STC5477-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5477-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 17 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Alberto Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de La Mesa y la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Anapoima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la medida de protecci\u00f3n n\u00ba 009-2022 (2023-00001). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal m\u00ednimo vital\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 debido proceso y\u2026 libertad personal\u00bb que estima vulnerados por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Refiere, en s\u00edntesis, que al interior del proceso por violencia intrafamiliar seguido en su contra en la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Anapoima, en el que se impuso medida de protecci\u00f3n a favor de Luisa Fernanda Torres Zumaque1, mediante prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2022 fue declarado en desacato imponi\u00e9ndosele una multa equivalente a tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Se\u00f1ala que tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Mesa, el pasado 19 de enero, al desatar el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
3. El censor dirige su cuestionamiento hacia dos situaciones puntuales, aunque no formula una pretensi\u00f3n concreta: <\/p>\n
De un lado, se duele de una \u00abindebida notificaci\u00f3n\u2026 de los autos proferidos por la comisar\u00eda\u00bb comoquiera que, seg\u00fan dice, \u00abno se [le] indic\u00f3 que la decisi\u00f3n era susceptible de alg\u00fan recurso legal\u00bb. <\/p>\n
Y de otro, asegura que \u00abla sanci\u00f3n\u2026 fue establecida por una suma de dinero muy alta\u00bb lo cual afecta su derecho al m\u00ednimo vital en tanto que \u00abno pose[e] los medios para cancelar[la]\u2026 dadas las condiciones por las que atravaies[a] en la actualidad\u00bb, pues advierte encontrarse desempleado y que su sustento diario lo deriva de \u00abactividades informales\u00bb que desarrolla. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s resalt\u00f3 que la decisi\u00f3n encuentra soporte en las pruebas recopiladas al interior del tr\u00e1mite, de donde \u00abse puede colegir que\u2026 ha respetado los derechos y garant\u00edas fundamentales, de todos los actores procesales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria Segunda de Familia de Anapoima tambi\u00e9n solicit\u00f3 desestimar el amparo toda vez que lo relatado por el gestor \u00abno configura ninguna vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb, por el contrario, enfatiz\u00f3 que \u00ablas\u2026 actuaciones [desplegadas] se efectuaron en el ejerci\u00f3 de las funciones otorgadas\u2026 y dando cumplimiento a la ley 294 de 1996 modificada por la modificada por las Leyes 575 de 2000 y 1257 de 2008 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca deneg\u00f3 la salvaguarda tras colegir que las determinaciones sobre las que recay\u00f3 la queja, en especial la emanada del juzgado de familia, \u00abno [son] fruto de una evaluaci\u00f3n desatinada de los medios recopilados y de contera ello elimina la posibilidad de incursionar en esa problem\u00e1tica ante la ausencia de una causal de procedibilidad que torne viable la intromisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, advirti\u00f3 que se desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, en la modalidad de incuria, toda vez que el gestor \u00abno particip\u00f3 activamente y, adem\u00e1s\u2026 tampoco acudi\u00f3 ante las sedes de conocimiento en b\u00fasqueda de interponer los mecanismos de contradicci\u00f3n procedentes, mediante los cuales bien pod\u00eda enfrentar la cuant\u00eda del castigo econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n aduciendo que el objeto del resguardo no era discutir \u00abtemas relacionados con los aspectos probatorios\u00bb sino hacer ver que el monto de la sanci\u00f3n econ\u00f3mica irrogada afecta de manera directa su derecho al m\u00ednimo vital \u00abpues es claro que la decisi\u00f3n no consulto [sic] la capacidad econ\u00f3mica\u2026 con miras a que se determinara si estaba\u2026 en la posibilidad de cancelar dicha sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de La Mesa lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Edwin Alberto Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez, al confirmar el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2022 por medio del cual la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Anapoima lo declar\u00f3 en desacato respecto de la medida de protecci\u00f3n impuesta el 19 de julio de 2022, sancion\u00e1ndolo con multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra tanto la decisi\u00f3n de primera instancia como el auto proferido el pasado 19 de enero por la aludida c\u00e9lula judicial, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto pues, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado acusado no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, en la providencia acusada, el juzgador ad quem, luego de efectuar un breve recuento de los antecedentes procesales y f\u00e1cticos que rodearon la solicitud de apertura de incidente por desacato, abord\u00f3 el estudio de fondo de la situaci\u00f3n planteada, de cara al material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) A pesar de haberle sido notificada al se\u00f1or Edwin Alberto Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez, medida de protecci\u00f3n definitiva de manera reciproca, incurri\u00f3 en un acto de retaliaci\u00f3n que atenta contra la integridad de la se\u00f1ora Luisa Fernanda Torres Zumaque, de igual forma el se\u00f1or Edwin Alberto hizo caso omiso a las decisi\u00f3n que tom\u00f3 la Comisaria de Familia II del Municipio de Anapoima, Cundinamarca, no cumple con las medidas impuestas y de igual forma no alleg\u00f3 certificaci\u00f3n por parte de la EPS del proceso terap\u00e9utico ordenado. <\/p>\n
De la lectura de las diligencias se ha podido evidenciar que se respetaron los derechos de los interesados, quienes fueron debidamente notificados de todas y cada una de las decisiones y fechas programadas por la Comisar\u00eda de Familia. Las diligencias se adelantaron bajo el imperio del debido proceso, garantizando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de quienes en ellas intervinieron. <\/p>\n
A pesar que la Comisar\u00eda de Familia II del Municipio de Anapoima Cundinamarca, brind\u00f3 todas las garant\u00edas a los Se\u00f1ores Luisa Fernanda y Edwin Alberto, los querellados no atendieron las citaciones a la Comisar\u00eda y, por tanto, la diligencias de Sanci\u00f3n por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, se adelant\u00f3 sin su presencia, pero ello no obst\u00f3 para tomar las decisiones pertinentes a la protecci\u00f3n de los querellantes, como es la medida de protecci\u00f3n definitiva de manera reciproca y, por incumplimiento, la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n pecuniaria correspondiente, como as\u00ed lo permite el art\u00edculo 15 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
Siendo evidente que la sanci\u00f3n de multa impuesta a Edwin Alberto Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez, por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n definitiva otorgada a la se\u00f1ora Luisa Fernanda Torres Zumaque, al igual que la conminaci\u00f3n para que cese cualquier acto de violencia en contra de la protegida, son medidas que responden a las conductas que presenta el querellado y que deben ser proscritas, para evitar una tragedia mayor y, por tanto, procede confirmar la providencia consultada. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues no denota ser irrazonable, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 establecido tanto en la providencia censurada como en el fallo de primer grado, el quejoso ni siquiera puso de presente a los funcionarios falladores la supuesta situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria por la que, seg\u00fan dice, viene atravesando, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrseles la incursi\u00f3n en alguna conducta irregular, pues su razonamiento y decisi\u00f3n tuvo sustento en el material probatorio recopilado. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia impugnada en tanto la decisi\u00f3n sobre la que recae el resguardo no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica de los funcionarios cognoscentes, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Decisi\u00f3n de 19 de julio de 2022. <\/p>\n
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