STC5424-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5424-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02116-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Agripina de \u00c1ngel Gamez instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00100-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, acceso a la justicia y buena fe exenta de culpa\u00bb, para que: <\/p>\n
\u00abi) Se declare que el Tribunal Superior de Cartagena, Sala de Restituci\u00f3n de Tierras, mediante el fallo de 22 de agosto de 2022, proferido dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras, conculc\u00f3 sus derechos al no reconocerle la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en la ley a favor de los opositores de los procesos de restituci\u00f3n de tierras, no obstante, a nuestro juicio, haber probado su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
ii) En su lugar se ampare [sus] derechos al no reconocerle la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en la ley a favor de los opositores de los procesos de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
iii) Dejar sin efectos la providencia de 22 de agosto de 2022, en lo que tiene que ver con que no actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, y se niega el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en la ley a favor de los opositores de los procesos de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura confutada en el juicio acumulado de restituci\u00f3n de tierras adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, orden\u00f3 la restituci\u00f3n material del predio \u201cBella Diana\u201d en favor de Pedro Manuel Obando M\u00e1rquez y Luz Zenith Blanco Acu\u00f1a y decret\u00f3 la nulidad de la compraventa que suscribi\u00f3 con aquellos respecto del citado inmueble, contenida en la escritura p\u00fablica n\u00b0 224 (26 oct. 2007) de la Notar\u00eda \u00danica de Fundaci\u00f3n \u2013 Magdalena (22 ag. 2022). <\/p>\n
En su criterio, dicha determinaci\u00f3n lesion\u00f3 sus atributos b\u00e1sicos, ya que neg\u00f3 la compensaci\u00f3n a la que ten\u00eda derecho como opositora, bajo el argumento que: \u00abi) su esposo Jos\u00e9 Lu\u00eds Orozco Bola\u00f1os adquiri\u00f3 dos propiedades constituidas como unidades agr\u00edcolas familiares; ii) infringi\u00f3 el numeral 7 del art\u00edculo 172 de la Ley 1152 de 2007 y, iii) no tuvo un actuar prudente para indagar por la situaci\u00f3n del terreno \u201cBella Diana\u201d\u00bb, desconociendo que el hecho que aunque su pareja posea otras parcelas, las mismas fueron adquiridas de forma independiente y no es due\u00f1a de ning\u00fan bien, aunado a que no le era aplicable la restricci\u00f3n de los diez a\u00f1os de que trata la Ley 1152 de 2007, pues ese lapso se encontraba vencido. <\/p>\n
Sostuvo que no es cierto que \u00abfue poco prudente en su accionar cuando adquiri\u00f3 el predio Bella Diana\u00bb, ya que, no se tuvo en cuenta la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 ante el a quo donde se muestra que previamente a efectuar la negociaci\u00f3n se reuni\u00f3 con Pedro Manuel Obando M\u00e1rquez, quien le manifest\u00f3 que \u00abno hab\u00eda problemas y que le vend\u00eda porque necesitaba el dinero para su esposa que estaba enferma\u00bb, sumado a que se trata de una persona iletrada, con vocaci\u00f3n campesina y v\u00edctima tambi\u00e9n del conflicto armado, factores que la ponen en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que fueron ignorados por el accionado al momento de zanjar la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena pidi\u00f3 negar el amparo toda vez que la providencia adoptada se bas\u00f3 en la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, existiendo congruencia entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de la misma dependencia inform\u00f3 que Agripina fue enterada de la resoluci\u00f3n censurada el 11 de noviembre de 2022 por oficio n\u00b0 5523 y correo electr\u00f3nico de 15 de noviembre siguiente, cobrando ejecutoria el d\u00eda 24 siguiente. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa especialidad y el Procurador 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta indicaron que \u00abla presente acci\u00f3n no cumple con el requisito relativo a la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Sandra Espinoza Canchano requiri\u00f3 descartar su correo electr\u00f3nico personal para efectos de notificaciones en tanto dej\u00f3 de ser la curadora dado que fue posesionada en propiedad como secretaria del Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n \u2013 Magdalena. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Hidrocarburos \u2013 ANH aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el pliego genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que la promotora se duele del fallo emitido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, que estim\u00f3 que no satisfac\u00eda los presupuestos para superar el est\u00e1ndar de \u00abla buena fe exenta de culpa\u00bb en la compra del terreno \u201cBella Diana\u201d, lo que genera el \u00abno reconocimiento de la compensaci\u00f3n\u00bb establecida para los \u00abopositores\u00bb dentro de asuntos de restituci\u00f3n de tierras, porque, en su opini\u00f3n, se incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, debido a que exist\u00eda evidencias que demostraban todo lo contrario. <\/p>\n
No obstante, de la actuaci\u00f3n acercada al dossier, se tiene que tal prove\u00eddo data del 22 de agosto de 2022, enterado a la precursora por oficio 5523 de 11 de noviembre y por correo electr\u00f3nico de 15 de noviembre de esa calenda, lo que denota que se incumpli\u00f3 la exigencia de la inmediatez que caracteriza este sendero, porque transcurrieron seis (6) meses y once (11) d\u00edas a la fecha de radicaci\u00f3n del pliego superlativo (26 may. 2023), es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta- STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada hace poco en STC963-2022 y en la STC3309-2023). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, STC10045-2022 y STC4347-2023. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la tutelante se demor\u00f3 en interponer la acci\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este tr\u00e1mite est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis all\u00ed se\u00f1aladas, puesto que la actora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda, limit\u00e1ndose s\u00f3lo a decir que, pese a que la providencia fue proferida el 22 de agosto de 2022, lo que \u00abindica que la notificaci\u00f3n se surti\u00f3 por lo menos a mediados de diciembre de 2022, ad portas de la vacancia judicial de fin de a\u00f1o\u00bb, lo que no es de recibo, ya que el veredicto reprochado, se itera, fue puesto en conocimiento el 15 de noviembre de 2022 y qued\u00f3 en firme el 24 de noviembre a las 5:00 p.m., conforme certificaci\u00f3n allegada por la secretar\u00eda del Tribunal criticado, por lo que cont\u00f3 con un lapso prudencial para ejercer esta especial instrumento. <\/p>\n
3.- Ergo, surge infructuoso el amparo clamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Agripina de \u00c1ngel Gamez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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