STC5387-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5387-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Alberto Restrepo Zapata frente al fallo proferido el pasado 15 de mayo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el estrado acusado, porque en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3, sin justificaci\u00f3n, modific\u00f3 la sentencia all\u00ed proferida. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar i) al Juzgado enjuiciado, \u00abno modificar el fallo de acci[\u00f3]n popular\u00bb y \u00ababrir incidente de desacato en la acci\u00f3n popular motivo de esta tutela\u00bb, as\u00ed como, brindarle \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales[,] consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o\u00bb; ii) a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda convocadas, \u00abse pronuncien en derecho a fin que una sola [vez le] garanticen [el] art 29 cn\u2026 y [l]e respondan cu[\u00e1]ndo presentaran acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por falla en la prestaci[\u00f3]n de[l] servicio\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir este caso: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n popular que el quejoso inco\u00f3 contra Disfarma GC S.A.S. (rad. 2022-00049), el 5 de septiembre de 2022 el Juzgado convocado emiti\u00f3 sentencia, en la que, en lo medular, accedi\u00f3 a las pretensiones, ordenando a la demandada proceder, dentro del t\u00e9rmino de dos (2) meses, \u00aba construir y\/o adecuar un ba\u00f1o p\u00fablico en el establecimiento de comercio de su propiedad, denominado Solinsa GC SAS, ubicado en Quinch\u00eda (Risaralda) en la carrera 7 No. 3-37, de manera que se posibilite su uso a las personas que se desplazan en sillas de ruedas, adultas mayores, de movilidad reducida o con discapacidad f\u00edsica transitoria o permanente, de forma adecuada y compatible con la actividad all\u00ed prestada, teniendo en cuenta para ello las Normas T\u00e9cnicas Colombianas NTC 4139 y 5017 y dem\u00e1s normas pertinentes y concordantes\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, ante solicitud de la condenada, el 22 de marzo \u00faltimo el estrado encartado accedi\u00f3 a concederle un nuevo t\u00e9rmino, \u00abde ocho (8) meses, para la gesti\u00f3n de las adecuaciones del inmueble objeto del presente tr\u00e1mite y cumplimiento del fallo\u00bb. Decisi\u00f3n que mantuvo el 21 de abril siguiente. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el gestor critic\u00f3 que, con esas \u00faltimas decisiones, al \u00abotorgar un plazo de tiempo mayor a la accionada para cumplir el fallo\u00bb, improcedentemente, el Juzgador termin\u00f3 modificando su sentencia, sin tener competencia para ello. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo \u00abnunca se pronuncian en derecho y menos act\u00faan en [sus] acciones populares[,] pese a solicit\u00e1rselos (sic) a saciedad\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular fustigada ni \u00abha tenido participaci\u00f3n alguna dentro de ella\u00bb, por lo que le es ajeno lo expuesto por el actor, en tanto que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos emitiendo concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento convocada previamente por el juez, sin que [tenga] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel accionante no [le] ha presentado\u2026 ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de [esa] agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso al expediente contentivo del asunto recriminado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 parcialmente el amparo, exclusivamente, respecto del Juzgado encausado, dej\u00f3 \u00absin efectos el auto del 21-04-2023\u00bb y orden\u00f3 a dicha autoridad \u00abexpedir un nuevo prove\u00eddo mediante el cual resuelva cabalmente el recurso de reposici\u00f3n y exponga de manera detallada los argumentos de su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, en lo medular, consign\u00f3 que ese estrado judicial \u00abincurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al decidir con motivaci\u00f3n abstracta, sin soporte legal ni jurisprudencial y menos f\u00e1ctico. Apenas dijo que considera razonable extender el plazo para acatar [el] fallo popular, en raz\u00f3n al reclamo de la sociedad accionada, sin aludir en modo alguno por qu\u00e9 pod\u00eda \u201cmodificar\u201d o \u201cajustar\u201d la sentencia o, en su defecto, explicar por qu\u00e9 no constitu\u00eda una alteraci\u00f3n\u00bb; que \u00ab[i]ntr\u00ednsecamente el actor se doli\u00f3 de la inobservancia de los art\u00edculos 285 y 302, CGP, y no resolvi\u00f3. Igual sucedi\u00f3 respecto del tr\u00e1mite incidental (Art.41 y ss., Ley 472), tambi\u00e9n requerido\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, deneg\u00f3 el reclamo frente al Ministerio P\u00fablico, por inexistencia de vulneraci\u00f3n, comoquiera que \u00abla imputaci\u00f3n es infundada contra las accionadas, pues resulta falso que [el quejoso] haya requerido asistencia jur\u00eddica para proteger su debido proceso y promover en su nombre demanda de reparaci\u00f3n directa frente [a] la administraci\u00f3n de justifica (sic). La Sala expresamente requiri\u00f3 arrimar prueba del reclamo administrativo y constancias de radicaci\u00f3n, pero guard\u00f3 silencio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor sin exponer los motivos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala al estudio de lo que fue negado al actor en el fallo opugnado, esto es, lo referente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, en tanto que, en lo dem\u00e1s, el resguardo le fue concedido, por lo que su impugnaci\u00f3n -en la que no indic\u00f3 el motivo de disenso- ha de entenderse dirigida frente a lo cual le fue adverso, se advierte que, en cuanto a ello, la salvaguarda estaba llamada al fracaso, como lo defini\u00f3 el a-quo constitucional. <\/p>\n
2.1. En efecto, se observa que el Ministerio P\u00fablico fue debidamente vinculado a este tr\u00e1mite supralegal, garantizando los derechos de todos los intervinientes; y en lo tocante con los dem\u00e1s aspectos de esas solicitudes (espec\u00edficamente lo relacionado con la informaci\u00f3n requerida en cuanto a la formulaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en nombre del quejoso), baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que lo aqu\u00ed reclamado el censor lo haya deprecado ante aquellas autoridades, lo que conlleva a la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a ellas. <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto a la supuesta inacci\u00f3n de los entes referidos a espacio, el amparo tambi\u00e9n se torna improcedente por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, porque si el quejoso considera que en alg\u00fan proceder irregular incurrieron aqu\u00e9llos, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto a ello, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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