STC5431-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5431-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00617-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, dignidad humana, seguridad social, seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima\u00bb, para que se dejaran \u00absin efectos las sentencias proferidas el d\u00eda 17 de julio de 2020 y (\u2026) el 21 de febrero de 2023\u00bb y, en su lugar, se declarara \u00abineficaz [su] traslado surtido del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida al (\u2026) de ahorro individual con solidaridad por no haber[l]e dado informaci\u00f3n suficiente y necesaria\u00bb. <\/p>\n
En resumen, se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura cuestionada en el ordinario laboral que formul\u00f3 contra las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. y Protecci\u00f3n S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones -, con el objeto de obtener \u00abla declaraci\u00f3n de nulidad y\/o ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional\u00bb, no quebr\u00f3 la sentencia emitida el 17 de julio de 2020 por el ad quem, que revoc\u00f3 lo resuelto en la primera instancia y absolvi\u00f3 a las demandadas (SL272-2023, 21 feb.). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal prove\u00eddo adolece de tres defectos: i) Procedimental por exceso ritual manifiesto, al no estudiar el fondo de la controversia, en atenci\u00f3n a los yerros formales de su recurso extraordinario; ii) F\u00e1ctico, en tanto, pas\u00f3 por alto que el Tribunal dio \u00abpor probado un hecho que no existe\u00bb, pues se \u00abbasa (\u2026) en una prueba -formulario de afiliaci\u00f3n- que nunca se aport\u00f3 al proceso\u00bb; y, iii) Desconocimiento del \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb al omitir que, seg\u00fan lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia \u00abel formulario es insuficiente para probar que se dio la informaci\u00f3n necesaria y suficiente para tener como v\u00e1lido un traslado de r\u00e9gimen pensional\u00bb y, que \u00absi el actor afirma que no fue ilustrado e informado sobre los efectos del traslado, ni se le hizo proyecci\u00f3n alguna acerca del capital necesario para pensionarse y sobre lo que significaba el incremento de cotizaciones; tampoco, sobre las condiciones en que se pensionaria, ni se le advirti\u00f3 acerca de la p\u00e9rdida de los beneficios de estar en el ISS, se invierte la carga de la prueba, por lo cual, no se trata de exigir probar con determinada prueba puesto que no se trata de una tarifa legal, lo que se busca con esta inversi\u00f3n es que exista un equilibro de las cargas procesales, por lo cual es la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas PROTECCI\u00d3N S.A. a quien le correspond\u00eda acreditar no solo la existencia de la afiliaci\u00f3n sino que dicho traslado aconteci\u00f3 de manera informada\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las administradoras de fondos privados lo indujeron en error al darle \u00abinformaci\u00f3n que gravitaba en torno a crear incertidumbre respecto de la quiebra de Colpensiones\u00bb, asegur\u00e1ndole que \u00ablas finanzas del entonces I.S.S. eran d\u00e9biles y que con el tiempo no ser\u00edan suficientes para lograr pensionar[s]e\u00bb y, que, por el contrario, \u00abnunca recib[i\u00f3] informaci\u00f3n que [l]e permitiese entender las implicaciones que [l]e hab\u00eda conllevado el traslado de r\u00e9gimen pensional\u00bb, sufriendo hoy en d\u00eda las desfavorables consecuencias de tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que \u00e9sta tiene soporte en la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, de donde coligi\u00f3 que la pretensi\u00f3n del gestor es \u00abrevivir un debate ya concluido, y que era objeto \u00fanicamente del proceso ordinario\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 asever\u00f3 no haber transgredido las garant\u00edas del promotor \u00aben la medida que la nulidad de traslado declarado obedeci\u00f3 a la falta de informaci\u00f3n, en el momento del traslado de r\u00e9gimen pensional, que \u201clas administradoras de fondos de pensiones est\u00e1n llamadas a atender\u201d, para lo cual, se tom\u00f3 como referencia la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 31989\u00bb. