STC5411-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5411-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00655-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 18 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta colegiatura en la acci\u00f3n de tutela que Inversiones GLP SAS, inco\u00f3 contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio que all\u00ed cursa bajo la radicaci\u00f3n No. 05-000-31-20-002-2022-00022-01 (E.D. 563). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal 5\u00b0 del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio la Fiscal\u00eda decret\u00f3 el 30 de agosto de 2021 medida cautelar sobre el establecimiento de comercio Agencia Vidagas Bello propiedad de Inversiones GLP, la cual goza de un activo social de m\u00e1s de 47 mil millones de pesos. <\/p>\n
2. Tal medida se impuso antes de la presentaci\u00f3n de la demanda de extinci\u00f3n de dominio, sin embargo, transcurrido el t\u00e9rmino de seis meses el ente investigador no formul\u00f3 la demanda ni archiv\u00f3 la actuaci\u00f3n, por tal raz\u00f3n Inversiones GLP promovi\u00f3 control de legalidad frente las cautelas ordenadas por la Fiscal\u00eda 65 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
3. Aduce la promotora que solo hasta el 22 de mayo, posterior al plazo referido supra la Fiscal\u00eda formul\u00f3 la demanda respectiva ante el Juzgado Segundo de Extinci\u00f3n de Dominio, quien declar\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares (rad. 05000312000220220002200), frente a tal determinaci\u00f3n Inversiones GLP interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, confirmado el primero se remiti\u00f3 el segundo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
4. En dicha ocasi\u00f3n la ahora tutelante solicit\u00f3 discutir la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 89 de la Ley 1704 de 2014, el cual precisa que \u00ab(\u2026) Estas medidas cautelares no podr\u00e1n extenderse por m\u00e1s de seis (6) meses, t\u00e9rmino dentro del cual el Fiscal deber\u00e1 definir si la acci\u00f3n debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinci\u00f3n de dominio ante el juez de conocimiento (Se destaca)\u00bb <\/p>\n
5. El ad quem confirm\u00f3 el auto recurrido, pues encontr\u00f3 conforme a la legislaci\u00f3n y jurisprudencia vigente las medidas cautelares ordenadas; por lo anterior, \u00absolicit\u00f3 declara la ilegalidad, por superaci\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 89 de la Ley 1708 de 2014, de las medidas cautelares ordenadas mediante resoluci\u00f3n del 30 de agosto del 2021 en contra de Inversiones GLP y que son objeto del control de legalidad dentro del radicado 05-000-31-20-002-2022-00022-01 (ED. 563)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. El Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones por cuanto se fundament\u00f3 en el marco legal y constitucional aplicable al caso en concreto. <\/p>\n
2. La Sala de Decisi\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sostuvo que los planteamientos propuestos en la tutela fueron debidamente resuelto al interior del proceso ordinario y que lo pretendido por el actor era revivir un debate jur\u00eddico que ya fue zanjado, por lo que solicit\u00f3 negar el resguardo vista su evidente improcedencia. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo sostuvo que en la demanda de tutela no existe ninguna queja concreta en su contra. <\/p>\n
5. La Sociedad de Activos Especiales -SAE – aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo por (i) proceso en curso y (ii) razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. Para tal fin, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n precis\u00f3 que de conformidad con las reglas para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela (art. 6\u00b0 Decreto 2591 de 1991) no es procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime porque no se evidencia que pueda causarse un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Agreg\u00f3 adem\u00e1s que \u00abtampoco se aprecia que las autoridades accionadas hayan tergiversado ostensiblemente los postulados del art\u00edculo 893 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio (Ley 1708 de 2014, modificado por el art\u00edculo 21 de la Ley 1849 de 2017)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adem\u00e1s de reiterar los argumentos y pretensiones expuestas en el escrito inicial, agreg\u00f3 que no se resolvieron todas sus quejas, pues en su criterio la Sala Penal no se pronunci\u00f3 sobre el referido t\u00e9rmino de seis (6) meses del que versa el Estatuto de Extinci\u00f3n de Dominio, con relaci\u00f3n a si dicho plazo es prescriptivo o de caducidad para la formulaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscritos a la impugnaci\u00f3n, esta Sala confirmar\u00e1 el veredicto recurrido, toda vez que no encuentra configurados los yerros que aduce la impugnante. <\/p>\n
