STC5466-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5466-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 3 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Clara Marcela Ardila L\u00f3pez contra el Juzgado de Familia de Chiquinquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el juicio de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos radicado bajo el n\u00b0 2019-00280. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como \u00abagente oficioso de mi madre Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos seguido a favor de su progenitora Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez ante el Juzgado de Familia de Chiquinquir\u00e1, \u00abel d\u00eda 29 de abril de 2022 present\u00e9 incidente de tacha de falsedad (\u2026), debido a actos de corrupci\u00f3n que se desplegaron desde las fiscal\u00edas locales que han llevado la misma y desde la coordinaci\u00f3n de fiscal\u00edas seccionales de Chiquinquir\u00e1 (\u2026), quienes adulteraron y crearon documentos y profirieron conceptos y documentos contrarios a la ley, como maniobra enga\u00f1osa para pasar de v\u00edctima a victimaria a mi se\u00f1ora (\u2026) quien no se puede defender (\u2026), pero no se le ha querido dar tr\u00e1mite a dicha denuncia a pesar de la gravedad de los hechos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 8 de junio de 2022 present\u00e9 denuncia ante el se\u00f1or Juez de Familia de Chiquinquir\u00e1 por las agresiones f\u00edsicas y emocionales m\u00edas y de mi hija de 14 a\u00f1os de edad y los nuevos actos de negligencia, descuido y maltrato de mi se\u00f1ora madre cometidos por mis hermanos Sergio Ardila, Ricardo Ardila y Eliana Ardila, el d\u00eda 3 de junio de 2022, pero a la fecha no se le ha dado ning\u00fan tr\u00e1mite a lo solicitado, a pesar que con oficio No. 889 de junio de 2022 se le orden\u00f3 al personero municipal y a la polic\u00eda nacional del municipio de Chiquinquir\u00e1 realizar el acompa\u00f1amiento para el cumplimiento de cita de neurolog\u00eda de mi se\u00f1ora madre en la ciudad de Tunja\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 3 de marzo de 2023 solicit\u00e9 dar tr\u00e1mite a la medida cautelar de urgencia, debido a los nuevos hechos denunciados de negligencia descuido y maltrato\u00bb, a lo que el accionado, \u00abno resolvi\u00f3 de fondo [pues con auto del] 7 de marzo de 2023 decidi\u00f3 en tres (3) l\u00edneas favoreciendo a los denunciados [hermanos y padre]\u00bb, por lo que \u00abel d\u00eda 9 de marzo 2023 interpuse recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n en contra de la anterior decisi\u00f3n (\u2026), sin que a la fecha se haya resuelto, lo cual favorece a los denunciados dentro de la noticia criminal [rad. 2019-00032, seguida ante la Fiscal\u00eda] por el delito de descuido, negligencia y maltrato ejercido en contra de mi madre\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abdebido a la corrupci\u00f3n denunciada en el municipio de Chiquinquir\u00e1, el 11 de abril de 2023 solicit\u00e9 al [juzgado] dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 217 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a que pretenden desviar todos estos asuntos y la adjudicaci\u00f3n de apoyos con testimonios de manera ilegal, respondi\u00e9ndome el 12 de abril de 2023 que no es posible aplicar la ley, por cuanto yo no solicit\u00e9 los testigos que he tachado de sospechosos, vulnerando con ello el ordenamiento jur\u00eddico, ya que la ley se aplica de manera inmediata y general\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpor lo anterior solicit\u00e9 se me entregar\u00e1 el tr\u00e1mite que se le hab\u00eda dado al recurso de queja, ya que en el expediente consultado no reposa dicho tr\u00e1mite (\u2026) que fue interpuesto frente al auto del 6 de julio de 2022, obteniendo nuevamente y de manera arbitraria como respuesta que el 11 de enero de 2023 hab\u00edan dado tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto del 20 de octubre de 2022 (\u2026), donde se evidencia que nunca se dio cumplimiento al recurso de queja seg\u00fan ordenado mediante auto del 6 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abdentro de los actos arbitrarios dentro del tr\u00e1mite del proceso (\u2026), encuentro una cantidad de documentos y memoriales en el expediente sin que se me hubiese dado el traslado exigido