STC5382-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5382-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02059-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal accionado \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor, en 2 instancia, pues lo \u00fanico que objet[\u00f3], fue lo unic[\u00f3] que ampar[\u00f3] en 2 instancia\u2026\u00bb; \u00abfijar agencias en derecho en [su] acci\u00f3n popular, aplicando acuerdo PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016…\u00bb; y que se disponga \u00abla intervenci\u00f3n inmediata en derecho de la Procuradur[\u00eda] [General de la] Naci\u00f3n\u2026 y del defensor del pueblo\u2026 a fin que obren en derecho en esta tutela y se pronuncien a [su] favor y adem\u00e1s\u2026 [le] informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Alfagres SA, bajo el radicado 2022-00033, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el que dict\u00f3 sentencia el 16 de septiembre de 2022, en la que, entre otras cosas, ampar\u00f3 el derecho colectivo, le orden\u00f3 a la demandada la prestaci\u00f3n del servicio de profesional interprete y gu\u00eda interprete para personas ciegas y sordo ciegas, de manera directa o mediante convenios con organismos que lo ofrezcan, y deneg\u00f3 la imposici\u00f3n de costas, \u00faltima determinaci\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en fallo de 15 de marzo de 2023 confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primer grado, dispuso la condena de costas procesales en primera instancia para el actor y no las impuso en segunda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la Corporaci\u00f3n acusada olvid\u00f3 que nunca apel\u00f3 la orden impartida en la sentencia, pues su reparo fue que se ordenaran agencias en derecho a su favor, a lo que se accedi\u00f3, por lo que tambi\u00e9n se las deb\u00edan otorgar en segunda instancia, \u00abpues fue lo \u00fanico que apel[\u00f3]… que ampar[\u00f3] el Tribunal tutelado y debe aplicar art 365-1 CGP\u00bb; adem\u00e1s que dicha autoridad se pronunci\u00f3 \u00aben segunda instancia de la fijaci\u00f3n de agencias en derecho\u00bb, las que no fueron objeto de alzada. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se consign\u00f3 que en las acciones populares \u00abexiste imposibilidad de aplicar el acuerdo PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016\u00bb, pese a que la Corporaci\u00f3n criticada \u00aba saciedad al cansancio\u00bb lo ha aplicado para fijar agencias en derecho; y que la Defensor\u00eda y Procuradur\u00eda accionadas deb\u00edan intervenir en esta acci\u00f3n, en tanto que se encontraba en indefensi\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que el accionante no argument\u00f3 ni acredit\u00f3 la ocurrencia de alg\u00fan defecto; que no ten\u00eda injerencia en una posible vulneraci\u00f3n de derechos ni era la autoridad para satisfacer las pretensiones; que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira indic\u00f3 que en la decisi\u00f3n cuestionada se expusieron las razones jur\u00eddicas que la fundaban; y que se aten\u00eda a lo que se decidiera en este tr\u00e1mite excepcional. Remiti\u00f3 el expediente digitalizado. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que se encontraba pendiente de liquidar y aprobar las costas procesales, previa fijaci\u00f3n de las agencias en derecho; que para el periodo del 29 de mayo y 2 de junio de los corrientes ten\u00eda un cierre extraordinario, autorizado en Acuerdo No. CSJRA23-81 del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda; que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la pretensi\u00f3n del accionante escapaba de la competencia de esa dependencia judicial; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, en tanto que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se extracta que el promotor cuestion\u00f3 la sentencia 15 de marzo de 2023, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la dictada 16 de septiembre de 2022, toda vez que, en su concepto: (i) debi\u00f3 condenarse a costas en segunda instancia; y (ii) no debi\u00f3 desecharse la aplicaci\u00f3n del \u00abacuerdo del CSJ\u2026 PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016\u00bb en acciones populares. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas que quejas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la cuestionada sentencia de 15 de marzo pasado no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que se absten\u00eda de condenar en costas en segunda instancia, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a ello, toda vez que \u00abla prosperidad parcial del recurso\u2026 no supuso revocar \u201ctotalmente\u201d el fallo impugnado (Art.365-3\u00ba y 4\u00ba, CGP)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional, toda vez que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas y consider\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos para proferir tal condena en segunda instancia, toda vez que la prosperidad de la alzada no conllev\u00f3 la revocatoria total del fallo impugnado, postura que, valga anotar, esta Sala aval\u00f3 en pasadas oportunidades (CSJ STC STC11777-2022, STC1163-2023 y STC2020-2023). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya sostenido con anterioridad. <\/p>\n
5. Respecto al otro de los reproches del actor, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que, para cuestionar los par\u00e1metros aplicables para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en el juicio criticado, al margen de lo expuesto en la sentencia objeto de censura constitucional, el actor cuenta con la v\u00eda contemplada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos\u2026 contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Ahora bien, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que \u00e9l haya pedido ante dichas entidades lo aqu\u00ed reclamado, lo que conlleva la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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