STC5555-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5555-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02208-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Beatriz Abella Godoy contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y citados las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado interno N\u00b0 59740. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Del extenso escrito constitucional y de los soportes allegados, se establece que frente a la accionante se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de concusi\u00f3n, porque para la fecha de los hechos materia de investigaci\u00f3n se desempe\u00f1aba como Fiscal 81 Seccional de Cali, tr\u00e1mite en el que se adelantaron las audiencias preliminares y la fiscal\u00eda formul\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n el 22 de julio de 2014, con sustento en que la procesada se present\u00f3 \u00ababusando de su cargo, ante la entidad Banco de Bogot\u00e1 con sede en la ciudad de Cali, solicitando dinero indebidamente a favor de un tercero\u00bb. <\/p>\n
El 16 de octubre de 2018 se adelant\u00f3 el juicio oral y, en esa fecha, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali absolvi\u00f3 a la acusada, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la Fiscal\u00eda y las v\u00edctimas, recurso que resolvi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia SP1650-2021 de 5 de mayo de 2021, en la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y, en su lugar, conden\u00f3 a la aqu\u00ed actora \u00abcomo autora del delito de concusi\u00f3n a las siguientes penas principales: prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de noventa y seis (96) meses, multa por valor equivalente a sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, y a la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el lapso de ochenta meses\u00bb, sin concederle la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sentencia ni la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, la actora interpuso \u00abel recurso de impugnaci\u00f3n especial\u00bb, por tratarse de la primera condena, mecanismo concedido para ante los \u00abtres Magistrados que no participaron\u00bb en la sentencia de primer grado, conforme a las directrices establecidas en el fallo SP4883-2018 y en la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Mediante sentencia SP3962-2022 de 2 de noviembre, se confirm\u00f3 la condena impuesta a la peticionaria, con un salvamento de voto de uno de los Magistrados integrantes de la Sala censurada. <\/p>\n
Para la solicitante, con los pronunciamientos proferidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulneran los derechos que reclama, pues partieron de \u00abbases completamente equivocadas\u00bb, llegaron a conclusiones equivocadas, tuvieron por probados hechos inexistentes y desconocieron los que se demostraron. <\/p>\n
Particularmente, refiri\u00f3, que en esas decisiones se desconocieron los \u00abelementos constitutivos de la conducta punible de concusi\u00f3n\u00bb, pues conforme a la prueba testimonial recaudada, no se prob\u00f3 que ella acudiera al Banco donde ocurrieron los hechos denunciados aduciendo su calidad de Fiscal, porque solo lo hizo como amiga de Marcos Evangelista Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, cliente de la entidad financiera y afectado con la labor de una empleada de la entidad financiera en relaci\u00f3n un CDT que no figur\u00f3 en los registros contables del Banco, y, asimismo, tampoco se comprob\u00f3 que ante la entidad bancaria ella hiciera solicitudes, atemorizara, intimidara, constri\u00f1era o presionara a alguien para obtener beneficios para su amigo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los empleados de la entidad crediticia no fueron sorprendidos con la reuni\u00f3n a la que ella asisti\u00f3, pues fue promovida por \u00e9stos quienes la \u00abexigieron\u00bb y, de igual modo, tampoco se acredit\u00f3 que los montos reclamados por Mart\u00ednez Mu\u00f1oz fueran \u00abindebidos\u00bb, toda vez que, como \u00e9ste lo afirm\u00f3 en el proceso, el \u00abpago del capital, los intereses pactados del 7%, los honorarios del abogado y los da\u00f1os y perjuicios siempre estuvieron sobre la mesa y fueron reclamados al banco, tanto por Marcos Evangelista, como por su apoderado\u00bb, adem\u00e1s, que el cliente ten\u00eda derecho a esos valores, pues en virtud del acuerdo al que se lleg\u00f3, el afectado suscribi\u00f3 un paz y salvo con el Banco. