STC5580-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5580-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02189-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., Catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Lu\u00eds Orozco Bola\u00f1os contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – Direcci\u00f3n Territorial Magdalena-, y el Procurador 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y citadas las partes e intervinientes en el asunto de la misma especialidad, con radicado n\u00b0 470013121002 2015 00100 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 21 de agosto del a\u00f1o 2007, mediante contrato de compraventa, adquiri\u00f3 del se\u00f1or Ciro Alfonso Duran, el predio denominado \u00abPica Pica\u00bb, que hac\u00eda parte de un lote de mayor extensi\u00f3n llamado \u00abSanta Barbara\u00bb, ubicado en la vereda Macaraquilla, municipio de Aracataca, departamento del Magdalena. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el se\u00f1or Dur\u00e1n le inform\u00f3 que el inmueble lo obtuvo por compraventa celebrada con el se\u00f1or Miguel Antonio Ruiz Rodr\u00edguez, quien a su vez lo compr\u00f3 a Donaldo Rafael Dom\u00ednguez P\u00e9rez y Solmerida Pe\u00f1a Mart\u00ednez, los que inicialmente adquirieron por adjudicaci\u00f3n que les hiciera el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA, mediante la Resoluci\u00f3n 0841 de 6 de junio de 1990. <\/p>\n
Sostuvo que Solmerida Pe\u00f1a Mart\u00ednez, formul\u00f3 ante la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena, solicitud de restituci\u00f3n del predio \u00abPica Pica\u00bb, el que tuvo que abandonar de manera forzosa por haber sido desplazada del mismo, tr\u00e1mite que correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, mediante sentencia de 22 de agosto de 2022, accedi\u00f3 a las pretensiones de la se\u00f1ora Pe\u00f1a Mart\u00ednez, \u00aby como resultado del Estudio de la Buena Fe de la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os opositor del predio \u201cPica Pica\u201d; el Honorable Tribunal concluye y dispone que el se\u00f1or JOSE LUIS OROZCO BOLA\u00d1OS no cumple con los criterios para superar el est\u00e1ndar de la buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del fundo Pica Pica, lo que genera el no reconocimiento de compensaci\u00f3n a su favor\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal Superior accionado no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria, como quiera que los elementos que configuran la buena fe exenta de culpa est\u00e1n presentes en su actuar, al momento de adquirir el inmueble objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia de 22 de agosto de 2022, proferida por la Corporaci\u00f3n accionada \u00aben lo que tiene que ver con que el se\u00f1or JOSE LUIS OROZCO BOLA\u00d1OS, no actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, y se niega el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en la ley a favor de los opositores de los procesos de restituci\u00f3n de tierras\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad criticada, para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tras referir las actuaciones adelantadas en el proceso de restituci\u00f3n de tierras colectivo sobre los inmuebles ubicados en el corregimiento de Macaraquilla, municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, expediente en el que acumul\u00f3 diversas solicitudes de restituci\u00f3n de tierras adelantadas por campesinos de esa zona, identificado con el radicado 2015-00100-00, refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple el requisito de la inmediatez, puesto que entre la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n rebatida y la formulaci\u00f3n del amparo -2 de junio de 2023-, transcurrieron m\u00e1s de 9 meses. <\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente de la providencia censurada, indic\u00f3 que contrario a lo manifestado por el accionante, realiz\u00f3 con base en el acervo probatorio que reposa en el expediente, un detallado estudio sobre las alegaciones de buena fe exenta de culpa del se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os en la adquisici\u00f3n de los predios que fueron objeto de litigio. <\/p>\n
3. El Procurador 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-, solicitaron su desvinculaci\u00f3n por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y se\u00f1alaron, adem\u00e1s, que el amparo no cumple con los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
4. El apoderado judicial de Solm\u00e9rida Pe\u00f1a Mart\u00ednez, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, tras aducir que lo pretendido por el accionante, es \u00abreabrir un debate probatorio, pretendiendo tramitar una segunda instancia en el tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n de tierras, m\u00e1xime cuando el Tribunal Superior de Cartagena en la sentencia objeto de reproche estudio en detalle y de manera integral cada una de las pruebas aportadas con el escrito de oposici\u00f3n, escuch\u00f3 a la accionante en declaraci\u00f3n y garantiz\u00f3 su derecho al debido proceso en cada una de las etapas del proceso\u00bb. <\/p>\n
