STC5378-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5378-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00132-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 4 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ricardo H\u00e9ctor Concistre D\u00edaz contra los Juzgados Primero Civil del Circuito, as\u00ed como tambi\u00e9n Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, ambos de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso administrativo y \u00abacceso a los documentos p\u00fablicos\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela [criticada], desde el auto admisorio\u00bb y, en consecuencia, se ordene al \u00abGobernador del\u2026 Magdalena que informe cu\u00e1l ser\u00e1 el procedimiento administrativo que adelantara\u2026 tendiente a reconstruir la Resoluci\u00f3n 154 de octubre 30 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ricardo H\u00e9ctor Concistre D\u00edaz promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, que fue negada con providencia del 23 de septiembre de 2022, por \u00abcarencia actual de objeto por existir un hecho superado\u00bb, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el promotor, siendo revocada con providencia del 15 de noviembre siguiente, para en su lugar, desestimar el amparo \u00abpor ausencia de vulneraci\u00f3n y temeridad\u00bb. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00able solicit[\u00f3] al servidor judicial de segunda instancia\u2026 [declarar la nulidad de todas las actuaciones]; pedimento fundado en el art\u00edculo 133 numeral 5\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, pero que dicha petici\u00f3n que \u00abfue omitida sin ninguna motivaci\u00f3n por parte del Juez Primero Civil del Circuito de Santa Marta\u2026; encargado por reparto para decidir la impugnaci\u00f3n planteada\u00bb. <\/p>\n
2.3. De otro lado, esgrimi\u00f3 que \u00abes inaudito que [los falladores accionados dejen de] ordenar el procedimiento administrativo\u2026 tendiente a reconstruir [el] acto administrativo prestacional; consintiendo que la Administraci\u00f3n Departamental transgreda el debido proceso administrativo y el acceder a la informaci\u00f3n\u2026\u00bb; y que el sentenciador de primer grado dej\u00f3 de practicar las pruebas que reclam\u00f3, lo que invalidaba la actuaci\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta precis\u00f3 que \u00abdentro del tr\u00e1mite que se adelant\u00f3\u2026, se cumpli\u00f3 con todas las formalidades legales, siguiendo las normas procesales vigentes, de tal suerte que todas\u2026 las actuaciones tomadas y llevadas a cabo dentro de aquel, son conforme a derecho, y bajo un an\u00e1lisis probatorio riguroso\u00bb. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n del Magdalena defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta manifest\u00f3 que sus actuaciones \u00abse ajustaron a derecho y fueron proferidas dentro del ejercicio de la autonom\u00eda e independencia judicial pues el fallo emitido en esta instancia es producto de ello\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00ablos errores en los que hayan incurrido los jueces de primera y segunda instancia en sede de tutela pueden ser corregidos por la… Corte Constitucional, a trav\u00e9s del mecanismo de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales y, adem\u00e1s, solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado en primera instancia, \u00abal omitir y\/o abstenerse sin ninguna motivaci\u00f3n de adelantar la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas en el legajo tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Ello en la medida en que, en el auto de 20 de abril pasado, que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite este resguardo, el a quo se pronunci\u00f3 sobre las pruebas del proceso, teniendo como tales \u00ablos documentos que se acompa\u00f1aron con el escrito inicial\u00bb, al considerar que dichos elementos de juicio eran suficientes para resolver sobre la controversia planteada, determinaci\u00f3n que tiene pleno respaldo en lo previsto en el art\u00edculo 22 del decreto 2591 de 1991, conforme al cual \u00ab[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n del juzgador constitucional en cuanto a decretar las pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016 y STC4707-2023). <\/p>\n
3. Precisado lo anterior y revisada la demanda de tutela, verifica la Sala que el actor censur\u00f3, esencialmente, el tr\u00e1mite de tutela que, en principio, culmin\u00f3 con la sentencia de 15 de noviembre de 2022, que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente a la dictada el 23 de septiembre de esas mismas calendas, asunto excluido de revisi\u00f3n con decisi\u00f3n del 31 de marzo de 2023, conforme se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional (radicado interno T9278085), al considerar que dicho tr\u00e1mite estaba viciado de nulidad y, adem\u00e1s, porque estima que debi\u00f3 concederse el resguardo que all\u00ed deprec\u00f3. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, ha de destacarse que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n para alegar las anomal\u00edas que en curso de la actuaci\u00f3n se presenten, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
6. De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor, enfilada a cuestionar la legalidad del juicio criticado, as\u00ed como tambi\u00e9n la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en los fallos que en ambas instancias dirimieron ese tr\u00e1mite constitucional, no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada, como se dijo, fue excluida de revisi\u00f3n, circunstancia que impide a esta Colegiatura efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las supuestas irregularidades que esgrimi\u00f3 el promotor, reiteradas en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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