STC5386-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5386-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02038-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingris Margarita Martelo Mart\u00ednez, Omar Rafael Rojas Garrido y Brayan Rojas Martelo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga; los Juzgados Primero Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de Barrancabermeja; y las sociedades Garz\u00f3n y Salazar S.A.S., y Ganasa Ltda.; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Secretar\u00eda del Interior del Distrito de esa urbe, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural Corregimiento El Llanito, Mar\u00eda Helena Salazar de Garz\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Vladimir Garz\u00f3n Salazar, Jairo y Pedro Martelo Mart\u00ednez, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en los asuntos que originan la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, acuden a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, honra y bienes, buen nombre, propiedad privada y debido proceso, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ingris Margarita Martelo Mart\u00ednez \u00abinstaur[\u00f3] demanda reivindicatoria de dominio agrario sobre una franja del predio HEBRON llamado ANIMAS, contra todos los miembros de la sociedad vendedora\u00bb (rad. n.\u00b0 2011-00455), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a las autoridades judiciales accionadas quienes, seg\u00fan aducen los gestores, omitieron \u00abla pr\u00e1ctica de m\u00faltiples pruebas necesarias e importantes\u00bb, decidiendo negar sus pretensiones. <\/p>\n
2.2. Mencionan que han desplegado acciones disciplinarias y penales por \u00abla corrupci\u00f3n que existi\u00f3 en todo el proceso por las m\u00faltiples irregularidades\u00bb y destacan que \u00abOMAR RAFAEL ROJAS GARRIDO y BRAYAN ROJAS MARTELO, fueron v\u00edctimas de cuatro atentados contra sus vidas (\u2026) hecho generado por el se\u00f1or Vladimir Garz\u00f3n Salazar (demandado), toda vez que est\u00e9 en compa\u00f1\u00eda de los hermanos Parra propiciaron dichos actos de violencia\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, los gestores pretenden \u00absobre los dos fallos en materia civil, proceso reivindicatorio agrario proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER de fecha 18 de enero del 2018 y Por el Honorable Magistrado del TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL Dr. CARLOS GIOVANNI ULLOA ULLOA de fecha 10 de octubre de 2019, (\u2026) ordenar la anulaci\u00f3n de estos\u00bb, e igualmente, \u00ab[t]utelar los derechos fundamentales (\u2026) sobre el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja Santander de fecha 17 de mayo del 2023, (\u2026) [y] sobre el accionado Ganasa Ltda, representada legalmente por el se\u00f1or VLADIMIR GARZON SALAZAR, toda vez que es quien, con medios lucrativos, persuasivos, hostigamientos, amenazas y sin ser propietario pretende por cualquier medio apropiarse de un predio que no le pertenece, y se le ordene a este el cese de los hostigamientos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia reprochada, mencion\u00f3 lo tramitado a su cargo y precis\u00f3 que \u00abdesde el mes octubre del a\u00f1o 2022, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Santander se encuentra realizando obras en el Palacio de Justicia de la ciudad, raz\u00f3n por la que varios magistrados, incluy\u00e9ndome, fuimos desalojados de nuestras oficinas, sin poder tener acceso a\u00fan para revisar los archivos f\u00edsicos y de esa forma remitir la sentencia de segundo grado\u00bb; no obstante, destac\u00f3 que \u00abcualquier inconformidad que se tenga con aquella decisi\u00f3n carece del principio de inmediatez\u00bb pues se profiri\u00f3 el 10 de octubre de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja hizo un recuento de las actuaciones por \u00e9l adelantadas y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno, y prueba de ello reposa en el tr\u00e1mite que se ha brindado, toda vez que (\u2026) se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo; adicionalmente es preciso indicar que, ante el superior se encuentra en tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n presentada por los accionados en esa oportunidad, hoy actores en este tr\u00e1mite, el cual a\u00fan [no] ha emitido una decisi\u00f3n de fondo\u00bb, por lo que afirm\u00f3 que los accionantes est\u00e1n usando de manera inadecuada este mecanismo excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital de esa misma localidad trajo respuesta en la que destac\u00f3 el principio de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela para discutir los reproches aqu\u00ed planteados, toda vez que \u00ab[p]ara el presente caso, la Ley 1801 de 2016 (C\u00f3digo Nacional de seguridad y convivencia ciudadana) estableci\u00f3 la v\u00eda ordinaria y t\u00e9rminos procesales para el tr\u00e1mite que hoy solicita el accionante a trav\u00e9s de las correspondientes inspecciones de polic\u00eda\u00bb; por lo dem\u00e1s, dijo que no se avizora un perjuicio irremediable y que no est\u00e1 legitimada por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Vladimir Garz\u00f3n Salazar, en calidad de representante legal de la sociedad