5. Al momento de presentar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibidos pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la acci\u00f3n propuesta se centra en establecer si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso de restituci\u00f3n 2015-00100-01 vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales que reclama el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os, al negarle el reconocimiento como opositor de buena fe sobre el predio \u00abPica-Pica\u00bb y el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
3. Revisado el expediente allegado a este tr\u00e1mite, advierte la Sala que la censura formulada por el accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no se encuentra ilegalidad en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 22 de agosto de 2022, la que fue notificada a las partes el 11 de noviembre siguiente, que habilite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4. Se afirma lo precedente, porque la providencia atacada se fundament\u00f3 en lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011 y la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas allegadas, sin desconocer las manifestaciones del interviniente. <\/p>\n
Debe tenerse presente que la mencionada ley, consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n, est\u00e1 regida por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial, los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado, pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n
La citada ley igualmente prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n por ser la parte m\u00e1s d\u00e9bil, tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5\u00ba), las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77), y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
La existencia de presunciones en favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales debe entenderse, entonces, en el marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso, se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba. <\/p>\n
5. As\u00ed, para el caso objeto de controversia, la Corporaci\u00f3n accionada, tras relacionar los antecedentes del asunto y el procedimiento adelantado, refiri\u00f3 que, el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os present\u00f3 oposici\u00f3n solicitando que sea declarada su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de los predios \u00abPica Pica\u00bb y \u00abLa Milagrosa\u00bb, argumentando que los recursos con los que los adquiri\u00f3 son dineros l\u00edcitos provenientes de la venta de otro predio de su propiedad en el a\u00f1o 2001, el cual tuvo que vender a causa del conflicto armado, refiri\u00f3 adem\u00e1s, que los compr\u00f3 a un justo precio, con el libre consentimiento de las partes y que, estos inmuebles son el \u00fanico sustento de su familia. <\/p>\n
Frente al estudio de la buena fe exenta de culpa alegada por el accionante, el Tribunal Superior accionado se ocup\u00f3 de la declaraci\u00f3n rendida por el se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os en el tr\u00e1mite adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, en la que el solicitante relat\u00f3 que el predio \u00abPica Pica\u00bb, lo negoci\u00f3 con el se\u00f1or Ciro Dur\u00e1n en el a\u00f1o 2007, por un valor de $9\u2019000.000, adem\u00e1s del pago que tuvo que realizar al INCODER por concepto de impuesto predial y gastos notariales, compraventa que se realiz\u00f3 previa entrevista sostenida con los anteriores propietarios. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 as\u00ed mismo, que de la declaraci\u00f3n se extrae que, en el mismo a\u00f1o 2007, igualmente el opositor adquiri\u00f3 el inmueble \u00abLa Milagrosa\u00bb, este \u00faltimo por valor de $21\u2019000.000, m\u00e1s los gastos respectivos tales como impuestos y los notariales, informaci\u00f3n, que reflejan los folios de matr\u00edculas inmobiliarias de los aludidos inmuebles, pues se observa de la anotaci\u00f3n No. 6 del FMI No. 225-6830 perteneciente al predio \u00abPica Pica\u00bb, la inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 60 de 14 de marzo de 2011 de la Notar\u00eda \u00danica del Copey, por medio de la cual se protocoliz\u00f3 la compraventa del predio de Solmerida Pe\u00f1a Mart\u00ednez al aqu\u00ed accionante, as\u00ed como de la anotaci\u00f3n No. 6 del FMI No. 225-6833 perteneciente al predio \u00abLa Milagrosa\u00bb, la inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 199 de 30706\/2009 de la Notar\u00eda de Aracataca (Magdalena) de compraventa de Humberto Padilla P\u00e9rez al se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os. <\/p>\n
