STC5440-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5440-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2023-00022-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de mayo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela que el Procurador Veinte Judicial para Asuntos de Infancia, Adolescencia y Familia de Pasto como agente oficioso de la menor Sof\u00eda, instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz \u2013Nari\u00f1o. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en la calidad anunciada, invoc\u00f3 la guarda de la prerrogativa al \u00abdebido proceso y derechos fundamentales de los ni\u00f1os\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos \u00abla providencia que se abstuvo de conocer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz\u00bb y, en consecuencia, \u00abSe disponga asumir el conocimiento del PARD por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz, y de ser el caso disponer las medidas de protecci\u00f3n que correspondan, encaminadas a la b\u00fasqueda de ni\u00f1a (sic) por medio de los mecanismos que contempla la ley\u00bb. <\/p>\n
Del dossier y escrito genitor se extrae que el Grupo de Protecci\u00f3n a la Infancia y Adolescencia del ICBF report\u00f3 el caso de la ni\u00f1a Sof\u00eda, frente a su situaci\u00f3n personal y familiar (21 mar. 2022), por lo que, la Comisar\u00eda de Familia de la Cruz \u2013Nari\u00f1o, orden\u00f3 la verificaci\u00f3n de derechos de aquella (22 mar.) y, cumplido ello, abri\u00f3 la investigaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos (rad. 038-2022) en la que determin\u00f3 que \u00abexiste una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos de la menor, debido a que se encuentra viviendo en condiciones precarias y se evidencia una situaci\u00f3n de riesgo y vulnerabilidad, por lo que se decret\u00f3 como medida provisional, la ubicaci\u00f3n de la ni\u00f1a en un Hogar Sustituto\u00bb (29 mar.). <\/p>\n
El Comisario de Familia \u00abdeclar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a D.M.B., decret\u00f3 la medida provisional de protecci\u00f3n de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, y solicit\u00f3 al equipo interdisciplinario de dicha Comisar\u00eda realizar el seguimiento del caso\u00bb (Res. 005, 23 may.); posteriormente, celebr\u00f3 \u00abaudiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y fallo, resolviendo declarar en vulneraci\u00f3n los derechos de la ni\u00f1a y prorrogar las medidas adoptadas anteriormente, siendo la decisi\u00f3n notificada en estrados\u00bb (Res. 031, 15 sep.); no obstante, remiti\u00f3 el paginario al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz \u2013Nari\u00f1o \u00abaduciendo la p\u00e9rdida de competencia con ocasi\u00f3n de la configuraci\u00f3n de una nulidad por haber omitido la notificaci\u00f3n del auto de apertura de investigaci\u00f3n\u2026\u00bb (22 feb. 2023). <\/p>\n
Sostuvo el gestor que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz \u2013Nari\u00f1o, se abstuvo de avocar conocimiento del P.A.R.D n\u00b0 2023-00048-00 (23 feb.); decisi\u00f3n que, en su criterio \u00abviola flagrantemente las normas de la ley 1098 de 2006 y del C\u00f3digo General del Proceso pues exige la obligaci\u00f3n de notificar personalmente a los representantes judiciales o cuidadores del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de la primera providencia que se emita en el curso del proceso administrativo de restablecimiento de derechos\u00bb y las dem\u00e1s se notificar\u00e1n por estados. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con tal determinaci\u00f3n, el estrado confutado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental\u00bb, en tanto, en el citado tramite est\u00e1 proscrita la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb por conducta concluyente, \u00abpor tal manera que desde todos los aspectos la decisi\u00f3n resulta contraria a derecho, en consecuencia los t\u00e9rminos est\u00e1n vencidos y debe el juzgado asumir el tr\u00e1mite en menci\u00f3n, si es que hay lugar a ello, pues obviamente para que tenga lugar el mismo se requiere la ubicaci\u00f3n de la ni\u00f1a sujeto de protecci\u00f3n\u00bb; cuesti\u00f3n que por el momento es incierta, habida cuenta que, el Consejo de Seguridad Departamental convocado por el Gobernador de Nari\u00f1o de manera extraordinaria (22 feb.), dio a conocer el \u00abpresunto secuestro de la menor SOFIA, de una instituci\u00f3n educativa ubicada en el municipio de La Uni\u00f3n \u2013 Nari\u00f1o\u00bb acaecido el 20 de febrero \u00faltimo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abEl art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018 que modific\u00f3, algunos art\u00edculos de la Ley 1098 de 2006, establece en el par\u00e1grafo 2\u00ba la posibilidad de subsanar los yerros en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos mediante el decreto de la nulidad de la