci\u00f3 las reglas procesales para la tasaci\u00f3n de frutos civiles, porque afirma que en este caso no fueron probados ni cuantificados, no se refiri\u00f3 a la falta de juramento estimatorio conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, y tampoco se practic\u00f3 una prueba pericial que determinara el valor de los c\u00e1nones de arrendamiento causados, sin que fuera posible aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 820 de 2003. <\/p>\n
3. Al examinar la determinaci\u00f3n cuestionada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que fue el resultado de una correcta interpretaci\u00f3n de las normas que resultaban aplicables al asunto objeto de examen, aunado a la valoraci\u00f3n de las pruebas, y que, por tanto, no puede calificarse de arbitraria, caprichosa, o desconocedora de las garant\u00edas fundamentales de la actora constitucional. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque para decidir de fondo sobre el reconocimiento de los frutos civiles, el Tribunal Superior accionado sostuvo lo siguiente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme lo ordenan los art\u00edculos 961 a 969 del C\u00f3digo Civil, se impone determinar lo concerniente a la reclamaci\u00f3n sobre los frutos civiles y naturales deprecados por los actores en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Resalta la Sala que la parte demandada es poseedora de buena fe, pues no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 769 del C\u00f3digo Civil, por lo que, al tenor del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 964 ib\u00eddem, s\u00f3lo se reconocer\u00e1n frutos civiles causados desde el d\u00eda en que se contest\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n, esto es, el 20 de noviembre de 2020 (fls. 20 a 28 C. Reconvenci\u00f3n), hasta la \u00e9poca en que se profiere la presenten decisi\u00f3n (mayo de 2023). <\/p>\n
Se advierte que, en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del bien objeto de litigio, consta que, como consecuencia de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Heriberto Barrera Barinas, la propiedad del bien se encuentra distribuida de la siguiente manera: a) Cristian Andr\u00e9s. Portela: 39,55% b) Herick Juan Pablo Barrera Dumez: 44,55% y c) Sara Camila Barrera V\u00e9lez 15.9%. Por tanto, en dichos porcentajes se reconocer\u00e1n los frutos. <\/p>\n
As\u00ed, deber\u00e1n tenerse en cuenta los par\u00e1metros que en materia de rentas de inmuebles de vivienda urbana estableci\u00f3 la Ley 820 de 2003 en sus art\u00edculos 18 y 20, seg\u00fan los cuales: \u201cEl precio mensual del arrendamiento ser\u00e1 fijado por las partes en moneda legal pero no podr\u00e1 exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o de la parte de \u00e9l que se d\u00e9 en arriendo. (\u2026)\u201d y \u201cCada doce (12) meses de ejecuci\u00f3n del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podr\u00e1 incrementar el canon hasta en una proporci\u00f3n que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el \u00edndice de precios al consumidor en el a\u00f1o calendario inmediatamente anterior a aqu\u00e9l en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el art\u00edculo 18 de la presente ley\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Precisado lo anterior, se calcular\u00e1n los frutos conforme lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u201cTrat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%\u201d).\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, como quiera que el aval\u00fao catastral para el a\u00f1o 2018 asciende a la suma de $168.007.00027, al aumentarse en un 50%, arrojar\u00eda la suma de $252.010.500, en consecuencia, el canon de arrendamiento para el a\u00f1o 2018 alcanzaba la cifra mensual de $2.520.105, es decir, el 1% de aquel. (\u2026) <\/p>\n
Lo anterior se traduce en restituir a la parte reivindicante la suma de $75.727.357,2 correspondiente a los c\u00e1nones causados entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de mayo de 2023, distribuidos de la siguiente manera: a) Cristian Andr\u00e9s Barrera Portela: $29.950.169,8 (39,55%) b) Herick Juan Pablo Barrera Dumez: $33.736.537,6 (44,55%) y c) Sara Camila Barrera V\u00e9lez: $12.040.649,8 (15.9%)\u00bb <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se concluye que los motivos que soportan la decisi\u00f3n censurada, espec\u00edficamente en lo que tiene que ver con la tasaci\u00f3n y reconocimiento de los frutos civiles, no se presentan como caprichosos, y menos que se alejen de los preceptos normativos y jurisprudenciales vigentes en el ordenamiento jur\u00eddico que regulan los temas que se tratan, lo cual impide la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, por cuanto la diferencia de criterio que la accionante quiere hacer prevalecer, por s\u00ed solo, no permite deducir la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
En efecto, recu\u00e9rdese que esta Corte ha ense\u00f1ado que cuando se decreta la reivindicaci\u00f3n, a la par debe resolverse sobre las prestaciones mutuas siguiendo los par\u00e1metros fijados en los art\u00edculos 961 a 964 del C\u00f3digo Civil, labor que debe emprenderse aun de oficio, incluso en ausencia del juramento estimatorio. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte ha se\u00f1alado \u00abEl triunfo de la reivindicaci\u00f3n impone resolver, a\u00fan de oficio, sobre las prestaciones mutuas, reguladas en los art\u00edculos 961 y s.s. del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan los cuales el demandado vencido est\u00e1 obligado a restituir (\u2026) los frutos (\u2026) percibidos durante el tiempo que la tuvo en su poder si ha sido poseedor de mala fe, o \u00fanicamente los recibidos despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda en caso contrario -poseedor de buena fe-, y no s\u00f3lo \u00e9stos sino, en ambos casos, los que el due\u00f1o hubiera podido obtener con mediana inteligencia y actividad (\u2026)\u00bb (CSJ. SC DIC. 19, 2011, exp. 2002-00329-01; SC sept. 16, 2011, exp. 2005-00058-01; SC jun. 1, 2009, exp. 2004-00179-01, posturas reiteradas en SC10825-2016). <\/p>\n
Ahora, ante la falta de otros medios de prueba, el que se haya dado aplicaci\u00f3n a la Ley 820 de 2003 y al IPC del a\u00f1o correspondiente para calcular el valor de los frutos civiles causados, no puede catalogarse como una actuaci\u00f3n arbitraria, porque, de hecho, resulta razonable que la autoridad judicial acuda a normas y principios que ayuden en su labor de materializar las prestaciones mutuas que, como se dijo, en procesos reivindicatorios no solo la ley impone emitir un pronunciamiento al respecto -aun de oficio- sino tambi\u00e9n los principios generales del derecho como la buena fe y la equidad, en procura de proteger la propiedad privada y su funci\u00f3n social. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en consonancia y congruencia con lo anterior, el aparte de la sentencia reprochada se fundament\u00f3 en las pruebas obrantes en el proceso, las que analiz\u00f3 el Tribunal Superior en conjunto como lo ordena el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, a las que les dio el valor probatorio que la ley les otorga, sin dejar de lado que se explicaron con suficiente claridad las razones que llevaron a reconocer los frutos civiles teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas que sirvieron para la tasaci\u00f3n del valor de estos, durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2018 y 2023. <\/p>\n
S\u00famese, a lo anterior, que el hecho que el Tribunal no haya decretado una prueba pericial para determinar la cuant\u00eda de los frutos civiles, como lo alega la reclamante, lejos est\u00e1 de ser considerado como causal de procedencia del amparo, tanto m\u00e1s cuando, <\/p>\n
\u00absi bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso. Al respecto esta Sala precis\u00f3: \u00ab(…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u00bb (CSJ. STC10179-2019 y STC10171-2021). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha dejado claro que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC1161-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladis Elena V\u00e9lez Pel\u00e1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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