en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), beneficiando \u00fanicamente a los denunciados quienes en todas las actuaciones no han demostrado sino intereses econ\u00f3micos sobre los bienes de mi madre Maria Alicia Lopez\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado: \u00ab(i) resolver de fondo y de manera previa a abordar la audiencia inicial, la medida cautelar de urgencia deprecada el 3 de marzo de 2022; (ii) dar tr\u00e1mite al recurso de queja ordenado mediante auto del 6 de julio de 2022; (iii) remitir la denuncia presentada el 8 de junio de 2023 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n [para] que sea tramitada fuera del municipio de Chiquinquir\u00e1; (iv) remitir la denuncia presentada dentro del tr\u00e1mite del incidente de tacha de falsedad el 29 de abril de 2022, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; (v) cumplir lo dispuesto en el ordenamiento jur\u00eddico seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez de Familia de Chiquinquir\u00e1, inform\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 del conflicto familiar que se presenta entre [los] hijos y el esposo [de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia] que los ha llevado a [que] mutuamente se inculpen de cuidados indebidos hacia la referida se\u00f1ora, acusaciones que no se han confirmado o refutado\u00bb, seg\u00fan el informe de \u00abvaloraci\u00f3n de apoyos\u00bb, la recomendaci\u00f3n es que \u00abel cuidado se debe continuar realizando en su actual domicilio [donde] en la actualidad presentan una adecuada ejecuci\u00f3n por parte de los familiares (\u2026) Marlene Eliana Ardila, Iveth Roc\u00edo Ardila, \u00c1ngela Ardila y del Se\u00f1or Alfredo Ardila Pinilla; sin embargo, se tiene como pertinente la vinculaci\u00f3n de los otros familiares (hijos varones y [la] se\u00f1ora Marcela Ardila), en cuanto a apoyos ocasionales que puedan ser brindados\u00bb. <\/p>\n
Acerca de los pronunciamientos que la actora echa de menos, dijo que, por mandato legal, la \u00abadjudicaci\u00f3n de apoyos transitorio dej\u00f3 de existir\u00bb, y que en lo dem\u00e1s, estos fueron resueltos \u00aben autos del 11 y 18 de abril [de 2023], advirtiendo que el cumplimiento de las situaciones que [la quejosa] aduc\u00eda no son prerrequisitos para la realizaci\u00f3n de la audiencia [que estaba programada para el 14 de abril de 2023]\u00bb, y que en ese \u00faltimo auto, se convoc\u00f3 a audiencia de fallo para el 2 de mayo de 2023. <\/p>\n
2. Alfredo Ardila Pinilla, Ricardo Alfredo, Sergio Roberto, Iveth Roc\u00edo, \u00c1ngela Alicia y Erwin Ardila L\u00f3pez, se opusieron a lo pretendido, \u00abya que basta con revisar el auto de fecha 18 de abril de 2023 (\u2026), donde el juez accionado dispuso conceder para ante el Tribunal Superior de Tunja Sala Civil Familia, el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo, (\u2026) y en ese orden de ideas la acci\u00f3n de tutela no es procedente porque a\u00fan no se ha no resuelto el recurso\u00bb <\/p>\n
Que desde que Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez de Ardila \u00absufri\u00f3 accidente cerebrovascular que la tiene hace cinco a\u00f1os en estado [de] postraci\u00f3n, (\u2026) Marl\u00e9n Eliana, Iveth y \u00c1ngela Alicia han acudido a todos los mecanismos existente para preservar y mejorar la calidad de vida de su progenitor, al punto que la EPS Sanitas presta el apoyo de cuidadores y realiza todas las terapias necesarias, curaciones y visitas m\u00e9dicas domiciliarias mensuales requeridas (\u2026), de tal suerte que las medidas provisionales de urgencia que solicita la accionante, no son necesarias [y que la actora] ni siquiera la visita en su domicilio y cuando lo hace es conflictiva con la familia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Eliana Ardila L\u00f3pez, tambi\u00e9n se resisti\u00f3 a lo reclamado por su hermana Clara Marcela, se\u00f1alando que a partir de que esta recibi\u00f3 respuesta negativa a la propuesta de hacerse cargo del cuidado de la mam\u00e1 en la ciudad de Bogot\u00e1, recibiendo a cambio \u00abla suma de $3\u00b4500.000\u00bb, empez\u00f3 a \u00abcrear un prontuario criminal a la familia\u00bb, acudiendo ante distintas instancias judiciales y administrativas, pretextando vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de su progenitora, lo cual rechaz\u00f3 enf\u00e1ticamente, pues han logrado demostrar que tales acusaciones son infundadas. <\/p>\n