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el salvamento de voto en la sentencia SP3962-2022, \u00abplantea de manera correcta el tema\u00bb relacionado con la inexistencia de los valores \u00abindebidos\u00bb que se le pidieron al Banco, pues como all\u00ed se dijo \u00abel usuario Marcos Evangelista Mart\u00ednez, estaba legitimado, ten\u00eda una raz\u00f3n real, para reclamar del banco el cumplimiento del producto en los t\u00e9rminos que le fueron ofrecidos, es decir, con rendimientos del 7% anual. Adem\u00e1s, como la reclamaci\u00f3n implic\u00f3 contratar los servicios de un abogado, ninguna ilicitud resulta de reclamarle al banco el pago de los honorarios respectivos\u00bb, lo que permite concluir que no existi\u00f3 una \u00abindebida solicitud\u00bb en los t\u00e9rminos que la prev\u00e9 el delito de concusi\u00f3n. <\/p>\n
Tras referirse en detalle al caudal probatorio, insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus derechos por condenarla bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, sin tenerse en cuenta los elementos del tipo penal endilgado, incurrir en incongruencia entre la acusaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, no respetar la presunci\u00f3n de inocencia, y porque adem\u00e1s, \u00abni se aplicaron las normas que tienen que ver con transacci\u00f3n y protecci\u00f3n del consumidor financiero, lo que socava el respeto por los derechos humanos de todos los colombianos y de paso destroza el estado social y democr\u00e1tico de derecho, que establece nuestra constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente expres\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defectos procedimental, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y desconocimiento del precedente \u2013Sentencias C-1092-2003, C-592-05, C-025-10 y C-127-11 de la Corte Constitucional-. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abDEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS, EN SU INTEGRIDAD: (\u2026) 1) La sentencia SP1650-2021, Radicado N\u00b0 54326; Acta 105, del cinco (5) de mayo de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado ponente DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N, y 2) La sentencia SP3962-2022, Radicaci\u00f3n N.\u00b0 59740, Acta No. 257, del dos (02) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), Magistrado ponente GERSON CHAVERRA CASTRO, sentencia, esta \u00faltima, que quedo ejecutoriada el d\u00eda dos (2) de diciembre de 2022, el d\u00eda de celebraci\u00f3n de la audiencia de lectura del fallo\u00bb y, en su lugar, reestablecer el fallo absolutorio proferido en su favor por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, indic\u00f3 que en la providencia SP3962-2022 de 2 de noviembre, que confirm\u00f3 la condena impuesta a la actora, no se incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de la accionante, quien ahora pretende sobreponer su propio juicio sobre el efectuado por esa Corporaci\u00f3n, por lo que indic\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n del derecho que dieron origen a la controversia judicial, pues ello desnaturalizar\u00eda su car\u00e1cter residual y excepcional\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, adem\u00e1s, no incurri\u00f3 en ninguna de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, inform\u00f3 que en el proceso seguido contra la accionante profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 16 de octubre de 2018, en la que la absolvi\u00f3 del delito de concusi\u00f3n materia de la acusaci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelaron la fiscal\u00eda y las v\u00edctimas, enviando el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para lo de su cargo. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, indic\u00f3 que conoci\u00f3 de las audiencias preliminares en el proceso cuestionado, \u00abdesconociendo a partir de all\u00ed las actuaciones que siguieron e igualmente el estado actual del proceso, en la medida que (\u2026) no era competente para lo dem\u00e1s\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