actuaci\u00f3n, siempre y cuando se evidencian antes del vencimiento del t\u00e9rmino para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica, por las causales establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso y mediante auto motivado susceptible de recurso de reposici\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que, esa facultad corresponde a la autoridad administrativa de restablecimiento de derechos y, para su decreto se deber\u00e1 remitir a las causales de nulidad establecidas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; am\u00e9n de ello, en caso de que \u00abse haya superado el t\u00e9rmino de los 6 meses del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la autoridad administrativa no podr\u00e1 subsanar la actuaci\u00f3n y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para que resuelva la nulidad avizorada en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en la sentencia T-768 de 2013, la Corte Constitucional encontr\u00f3 configurado \u00abun defecto procedimental, al notificar por edicto el auto de apertura argumentando que se desconoc\u00eda el paradero de la madre, a pesar de que en el expediente exist\u00edan datos que hubieran servido para ubicarla\u00bb por cuanto, \u00abel hecho de no surtir el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n personal del auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de menores en presunto abandono obstruye los derechos al debido proceso y a la defensa\u00bb. Asimismo, que \u00aben el mismo sentido puede verse el Concepto 33 de 2017 de abril 5, 10400\/1760837879, emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz \u2013 Nari\u00f1o defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y resalt\u00f3 que \u00abcontrario de lo expuesto por el actor, de manera alguna trasgrede los derechos al debido proceso y de defensa de la ni\u00f1a SOF\u00cdA, ello por cuanto, tal y como se consider\u00f3 en la providencia objeto de la presente acci\u00f3n, la madre de la ni\u00f1a, se\u00f1ora CARLOTA, s\u00ed estaba notificada de la existencia del proceso de restablecimiento de derechos de su hija y fue vinculada al mismo, tal y como se aprecia en la constancia suscrita por la profesional de la comisar\u00eda de familia de La Cruz (N), del 23 de marzo de 2022\u00bb. Lo anterior, porque \u00abel mismo Comisario de Familia en la audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y fallo, describi\u00f3 con detalle que, desde la apertura del PARD, \u00e9ste fue notificado debidamente, ratificando que, la progenitora de la ni\u00f1a SOF\u00cdA, conoc\u00eda plenamente del proceso y tambi\u00e9n de la medida de UBICACI\u00d3N en hogar sustituto desde dicha data, esto es, desde el 29 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abtrat\u00e1ndose de un proceso de restablecimiento de derechos de una ni\u00f1a que, atendiendo al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y evidenciando que, todas y cada una de las actuaciones al interior del mencionado proceso, surtieron el efecto que se persegu\u00eda, esto es que, se garantizara la prevalencia de los derechos de SOF\u00cdA, sin que, con ello, se haya atentado contra el derecho de defensa y debido proceso\u00bb, tanto m\u00e1s si, \u00abel accionante [no] logr\u00f3 demostrar la existencia de la pretendida nulidad ni de una verdadera afectaci\u00f3n derivada de la misma, limit\u00e1ndose a trascribir las normas aplicables y a descontextualizar una providencia de tutela, con supuestos f\u00e1cticos diametralmente distintos al asunto de estudio\u00bb. Por lo esbozado, se opuso a la salvaguarda, ante la \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n, como quiera que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de los presupuestos que permiten su viabilidad y se declare la falta de competencia en atenci\u00f3n al cambio de domicilio de la ni\u00f1a D.M.B\u00bb. <\/p>\n
La Coordinadora y la Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal la Uni\u00f3n, contestaron que \u00abtodo el desarrollo procesal administrativo en cuanto acciones le corresponden y son de responsabilidad de la autoridad administrativa de origen, en este caso la comisaria de familia de la Cruz Nari\u00f1o\u00bb; sumado al hecho que, \u00ab[c]uando se produjo el plagio de la ni\u00f1a por parte de la madre, [ese] Centro Zonal prest\u00f3 toda la colaboraci\u00f3n necesaria a la Comisaria de Familia de la Cruz Nari\u00f1o y autoridades para diligencias previas, en aras a la protecci\u00f3n integral y derechos de la ni\u00f1a (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Pasto desestim\u00f3 el amparo, porque, \u00ab(\u2026) conforme lo expone la parte actora y el Juzgado accionado, ya hab\u00eda culminado la actuaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos a favor de la ni\u00f1a SOF\u00cdA, la cual puede apreciarse en la Resoluci\u00f3n No. 005 del 23 de mayo de 2022, donde se resolvi\u00f3 declarar en