STC5407-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5407-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02039-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Bertha Yolanda Morales Romero contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia, as\u00ed como respecto al Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 el patrocinio de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00aben conexidad con (\u2026) la administraci\u00f3n de justicia, [la] igualdad [fren]te [a] la ley y [la] seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales repelidas. Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido dentro del expediente de \u00ab[r]evisi\u00f3n de [a]val\u00fao de [s]ervidumbre [p]etrolera\u00bb n.\u00b0 \u00ab2016-00422\u00bb. <\/p>\n
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2. Como sustento adujo que ante el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas se surti\u00f3 el descrito litigio, por demanda de Ecopetrol contra ella, Luis David Villanueva, Camilo Andr\u00e9s Mel\u00e9ndez G\u00f3mez, Jorge Enrique Sarmiento Segura, Jenny Marcela Suarez Beltr\u00e1n, Mar\u00eda Aydee Garc\u00eda Castillo y Dora Mar\u00eda Saavedra de S\u00e1nchez, para procurar el reajuste del monto de la indemnizaci\u00f3n estipulada por el despacho Segundo Promiscuo Municipal de esa misma poblaci\u00f3n, con decisi\u00f3n de 27 de septiembre de 2016, en el marco de paginario de imposici\u00f3n de servidumbre previo. <\/p>\n
Relat\u00f3 que de la contienda provino fallo en audiencia de 17 de noviembre de 2020, en el que se hubo de declarar \u00abfundada\u00bb la pretensi\u00f3n y, en consecuencia, qued\u00f3 fijada la cuant\u00eda del d\u00e9bito indemnizatorio en \u00ab$ 138\u2019550.197,oo\u00bb. Pronunciamiento que, expuso, fue objeto de confirmaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia, en sede de apelaci\u00f3n suya -como enjuiciada-, por virtud de sentencia de 27 de abril de la anualidad en curso. <\/p>\n
Critic\u00f3 la tutelante lo ah\u00ed resuelto, toda vez que, en estricto compendio, los dispensadores de justicia en cita quisieron acceder a la revisi\u00f3n del aval\u00fao primigenio con base en un dictamen rendido por perito \u00abNO (\u2026) inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA)\u00bb, incurriendo as\u00ed en carencia de motivaci\u00f3n y desmedro de los art\u00edculos 226 del C\u00f3digo General del Proceso y 2\u00b0 de la ley 1673 de 2013. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte dio apertura al ruego supralegal del ep\u00edgrafe y, en paralelo, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Al igual que el juzgado, comparti\u00f3 copia digital de la litis en disenso. Ecopetrol tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en disfavor de la prosperidad del reclamo, por pertinencia de las providencias de dichos falladores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para respaldar los derechos fundamentales, siempre que sean trasgredidos o colocados en situaci\u00f3n de peligro por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en trat\u00e1ndose del desempe\u00f1o de los jueces, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por obviedad, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponde auscultar en sus cimientos la sentencia de 27 de abril postrero, al ser la que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por zanjar sobre la controversia ahora tra\u00edda. N\u00f3tese que all\u00ed, en lo de importancia, el Tribunal fustigado esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u2026Se\u00f1ala la recurrente que [el dictamen base del proceso] es inconducente, aunque (\u2026) logra concluirse que este dictamen pericial est\u00e1 dotado de conducencia\u2026, toda vez que, sirve de fundamento para desatar la cuesti\u00f3n jur\u00eddica planteada\u2026, contexto [de] donde es palmario que el C\u00f3digo General del Proceso se rige por el postulado del libre raciocinio judicial para la asignaci\u00f3n del m\u00e9rito a las probanzas que se llevan a juicio, de ah\u00ed que, el canon 176 \u00eddem, dispone que \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. Este pilar significa, por una parte, que el juzgador goza de autonom\u00eda para valorar las evidencias adosadas, dejando de lado la estimaci\u00f3n anticipada que en otros tiempos impuso el legislador (tarifa legal) y, por otra, que debe sopesar toda la informaci\u00f3n que las partes aduzcan en virtud del principio de libertad de la prueba materializado en el art\u00edculo 165 ibidem, norma que permite deducir el poder de emplear aquellos nueve (9) medios probatorios regulados y \u00abcualesquiera otros (\u2026) que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb[ (CSJ STC7722-2021)]. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En consonancia\u2026, si bien en la etapa procesal correspondiente de presentaci\u00f3n del dictamen pericial no se cumpl\u00eda con la totalidad de los requisitos consagrados en el canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso, debe adecuarse en consecuencia ese dictamen a la previsi\u00f3n de la parte final del art\u00edculo 165, inciso 1\u00b0[ de la misma norma;] vale decir que, si bien ese trabajo no satisfizo la totalidad de requisitos formales, tampoco es menos cierto que el medio de prueba debe ser valorado conforme a las reglas generales de apreciaci\u00f3n, am\u00e9n de la jurisprudencia aplicable\u2026, debido a que en los reparos presentados no se aleg\u00f3 inconformidad alguna con el contenido del dictamen, respecto de los m\u00e9todos empleados y el monto de indemnizaci\u00f3n fijada, fundamento suficiente para adecuar el trabajo examinado… <\/p>\n
En cuanto a la falta de inscripci\u00f3n en el Registro Abierto de Avaluadores, cabe observar que, la Sala de Casaci\u00f3n Civil niega raz\u00f3n al argumento de la apelante, ya que en sede constitucional estim\u00f3 razonable una providencia que otorg\u00f3 peso probatorio a un dictamen rendido por persona no inscrita en esa agrupaci\u00f3n, sino que sopes\u00f3 el contenido de la experticia conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica[ (STC7722-2021);] luego tomando como faro esa consideraci\u00f3n que resulta aplicable al sub examen, m\u00e1xime(\u2026) cuando Universidad de los Llanos figura inscrita como instituci\u00f3n avaluadora seg\u00fan el Registro Abierto de Avaluadores, importa resaltar que ese ese claustro universitario designado para realizar el trabajo pericial, subdesign\u00f3 al se\u00f1or Jairo Rinc\u00f3n Ariza, quien no est\u00e1 inscrito, aunque seg\u00fan la hoja de vida aportada cuenta con experiencia como Ingeniero Agr\u00f3nomo con Maestr\u00eda en Desarrollo con \u00c9nfasis en Gesti\u00f3n para el Desarrollo Regional y Local, docente universitario por m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os en c\u00e1tedras como Gesti\u00f3n Ambiental, Teor\u00eda y Legislaci\u00f3n Agraria, Extensi\u00f3n y Desarrollo Rural, Sociolog\u00eda Rural, Topograf\u00eda, Agroinsumos, Cultivos de Clima Medio y Fr\u00edo[,] adem\u00e1s de director de diversos trabajos de grado y perito en procesos judiciales durante los a\u00f1os 2016, 2017, 2018 y 2019, seg\u00fan relaci\u00f3n visible en el (\u2026) cuaderno de primera instancia\u2026 <\/p>\n
En gran conclusi\u00f3n, la apelaci\u00f3n as\u00ed como fue propuesta, carece de fuerza para desmeritar la sentencia, ya que los errores formales del trabajo pericial y la ausencia de inscripci\u00f3n en aquel registro, por s\u00ed mismos, resultan insuficientes para restar peso demostrativo a la prueba t\u00e9cnica[;] luego como el contenido del trabajo no fue materia de discrepancia, esta corporaci\u00f3n respetando el principio de congruencia carece de alternativa diferente a confirmar la sentencia de primer grado\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones atribuidas, las cuales, por contera, no son de recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal opt\u00f3 por ratificar el fallo de primer nivel, luego de estimar como propicio el dictamen rendido en la contienda sub examine, con m\u00e1s apoyo si la pericia fue practicada por conducto de una instituci\u00f3n inscrita en el correspondiente registro, obraron los soportes de experiencia e idoneidad y, tampoco se objet\u00f3 el informe en su contenido material. Planteamientos que son dif\u00edciles de desechar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en el desenlace del \u00abconflicto\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir de los basamentos de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una [determinada] interpretaci\u00f3n de las normas (\u2026) aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2026\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
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3. Lo consignado conlleva, ergo, a cerrar paso a la s\u00faplica de salvaguarda de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su competencia, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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