4. El Fiscal Once Delegado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, refiri\u00f3 los antecedentes del proceso penal cuestionado y pidi\u00f3 negar el amparo, porque la accionante presenta \u00absu particular forma de estimar los hechos y las pruebas\u00bb, lo que no prueba la vulneraci\u00f3n de sus derechos. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que las sentencias proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no contienen arbitrariedad, m\u00e1xime si en el asunto se \u00abdemostr\u00f3 a cabalidad la responsabilidad penal de la procesada y en preservaci\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n de la primera condena, [se] sentenci\u00f3 en primera y segunda instancia, con observancia del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, expres\u00f3 que en el asunto reprochado s\u00f3lo conoci\u00f3 de la \u00absolicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en la investigaci\u00f3n\u00bb seguida a la accionante, diligencia que dispuso no adelantar en auto de 11 de agosto de 2014 porque no compareci\u00f3 la parte interesada. <\/p>\n
6. El Banco de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que, en su criterio, se respetaron los derechos de la accionante, pues, en s\u00edntesis, las decisiones reprochadas se apoyaron razonablemente en las normas aplicables y en una valoraci\u00f3n correcta de los elementos de prueba. <\/p>\n
7. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Beatriz Abella Godoy reprocha la condena que le fue impuesta en el proceso penal que se le sigui\u00f3 por el delito de concusi\u00f3n, toda vez que, en su criterio, no se demostr\u00f3 su responsabilidad en la comisi\u00f3n de ese punible, as\u00ed como tampoco la configuraci\u00f3n de los elementos que lo estructuran, por lo que proced\u00eda mantener el fallo absolutorio que profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
3. Revisada la sentencia SP3962-2022 de 2 de noviembre de 2022, con la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal defini\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb que propuso la accionante contra la \u00abprimera condena\u00bb proferida en el fallo SP1650-2021, decisi\u00f3n con la que se confirm\u00f3 este \u00faltimo pronunciamiento, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional reclamada porque no se advierte arbitrariedad que imponga la intervenci\u00f3n de esta esta especial jurisdicci\u00f3n, en tanto que la autoridad accionada sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en una valoraci\u00f3n prudente de los elementos probatorios recaudados, la ley y la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
3.2 Posteriormente, en cuanto al recurso de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb destac\u00f3, que \u00e9ste, \u00abest\u00e1 regido por los principios del recurso de apelaci\u00f3n, uno de ellos, el de limitaci\u00f3n, conforme el cual la competencia del superior est\u00e1 circunscrita a lo que es objeto de disenso y a los asuntos que le est\u00e9n asociados inescindiblemente\u00bb, por lo que se ocupar\u00eda exclusivamente de los reparos formulados por la defensa de Beatriz Abella Godoy. <\/p>\n
Para resolver tal apelaci\u00f3n, comenz\u00f3 por presentar el marco te\u00f3rico en cuanto a los \u00abelementos estructurales\u00bb del delito de concusi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal1, y se\u00f1al\u00f3 que el mismo tiene lugar cuando se presenta \u00ab(i) un sujeto activo calificado que tenga la calidad de servidor p\u00fablico; (ii) el abuso del cargo o de la funci\u00f3n; (iii) una conducta que se materializa con la ejecuci\u00f3n de los verbos rectores: constre\u00f1ir, inducir o solicitar, para obtener una prestaci\u00f3n o utilidad indebida; y, (iv) la relaci\u00f3n de causalidad entre el actuar del funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o