STC5388-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC5388-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 28 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Norbey Polanco Montealegre contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil Municipal hoy Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva y, dem\u00e1s intervinientes en el amparo constitucional n\u00b0 2016-00467 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderada judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada, en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue vinculado mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido a la empresa Baker Hughes el 19 de agosto de 1997, sin embargo, en el a\u00f1o 2007 debido a las posiciones prolongadas para el desarrollo de las labores comenz\u00f3 a presentar dolores a nivel lumbar, por lo que, luego de varias incapacidades y tratamientos fue calificado por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n del Huila con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 18.05% de origen profesional, con fecha de estructuraci\u00f3n de 4 de abril de 2007. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 29 de junio de 2016 la empleadora dio por finalizado unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral, y le pag\u00f3 la correspondiente indemnizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que interpuso una acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada, dada su limitaci\u00f3n y estado de debilidad manifiesta derivado de su condici\u00f3n de salud. <\/p>\n
Expuso que el asunto fue conocido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva -hoy Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples-, y en sentencia de 4 de agosto de 2016 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 su reintegro, as\u00ed como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, la indemnizaci\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997 y las cotizaciones al sistema de seguridad social dejadas de cancelar. <\/p>\n
Explic\u00f3 que impugn\u00f3 la decisi\u00f3n y fue modificada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva el 20 de septiembre de 2016, en el sentido de conceder la protecci\u00f3n constitucional de forma transitoria, para que durante los 4 meses siguientes, acudiera ante la jurisdicci\u00f3n laboral a reclamar las prestaciones econ\u00f3micas a las que hubiere lugar, intervalo en el que la empresa accionada deb\u00eda realizar los aportes en seguridad dejados de cancelar y, que una vez transcurrido, perder\u00eda efectos el fallo, adem\u00e1s, revoc\u00f3 la orden del reintegro y del pago de salarios. <\/p>\n
Sostuvo que, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la sentencia durante el t\u00e9rmino de ejecutoria, y como el Juzgado nunca respondi\u00f3 su petici\u00f3n, ante el evidente desconocimiento de los deberes como funcionario judicial, le formul\u00f3 queja disciplinaria y, el 21 de agosto de 2021 la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina del Huila lo encontr\u00f3 responsable de incurrir en falta disciplinaria a t\u00edtulo de culpa grave1, ordenando como sanci\u00f3n la suspensi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 1 mes. <\/p>\n
Relat\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue confirmada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 23 de noviembre de 2022, argumentando que el juez incurri\u00f3 en la falta imputada, por infringir el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso y emitir el fallo de tutela con una contradicci\u00f3n, pues consider\u00f3 en la parte motiva de la providencia que se encontraba protegido por el fuero de estabilidad laboral reforzada, no obstante, revoc\u00f3 la orden de reintegro proferida en primera instancia. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa determinaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial constituye prueba de la situaci\u00f3n de fraude en la que incurri\u00f3 el funcionario sancionado y que faculta la interposici\u00f3n del presente amparo contra sentencia de tutela. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que ha agotado todos los mecanismos de defensa judicial, siendo estos, la acci\u00f3n de tutela primigenia, la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia, la queja disciplinaria, y la demanda ordinaria laboral interpuesta en 2016 fallada en instancias encontr\u00e1ndose desde noviembre de 2022 en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral pendiente para resolver el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, sostuvo que el mismo se encuentra cumplido, en atenci\u00f3n a que los efectos da\u00f1osos que gener\u00f3 la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva siguen vigentes, porque desde que revoc\u00f3 la orden de reintegro, ha permanecido excluido del mercado laboral por causa de sus problemas de salud, y existen circunstancias que justifican su inactividad, debido a que ha estado continuamente acudiendo a la justicia, sin obtener una soluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 declarar la nulidad de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva el 20 de septiembre de 2016 y la ineficacia de todo lo ordenado en la misma. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiples de Neiva, expuso que en ese despacho curs\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Norbey Polanco Montealegre contra Baker Hughes de Colombia, en la que en sentencia de 4 de agosto de 2016 concedi\u00f3 el amparo, asunto que conoci\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. En ese orden, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. Baker Hughes de Colombia se pronunci\u00f3 frente a los hechos e indic\u00f3 que el actor inici\u00f3 proceso ordinario laboral en su contra, el cual se encuentra pendiente para surtir recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por tanto, las pretensiones de fondo a la fecha est\u00e1n siendo debatidas por la jurisdicci\u00f3n competente. Agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela cuestionada, cuya sentencia de impugnaci\u00f3n solicita dejar sin efectos, no fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisi\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, sostuvo que si bien la decisi\u00f3n que fundamenta la presente solicitud de amparo fue proferida el 23 de noviembre de 2022 [proceso disciplinario], lo cierto es que los hechos que dieron origen a la misma corresponden a situaciones presentadas el 29 de junio de 2016, es decir hace m\u00e1s de 6 a\u00f1os, sin que exista inmediatez entre el pronunciamiento reprochado y la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que no existe ni en las pruebas ni en los fundamentos planteados por el accionante, indicio alguno del que se deduzca que el actuar de esa compa\u00f1\u00eda a la fecha vulnera los derechos invocados caus\u00e1ndole un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando se tiene conocimiento que se encuentra vinculado laboralmente desde noviembre de 2020 en otra empresa y seg\u00fan la informaci\u00f3n de afiliados en la base de datos \u00fanica del sistema de seguridad social ADRES registra como activo-cotizante en el r\u00e9gimen contributivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, declar\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional, tras determinar que el n\u00facleo f\u00e1ctico que soporta esta acci\u00f3n es el mismo que se plante\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, siendo objeto de pronunciamiento en primera y segunda instancia, y estando pendiente el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, por lo que aceptar la tesis formulada por el actor, implicar\u00eda desconocer la \u00f3rbita de los jueces ordinarios laborales, e inclusive, la de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral que se encuentra pendiente por desatar el mecanismo extraordinario. <\/p>\n