vulneraci\u00f3n de derechos, corroborando la medida provisional que se hab\u00eda decretado otrora, consistente en su ubicaci\u00f3n en un lugar sustituto, y adem\u00e1s, se orden\u00f3 al equipo interdisciplinario de la entidad, realizar el seguimiento del caso, medidas que fueron prorrogadas mediante Resoluci\u00f3n No. 031 del 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, decisi\u00f3n notificada por estrados\u00bb; por lo que, \u00abpara el momento en que se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por la Comisar\u00eda de Familia de La Cruz y por consecuencia, la p\u00e9rdida de su competencia para el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos, la realidad procesal indica que dicho tr\u00e1mite ya hab\u00eda terminado a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n definitiva en firme\u00bb, es decir que, \u00abuna vez culminada su vigencia, fue prorrogada en sus mandatos, de ah\u00ed que el tr\u00e1mite se encontraba en la etapa de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de lo resuelto, lo cual deb\u00eda ser verificado, como bien se advierte en dichas resoluciones, por el equipo interdisciplinario de la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abno resultaba de recibo la declaraci\u00f3n de nulidad de lo actuado, y en ese orden de ideas, se encuentra que la providencia de 23 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, si bien no invoc\u00f3 los motivos suficientes para abstenerse de asumir la competencia del asunto, no es vulneradora de los derechos de la ni\u00f1a SOF\u00cdA\u00bb, porque (i) \u00abjam\u00e1s dej\u00f3 a la mencionada infante por fuera de la protecci\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de autoridad competente, raz\u00f3n por lo que las prerrogativas radicadas en la ni\u00f1a no fueron afectadas en manera alguna\u00bb y, (ii) \u00abpor cuanto, la parte resolutiva de la providencia, s\u00ed encuentra asidero jur\u00eddico, a efectos de no asumir la competencia del asunto para dejarla radicada en la Comisar\u00eda de Familia de La Cruz, quien ya hab\u00eda adoptado las resoluciones de restablecimiento de derechos y su ejecuci\u00f3n y cumplimiento estaba a cargo de su equipo interdisciplinario. Motivos por los cuales se negar\u00e1 el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
4.- Ese desenlace fue repelido por el actor, quien mencion\u00f3 que, en directriz de abril 28 de 2020, expedida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (rad. 2019-00215-00) se dispuso que \u00ab(\u2026) la fase de seguimiento tiene un t\u00e9rmino de 6 meses, prorrogable por 6 meses m\u00e1s, y debe finalizar con la definici\u00f3n de fondo de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente determinando el cierre del proceso (\u2026) todo el proceso de protecci\u00f3n desde la informaci\u00f3n inicial de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n, debe adelantarse en m\u00e1ximo 18 meses\u00bb; al un\u00edsono, la Corte Constitucional en sentencia T-336 de 2019, estim\u00f3 que la \u00ab(\u2026) Defensor\u00eda perder\u00e1 competencia cuando no haya definido la situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de los primeros 6 meses, y cuando no prorrogue el t\u00e9rmino inicial del seguimiento. En todo caso la norma advierte que en ning\u00fan caso el PARD con el seguimiento podr\u00e1 exceder los dieciocho (18) meses\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, asever\u00f3 que \u00abla pr\u00f3rroga de 6 meses, si se cuenta desde la fecha que se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo suministra un periodo que va desde el 23 de noviembre de 2022, de tal manera que la pr\u00f3rroga de 6 meses adicionales se extiende hasta el 23 de mayo de 2023; ahora en aras de adoptar un punto de vista m\u00e1s restrictivo, aun si se tomara desde la fecha de la pr\u00f3rroga, esto es desde el 15 de septiembre de 2002 (sic) se extiende los seis meses hasta el 15 de marzo de 2023\u00bb, por lo tanto, \u00abno es cierto que el proceso, a la fecha que fue puesto en manos del Juzgado Promiscuo de Familia de La Cruz estuviera concluido, (\u2026) habida cuenta que el cierre del proceso procede una vez se constate el restablecimiento efectivo de los derechos del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente o a otras situaciones que pueden presentarse de manera intempestiva en el curso del mismo, tales como la evasi\u00f3n del menor de edad, en este caso se ha verificado una evasi\u00f3n del programa de hogares sustitutos del ICBF (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ratific\u00f3 su tesis y la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 en la demanda inaugural, frente a la necesidad de notificaci\u00f3n en el PARD de la progenitora de la menor, basado en la C-228 de 2008 y T- 768 de 2013 y que, su hip\u00f3tesis como procurador judicial para asuntos de familia, es que, la ausencia de comunicaci\u00f3n personal