utilidad no debidos (CSJ, 7 may. 2012, rad. 36368; reiterado en CSP SP18022-2017, 1 nov. 2017, rad. 48679)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, a\u00f1adi\u00f3 que los verbos rectores de ese delito significan, \u00ab(i) constre\u00f1ir: \u00abobligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo, oprimir, reducir, limitar\u00bb; (ii) inducir: \u00abmover a alguien a algo, causar o provocar indirectamente algo, extraer\u00bb y, (iii) solicitar: \u201cpretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado\u00bb, y que en cualquiera de esas modalidades \u00abest\u00e1n orientados a la obtenci\u00f3n de un beneficio o utilidad indebida, [adem\u00e1s] ha de existir un nexo de causalidad entre aquellos y el comportamiento desplegado por el sujeto activo\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que el bien jur\u00eddico protegido respecto del delito comentado, \u00abes la administraci\u00f3n p\u00fablica, ya que, lo que se protege, es su prestigio y el adecuado funcionamiento, el que debe ser ejercido con lealtad, probidad y transparencia\u00bb. <\/p>\n
3.3 Sobre el caso concreto, la Sala accionada record\u00f3 que no hab\u00eda duda sobre \u00abla condici\u00f3n de servidora p\u00fablica de la procesada al momento de los hechos, en tanto la verificaci\u00f3n de este presupuesto no gener\u00f3 debate alguno en las instancias y, por el contrario, fue un hecho estipulado por las partes que Beatriz Abella Godoy se desempe\u00f1aba desde el 11 de octubre de 2004 como Fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito y que, para el 10 de octubre de 2011, lo hac\u00eda como Fiscal 81 Seccional de Cali\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, indic\u00f3 que no hab\u00eda discusi\u00f3n en cuanto a que Marcos Evangelista Mart\u00ednez Mu\u00f1oz fue defraudado \u00abpor una empleada del Banco de Bogot\u00e1, con sede en la ciudad de Cali, al constituir el t\u00edtulo valor (C.D.T.) por $156.014.500, como tampoco los tr\u00e1mites que emprendi\u00f3 \u00e9ste para lograr la restituci\u00f3n del monto inscrito en el mismo\u00bb y, de igual modo, que frente a esa situaci\u00f3n en el caso se encontraban acreditados los siguientes hechos, <\/p>\n
(\u2026) (i) Que el d\u00eda 3 de marzo de 2011, Marcos Evangelista Mart\u00ednez Mu\u00f1oz concurri\u00f3 a las oficinas del Banco de Bogot\u00e1, sucursal 180 en la ciudad de Cali, donde fue atendido por la empleada Anabelly Valencia Calero, persona que le ofreci\u00f3 un inter\u00e9s superior anual al estipulado para la \u00e9poca, convenciendo al cliente que constituyera un certificado de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo -C.D.T.- por valor de $156.014.500, con una tasa del 7% de inter\u00e9s . <\/p>\n
(ii) Al enterarse el se\u00f1or Marcos Evangelista Mart\u00ednez que el C.D.T. no se encontraba dentro de los registros contables de la instituci\u00f3n financiera, se dirigi\u00f3 a la misma el d\u00eda 12 de septiembre de aquel a\u00f1o, con la finalidad de reclamar la devoluci\u00f3n del dinero y los intereses pactados. <\/p>\n
(iii) Por esa situaci\u00f3n, la entidad bancaria exigi\u00f3 que acreditara, primero, la existencia del t\u00edtulo por el valor suscrito y, segundo, la denuncia contra la funcionaria que fraudulentamente recibi\u00f3 el dinero y constituy\u00f3 el C.D.T.; requerimientos que, efectivamente, acat\u00f3. <\/p>\n
(iv) Esa denuncia fue remitida a la Sala de Atenci\u00f3n al Usuario S.A.U. de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de esa ciudad, organismo que convoc\u00f3 a conciliaci\u00f3n, la que se declar\u00f3 fracasada por inasistencia de la denunciada, procediendo a remitir la actuaci\u00f3n a la oficina de asignaciones, y <\/p>\n
(v) que el d\u00eda 7 de octubre de 2011, la corporaci\u00f3n bancaria a trav\u00e9s del se\u00f1or Cidulfo Hern\u00e1ndez Toro, cit\u00f3 a Marcos Evangelista Mart\u00ednez, a una reuni\u00f3n a la que \u00e9ste acudi\u00f3 con su abogado Germ\u00e1n Bola\u00f1os Lemus, en la que el afectado solicit\u00f3 la restituci\u00f3n del capital, el 7% de los intereses ofrecidos y el pago de los honorarios profesionales\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3, que la controversia se encontraba en lo ocurrido en la reuni\u00f3n de 10 de octubre de 2011, en la que se present\u00f3 la procesada, y en la valoraci\u00f3n de las pruebas que dieron cuenta de lo que pas\u00f3 en esa fecha. <\/p>\n