Por otra parte, estim\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que han transcurrido 7 a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n constitucional cuestionada -20 de septiembre de 2016-, sin que exista prueba alguna que justificara su inactividad ante la jurisdicci\u00f3n constitucional <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que el a quo constitucional no valor\u00f3 correctamente los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n contra fallo de tutela, ni diferenci\u00f3 los problemas jur\u00eddicos y pretensiones planteadas tanto en el proceso ordinario laboral, como en la solicitud de amparo objeto de estudio. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que mientras en el proceso ordinario solicit\u00f3 la protecci\u00f3n por fuero de estabilidad laboral reforzada por su situaci\u00f3n de salud, en este tr\u00e1mite lo que se pretende es la declaratoria de la vulneraci\u00f3n al debido proceso por el Juzgado accionado al incurrir en yerros procesales y, sobre todo, bajo una situaci\u00f3n de fraude comprobada mediante sentencia judicial proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, que a la fecha sigue afectando sus garant\u00edas fundamentales <\/p>\n
Frente al requisito de la inmediatez, sostuvo que en el escrito inicial explic\u00f3 detalladamente que, debido a las irregularidades del fallo de tutela cuestionado, el titular del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Neiva estuvo sometido a investigaci\u00f3n disciplinaria que finaliz\u00f3 con sentencia sancionatoria el 23 de noviembre de 2022 notificada el 23 de enero de 2023, fecha en la que tambi\u00e9n se comunic\u00f3 el archivo de las diligencias al quedar en firme la decisi\u00f3n, misma que lo facult\u00f3 para la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela contra sentencia de tutela, pues el fallo disciplinario corresponde a la prueba de la situaci\u00f3n de fraude presente en la expedici\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha se\u00f1alado que, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022 y STC9203-2022, entre otras). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el reclamo del se\u00f1or Norbey Polanco Montealegre, se circunscribe a que se declare la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva el 20 de septiembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual en sede de impugnaci\u00f3n, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo Civil Municipal de esa ciudad de 4 de agosto de 2016, en la acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 contra Baker Hughes de Colombia, en el sentido de revocar los numerales tercero y cuarto del fallo de primera instancia, en los que se le hab\u00eda reconocido su derecho al reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando en la referida empresa, as\u00ed como al pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir. <\/p>\n
3.1 De manera preliminar debe se\u00f1alarse que se tendr\u00e1 por superado el presupuesto temporal para el estudio de este caso concreto, teniendo en cuenta que el solicitante justific\u00f3 su inactividad en acudir a este mecanismo, debido a que la queja que present\u00f3 contra el titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, finaliz\u00f3 con decisi\u00f3n sancionatoria por parte de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina el 23 de noviembre de 2022 y notificada el 23 de enero de 2023, al funcionario por haber incurrido en falta disciplinaria a t\u00edtulo de culpa grave, evento que motiv\u00f3 a Norvey Polanco Montealegre a promover la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.2. Se\u00f1alado lo anterior y descendiendo al an\u00e1lisis del caso, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta, la actuaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada fue enviada para su eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional (exp. T6222684), sin que fuera seleccionada para dicho fin (17 jul. 2017), determinaci\u00f3n notificada por estado de 27 de julio de 2017, adem\u00e1s, porque si el reclamante consideraba que existieron desafueros del juez constitucional en su pronunciamiento, debi\u00f3 solicitar su revisi\u00f3n e incluso acudir al mecanismo de insistencia, sin embargo seg\u00fan se evidenci\u00f3, desaprovech\u00f3 dichas oportunidades, de manera que esa determinaci\u00f3n cobr\u00f3 fuerza ejecutoria, cuando fue excluida de revisi\u00f3n, situaci\u00f3n que impide reabrir el debate tutelar, al estar en presencia de \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha indicado, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, lo pretendido por el accionante a trav\u00e9s de este mecanismo est\u00e1 dirigido a que se ampare el derecho al debido proceso presuntamente vulnerado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva y se declare la nulidad la sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de septiembre de 2016 aspecto que, en \u00faltimas, est\u00e1 relacionado con su reintegro y pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el momento de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por parte de Baker Hughes de Colombia, circunstancias que plante\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n laboral en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra la mencionada empresa y que actualmente se encuentra en sede de casaci\u00f3n, lo que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el \u00e1mbito propio de los jueces naturales. <\/p>\n
4.1 As\u00ed las cosas, no puede pretender el actor que a trav\u00e9s de este amparo se examine una tem\u00e1tica que compete solucionar al fallador natural, circunstancia que enmarca esta tutela en la causal de improcedencia que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
5. Tampoco evidencia la Sala la posibilidad de conceder la tutela de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, dado que no encuentra que se hubieran probado las exigencias que la hagan posible, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ. STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada en STC860-2018 y STC3429-2023 entre otras). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Falta disciplinaria grave a t\u00edtulo de culpa grave, por transgredir el deber consagrado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996 concordado con los art\u00edculos 281 del C\u00f3digo General del Proceso y 26 de la Ley 361 de 1997, adem\u00e1s, con los preceptos 8\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, 2, 13 y 53 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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