Ganasa Limitada, tras referirse a cada uno de los hechos expuestos en el escrito introductor, afirm\u00f3 que lo reclamado no tiene relevancia constitucional y subray\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez de la acci\u00f3n, pues \u00ab[l]a solicitud de amparo se interpuso 3 a\u00f1os y 6 meses despu\u00e9s de proferida la sentencia [cuestionada]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lina Mar\u00eda Garz\u00f3n Salazar, representante legal de Garz\u00f3n y Salazar S.A.S., pidi\u00f3 \u00abse declare la IMPROCEDENCIA del amparo incoado por parte de los accionantes, al no existir vulneraci\u00f3n alguna a sus derechos fundamentales (\u2026) por parte de la sociedad [que representa]\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que no se cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, de una parte, i) si las autoridades judiciales querelladas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el verbal rad. n.\u00b0 2011-00455, al decidir, en segunda instancia1, confirmar la sentencia que desestim\u00f3 las pretensiones reivindicatorias all\u00ed elevadas; y de otro lado, ii) establecer si el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por los gestores, al conceder la protecci\u00f3n solicitada dentro de la acci\u00f3n de tutela rad. n.\u00b0 2023-00302. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Sobre la primera queja (rad. n.\u00b0 2011-00455): ausencia del presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.1. Esta exigencia -de la inmediatez-, impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.1.2. Con observancia en las premisas que anteceden, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 el fallo desestimatorio del a quo, data del 10 de octubre de 2019 -seg\u00fan dan cuenta de ello las actuaciones registradas en el sistema de gesti\u00f3n judicial2-; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 19 de mayo de 20233, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los presuntamente afectados con la decisi\u00f3n que consideran vulneradora de sus derechos fundamentales debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente al pronunciamiento atacado, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales involucrados, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la parte actora, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
3.2. Sobre la tutela que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja (rad. n.\u00b0 2023-00302): improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
3.2.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr.). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene., entre otras). <\/p>\n
3.2.2. Ahora bien, como la accionante extendi\u00f3 sus pretensiones para \u00ab[t]utelar los derechos fundamentales (\u2026) sobre el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barrancabermeja Santander de fecha 17 de mayo del 2023\u00bb, la Corte anticipa igualmente la denegaci\u00f3n del resguardo en ese sentido, comoquiera que este mecanismo no est\u00e1 instituido para cuestionar lo resuelto en acciones de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto similar, en caso de concurrir los siguientes eventos, establecidos como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los supuestos aludidos se descartan en el sub-examine, por cuanto no se probaron ni se invocaron por los accionantes, ya que la censura estuvo esencialmente dirigida contra las consideraciones plasmadas en esa sentencia \u2013siendo en todo caso impugnada, seg\u00fan se constata en el sistema de consulta de procesos nacional unificado4\u2013; es decir, se trata de manifestaciones producto de sus inconformidades, en las que no se evidencian motivos concretos que permitan inferir la presencia de alguno de los eventos referidos en la jurisprudencia en cita, de tal forma que se habilitara excepcionalmente el resguardo. <\/p>\n
3.3. Precisiones adicionales: <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la solicitud de que se ordene \u00ab[t]utelar los derechos fundamentales (\u2026) sobre el accionado Ganasa Ltda, representada legalmente por el se\u00f1or VLADIMIR GARZON SALAZAR, toda vez que es quien, con medios lucrativos, persuasivos, hostigamientos, amenazas y sin ser propietario pretende por cualquier medio apropiarse de un predio que no le pertenece, y se le ordene a este el cese de los hostigamientos\u00bb; precisa la Corte que nada obsta para que los censores acudan directamente ante las autoridades que estimen competentes para formular sus espec\u00edficas denuncias y\/o peticiones, en tanto que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden a los interesados. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. Los accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
4.2. La acci\u00f3n de tutela no se encuentra instituida para censurar asuntos de la misma naturaleza. <\/p>\n
4.3. En cuanto a las dem\u00e1s peticiones, nada impide para que, de estimarlo pertinente, los interesados acudan ante las autoridades competentes para formular sus espec\u00edficas denuncias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pues si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 10 de octubre de 2019 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n