Expuso que en la sentencia impugnada se acogi\u00f3 la tesis de la fiscal\u00eda, relativa a que la accionante, \u00abaduciendo su condici\u00f3n de servidora de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 al Banco de Bogot\u00e1 a favor de Marcos Evangelista Mart\u00ednez, el pago del valor correspondiente al capital del C.D.T., m\u00e1s el 7% de intereses pactados y los honorarios del profesional del derecho que lo asisti\u00f3\u00bb, lo que de ning\u00fan modo acept\u00f3 la recurrente, ya que, seg\u00fan expuso, no adujo su calidad de fiscal para comparecer a la reuni\u00f3n y tampoco reclam\u00f3 en esa oportunidad alg\u00fan monto \u00abindebido\u00bb. <\/p>\n
Para dilucidar lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3, in extenso, lo aducido por los testigos e intervinientes en el proceso, entre \u00e9stos el cliente afectado, su apoderado judicial y algunos empleados de la entidad financiera involucrada y de lo arrojado de esas pruebas, indic\u00f3 que resultaba factible descartar las afirmaciones de Marcos Evangelista y su apoderado, pues fue evidente el abuso del cargo de \u00abBeatriz Abella Godoy [al presentarse como] (\u2026) Fiscal 81 Seccional de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico de Cali (\u2026) ante el encargado de la reclamaci\u00f3n de Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, el funcionario Cidulfo Hern\u00e1ndez Toro, a solicitar el pago de unos rubros dinerarios a favor de aqu\u00e9l; con lo cual, transgredi\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico e incurri\u00f3 en la conducta descrita en art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que daban mayor seguridad y acierto las declaraciones de quienes advirtieron que la reuni\u00f3n del 10 de octubre de 2011 \u00abse dio de manera inesperada, en la medida que, al un\u00edsono, expresaron que no hubo convocatoria previa y que precisamente por la llegada sorpresiva de los interesados, Cidulfo Hern\u00e1ndez Toro la atendi\u00f3 de forma remota\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la aqu\u00ed accionante \u00abno se present\u00f3 a la reuni\u00f3n como una simple compa\u00f1era o amiga personal de Marcos Evangelista, sino que justific\u00f3 su presencia en la sucursal en su condici\u00f3n de fiscal asignada al caso; hecho refrendado con (\u2026) [algunos] testimonios (\u2026), calidad que sirvi\u00f3 para que, efectivamente, fueran atendidos por el abogado del departamento de seguridad de la entidad financiera\u00bb, agreg\u00f3, adem\u00e1s, que Beatriz Abella, con apoyo en su \u00abcondici\u00f3n de servidora p\u00fablica en calidad de fiscal, y simulando, incluso, ser la directora de una actuaci\u00f3n que no hab\u00eda sido siquiera repartida, se prest\u00f3 para intervenir en un asunto que escapaba al \u00e1mbito de sus facultades legales y constitucionales\u00bb, todo ello para alegar que comparec\u00eda como garante de los derechos de la v\u00edctima y solicitar en favor de \u00e9sta \u00abel reintegro del capital correspondiente al C.D.T, el pago de los intereses ilegalmente constituidos sobre el t\u00edtulo y la cancelaci\u00f3n de honorarios al apoderado del reclamante\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto a los reproches de la impugnante, consistentes en que no se configuraba el tipo penal porque el dinero, en su sentir, no era \u00abindebido\u00bb, que <\/p>\n
(\u2026) Abella Godoy s\u00ed se prest\u00f3 para pretender unos emolumentos que no eran exigibles a la entidad bancaria. <\/p>\n
A ese respecto, recu\u00e9rdese que la acepci\u00f3n de \u00abindebido\u00bb, tal y como lo adujo la defensa, se refiere a que la \u00abpromesa o la entrega de dinero o cualquier otra utilidad\u00bb que se demande no se deba \u00aba ning\u00fan t\u00edtulo\u00bb, y en ese contexto, la Corte en la sentencia impugnada encontr\u00f3 que el inter\u00e9s pactado en el CDT (7%) y los honorarios profesionales a favor del abogado Germ\u00e1n Bola\u00f1os, no ten\u00edan fuente en acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Banco de Bogot\u00e1. <\/p>\n
