STC5572-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5572-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02213-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Cecilia Mart\u00ednez Doria instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00293. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto la providencia proferida el 28 de octubre de 2022 y, en su lugar, \u00abse pronuncie en la impugnaci\u00f3n (\u2026) con relaci\u00f3n (\u2026) a lo que [ella] pidi\u00f3\u00bb ya que nada se resolvi\u00f3 acerca de varias anomal\u00edas que mencion\u00f3, ocurridas en la diligencia de entrega practicada por la Alcald\u00eda Menor Localidad Hist\u00f3rica y del Caribe Uno. <\/p>\n
En compendio, adujo que ella y Julio Rib\u00f3n Ortiz promovieron la salvaguarda n\u00b0 2022-00293 contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena por \u201cviolaci\u00f3n\u201d de sus prerrogativas en el juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado (rad. 2017-06100), en la que cada uno \u201crelacion\u00f3 hechos y circunstancias diferentes\u201d en la demanda tuitiva. <\/p>\n
Rib\u00f3n Ort\u00edz critic\u00f3 la sentencia emitida el 17 de junio de 2021 en ese litigio porque no se individualiz\u00f3 en debida forma el predio perseguido, esto es, el centro comercial \u201cVilla Sandra\u201d ubicado en la \u201ccalle 31#63C-08\u201d y, pese a ello, se dispuso su entrega comisionando al Alcalde Menor de la Localidad de Hist\u00f3rica y del Caribe, raz\u00f3n por la cual requiri\u00f3 la invalidaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n y la \u201csuspensi\u00f3n definitiva del acto administrativo por medio del cual se efectu\u00f3 la entrega\u201d. Ella, por su parte, discuti\u00f3 que nunca fue vinculada a esa Lid y no se le dio a conocer de la celebraci\u00f3n de la audiencia \u201cpara ejercer sus derechos\u201d, por consiguiente, inst\u00f3 la anulabilidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena declar\u00f3 improcedente el auxilio por incumplir los presupuestos de subsidiariedad y de inmediatez, en tanto, \u201ca\u00fan no se han agotado los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del accionante. Aparte que la sentencia fue proferida hace m\u00e1s de un a\u00f1o\u201d (7 oct. 2022); determinaci\u00f3n que el superior confirm\u00f3 porque \u201cactualmente se encuentra pendiente por resolver un recurso de queja interpuesto por el actor contra el auto de 14 de julio de 2022; por lo que no ser\u00eda viable que el juez constitucional desplace la competencia que le ha sido asignada al juez ordinario\u201d (28 oct.). <\/p>\n
Disinti\u00f3 de esas resoluciones, toda vez que \u201csolo hace[n] una ligera alusi\u00f3n (\u2026) en los antecedentes\u201d sobre lo que denunci\u00f3, \u201cpero en las consideraciones y en el caso concreto\u201d nada solucionaron, pese a que aport\u00f3 \u201cabundantes pruebas que reposan dentro [de esa] acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 3 de mayo de 2023 present\u00f3 escrito ante la Magistratura enjuiciada en el que indic\u00f3 que el veredicto de segunda instancia \u201cno se [le] hab\u00eda notificado y que el fallo emitido solo resuelve la solicitud de amparo de uno de los accionantes Julio Rib\u00f3n Ortiz\u201d; no obstante, ese pedimento \u201cno fue resuelto por el Tribunal, sino que fue remitida al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena\u201d, quien se abstuvo de tramitar el mismo \u201cpor no encontrarse dentro del t\u00e9rmino estipulado por el art\u00edculo 285 del CGP\u201d (24 may. 2023). <\/p>\n
2.- Hasta el momento de someter a estudio esta sentencia, los convocados guardaron silencio <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, s\u00f3lo es posible el examen de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, citadas en STC2551-2021, STC16306-2021, STC3147-2022 y STC3076-2023). <\/p>\n
La Guardiana de la Carta Pol\u00edtica acept\u00f3 la procedencia de \u00abacciones\u00bb como la presente, cuando lo prove\u00eddo en el socorro es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021 y STC4756-2022). As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) \u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. <\/p>\n