2.1. En efecto, esta Sala tiene una posici\u00f3n pac\u00edfica e inveterada en cuanto a considerar improcedente la acci\u00f3n de tutela contra procesos penales que se encuentran en curso, pues ello desnaturalizar\u00eda los medios de defensa con los que cuenta al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio para exponer las irregularidades que desee debatir, que en el caso concreto versan sobre la legalidad de la formulaci\u00f3n de la demanda con posterioridad a seis meses desde la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares, y en consecuencia la legalidad de estas cautelas. <\/p>\n
Luego, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, frente al tiempo de la presentaci\u00f3n de la demanda de extinci\u00f3n de dominio, encuentra esta Sala razonable la determinaci\u00f3n objeto de censura constitucional, puesto que dadas las condiciones de la Pandemia y la complejidad de identificar, ubicar y aprender materialmente los bienes objeto de la medida es apenas razonable que el plazo pueda extenderse sin que ello pueda quedar indefinido en el tiempo, como en efecto ocurri\u00f3, pues el lapso en al cual fue formulada la demanda no se observa excesivo o propio de la desidia de la Fiscal\u00eda encargada de tal tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 el fallador de segundo grado en el control de legalidad de la medida cautelar al referir: <\/p>\n
(\u2026) Si bien es cierto la Ley de extinci\u00f3n es clara en ese sentido, no toda mora representa un mal actuar del funcionario judicial, pues se deben tener en cuenta diferentes aspectos como son la complejidad del caso, el n\u00famero de bienes involucrados, el caudal probatorio, el cumulo de trabajo, las situaciones de pandemia COVID, la institucionalizaci\u00f3n o instrumentalizaci\u00f3n de las TIC, entre otras situaciones que pueden volver complejo un tr\u00e1mite ante la justicia y esto lo dejo claro la Corte Constitucional en decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la cual fijo los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si hay una mora injustificada (\u2026). <\/p>\n
Partiendo de la jurisprudencia antes citada, tenemos que dentro de la presente causa hay m\u00e1s bienes involucrados que son en total treinta y nueve (39), entre ellos bienes muebles como inmuebles, establecimientos de comercio, aunado a lo anterior, se tiene que son varios los afectados que se encuentran vinculados dentro del escrito de la Demanda (\u2026) se tiene que es bastante denso el material probatorio que consign\u00f3 la delegada del ente acusador al momento de realizar la presentaci\u00f3n de la demanda y que deb\u00eda ser valorada para su introducci\u00f3n y poder llevar a juicio el presente tramite extintivo, por lo que realizar no solo una valoraci\u00f3n probatoria sino que integrar los bienes que puedan ser producto de una actividad il\u00edcita y llamar a posibles sujetos procesales para que sean afectados con una medida cautelar, no se podr\u00eda considerar una tarea sencilla para un servidor judicial. (\u2026) Raz\u00f3n por la cual considerar que la mora judicial estar\u00eda vulnerando derechos fundamentales, no ser\u00eda el caso presente, pues no manifest\u00f3 cual ser\u00eda la gravedad de dichas medidas si persist\u00edan estas en los bienes de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed, como tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
2.3. Finalmente, no se advierte la vulneraci\u00f3n endilgada a la Sala Penal, pues en efecto, al declarar razonable la determinaci\u00f3n de la Sala de Extinci\u00f3n de dominio bajo las reglas del plazo razonable para casos complejos y ante una situaci\u00f3n de pandemia por Covid \u2013 19, el a quo s\u00ed resolvi\u00f3 el debate frente a la flexibilidad del plazo establecido en el art\u00edculo 89 del Estatuto de Extinci\u00f3n de Dominio, haciendo intrascendente para el debate de fondo entrar en conceptualizaciones te\u00f3ricas frente a si este es un t\u00e9rmino de caducidad, pues queda claro que como proceso constitucional en asuntos de extinci\u00f3n de dominio y en el caso concreto tal regla puede evaluarse a la luz de otros elementos procesales. <\/p>\n
3. En este sentido, habr\u00e1 de confirmarse la providencia recurrida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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