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. expres\u00f3 que \u00abel asunto en discusi\u00f3n se configura en una \u201ccosa juzgada\u201d, definida nuevamente por la Corte Constitucional\u00bb en C-100 de 2019, cuyo fragmento pertinente cit\u00f3; en ese sentido, destac\u00f3 la improcedencia de la queja superlativa. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que hall\u00f3 demostrado el excesivo rigorismo de la Colegiatura criticada, que con soporte en \u00abalgunas aclaraciones de voto, que no reflejan el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente\u00bb, se abstuvo de pronunciarse sobre \u00abla ineficacia del traslado de r\u00e9gimen de pensiones\u00bb, basada en la \u00abindebida formulaci\u00f3n\u00bb del recurso de casaci\u00f3n, lo cual conllev\u00f3 \u00abuna inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb, seg\u00fan lo determinado en STP15904-2022, con fundamento en la postura que, en esta materia, tiene fijada \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral (permanente)\u00bb en SL31989-2008, SL1452-2019, SL1688-2019, SL4426-2019, reiterada en STL4759-2020 y STL5435-2020, entre otras. <\/p>\n
En el caso concreto, dijo, <\/p>\n
\u00abse constata que fue alegado el desconocimiento de \u00abla jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre en su especialidad laboral\u00bb en tanto la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (i) consider\u00f3 que para el momento del traslado (1997) los fondos de pensiones no ten\u00edan el deber de informar a los afiliados, (ii) estim\u00f3 que la carga de la prueba reca\u00eda exclusivamente en el afiliado, y (iii) dio por demostrado que la firma de un formulario de afiliaci\u00f3n (que nunca estuvo dentro del acervo probatorio) acredita que el traslado de r\u00e9gimen fue informado y, ligado a ello, que ello tambi\u00e9n se acreditaba con el interrogatorio de parte del afiliado, sin comprobar la informaci\u00f3n realmente suministrada: \u00abla firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como \u201cla afiliaci\u00f3n se hace libre y voluntaria\u201d, \u201cse ha efectuado libre, espont\u00e1nea y sin presiones\u201d u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de informaci\u00f3n. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado\u00bb. <\/p>\n
Consecuentemente, acogi\u00f3 la s\u00faplica y orden\u00f3 a la Sala recriminada dictar \u00abuna nueva decisi\u00f3n acorde con (i) lo expuesto en las consideraciones de esta decisi\u00f3n, acerca de que no puede anteponer las formas sobre lo sustancial, y (ii) el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (permanente) de la Corte Suprema de Justicia sobre la ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
4.- Protecci\u00f3n S.A. replic\u00f3 insistiendo en la inviabilidad del auxilio, en atenci\u00f3n a que hay \u00abcosa juzgada\u00bb sobre el objeto de la Litis; recalc\u00f3 que \u00aba la parte demandante se explicaron las condiciones del r\u00e9gimen de ahorro individual RAIS y sus diferencias con el r\u00e9gimen de prima media RPM, dejando claridad en que uno y otro son excluyentes y que cada uno conlleva sus propias regulaciones sin que pudiera hablarse de ventajas o desventajas o consecuencias negativas entre ambos, que simplemente son reg\u00edmenes diferentes que traen consecuencias diferentes para cada persona\u00bb, luego la elecci\u00f3n repudiada fue \u00ablibre, voluntaria y con informaci\u00f3n pormenorizada respecto a su futuro pensional\u00bb. <\/p>\n
Requiri\u00f3 que, de estimar procedente el resguardo, se eval\u00faen las excepciones que propuso en el \u00abordinario laboral\u00bb, consistentes en la \u00abla validez y eficacia del acto jur\u00eddico de afiliaci\u00f3n al RAIS\u00bb; \u00abirretroactividad de las normas jur\u00eddicas\u00bb; \u00abinaplicabilidad del precedente y NO inversi\u00f3n de la carga de la prueba\u00bb, porque el querellante \u00abNO ES BENEFICIARIO DEL R\u00c9GIMEN DE TRANSICI\u00d3N y en conclusi\u00f3n no es vinculante para el Juez acatar estas reglas ya que se trata de un caso aislado al que no puede darse la misma consecuencia jur\u00eddica\u00bb; \u00abfalta de ejercicio de la facultad de trasladarse al RPM\u00bb; \u00abla variaci\u00f3n del monto de la pensi\u00f3n NO constituye vicio del consentimiento ni causal de ineficacia\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y falta de causa para pedir\u00bb; \u00abbuena fe\u00bb; \u00abaprovechamiento indebido de los recursos p\u00fablicos y del sistema general de pensiones\u00bb; e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de devolver la comisi\u00f3n de administraci\u00f3n cuando se declara la nulidad y\/o ineficacia de la afiliaci\u00f3n por falta de causa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada se anuncia la refrendaci\u00f3n de lo solventado por el a quo, toda vez que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, con el veredicto SL272-2023 que resolvi\u00f3 no casar \u00abla sentencia dictada el diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb en el proceso n.