Posteriormente, para aclarar dicha tem\u00e1tica, la misma Colegiatura precis\u00f3 que, \u00abla acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb (C.C. T-286 de 2018). <\/p>\n
2.- En el sub lite, Mart\u00ednez Doria se duele de no haber sido notificada a su correo electr\u00f3nico del fallo por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena zanj\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb que interpuso contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa capital (rad. 2022-00293), lo que le impidi\u00f3 solicitar a tiempo la respectiva \u00abadici\u00f3n\u00bb, ante la ausencia de pronunciamiento sobre la totalidad de los puntos de inconformidad que elev\u00f3 al momento de formular el recurso. <\/p>\n
Quiere decir, entonces, que su descontento es con una actuaci\u00f3n posterior a ese veredicto, no con los fundamentos de este, ni tampoco pretende el acatamiento de un mandato constitucional, lo que torna pertinente el examen del anhelo supralegal, de acuerdo con el precedente antes transcrito. <\/p>\n
3.- Empero, de la evidencia allegada al cartapacio, muy pronto se anuncia el fracaso del socorro, habida cuenta que, aun cuando el Tribunal Superior de Cartagena pas\u00f3 por alto la gesti\u00f3n de noticiar la sentencia de \u00absegunda instancia\u00bb en el amparo n.\u00b0 2022-00293, al e-mail reportado por la querellante ceciliamart\u00ednezdoria@outlook.es, se constat\u00f3 que s\u00ed lo hizo al correo del abogado julioribon@hotmail.com a quien esta confiri\u00f3 poder especial para que la representara en esa espec\u00edfica causa, por ende, se entiende que la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb se surti\u00f3 por conducto de aquel. <\/p>\n
3.1.- Con todo, importa destacar que, aunque el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena \u00abse abstuvo de dar tr\u00e1mite a la solicitud de adici\u00f3n\u00bb que interpuso (24 may. 2023), lo cierto es que en ese auto le precis\u00f3, entre otras cosas, que el ad quem respondi\u00f3 todas las inquietudes exhibidas al opugnar, estableciendo que la ayuda se tornaba \u201cimprocedente\u201d por cuanto exist\u00eda un \u201crecurso de queja\u201d pendiente de solventar en el pleito de restituci\u00f3n combatido, \u00abefectos que la alcanzan a ella al encontrarse relacionada en el numeral primero de la resolutiva de dicho fallo\u00bb; adem\u00e1s, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la ALCALD\u00cdA DE LA LOCALIDAD HIST\u00d3RICA Y DEL CARIBE NORTE, le dio cabal cumplimiento a la orden de entrega emitida por el juzgado de conocimiento respecto del bien inmueble local comercial situado en el Centro Comercial Villa Sandra, barrio Villa Sandra, Avenida Pedro de Heredia, calle 31 No. 63C-08 de la ciudad de Cartagena y no de ning\u00fan otro inmueble o local comercial como lo quieren hacer ver los accionantes, por lo menos as\u00ed lo refleja la actuaci\u00f3n surtida, luego, desde ese aspecto no se vislumbra vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Significa, que no se acreditaron los motivos de las cr\u00edticas enrostradas por la memorialista y, por ende, no puede endilgarse a la dependencia acusada \u201cacci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n\u201d que conculque o amenace atributos b\u00e1sicos, raz\u00f3n por la cual no es posible la intervenci\u00f3n superlativa. Sobre el particular, esta Sala ha predicado que, para la prosperidad del ruego, \u201c(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u201d (STC7647-2020, STC3764-2021, STC2632-2022 y STC1171-2023). <\/p>\n
De igual modo, que se obliga: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u201d (STC8053-2019, STC3764-202, STC2632-2022 y STC1171-2023). <\/p>\n
4.- Ergo, surge inviable el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Cecilia Mart\u00ednez Doria contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5572-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5572-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02213-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la tutela que Cecilia Mart\u00ednez Doria instaur\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}