STC5375-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5375-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02054-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor, en [segunda] instancia\u00bb y, adem\u00e1s, que al fijarlas aplique el \u00abacuerdo CSJ PSAA16-10554 del 5 agosto de 2016\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, reclam\u00f3 que \u00abse ordene\u2026 la intervenci\u00f3n\u2026 de [la] [Procuradur\u00eda] General [de la] Naci\u00f3n\u2026 [y del] defensor del pueblo\u2026 a fin que\u2026 se pronuncien\u2026 y adem\u00e1s\u2026 informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Fanny Salgado Rodr\u00edguez (2022-00157), en su condici\u00f3n de propietaria del establecimiento de comercio denominado \u00abGalilea Accesorios Exclusivos\u00bb, que se declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera con sentencia del primero de agosto de 2022, neg\u00e1ndose la imposici\u00f3n de condena en costas en contra de la enjuiciada, decisi\u00f3n esta \u00faltima que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 29 de marzo de estas calendas, el Tribunal criticado decidi\u00f3 \u00abrevocar el numeral s\u00e9ptimo de la sentencia, para en su lugar, condenar a la parte accionada a pagar al accionante las costas procesales de la primera instancia\u00bb y, adicionalmente, \u00absin condena en costas en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada neg\u00f3 la imposici\u00f3n de costas en segunda instancia \u00abaduciendo que la sentencia no se confirmaba ni modificaba en su totalidad, sin embargo olvida que nunca apel[\u00f3] la orden dada en sentencia, pues [su] \u00fanico reparo fue que se ordenaran agencias en derecho y ello fue justamente lo que ampar\u00f3 el hoy tutelado\u00bb, por lo que \u00abtiene en derecho que conceder[le]\u2026 agencias en derecho en [segunda] instancia\u2026, debe aplicar ART 365-1 CGP\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicionalmente, esgrimi\u00f3 que el Tribunal convocado \u00abse pronunci[\u00f3]\u2026 de la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, las cuales nunca fueron motivo de [su] apelaci\u00f3n\u2026 y de paso consigna situaci\u00f3n contraria en derecho al [expresar] que en acciones populares existe imposibilidad de aplicar acuerdo CSJ PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016\u00bb, desconociendo que ese \u00abmismo tribunal\u2026 [ha] aplicado dicho acuerdo para fijar agencias en derecho en acciones populares\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pidi\u00f3 negar el resguardo, por cuanto \u00abno media violaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por Mario Restrepo\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00ab[n]o se evidencia que esa entidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya quebrantado los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasi\u00f3n de los hechos que sirven de fundamento al libelo tutelar\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3 que el promotor \u00abno ha presentado ante esa Procuradur\u00eda\u2026 ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se extracta que el promotor cuestion\u00f3 la sentencia 29 de marzo de 2023, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la dictada el primero de julio de 2022, toda vez que, en su concepto: (i) debi\u00f3 condenarse a su contraparte a las costas de segunda instancia; y (ii) no debi\u00f3 desecharse la aplicaci\u00f3n del \u00abacuerdo del CSJ\u2026 PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016\u00bb a acciones populares. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas que quejas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la cuestionada sentencia de 29 de marzo pasado no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que se absten\u00eda de condenar en costas en segunda instancia, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a ello, toda vez que \u00abla prosperidad parcial del recurso\u2026 no supuso revocar \u201ctotalmente\u201d el fallo impugnado [Art.365-3\u00ba y 4\u00ba, CGP]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional, toda vez que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas y consider\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos para proferir tal condena en segunda instancia, toda vez que la prosperidad de la alzada no conllev\u00f3 la revocatoria total del fallo impugnado, postura que, valga anotar, esta Sala aval\u00f3 en pasadas oportunidades (CSJ STC STC11777-2022, STC1163-2023 y STC2020-2023). <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que la deducci\u00f3n del despacho judicial acusado no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya sostenido con anterioridad. <\/p>\n
5. Respecto al otro de los reproches del actor, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que, para cuestionar los par\u00e1metros aplicables para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en el juicio criticado, al margen de lo expuesto en la sentencia objeto de censura constitucional, el actor cuenta con la v\u00eda contemplada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos\u2026 contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, mecanismo al que podr\u00e1 acudir, una vez se devuelvan las diligencias al a quo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Ahora bien, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que \u00e9l haya pedido ante dichas entidades lo aqu\u00ed reclamado, lo que conlleva la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, desestima el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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