\u00b0 110013105034201600628, incurri\u00f3 en varias irregularidades que hacen procedente la mediaci\u00f3n del juez constitucional a fin de restablecer el \u00abdebido proceso\u00bb que asiste al gestor. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto en dicha determinaci\u00f3n sacrific\u00f3 el \u00abderecho sustancial\u00bb de Arango Villegas, al no abordar la cuesti\u00f3n litigiosa planteada en el remedio extraordinario, porque el impugnante i) Mezcl\u00f3 en sus dos ataques \u00abargumentos f\u00e1cticos y de derecho\u00bb; ii) Critic\u00f3 \u00abel actuar de la AFP demandada, antes que los razonamientos del Tribunal\u00bb, convirtiendo su reparo excepcional en un alegato de instancia; y, iii) No desvirtu\u00f3 \u00abcon argumentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos, la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con la que cuenta la sentencia atacada\u00bb, al confrontar lo dirimido con la jurisprudencia y la ley como era debido. <\/p>\n
2.- Encuentra esta Sala que la autoridad demandada no evalu\u00f3 el segundo ataque del casacionista, donde denunci\u00f3 la transgresi\u00f3n indirecta del \u00abart\u00edculo 97 del estatuto financiero, art\u00edculos 51, 52, 54 a 60, 61, 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral, C\u00f3digo General del Proceso art\u00edculos 164 165, 167, 176, C\u00f3digo Civil articulo (sic) 1604; Ley 100 de 1993 art\u00edculo 13 y 272; art. 11, literal b, Ley 1328\/2009; Decreto 656 de 1.994 articulo 15. inciso 5; art\u00edculos 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, con base en que el Tribunal \u00abdio por demostrado el cambio de traslado de r\u00e9gimen pensional a trav\u00e9s de un formulario de afiliaci\u00f3n de protecci\u00f3n que nunca estuvo dentro del acervo probatorio, dando por probado un hecho sin estarlo, por una mala apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb, explicando que a\u00fan de haberse adosado tal documento, el mismo no era id\u00f3neo para tener por acreditado su consentimiento libre, espont\u00e1neo y sin presiones y que dicho elemento de cognici\u00f3n no era sustituible por \u00abel certificado SIAFP expedido por ASOFONDOS\u00bb, ni por su interrogatorio de parte, donde admiti\u00f3 haber recibido informaci\u00f3n gen\u00e9rica, m\u00e1s no particular sobre las consecuencias que individualmente le traer\u00edan el \u00abtraslado\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, los asertos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no muestran una correlaci\u00f3n con el contenido del embate descrito, porque, en principio, no se advierte la mixtura entre t\u00f3picos \u00abf\u00e1cticos y de derecho\u00bb, ni que el querellante est\u00e9 esgrimiendo un \u00abalegato de instancia\u00bb o se haya sustra\u00eddo a su deber de cuestionar el ejercicio valorativo del ad quem, luego la \u00abmotivaci\u00f3n\u00bb exhibida para contestar a su tesis, resulta insuficiente. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto que guarda simetr\u00eda con el de ahora, esta Sala detall\u00f3, <\/p>\n
[E]n la rese\u00f1ada decisi\u00f3n no se abarc\u00f3 la tem\u00e1tica sobre el deber de informaci\u00f3n al momento de efectuar el precitado traslado \u2013que, para este caso, fue del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida administrado por Colpensiones, al de ahorro individual con solidaridad, a cargo de las AFP\u2013, ni de los requisitos para as\u00ed acreditar, elementos que precisamente fueron objeto de debate en el sub ex\u00e1mine; por lo que, como se evidencia, no hubo correspondencia entre la discusi\u00f3n jur\u00eddica y los argumentos utilizados para definir la defensa extraordinaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deviene di\u00e1fano