STC5464-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5464-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00739-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Armando Pe\u00f1a, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00417. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogot\u00e1 mediante sentencia del 20 de septiembre de 2019 conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena de 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 10 de junio de 2020. <\/p>\n
Contra el fallo del tribunal, la defensa del procesado interpuso recurso de casaci\u00f3n, empero, este fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n (auto del 26 de marzo de 2021). <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el actor sus cuestionamientos contra los fallos condenatorios, concretamente, critic\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los juzgadores que llevaron a declararlo penalmente responsable de los hechos investigados. As\u00ed mismo, sostuvo que careci\u00f3 de una adecuada defensa t\u00e9cnica, pues considera que la actuaci\u00f3n desplegada por la profesional del derecho que lo asisti\u00f3 en el juicio fue insuficiente, ya que los errores en el an\u00e1lisis del acervo probatorio por parte de los jueces de instancia, fueron evidentes y no los controvirti\u00f3. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, aleg\u00f3 que, su defensora renunci\u00f3 a incorporar el informe pericial de psicolog\u00eda cl\u00ednica (de la menor v\u00edctima) que fue anunciado como de refutaci\u00f3n al presentado por la fiscal\u00eda, pues, afirm\u00f3 que, \u00absi se hubiera practicado dicha prueba, se hubiese puesto en duda la comisi\u00f3n del delito [\u2026] fundado en las pruebas debatidas en el juicio, lo cual no se hizo [\u2026] por falta de una adecuada de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Realiz\u00f3 finalmente un recuento de las conclusiones que contiene el mencionado dictamen psicol\u00f3gico para indicar que, a partir de ellas se desvirt\u00faa la certeza que tuvieron los falladores para condenarlo, pues, \u00absolo hubo meras inferencias no generadoras de un hecho concreto, pues una inferencia existe cuando un hecho es m\u00e1s probable y solo se bas\u00f3 en que el testimonio de la menor ofrece credibilidad ya que se analiz\u00f3 bajo la lupa de la sana cr\u00edtica [\u2026] de esta manera, es evidente que se impuso de manera precipitada y ligera la decisi\u00f3n [\u2026] no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas decretadas, desafortunadamente no practicadas e incorporadas al juicio oral y que obviamente me favorec\u00edan\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se dejen sin efectos las sentencias condenatorias \u00abpor falta de defensa t\u00e9cnica [\u2026] y proferir una sentencia de corte absolutorio, o por lo menos que se profiera un nuevo fallo teniendo en cuenta todas las pruebas del plenario (\u2026) subsidiariamente, que la presente acci\u00f3n prospere como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, con providencia del 10 de junio de 2020 (notificada el 15 de julio) confirm\u00f3 la condena proferida por el juez de primer grado contra el actor por el delito endilgado. Indic\u00f3 que contra esa providencia el apoderado de Jos\u00e9 Armando Pe\u00f1a interpuso recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, \u00abpor el concepto negativo emitido por la defensa y al no presentarse la demanda correspondiente, el Tribunal lo declar\u00f3 desierto con auto del 26 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de esta capital relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal adelantado contra el ac\u00e1 actor que finaliz\u00f3 en esa primera instancia con sentencia de condena el 20 de septiembre de 2019. Se opuso a la prosperidad de la tutela por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad \u00abdado que el interesado no promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo que a trav\u00e9s de esta v\u00eda censura\u00bb. Finalmente, en cuanto a la queja por la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, destac\u00f3 que, la representaci\u00f3n del procesado \u00abse adelant\u00f3 dentro de los m\u00e1rgenes de diligencia y responsabilidad, por lo que no es cierto la vulneraci\u00f3n aludida\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 131 Seccional de la Unidad de Delitos Sexuales de esta ciudad manifest\u00f3 que el amparo es improcedente por incumplimiento de los requisitos generales tanto de inmediatez como subsidiariedad. Sostuvo que, en el desarrollo de la actuaci\u00f3n, \u00abel procesado no aleg\u00f3 amenaza alguna de sus prerrogativas y pretende a trav\u00e9s de esta v\u00eda revivir etapas fenecidas\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 22 Judicial II Penal de esta ciudad, resalt\u00f3 la preclusividad de las etapas en el proceso penal, por lo que \u00abno puede el juez de tutela aceptar que se incorpore un medio probatorio cuando el escenario judicial id\u00f3neo era la audiencia preparatoria\u00bb. Sobre la falta de defensa t\u00e9cnica, adujo que no se avizor\u00f3 tal vulneraci\u00f3n, pues el defensor del enjuiciado \u00abactu\u00f3 de acuerdo a su estrategia, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n e incluso interpuso casaci\u00f3n, no obstante, luego conceptu\u00f3 que no era viable presentar este \u00faltimo recurso, postura en la que no puede inferir el fallador\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; del primero porque \u00ab(\u2026) la sentencia de segunda instancia fue proferida el 15 de julio de 2020; no obstante, solo hasta el 14 de abril de 2023, es decir 29 meses despu\u00e9s JOS\u00c9 ARMANDO PE\u00d1A present\u00f3 la demanda de tutela.\u00bb; y, del segundo, porque, \u00abel demandante no utiliz\u00f3 el mecanismo extraordinario de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba, esto es, la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues si bien el recurso fue interpuesto, el Tribunal lo declar\u00f3 desierto; por lo que, a la fecha la sentencia cobr\u00f3 ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, quien refut\u00f3 los criterios que tuvo la Sala a quo para desestimar el resguardo puesto que, frente a la subsidiariedad, esto es, por no agotar el remedio extraordinario, justifica que fue por \u00abla falta de recursos econ\u00f3micos para contratar a un abogado experto de casaci\u00f3n y [\u2026] recurr[\u00ed] a la Defensor\u00eda del Pueblo contando con un concepto negativo, raz\u00f3n por la cual este se declar\u00f3 desierto (\u2026)\u00bb; y, en cuanto a la inmediatez, aduce que la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales sigue \u00ablatente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor al condenarlo a la pena de 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravados\u00bb (sentencias de 20 de septiembre de 2019 y 10 de junio de 2020, de primera y segunda instancia respectivamente) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y por desconocer que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hace el actor no atiende el postulado que viene de comentarse ya que, el fallo del tribunal accionado, confirmatorio de la condena impuesta por el juez a quo, fue proferido el 10 de junio de 2020 (comunicado el 15 de julio de ese a\u00f1o), mientras que este auxilio se radic\u00f3 el 14 de abril de 2023, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas, los cuestionamientos relacionados con el juicio que se adelant\u00f3 al precursor del amparo y con la gesti\u00f3n de la profesional del derecho que lo asisti\u00f3, ex\u00e1menes que, en este caso, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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