STC5401-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5401-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-22-14-000-2023-00034-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de abril de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Arcila Galeano, Julio C\u00e9sar Tarquino Galvis y Helber Andr\u00e9s Acosta Molina, como integrantes del Grupo Significativo de Ciudadanos Nueva Ciudadan\u00eda de Armenia, contra el Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, as\u00ed como los principios de legalidad y buena fe, que dicen vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se disponga \u00abdetener de manera inmediata… el proceso investigativo \u2013 administrativo \u2013 sancionatorio…\u00bb; se \u00abrespond[an] en su integridad, de manera expresa, clara y de fondo por parte de la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n, las reiteradas peticiones y solicitudes elevadas… para promover el debido proceso, cumplimiento de los procedimientos legales y el acceso a la justicia\u00bb; se \u00abanule lo actuado en el proceso…\u00bb y se ordene \u00abaplicar y cumplir el debido proceso y el tr\u00e1mite procedimental reglado en la ley 1437 de 2011 y en la ley 1475 de 2011 para adelantar el proceso investigativo administrativo… a la luz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia…\u00bb. Subsidiariamente, se declare \u00abla caducidad de la acci\u00f3n que motiv\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso… mediante la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 52 de la ley 1437 de 2011, por los hechos acaecidos en las elecciones del 27 de octubre de 2019, en correspondencia con la doctrina adoptada por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, respecto de la facultad sancionatoria de una entidad p\u00fablica administrativa\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mediante resoluci\u00f3n 2505 de 2 de septiembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral abri\u00f3 investigaci\u00f3n y formul\u00f3 cargos frente a Juan Carlos Arcila Galeano, Julio Cesar Tarquino Galvis y Helber Andr\u00e9s Acosta, como miembros del comit\u00e9 de inscriptores del Grupo Significativo de Ciudadanos Nueva Ciudadan\u00eda de Armenia, al inscribir a Gildaro de Jesus Vanegas como candidato al Consejo del Municipio de Armenia, estando incurso en causal de inhabilidad. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, con Resoluci\u00f3n 4335 de 18 de agosto de 2022, dicha Corporaci\u00f3n los sancion\u00f3 por la vulneraci\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 10 y del 28 de Ley 1475 de 2011, y les impuso multa de $4.722.465 a cada uno; y en Resoluci\u00f3n 2124 de 14 de marzo de 2023 se resolvieron negativamente las solicitudes de revocatoria directa y se rechaz\u00f3 de plano un recurso de reposici\u00f3n impetrado. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en Resoluci\u00f3n 2505 de 2020 dio apertura al proceso investigativo con fines sancionatorios en contra del comit\u00e9 promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos Nueva Ciudadan\u00eda de Armenia; y que dicha decisi\u00f3n se les enter\u00f3 por correo electr\u00f3nico, pese a que no se autoriz\u00f3 tal medio, quebrantando lo previsto en el art\u00edculo 58 de la Ley 1437 de 2011 y evidenciando una ligereza de la actuaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que en auto de 25 de octubre de 2021, suscrito por el magistrado ponente y no por la Sala Plena de dicha Corporaci\u00f3n, se rechazaron por improcedentes los recursos de reposici\u00f3n interpuestos, se deneg\u00f3 una nulidad y la pr\u00e1ctica de algunas pruebas pedidas por los investigados; y que el 7 de noviembre de 2021 presentaron los alegatos de conclusi\u00f3n, en donde indicaron que no incurrieron en causal de reproche. <\/p>\n
2.6. Afirmaron que el 18 de agosto de 2022 fueron sancionados pecuniariamente por vulneraci\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 10 y del 28 de la Ley 475 de 2011; que se emiti\u00f3 auto que dispuso pretermitir los t\u00e9rminos en favor del Consejo Nacional Electoral y denegar los medios de convicci\u00f3n deprecados, vulnerando el canon 13 de esa normatividad; y que solicitaron la revocatoria directa de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Refirieron que en la resoluci\u00f3n de 14 de marzo de 2023 se desestim\u00f3 la mencionada solicitud de revocatoria directa y un recurso de reposici\u00f3n impetrado; que al resolver no se hizo alusi\u00f3n a todos los argumentos expuestos; que se desconoci\u00f3 el rito procesal reglado en la ley vigente; que se omiti\u00f3 resolver en Sala Plena los medios de defensa propuestos; que se desatendieron las peticiones elevadas; que se transgredieron sus garant\u00edas procesales; y que exist\u00eda una amenaza de perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral indic\u00f3 que se opon\u00eda a las prosperidad de la presente acci\u00f3n, pues no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno; y que exist\u00edan otros mecanismos de defensa frente a los actos administrativos, en el caso, la nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el estudio de legalidad de actos administrativos deb\u00eda ventilarse ante los jueces especializados competentes, con los medios de control previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como lo era el de nulidad y restablecimiento del derecho; y que no era procedente el amparo transitorio, pues los actos administrativos gozaban de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, en donde era posible solicitar medidas cautelares, como la suspensi\u00f3n provisional del acto, sin que fuera dable que se impartiera una orden como la pretendida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante Juan Carlos Arcila Galeano impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que el magistrado ponente no contest\u00f3 la tutela; que la respuesta brindada por el Consejo Nacional Electoral no pod\u00eda tenerse en cuenta por carecer de la acreditaci\u00f3n necesaria para pronunciarse; que se deb\u00eda decidir con apego en las disposiciones constitucionales, los hechos y lo acreditado en esta acci\u00f3n excepcional; y que deprecaba que se garantizara la protecci\u00f3n para prevenir un da\u00f1o inminente e irreversible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que los accionantes hubiesen agotado los mecanismos de defensa que ten\u00edan a su alcance. <\/p>\n
En efecto, los gestores cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien pueden acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar la legalidad de los actos administrativos censurados, concretamente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo anterior, en cuanto al perjuicio irremediable alegado, se le recuerda que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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