STC5396-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5396-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2023-00139-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Cecilia P\u00e9rez Quintero contra la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad acusada al proferir la decisi\u00f3n del 27 de septiembre de 2022, la cual, a su juicio, no respet\u00f3 el principio de legalidad, desconoci\u00f3 las normas procesales y, en consecuencia, sus derechos como consumidora. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se revoquen \u00ablas actuaciones judiciales contrario a derecho, en especial la actuaci\u00f3n judicial del 27 de septiembre de 2.022\u00bb, y se realice un estudio riguroso de cara al ejercicio del derecho de retracto y con esto se acceda a sus pretensiones sin a\u00f1adir requisitos que no se encuentran en la ley, aplic\u00e1ndose, adem\u00e1s, las sanciones procesales a la sociedad demandada por su pasividad al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la actora que el 11 de octubre de 2021 present\u00f3 demanda ante la accionada en contra de la Empresa Easy Fly S.A, ante el no reconocimiento de su derecho de retracto, tras no realizarse la devoluci\u00f3n de la totalidad del valor cancelado por unos tiquetes a\u00e9reos adquiridos a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la aerol\u00ednea, monto que indic\u00f3 ascendi\u00f3 a la suma de $411.440, la cual fue admitida mediante providencia del 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que admiti\u00f3 el tr\u00e1mite, el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante auto del 7 de abril de 2022, decisi\u00f3n frente a la cual percibi\u00f3 un prejuzgamiento, en atenci\u00f3n a que se dieron una serie de argumentos encaminados a proyectar un fallo absolutorio frente a la sociedad demandada. <\/p>\n
2.3. Adujo que, la autoridad accionada no tuvo en cuenta que la sociedad demandada no contest\u00f3 la demanda ni asisti\u00f3 a la audiencia programada y, por consiguiente, no aplic\u00f3 las sanciones procesales correspondientes a tales omisiones. <\/p>\n
2.4. Arguy\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada carece de fundamento legal toda vez que, a su juicio, se realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n errada de la norma que regula la materia, imponiendo requisitos que no est\u00e1n establecidos en la ley. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica en el cual realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite atacado y, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por la misma ser improcedente, toda vez que lo que pretende la actora es debatir las decisiones adoptadas en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, mismas que se tomaron con la debida interpretaci\u00f3n de las pruebas allegadas y decretadas y soportada en la ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Indic\u00f3 adem\u00e1s que, la acci\u00f3n de tutela es improcedente en atenci\u00f3n a que no se cumple con el requisito de subsidiariedad en atenci\u00f3n a que la accionante no ha radicado solicitud alguna frente al fallo proferido en el marco de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, el cual, al ser un proceso de naturaleza civil, cuenta con disposiciones para controvertir las decisiones, pudiendo proponer nulidades si es del caso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n fustigada fue proferida bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no fueron descabellados o absurdos, ni con una actitud caprichosa o arbitraria que active la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. Frente a la queja de la gestora del amparo, circunscrita a que la decisi\u00f3n adoptada por la entidad accionada el 27 de septiembre de 2022 mediante la cual de concluyo que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho de retracto de la actora, no cuenta con los argumentos jur\u00eddicos suficientes toda vez que no se cumpli\u00f3 con lo establecido en la norma que rige la materia de derecho al consumidor, considera la Sala que el reclamo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que la autoridad fustigada, en la providencia mencionada, expres\u00f3 claramente las razones por las cuales, en el caso en particular, no operaria el derecho al retracto m\u00e1xime cuando la sociedad demandada realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero a la actora conforme se le inform\u00f3 al momento de adquirir los tiquetes a\u00e9reos, para lo cual determin\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) Aunado a lo anterior, se precisa que conforme al el voucher y a los t\u00e9rminos y condiciones indicados en el voucher de la compra la sociedad demandada informa dicha circunstancia a la consumidora, paso a exponer, tarifas econ\u00f3micas denominadas D, M, N, G, O, E K que es el ac\u00e1pite de la compra de la parte demandante, como lo podemos ver ac\u00e1 compra econ\u00f3mica o G, y se\u00f1ala, aplica todos los sobrecostos autorizados por las normas aeron\u00e1uticas. Reembolso: no aplica excepto IVA y tasa aeroportuaria. Cambios en el tiquete: aplica penalidad $90.000 m\u00e1s diferencia de tarifa por cambio de nombre, ruta, fecha, vuelo o por la no presentaci\u00f3n al aeropuerto, debe revisarse a una tarifa superior disponible. Desistimiento: no aplica. Retracto: aplica bajo el cumplimento de los siguientes requisitos, 1. solo en compra realizadas en la p\u00e1gina web y call center, 2. el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para ejercer el derecho de retracto ser\u00e1 de cinco d\u00edas h\u00e1biles contados desde la compra del tiquete, 3. el vuelo no deber\u00e1 ejecutarse antes del cinco d\u00edas. Circunstancias que para el caso en concreto no operaba. En ese sentido el Despacho teniendo adicional la circunstancia de que la sociedad demandada ya realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero pertinente a la consumidora, realizando los descuentos correspondientes la tarifa administrativa, tarifa que es informada en los t\u00e9rminos y condiciones del voucher, en el cual se\u00f1ala la tarifa administrativa, en ninguno de los casos es reembolsable, en ese sentido el Despacho no encuentra la vulneraci\u00f3n de los derechos discutidos y alegados por parte de la consumidora y, en ese sentido, negar\u00e1 las pretensiones de la demanda (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de cara a la decisi\u00f3n de la autoridad fustigada de considerar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho de retracto, m\u00e1xime cuando hubo devoluci\u00f3n del del dinero a la actora con la deducci\u00f3n de los gastos administrativos, en cuyo caso, los argumentos esbozados por el Superintendencia de Industria y Comercio no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Como si lo anterior no fuera suficiente, considera la Corte que, de cara a la queja de la accionante frente a la no aplicaci\u00f3n de las sanciones procesales establecidas en la normatividad adjetiva de cara a la actitud pasiva al interior del tr\u00e1mite de protecci\u00f3n del consumidor por parte de la sociedad demandada, la misma se torna intrascendente, puesto que, como qued\u00f3 establecido, en el caso de marras se dio la devoluci\u00f3n del dinero a la peticionaria, el cual fue objeto de la deducci\u00f3n de los gastos administrativos, situaci\u00f3n que nada variar\u00eda con la aplicaci\u00f3n o no de las consecuencias que se alegan omiti\u00f3 imponer la autoridad atacada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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