4. Heidy Alexandra Murcia Cort\u00e9s, en su calidad de curadora ad litem de Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez, pidi\u00f3 negar el resguardo \u00abpor carecer de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb, y que \u00abdebido a conflictos e intereses entre sus hijos, por el momento no es lo m\u00e1s id\u00f3neo designar como medida provisional cautelar la representaci\u00f3n de la capacidad legal de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia, a la se\u00f1ora Clara Marcela, ni alguno de sus hijos [por lo que] ruega se tenga en cuenta para [tal] designaci\u00f3n la lista del ministerio p\u00fablico, mientras en el proceso de identifica y asigna a la persona id\u00f3nea para ejercer la labor de apoyo judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal 32 Local de Chiquinquir\u00e1, manifest\u00f3 que \u00abla Direcci\u00f3n Seccional de Boyac\u00e1 mediante resoluci\u00f3n 0024 de enero 20 de 2022\u00bb, declar\u00f3 fundado el impedimento que manifest\u00f3 dentro de la \u00abindagaci\u00f3n [rad. 2019-00032]\u00bb seguida por el \u00abdelito de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 a\u00f1os, siendo v\u00edctima la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez Ardila\u00bb, y por ello, el asunto \u00abfue reasignada a la Fiscal\u00eda Sexta Local\u00bb. <\/p>\n
6. La Procuradora 30 Judicial II de Familia de Tunja, conceptu\u00f3 que la tutela \u00abes improcedente para resolver precisos aspectos de un proceso en curso [los cuales] de hecho ya se han planteado y resuelto (por ejemplo, la solicitud de medida cautelar (\u2026) se resolvi\u00f3 mediante autos del 6 y 7 de marzo de 2022 (..), y el recurso de reposici\u00f3n contra los mismos, se resolvi\u00f3 por auto del 18 de abril de 2023, as\u00ed como la concesi\u00f3n del recurso subsidiario [y] la expedici\u00f3n de las citaciones a testigos fundada en el art\u00edculo 217 del C. G. del P.)\u00bb. Acot\u00f3 que, sobre la solicitud para denunciar la supuesta comisi\u00f3n de delitos, la interesada \u00abest\u00e1 plenamente facultada para presentar[las] directamente\u00bb. <\/p>\n
7. La Defensor\u00eda de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal Chiquinquir\u00e1, alleg\u00f3 el \u00abinforme valoraci\u00f3n socio familiar de verificaci\u00f3n de derechos\u00bb, y de la visita practicada por la trabajadora social a la residencia de la titular de derechos el 24 de abril de 2023. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al sostener que las peticiones elevadas por la actora \u00abhan sido tramitadas, resueltas. Tema diferente es que no se atiendan de forma favorable, m\u00e1s ello no conlleva a que est\u00e9 asistida de la raz\u00f3n, ni que los hechos consignados en su escrito de tutela se ajusten a la realidad de vida de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia, quien a diferencia de lo sostenido por la promotora (\u2026), si est\u00e1 siendo atendida, tratada de forma diligente, acompa\u00f1ada por sus hijos y su esposo, quienes han adelantado las gestiones necesarias para que reciba atenci\u00f3n en salud, en enfermer\u00eda, y en general en los tratamientos y procedimientos, que requiere como consecuencia del accidente cerebrovascular que sufri\u00f3 el 11 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que la accionante \u00abha presentado de forma recurrente recursos, peticiones, solicitudes, demandas y denuncias, que le han sido tramitadas y recepcionadas, por lo que ning\u00fan derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se ha generado. Tampoco violaci\u00f3n al debido proceso. M\u00e1s bien, en el escenario del tr\u00e1mite, se encuentra diferido en el tiempo por peticiones de aplazamiento y de recursos de la accionante. (\u2026) Con todo, no hay afectaci\u00f3n a los derechos de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez, que es el sujeto de especial protecci\u00f3n, primero por su condici\u00f3n de discapacidad a causa de la enfermedad y segundo por la edad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las pretensiones de la presente acci\u00f3n \u00abno son de recibo, porque son propias del tr\u00e1mite en v\u00eda ordinaria, en el que se fij\u00f3 fecha para audiencia el 2 de mayo del a\u00f1o 2023, la cual se realiz\u00f3, por lo que los puntos uno y dos son improcedentes por hecho superado, los puntos tres y cuatro son