A ese respecto, debe recordarse que como ocurri\u00f3 en la sentencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Penal referida en el apartado 6.4., no puede el servidor p\u00fablico bajo la premisa de la existencia de un cr\u00e9dito o erogaci\u00f3n causada a su favor o de un tercero por un da\u00f1o u otra causa, emplear la posici\u00f3n que regenta para recaudar o exigir su pago, menos sin haberse determinado la real existencia de un valor a su favor, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, pues eso ser\u00eda tanto como prohijar la habilitaci\u00f3n de canales ileg\u00edtimos y arbitrarios para determinar la existencia misma de la acreencia\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como para la fecha de la reuni\u00f3n aun no era claro que el Banco tuviera que responder por erogaciones distintas al dinero del CDT, consider\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada que los valores exigidos por la accionante y el cliente del Banco, en cuanto a los intereses que deb\u00edan pagarse y los honorarios del abogado del usuario, resultaban \u00abindebidos\u00bb, por tanto, agreg\u00f3, que era claro que \u00abla petici\u00f3n elevada por Beatriz Abella Godoy, no s\u00f3lo se ofrec\u00eda fuera de las funciones del cargo que desempe\u00f1aba, sino que, adem\u00e1s, los emolumentos pretendidos se ofrec\u00edan ileg\u00edtimos respecto de la entidad financiera y por ello, reprochable resulta que se hubiese prestado para facilitar el cobro de acreencias en favor de terceros, en este caso, para Marcos Evangelista Mart\u00ednez Mu\u00f1oz\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre el elemento estructural del delito de concusi\u00f3n, denominado \u00abmetus publicae potestatis\u00bb o miedo a la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, anot\u00f3 que el mismo se hab\u00eda configurado, como se sostuvo en la sentencia de primer grado, puesto que. <\/p>\n
(\u2026) ese elemento subjetivo tiene como caracter\u00edstica que exista una verdadera capacidad de persuasi\u00f3n en la v\u00edctima, a tal punto que, si la investidura carece de la capacidad -de persuasi\u00f3n-, la conducta no alcanzar\u00eda esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Y en este asunto, qued\u00f3 claro que la alusi\u00f3n de la condici\u00f3n de fiscal del caso en las instalaciones del banco gener\u00f3 no s\u00f3lo que Marta Luc\u00eda Betancourt Sanclemente se comunicara de manera inmediata con el abogado investigador, Cidulfo Hern\u00e1ndez, sino que se realizara la reuni\u00f3n v\u00eda teleconferencia, tal como qued\u00f3 precisado en el juicio oral, lo cual, demand\u00f3, adem\u00e1s, que Hern\u00e1ndez Toro, como directo interlocutor del caso, detuviera sus actividades programadas y acogiera la visita intempestiva, a trav\u00e9s de medios log\u00edsticos y tecnol\u00f3gicos para atender al \u00f3rgano persecutor, pues dicha presencia, constituy\u00f3 para aquel -como lo adujo en su testimonial- un llamado de una autoridad que impon\u00eda su atenci\u00f3n para que de forma inmediata se dispusiera a escuchar su solicitud. <\/p>\n
De hecho, aun cuando la reclamaci\u00f3n administrativa cumpl\u00eda su curso habitual y en principio, ya estaba enmarcada en los l\u00edmites de un acuerdo, pues se estaba simplemente a la espera de una respuesta del nivel central del banco para definir la cancelaci\u00f3n de los montos que previamente se hab\u00edan planteado tres d\u00edas antes, es decir, el d\u00eda 7 de octubre de 2011, como lo concluye el deponente, al enterarse de la visita de la fiscal asignada al caso en las dependencias de la entidad, tal circunstancia le hizo tomar la determinaci\u00f3n de atender dicha convocatoria. Ello, evidencia y permite concluir que la presencia y posterior solicitud indebida de la procesada en la reuni\u00f3n, efectivamente, gener\u00f3 ese sentimiento de angustia y miedo en Cidulfo