STC5385-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5385-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02063-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que dijo vulnerada por la autoridad judicial accionada, porque en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la Cooperativa Avanza (como propietaria del \u00abestablecimiento de comercio denominado \u201cCooperativa Avanza\u201d[,] ubicado en la calle 20 n\u00famero 8-22 centro de Pereira\u00bb -rad. 2022-00152-), como ad-quem, el pasado 30 de marzo emiti\u00f3 sentencia acogiendo su apelaci\u00f3n, condenando en costas de primer grado a su antagonista (carga que hab\u00eda denegado el a-quo a pesar de acceder a las pretensiones), sin embargo, neg\u00f3 las mismas en cuanto a la segunda instancia. <\/p>\n
Anot\u00f3 que aunque el \u00fanico reparo que efectu\u00f3 frente al veredicto del Juzgado, favorable a sus aspiraciones, se concentr\u00f3 en que debi\u00f3 condenar en costas a la demandada, en lo que le hall\u00f3 raz\u00f3n el Tribunal accionado, \u00e9ste, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, \u00ab[a]duciendo que la sentencia no se confirmaba ni modificaba en su totalidad\u00bb, le neg\u00f3 su reconocimiento respecto a la segunda instancia, desconociendo lo reglado en el numeral 1\u00ba del canon 365 del C\u00f3digo General del Proceso, consignando, adem\u00e1s, erradamente, que \u00aben acciones populares existe imposibilidad de aplicar [el] acuerdo CSJ PSAA16-10554\u00bb. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) al Tribunal acusado, \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor, en 2[\u00aa] instancia\u00bb, y \u00abfijar agencias en derecho en [su] acci[\u00f3]n popular, aplicando acuerdo CSJ PSAA16-10554\u00bb; y ii) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abobr[ar] en derecho en esta tutela y\u2026 pronunci[arse] a [su] favor\u00bb, adem\u00e1s, informarle \u00abd[\u00ed]a, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira indic\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n cuestionada se expusieron las razones jur\u00eddicas que fundaron la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el resguardo deb\u00eda rechazarse por improcedente porque el quejoso \u00abno argument\u00f3 ni acredit\u00f3 la ocurrencia de alg\u00fan defecto\u00bb, adem\u00e1s, dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva porque, \u00abrevisado [su] Sistema de Gesti\u00f3n Documental\u2026[,] no se hall\u00f3 antecedente alguno (petici\u00f3n, queja o reclamo) elevado por el accionante cuyo objeto se encuentre relacionado con los hechos y pretensiones de la tutela, ello, aunado al hecho que el Ministerio P\u00fablico no tiene injerencia alguna en una posible vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante, ni tampoco es la autoridad encargada de satisfacer las pretensiones, por no tratarse de asuntos de su competencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se extracta que el promotor cuestion\u00f3 la sentencia del 30 de marzo \u00faltimo, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la dictada el 3 de octubre de 2022, toda vez que, en su concepto: (i) debi\u00f3 condenarse a su contraparte a las costas de segunda instancia; y (ii) no debi\u00f3 desecharse la aplicaci\u00f3n del \u00abacuerdo CSJ PSAA16-10554\u00bb en acciones populares. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas que quejas, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la cuestionada sentencia del pasado 30 de marzo no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que se absten\u00eda de condenar en costas en segunda instancia, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a ello, toda vez que \u00abla prosperidad parcial del recurso\u2026 no supuso revocar \u201ctotalmente\u201d el fallo impugnado (Art. 365 – 3\u00ba y 4\u00ba, CGP)\u00bb. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional, toda vez que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas y consider\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos para proferir tal condena en segunda instancia, toda vez que la prosperidad de la alzada no conllev\u00f3 la revocatoria total del fallo impugnado, postura que, valga anotar, esta Sala aval\u00f3 en pasadas oportunidades (CSJ STC STC11777-2022, STC1163-2023 y STC2020-2023). <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que la deducci\u00f3n del despacho judicial acusado no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3.2. En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya sostenido con anterioridad. <\/p>\n
4. Respecto al otro de los reproches del actor, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que, para cuestionar los par\u00e1metros aplicables para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en el juicio criticado, al margen de lo expuesto en la sentencia objeto de censura constitucional, el actor cuenta con la v\u00eda contemplada en el numeral 5\u00b0 del canon 366 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos\u2026 contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, mecanismo al que podr\u00e1 acudir, una vez se efect\u00fae la liquidaci\u00f3n respectiva por parte del a-quo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Ahora bien, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, se pone de presente que el Ministerio P\u00fablico fue debidamente vinculado a este tr\u00e1mite constitucional, resguardando los derechos de todos los intervinientes; y en lo tocante con los dem\u00e1s aspectos de esas solicitudes (espec\u00edficamente lo relacionado con la informaci\u00f3n requerida en cuanto a la formulaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en nombre del quejoso), baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que lo aqu\u00ed reclamado lo haya deprecado ante aqu\u00e9llas, lo que conlleva a la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
6. Lo consignado impone el despacho adverso del presente reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, desestima el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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