improcedentes, porque la actora lo puede hacer. En cuanto al \u00faltimo punto, el del numeral cinco, la audiencia se hizo ayer, pero no se profiri\u00f3 fallo, porque se decret\u00f3 una prueba adicional. Es en tal escenario, el del proceso y en la etapa instructiva, donde el se\u00f1or juez de conocimiento ha de resolver lo que sea m\u00e1s pertinente y conveniente\u00bb. <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos de su querella, replicar los pronunciamientos de los intervinientes y refutar los argumentos del tribunal al desestimar las pretensiones, a las que agreg\u00f3 \u00abme esa entregada copia del expediente digital de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado de Familia de Chiquinquir\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, porque, supuestamente, no ha otorgado el impulso pertinente al proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos n\u00b0 2019-00280. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC2454-2023, 15 mar., rad. 00039-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo, la informaci\u00f3n allegada por los intervinientes y las piezas procesales pertinentes, esta Corporaci\u00f3n ratificar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primera instancia, precisando que lo ser\u00e1 porque de cara a la supuesta dilaci\u00f3n procesal injustificada que la querellante le endilga al despacho accionado, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque del informe rendido por el funcionario cognoscente, corroborado con el respectivo expediente digital (rad. 2019-00280), se establece que, al proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos promovido a favor de Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez, se le ha otorgado el tr\u00e1mite de rigor, hall\u00e1ndose ad portas de su formal culminaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, pese a las vicisitudes afrontadas por la constante y sistem\u00e1tica intervenci\u00f3n de los interesados, en particular de la demandante al elevar sendas peticiones y controvertir la mayor\u00eda de decisiones adoptadas al interior del litigio, encuentra la Sala que el juzgado ha dado curso oportuno a todas sus reclamaciones, independientemente de que lo resuelto no se avenga a sus aspiraciones. <\/p>\n
Ciertamente, al revisar de manera cronol\u00f3gica las reclamaciones cuya resoluci\u00f3n la demandante echa de menos, en primer lugar se avizora que a la solicitud radicada el 3 de marzo de 2023, para que se dispusiera \u00abmedida cautelar de urgencia y se asignen los apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, comunicaci\u00f3n, salud, toma de decisiones\u2026\u00bb, posibilit\u00e1ndose que la se\u00f1ora Mar\u00eda Alicia asistiera a una \u00abcita de ortopedia y traumatolog\u00eda\u00bb, mediante prove\u00eddo del 6 de marzo de 2023 el accionado orden\u00f3 \u00aboficiar a la EPS SANITAS para que active la ruta que se requiera para que se cumpla la cita m\u00e9dica programada (\u2026); solicitar el acompa\u00f1amiento de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda (\u2026); [y] requerir una vez m\u00e1s a los familiares para que sin dilaciones faciliten la cita\u00bb. <\/p>\n
Frente a la solicitud de \u00abasignaci\u00f3n de apoyos transitorio\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la audiencia programada se proveer\u00e1 sobre el (los) apoyo(s) definitivo(s)\u00bb. Esto, porque la Ley 1996 de 2019, \u00ab[p]or medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb, su vigencia empez\u00f3 a partir de su promulgaci\u00f3n, esto es, el 26 de agosto de 2019, \u00abcon excepci\u00f3n de aquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u00bb. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el canon 54 que consagraba el \u00abproceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio\u00bb a favor de \u00abuna persona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protecci\u00f3n de los derechos de la persona titular del acto\u00bb, dej\u00f3 de regir desde el 26 de agosto de 2021, pues seg\u00fan la citada disposici\u00f3n, esa figura jur\u00eddica era aplicable \u00abhasta tanto entren en vigencia los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley\u00bb. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que la interesada se mantenga en desacuerdo con dicha postura, pues el prove\u00eddo del 18 de abril de 2023 da cuenta que, desatado el recurso de reposici\u00f3n de manera desfavorable, se concedi\u00f3 el subsidiario y su definici\u00f3n est\u00e1 en tr\u00e1mite, queda claro que, sobre el diligenciamiento de dicho pedimento, no hay dilaci\u00f3n alguna de parte del estrado convocado. <\/p>\n