que, tal como lo recalc\u00f3 el a quo al conceder el amparo, deb\u00edan tenerse en cuenta elementos como \u00abel cumplimiento de la asesor\u00eda o informaci\u00f3n debidas\u00bb, para resolver de forma integral la problem\u00e1tica expuesta por la memorialista; pues, se itera, \u00abla tesis de los llamados \u00abactos de relacionamiento\u00bb, que fue abordada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 permanente- de esta Corte en la SL413-2018, no para definir un caso de ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, sino en un asunto en el que se discut\u00eda el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, donde result\u00f3 necesario el an\u00e1lisis de la voluntad de permanencia del afiliado en un espec\u00edfico r\u00e9gimen pensional\u00bb, como en efecto se concluy\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
4.3. De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (STC1268-2022). <\/p>\n
3.- Con todo, de estimarse que el embiste no fue debidamente sustentado, ha de memorarse que la Corte Constitucional dej\u00f3 sentado, de manera reciente, que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en materia laboral, es un instrumento indispensable para resguardar los privilegios superlativos de los trabajadores, cuando es palpable su infracci\u00f3n y debe utilizarse, aun de manera oficiosa, por el \u00f3rgano de cierre de esa especialidad. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, puntualiz\u00f3, unificando su postura al respecto, que: <\/p>\n
El entendimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en materia laboral previsto en el Decreto Ley 2158 de 1948 a partir de la axiolog\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 supone una modificaci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n del car\u00e1cter extraordinario, dispositivo y riguroso del mismo. En primer lugar, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, a la luz de la Constituci\u00f3n, tiene como resultado que \u201cla admisi\u00f3n de este recurso no s\u00f3lo se encuentra sujeta a las causales taxativas contempladas en la ley, sino que, en virtud de los derechos fundamentales incorporados en la Carta Pol\u00edtica de 1991, se entiende que ser\u00e1 admisible ante la violaci\u00f3n que sobre alguno de ellos se presente por una decisi\u00f3n judicial\u201d. En segundo lugar, el car\u00e1cter rogado y dispositivo encuentra una excepci\u00f3n, cuando existe una violaci\u00f3n evidente de derechos fundamentales. De ah\u00ed que esta Corte haya reconocido que as\u00ed la violaci\u00f3n de los derechos aludidos no se formule expresamente \u201ces obligatorio para el tribunal de casaci\u00f3n pronunciarse oficiosamente\u201d porque una \u201csentencia que no ha sido dictada conforme a la ley sino contrari\u00e1ndola, jam\u00e1s podr\u00e1 tenerse como v\u00e1lidamente expedida y, mucho menos, puede ejecutarse\u201d (C.C. SU143-2020). <\/p>\n
4.- Precisamente, en relaci\u00f3n con la ineficacia del traslado y el cumplimiento del deber de informaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, tiene fijado un s\u00f3lido precedente, consistente en que, desde que se implement\u00f3 el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones y se concibi\u00f3 la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesant\u00edas – AFP, se radic\u00f3 en cabeza de ellas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las caracter\u00edsticas de cada uno de los dos reg\u00edmenes pensionales, con el fin que puedan tomar \u00abdecisiones debidamente informadas\u00bb (CSJ SL4360-2019, CSJ SL2611-2020, CSJ SL4806-2020 SL1197-2021, CSJ SL1465-2021, CSJ SL755-2022 y CSJ SL779-2022, SL932-2023, SL1084-2023, STL056-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha establecido que el an\u00e1lisis probatorio se dirige a determinar si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumpli\u00f3 el \u00abdeber de informaci\u00f3n\u00bb, sin tener en cuenta los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar (STP15228-2021 y SL1084-2023). <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, ha predicado insistentemente que, si la debida asesor\u00eda no se brinda con anterioridad y\/o al momento de la materializaci\u00f3n del traslado, pierde su utilidad, lo que equivale a la ausencia de informaci\u00f3n (SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021, SL779-2022, reiterado en STC6453-2022 y STL300-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al cotejarse los fundamentos de la resoluci\u00f3n confutada con los desarrollos jurisprudenciales mencionados, se advierte que la Colegiatura acusada se distanci\u00f3 de los \u00abpronunciamientos\u00bb de la m\u00e1xima guardiana de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, sin justificaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