Hern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que tampoco pod\u00eda acogerse la absoluci\u00f3n pretendida por \u00abatipicidad subjetiva\u00bb, toda vez que el dolo en la comisi\u00f3n del delito estaba demostrado, porque exige el conocimiento de los hechos constitutivos de la descripci\u00f3n t\u00edpica del punible y la voluntad de su realizaci\u00f3n y, sobre lo primero, era claro que la procesada \u00abfung\u00eda como como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales de Circuito desde el 11 de octubre de 2004, contando con una vasta experiencia para la \u00e9poca de ocurrencia de los hechos, siendo conocedora de las conductas y de los tipos penales descritos en el estatuto punitivo, pues su funci\u00f3n como servidora judicial era precisamente la de perseguir los delitos, y con ello, representar al Estado y a la sociedad con su investidura\u00bb y, en cuanto a lo segundo, encontr\u00f3 que aqu\u00e9lla acudi\u00f3 voluntariamente a la reuni\u00f3n a acompa\u00f1ar a Marcos Evangelista Mart\u00ednez Mu\u00f1oz para lograr el pago de sus pretensiones econ\u00f3micas, adem\u00e1s, que, la recurrente nunca adujo que \u00abacudiera bajo enga\u00f1o, sino que, de manera consciente decidi\u00f3 participar en ese encuentro a fin de reforzar la tesis del apoderado del reclamante, y generar presi\u00f3n a partir de su investidura, la que seg\u00fan los testimonios qued\u00f3 explicitada desde su presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala no establece desafuero o arbitrariedad en los razonamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para adoptar la decisi\u00f3n que se censura, pues esa autoridad defini\u00f3 el asunto bajo su conocimiento atendiendo a las normas y jurisprudencia aplicable y con una valoraci\u00f3n ponderada de las pruebas, de las cuales pudo establecer, razonablemente, que la peticionaria hizo uso del cargo que exhib\u00eda para solicitar en beneficio de un tercero el reconocimiento de sumas que, para la \u00e9poca de los hechos investigados, no pod\u00edan tenerse como exigibles o adeudadas, cuestiones que pusieron en evidencia la configuraci\u00f3n de los elementos estructurales que la jurisprudencia de la accionada ha determinado como necesarios para la comisi\u00f3n del delito de concusi\u00f3n que se imput\u00f3. <\/p>\n
4.1 Debe se\u00f1alarse adem\u00e1s, que no se encontraron demostrados los defectos aducidos por la accionante, concernientes al desconocimiento de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o del precedente que cit\u00f3, porque adem\u00e1s de no explicarse su configuraci\u00f3n de manera puntual, se observa que la sentencias de constitucionalidad referidas por la actora C-1092-2003, C-592-05, C-025-10 y C-127-11 de la Corte Constitucional- en modo alguno se encuentran en contradicci\u00f3n con el fallo que viene de analizarse. <\/p>\n
Asimismo, no logr\u00f3 establecer la \u00abincongruencia\u00bb aducida entre la acusaci\u00f3n y la decisi\u00f3n condenatoria, puesto que el delito imputado desde la investigaci\u00f3n fue el de concusi\u00f3n y los hechos que sustentaron la acusaci\u00f3n tampoco se modificaron. Agr\u00e9guese que tambi\u00e9n result\u00f3 ausente de demostraci\u00f3n el desconocimiento de las normas sustanciales, todo lo cual permite reafirmar el fracaso del amparo solicitado. <\/p>\n
4.2 Finalmente, se destaca que no puede aducirse arbitrariedad en la actuaci\u00f3n reprochada, porque como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras), el punto donde se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica y que, en este caso, est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Abella Godoy contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl servidor p\u00fablico que abusando de su cargo o de sus funciones constri\u00f1a o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses\u00bb. <\/p>\n
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STC5555-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5555-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02208-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Beatriz Abella […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}