del PARD es \u00abcausal de nulidad absoluta\u00bb, que en su opini\u00f3n, no es saneable, dado que, \u00abel da\u00f1o inferido no solo comprende los derechos del ni\u00f1o sino los derechos de su madre o representante legal, como es a mantener la crianza en el seno de la familia biol\u00f3gica, tal afrenta no es reparable ni se la puede revertir a corto plazo, la \u00fanica posibilidad de enmendar los errores cometidos por la Comisaria de Familia es que de manera oportuna el juez de familia asuma el proceso, complemente la instrucci\u00f3n y falle en un t\u00e9rmino perentorio de dos meses (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia la inviabilidad del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, en tanto de la revisi\u00f3n del material suasorio sometido al escrutinio de esta Sala, se constata que el interlocutorio criticado emitido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito De La Cruz \u2013Nari\u00f1o (23 feb. 2023), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, el iudex confutado relat\u00f3 las etapas del procedimiento adelantado por la Comisar\u00eda de Familia de la Cruz \u2013Nari\u00f1o, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abMediante auto del 29 de marzo de 2022, se dio apertura a la investigaci\u00f3n administrativa de restablecimiento derechos en la cual se determin\u00f3 que existe una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos de SOF\u00cdA, debido a que se encuentra viviendo en condiciones precarias y se evidencia una situaci\u00f3n de riesgo y vulnerabilidad. De igual manera, con base en el art\u00edculo 59 de la Ley 1098 de 2006, se decret\u00f3 y dispuso como medida provisional, la ubicaci\u00f3n de la ni\u00f1a en un Hogar Sustituto (f. 23\/25). <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n 005 del 23 de mayo de 2022, se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a SOF\u00cdA, decret\u00f3 la medida provisional de protecci\u00f3n de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, y solicit\u00f3 al equipo interdisciplinario de dicha Comisar\u00eda realizar el seguimiento del caso (f. 34\/36). <\/p>\n
A trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n 031 del 15 de septiembre de 2022, se realiz\u00f3 audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y fallo, resolviendo declarar en vulneraci\u00f3n los derechos de la ni\u00f1a y prorrogar las medidas adoptadas anteriormente, siendo la decisi\u00f3n notificada en estrados (f. 121\/131)\u00bb. <\/p>\n
Luego, fundament\u00f3 su posici\u00f3n en que, la Comisar\u00eda que, aleg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia derivada de la configuraci\u00f3n de una \u00abcausal de nulidad\u00bb por la presunta omisi\u00f3n de la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb del auto de apertura de investigaci\u00f3n, s\u00f3lo la \u00abperder\u00eda\u00bb si deja fenecer el lapso para emitir la resoluci\u00f3n correspondiente, con el que contar\u00eda para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la infanta. Para ello esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 102 del C\u00f3digo de Infancia de Adolescencia, debe decirse que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 12\u00ba del art\u00edculo 100 del citado c\u00f3digo, reformado por el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, un asunto deja de ser competencia de la autoridad administrativa y pasa la competencia al Juzgado de Familia cuando esta autoridad administrativa ha dejado vencer el t\u00e9rmino se\u00f1alado para fallar. A su paso, el par\u00e1grafo 2o, refiere, \u201cLa subsanaci\u00f3n de los yerros que se produzcan en el tr\u00e1mite administrativo, podr\u00e1n hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n espec\u00edfica, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del t\u00e9rmino para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica; en caso de haberse superado este t\u00e9rmino, la autoridad administrativa competente no podr\u00e1 subsanar la actuaci\u00f3n y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia…\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 que no se especific\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda la \u00abnulidad\u00bb, ni quien era el directamente afectado con ella. Por tanto, expres\u00f3, <\/p>\n
\u00abNo est\u00e1 por dem\u00e1s se\u00f1alar que, la nulidad como la esgrimida por la autoridad administrativa, tiene por objeto garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, no como un mero formalismo, evidenci\u00e1ndose que tales derechos no fueron conculcados de manera alguna, al paso que, tampoco se especific\u00f3, cu\u00e1l fue la afectaci\u00f3n causada y quien soport\u00f3 tal afectaci\u00f3n, aunado a que de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 99 del C.I.A., contra el auto de apertura no procede recurso alguno. <\/p>\n