En segundo lugar, el expediente da cuenta de que en otra providencia adiada el 18 de abril de 2023, el encartado precis\u00f3 que no fue posible efectuar la audiencia el 14 del mismo mes y a\u00f1o, \u00abpor cuanto se present\u00f3 una falla generalizada en el sistema de internet, seg\u00fan se acredita con la constancia expedida por la mesa de ayuda y por ETB [lo que constituye] circunstancias de fuerza mayor (\u2026), hay lugar a fijar nueva fecha para su realizaci\u00f3n\u00bb, pero como previamente la ac\u00e1 quejosa hab\u00eda solicitado su aplazamiento, advirti\u00f3 que lo aducido para ello, \u00ab[no] pod\u00eda tenerse como presupuesto para suspender la diligencia\u00bb. <\/p>\n
En tercer lugar, sobre el reparo para proseguir la actuaci\u00f3n por no haberse resuelto por el superior los reproches que la demandante enfil\u00f3 contra el auto del 7 de junio de 2022 -mediante el cual se decret\u00f3 un testimonio-, se observa que tras desatarse negativamente el recurso de reposici\u00f3n el 6 de julio de 2023, se dispuso tramitar el de queja. Acerca del resultado de este medio de impugnaci\u00f3n, en el referido auto del 18 de abril de 2023 el juzgado puso de presente \u00abque contra la decisi\u00f3n solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, a lo cual se accedi\u00f3 por el despacho [con] auto del 20 de octubre (\u2026) y luego de proferida la providencia, se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; por auto del 13 de diciembre se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n y se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, la cual se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa tem\u00e1tica, se recuerda que al tenor del art\u00edculo 323 del estatuto adjetivo general, \u00ab[l]a circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo o diferido, no impedir\u00e1 que se dicte la sentencia\u00bb, que \u00ab[s]i la que se profiera no fuere apelada, el secretario comunicar\u00e1 inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos\u00bb; y que \u00ab[q]uedar\u00e1n sin efecto las decisiones del superior que hayan resuelto apelaciones contra autos, cuando el juez de primera instancia hubiere proferido la sentencia antes de recibir la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 326 y aquella no hubiere sido apelada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuarto lugar, en la misma providencia el convocado realiz\u00f3 pronunciamiento, indicando que la resoluci\u00f3n sobre la \u00abtacha de falsedad\u00bb y la solicitud de \u00abcompulsa de copias\u00bb en relaci\u00f3n con los hechos all\u00ed aludidos, deven\u00eda prematura, toda vez que \u00abde conformidad con lo previsto en el art. 270, inciso 5 del CGP, [dicho tr\u00e1mite se define] en la providencia que resuelva el proceso, esto es la sentencia, por lo tanto, ser\u00e1 al momento de proferirla que se determine, si hay prosperidad de la tacha y si as\u00ed ocurriere se dispondr\u00e1 lo pertinente respecto de la compulsa de copias\u00bb. <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, se reitera que, si la tutelante estima que hay m\u00e9rito para plantear la investigaci\u00f3n penal o disciplinaria de un funcionario o de un particular, la ley la faculta para acudir ante la autoridad competente, y menos asidero tiene aducir que dicha situaci\u00f3n pueda constituir causal para suspender o aplazar la audiencia de fallo, inicialmente programada para el 2 de mayo de 2023. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha recalcado que quien estime que alguno de los intervinientes \u00abincurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 may., 2012, exp. 01037-00, citada, entre otras, en STC15806-2022, 24 nov., rad. 00819-01). <\/p>\n
