STC5373-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5373-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00523-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las acciones de tutela acumuladas (2023-00523 y 2023-01796) que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse revoque la decisi\u00f3n del tutelado de pronunciarse de la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho\u00bb y, en su lugar, se le ordene \u00abaplicar el Acuerdo del CSJ\u2026 PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, aplicando arts. 2,4 y 5,1\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en el libelo acumulado deprec\u00f3 que se ordene a la sede judicial accionada \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor en segunda instancia\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente, reclam\u00f3 que: (i) \u00abse requiera al Consejo Superior de la Judicatura\u2026 [que] demuestre que el acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, est\u00e1 derogado e inaplica en acciones populares para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho\u00bb; y (ii) \u00abse ordene la intervenci\u00f3n de [la] [Procuradur\u00eda] General [de la] Naci\u00f3n\u2026 [y del] defensor del pueblo\u2026 a fin que se pronuncien en derecho de lo pedido en [su] acci\u00f3n de tutela y adem\u00e1s presenten acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio a [su] nombre\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Claudia V. Aristiz\u00e1bal V. (2022-00130), en su condici\u00f3n de propietaria del establecimiento de comercio denominado \u00abLUMYLE\u00bb, que se declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera con sentencia del 11 de julio de 2022, neg\u00e1ndose la imposici\u00f3n de condena en costas en contra de la enjuiciada, decisi\u00f3n esta \u00faltima que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.3. Devueltas las diligencias al a quo, mediante prove\u00eddo de 24 de febrero de 2023, fij\u00f3 agencias en derecho de primera instancia y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas realizada, decisi\u00f3n que el demandante censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, recursos a los que no se dio tr\u00e1mite \u00abpor extempor\u00e1neos\u00bb, conforme se reconoci\u00f3 en auto del 9 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada \u00abse pronuncia en la apelaci\u00f3n de un asunto nunca pedido en ella\u00bb; que \u00abdecide consignar su postura personal y referirse a que las agencias en derecho en acciones populares, no aplica el acuerdo del CSJ\u2026 PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016\u00bb; y que \u00abinaplica de tajo arts. 2,4 y 5,1 de dicho acuerdo, sin prueba alguna en derecho de que\u2026 estuviera derogado por autoridad judicial alguna en el pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicionalmente, esgrimi\u00f3 que el Tribunal convocado \u00abse niega de manera contraria al derecho a conceder agencias en derecho de [segunda] instancia a [su] favor, inaplicando art 365-1 CGP\u00bb; y que para fundar tal negativa el accionado \u00abconsigna que no concede agencias en derecho a [su] favor, pues la acci\u00f3n no se revoc[\u00f3] en su integridad\u00bb, olvidando que \u00ablo \u00fanico que fue motivo de [su] apelaci\u00f3n fue\u2026 [que se] concedieran agencias en derecho\u2026 y eso fue exclusivamente lo \u00fanico que ampar\u00f3 el tutelado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que en la providencia cuestionada \u00abse acat\u00f3 el deber de motivar la sentencia, pues se hizo una exposici\u00f3n pormenorizada de las razones por las cuales discrepaba del juicio de primera sede. Ninguna vulneraci\u00f3n hay\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abcorresponder\u00e1 al juez constitucional la valoraci\u00f3n de las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas relacionados con la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho dentro de la acci\u00f3n popular aqu\u00ed discutida\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se extracta que el promotor cuestion\u00f3 la sentencia 16 de diciembre de 2022, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la dictada el 11 de julio de 2022, toda vez que, en su concepto: (i) debi\u00f3 condenarse a su contraparte a las costas de segunda instancia; y (ii) no debi\u00f3 desecharse la aplicaci\u00f3n del \u00abacuerdo del CSJ\u2026 PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016\u00bb a acciones populares. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas que quejas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la cuestionada sentencia de 16 de diciembre de 2022 no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que se absten\u00eda de condenar en costas en segunda instancia, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a ello, toda vez que \u00abla prosperidad parcial del recurso\u2026 no supuso revocar \u201ctotalmente\u201d el fallo impugnado [Art.365-3\u00ba y 4\u00ba, CGP]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional, toda vez que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas y consider\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos para proferir tal condena en segunda instancia, toda vez que la prosperidad de la alzada no conllev\u00f3 la revocatoria total del fallo impugnado, postura que, valga anotar, esta Sala aval\u00f3 en pasadas oportunidades (CSJ STC STC11777-2022, STC1163-2023 y STC2020-2023). <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que la deducci\u00f3n del despacho judicial acusado no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya sostenido con anterioridad. <\/p>\n
5. Respecto al otro de los reproches del actor, el resguardo resulta improcedente, comoquiera que, para cuestionar los par\u00e1metros aplicables para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en el juicio criticado, al margen de lo expuesto en la sentencia objeto de censura constitucional, el actor cont\u00f3 con la v\u00eda contemplada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos\u2026 contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, mecanismo que desaprovech\u00f3, toda vez que present\u00f3 sus reproches de forma extempor\u00e1nea, conforme se reconoci\u00f3 en prove\u00eddo de 9 de marzo pasado. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
6. Ahora bien, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que \u00e9l haya reclamado ante dichas entidades lo que aqu\u00ed deprec\u00f3, lo que conlleva la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, desestima el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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