Contrario a ello, se evidencia una participaci\u00f3n activa de parte de los interesados, quienes, a todas luces, fueron suficientemente enterados de la existencia del proceso y de las medidas tomadas al interior del mismo. Siendo, en este caso, relevante la garant\u00eda de los derechos de la ni\u00f1a SOF\u00cdA frente a quien se tomaron las medidas que la autoridad administrativa consider\u00f3 necesarias\u00bb. <\/p>\n
Luego de colegir que no se apreciaba \u00abnulidad\u00bb alguna en esa actuaci\u00f3n, esboz\u00f3 que, el referido \u00abseguimiento\u00bb tiene una duraci\u00f3n de 18 meses contados a partir del conocimiento de los hechos denunciados hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del litigio, seg\u00fan fuere el caso y, hasta que ello no ocurra, no existe una \u00abmedida definitiva\u00bb. Fue as\u00ed como apostill\u00f3: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas y como quiera que no se observa nulidad alguna y mucho menos, la p\u00e9rdida de la competencia, ni existen recursos pendientes por resolver, debe la Comisar\u00eda de Familia de La Cruz (N), continuar con el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos, el cual, seg\u00fan se aprecia, se encuentra en etapa de seguimiento, lo que, al tenor de lo estipulado por el art\u00edculo 103, inciso modificado por el art\u00edculo 208 de la Ley 1955 de 2019, \u00ab(\u2026) tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicaci\u00f3n en medio familiar fue la medida id\u00f3nea\u201d\u00bb (Se resalta Adrede). <\/p>\n
Finalmente, exhort\u00f3 al Comisario de Familia a tomar medidas en la recaudaci\u00f3n de un medio suasorio pendiente de ADN del supuesto progenitor de la menor, en sentir de lo cual, rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al interior del proceso se encuentra pendiente la pr\u00e1ctica de una prueba de ADN del presunto padre de la ni\u00f1a SOF\u00cdA (f. 208\/209), dada la relevancia de la misma, y en atenci\u00f3n al tiempo que podr\u00eda tomar su pr\u00e1ctica, resulta conveniente exhortar al comisario de familia para que, si lo considera pertinente, acuda a lo dispuesto por el inciso 8\u00ba, del art\u00edculo 103, modificado por el art\u00edculo 208 de la Ley 1955 de 2019 que, a fin de solicitar el aval al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para solicitar la ampliaci\u00f3n del plazo, en orden a recaudar la prueba necesaria para poder definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se observa en la determinaci\u00f3n rebatida, por cuanto es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que esta Colegiatura o el suplicante comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que mostraba el paginario. <\/p>\n
2.- Esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad fij\u00f3 unos lineamientos que se deben atender cuando se advierte la configuraci\u00f3n de \u00abnulidades\u00bb en el PARD, en cuyo evento la aplicaci\u00f3n de los mismos depende de la fase en la que se encuentre, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u201cla actuaci\u00f3n que debe renovarse\u201d, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u201cprocedimiento administrativo\u201d, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u201cinstancia administrativa\u201d, y se incurrir\u00eda en \u201cnulidad por falta de competencia funcional\u201d. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad\u00bb. (Radicaci\u00f3n n\u00b0 E-41001-22-14-000-2020-00054-01, 7 de mayo de 2020, replicada en STC1687-2022, STC1831-2023 y STC3436-2023). <\/p>\n
2.1.- Con ese derrotero y con sujeci\u00f3n a las pautas trazados, en el sub lite es indiscutible que la Comisar\u00eda de Familia de la Cruz – Nari\u00f1o, quien tiene a cargo el P.A.R.D n\u00b0 2023-00048-00 (rad. 038-2022), a\u00fan est\u00e1 facultada para enderezar los presuntos errores que aludi\u00f3, comoquiera que no se han superado los 18 meses con los que cuenta para el \u00abseguimiento\u00bb de la \u00abmedida provisional\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1878 de 2018), estando a la fecha en la fase de \u00abetapa administrativa\u00bb. <\/p>\n
3.- Asimismo, en aras de dirimir los dem\u00e1s reproches del precursor, valga memorar, como lo tiene sentado esta Magistratura, que los \u00abmenores\u00bb gozan de privilegios especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior, en ese orden, la Corte Constitucional en sentencia T-261 de 2013 estableci\u00f3 algunas directrices que se deben atender al momento de solucionar contiendas en las que se involucren, entre las cuales se relieva: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5440-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5440-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2023-00022-02 (Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74001","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74001"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74001\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}