Frente al reproche de la accionante porque en su sentir el juzgado no ha dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 217 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que el 11 de abril de 2023 pidi\u00f3 \u00abme sean entregadas las citaciones a los testigos y sus empleadores para la \u00e9poca en que e presentaron los hechos, en especial a la EPS Sanitas sus IPS y del Hospital Universitario Nacional de Colombia\u00bb, observa la Sala que en la misma data, la agencia judicial convocada respondi\u00f3 negativamente lo solicitado, se\u00f1alando que revisadas las piezas procesales pertinentes, \u00abse desprende que la parte actora no solicit\u00f3 prueba testimonial. Por consiguiente, el juzgado no las decret\u00f3. As\u00ed las cosas, no hay lugar a ordenar que por secretar\u00eda se expidan boletas de citaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto a la censura porque \u00abencuentro una cantidad de documentos y memoriales en el expediente sin que se me hubiese dado el traslado exigido en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), beneficiando \u00fanicamente a [su contraparte]\u00bb, en el precitado auto del 18 de abril de 2023, el juzgado evidenci\u00f3 tal falencia, precisando que la misma tambi\u00e9n proven\u00eda de la quejosa, raz\u00f3n por la que dispuso \u00abREQUERIR a la abogada demandante y demandados para que den cumplimiento a lo previsto en el art. 3 de la Ley 2213, enviando copia de todos los memoriales que remiten al juzgado a los dem\u00e1s sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
3.2. Significa lo anterior que, en relaci\u00f3n con el pleito ordinario que motiva la presente salvaguarda, la Corte establece que la autoridad enjuiciada no ha mostrado una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongarlo indebidamente, por el contrario, la actuaci\u00f3n anteriormente descrita y dem\u00e1s que obra en el respectivo expediente, denota su inter\u00e9s para que el asunto avance hasta su normal culminaci\u00f3n, y en ese labor\u00edo se evidencia que las peticiones, recursos y tr\u00e1mites accesorios que ha promovido la ac\u00e1 tutelante, han sido atendidos, tramitados y resueltos a trav\u00e9s de los cauces propios del proceso con antelaci\u00f3n a la instauraci\u00f3n de esta querella. <\/p>\n
En este orden, por cuanto la censura no conlleva afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno, el resguardo se torna improcedente, pues reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada entre otras, en STC10498-2022, 11 ago., rad. 00177-01). <\/p>\n
De igual modo, ha dicho que para la procedencia del auxilio, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., 00359-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
La Sala advierte que, pese al alto grado de conflictividad existente entre la querellante y los dem\u00e1s miembros de su familia, lo cual trasciende al proceso de asignaci\u00f3n de apoyos a favor de la se\u00f1ora Maria Alicia L\u00f3pez, esta, como persona de especial protecci\u00f3n constitucional, no se encuentra afectada en sus prerrogativas superiores, ya que de la foliatura se extrae con solvencia, que goza de la debida atenci\u00f3n en su salud y cuidados personales por parte de profesionales especializados y miembros de su n\u00facleo familiar. Por tanto, no hay lugar a que en esta excepcional sede se adopte medida alguna a su favor. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, de cara a la queja relacionada con las visitas \u00aba favor de Clara Marcela Ardila L\u00f3pez hacia su progenitora Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez Castellanos\u00bb, el expediente da cuenta de que se otorgaron seg\u00fan auto del 27 de julio de 2021, y obran autos, como el proferido el 19 de diciembre de 2022, que aluden a la \u00abintermediaci\u00f3n de la Polic\u00eda\u00bb para facilitar su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si los mencionados requerimientos no son suficientes para dicho prop\u00f3sito, la ley prev\u00e9 otros instrumentos para hacerlos valer al interior del juicio, los cuales deben ser del conocimiento de la interesada -habida consideraci\u00f3n su condici\u00f3n de abogada-. Por tanto, si tales mecanismos no han sido agotados, deviene improcedente recurrir a este extraordinario remedio. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 en virtud a que los reproches endilgados a la autoridad judicial convocada, devienen infundados y por tanto no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones desarrolladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5466-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5466-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00059-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74010\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}