De suerte que, se advierte estructurado un defecto por \u00abdesconocimiento del precedente judicial\u00bb, frente al cual, la misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral, ha dicho, <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta al desconocimiento del precedente jurisprudencial como causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, esta Colegiatura ha se\u00f1alado de manera reiterada que el respeto a los pronunciamientos judiciales de los m\u00e1ximos tribunales de cierre guarda una estrecha relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad, en tanto garant\u00eda constitucional que les permite a los ciudadanos obtener decisiones judiciales id\u00e9nticas frente a casos semejantes. Paralelamente, el respeto de los jueces ordinarios a los precedentes fijados por las Altas Cortes tiene un car\u00e1cter ordenador y unificador, dado que asegura una mayor coherencia del sistema jur\u00eddico, seguridad, confianza y certeza del derecho. <\/p>\n
Lo anterior no significa que los jueces no puedan apartarse de la jurisprudencia de los \u00f3rganos jurisdiccionales de cierre, como expresi\u00f3n de la autonom\u00eda judicial constitucional; sin embargo, para que ello sea v\u00e1lido, es necesario el previo cumplimiento del estricto deber de identificaci\u00f3n del precedente en la decisi\u00f3n y de carga argumentativa suficiente y v\u00e1lida ya que la jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella\u00bb (STL8707-2020, reiterada en STL300-2023). <\/p>\n
5.- No cabe duda que los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, sin embargo, no se trata de una facultad irrestricta, de la que puedan hacer uso sin ning\u00fan tipo de limitaciones, ya que, es claro que en virtud del deber que asiste a quienes ejercen jurisdicci\u00f3n, tienen la carga de \u00abargumentar\u00bb adecuada y suficientemente las razones por las cuales es necesario definir la controversia, explicando a la luz de las evidencias recaudadas y las reglas previstas en el estatuto laboral por qu\u00e9 la medida adoptada en relevo del querer del memorialista es la \u00abm\u00e1s justa para las partes\u00bb. <\/p>\n
Lo que exige, a su vez, un an\u00e1lisis cr\u00edtico y juicioso de las aspiraciones que el convocante estima pertinentes para hacer efectiva la prerrogativa que reclama, as\u00ed como de sus fundamentos, su oposici\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n recaudados para respaldar las posturas de las partes. De suerte que pueda explicarse, plausiblemente, la pertinencia o improcedencia de los pedimentos de quien acude a la administraci\u00f3n de justicia en busca de que sus \u00abderechos\u00bb como afiliado sean examinados. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el \u00abdebido proceso\u00bb de los litigantes exige que los servidores de la Rama Judicial \u00abmotiven\u00bb sus \u00abdecisiones\u00bb frente a los hechos demostrados y las normas aplicables a su caso, a fin de que puedan conocer \u00ablas razones\u00bb por las cuales se acogen o desestiman sus rogativas. <\/p>\n
Por eso esta Corte ha insistido, en que: <\/p>\n
De suerte que, si se trata de fallar \u00abinfra, extra\u00bb y \u00abultrapetita\u00bb en un pleito ordinario laboral, y adoptar la disposici\u00f3n que se \u00abconsidere m\u00e1s justa para las partes del proceso\u00bb, el juzgador deber\u00e1 \u00abmotivar en debida forma las razones\u00bb por las cuales es viable dilucidarlo de modo distinto a lo anhelado por el petente, con miras en los supuestos f\u00e1cticos alegados y probados en la pugna, al igual que las pautas que rigen esa clase de contiendas. <\/p>\n
6.- En ese orden, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5431-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5431-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00617-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El querellante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}