Conforme lo anterior, consider\u00f3, <\/p>\n
\u00abDe los elementos de juicio anteriormente analizados evidencia la Sala que el se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os para la anualidad que adquiere el predio \u201cPica Pica\u201d propugn\u00f3 por la obtenci\u00f3n de la posesi\u00f3n del inmueble denominado La Milagrosa, lo que de deviene en un accionar poco prudente y diligente atendiendo a que se trata dos inmuebles constituidos como Unidades Agr\u00edcolas Familiares, tal como se observa del numeral d\u00e9cimo primero de las resoluciones 828 y 841 de 6 de junio de 1990 por medio de las cuales se adjudicaron los referidos inmuebles\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, se\u00f1al\u00f3 que el actor infringi\u00f3 lo contemplado en el numeral 3 del art\u00edculo 172 de la ley 1152 de 2007, al momento de comprar los predios en menci\u00f3n, en raz\u00f3n a que, la libertad de disposici\u00f3n de la parcela \u00abse predica para efectos de transferir la propiedad de la misma sin la autorizaci\u00f3n del extinto INCODER, prohibici\u00f3n que igualmente establece el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 40 de la ley 160 de 1994 actualmente vigente y no para la adquisici\u00f3n de m\u00e1s de una Unidad Agr\u00edcola Familiar por parte de un (1) solo titular, lo que estaba expresamente prohibido por ley en el caso del se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os. As\u00ed mismo, alertaba la referida normatividad la ausencia de tal libertad en ese tipo de enajenaciones\u00bb. <\/p>\n
Adujo, que tal situaci\u00f3n se observa en el oficio obrante en el expediente, con radicado No. 000394 de 18 de junio de 2009, mediante el cual el entonces -INCODER- inform\u00f3 al Notario \u00danico de Aracataca que no ejercer\u00e1 el preferencial de compra del predio \u00abLa Milagrosa\u00bb, que tambi\u00e9n fue comprado por el se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os, recordando al Notario el art\u00edculo 39 de la Ley 160 de 1994 que establece la prohibici\u00f3n de acumulaci\u00f3n de UAF. <\/p>\n
Refiri\u00f3 el Tribunal Superior, que del folio de matr\u00edcula del predio \u00abPica Pica\u00bb, se advierte que se inscribi\u00f3 en la anotaci\u00f3n 4 \u00abla medida de prohibici\u00f3n de enajenar por declaratoria inminencia de riesgo o desplazamiento forzado por parte del INCODER en favor del solicitante Miguel Antonio Ruiz Rodr\u00edguez (solicitante restituido del predio Pica Pica) con fecha de inscripci\u00f3n 5 de noviembre de 2010 y aunque ella fue cancelada mediante oficio de la misma entidad de calenda 27 de diciembre de 2010 (anotaci\u00f3n No. 5) previo a la protocolizaci\u00f3n de la compraventa realizada por el opositor mediante escritura de fecha 14 de marzo de 2011 (anotaci\u00f3n No. 6), s\u00ed devela el conocimiento que debi\u00f3 tener el demandado en cuanto a violaciones de derechos humanos que se suscitaron en el sector pero pese a ello decidi\u00f3 invertir de prohibici\u00f3n de enajenar por declaratoria inminencia de riesgo o desplazamiento forzado por parte del INCODER en favor del solicitante Miguel Antonio Ruiz Rodr\u00edguez (solicitante restituido del predio Pica Pica) con fecha de inscripci\u00f3n 5 de noviembre de 2010 y aunque ella fue cancelada mediante oficio de la misma entidad de calenda 27 de diciembre de 2010 (anotaci\u00f3n No. 5) previo a la protocolizaci\u00f3n de la compraventa realizada por el opositor mediante escritura de fecha 14 de marzo de 2011 (anotaci\u00f3n No. 6), s\u00ed devela el conocimiento que debi\u00f3 tener el demandado en cuanto a violaciones de derechos humanos que se suscitaron en el sector pero pese a ello decidi\u00f3 invertir\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente al estudio de calidad de segundo ocupante del se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os, la Corporaci\u00f3n accionada tuvo en cuenta, el informe de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica allegada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, del cual dedujo que, el accionante, su compa\u00f1era Agripina de \u00c1ngel G\u00e1mez y su n\u00facleo familiar, no habitan los bienes restituidos, al manifestar ante la Unidad, que sus ingresos dependen principalmente de la explotaci\u00f3n de los fundos \u00abPica Pica\u00bb, \u00abLa Milagrosa\u00bb y \u00abBella Diana\u00bb, sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que, el solicitante reporta ser propietario de 10 inmuebles, 8 de ellos de naturaleza urbana y uno de destinaci\u00f3n agr\u00edcola. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en atenci\u00f3n al amparo de restituci\u00f3n que le fue negado al se\u00f1or Humberto Padilla frente al predio \u00abLa Milagrosa\u00bb, este sigue estando en dominio del aqu\u00ed accionante, raz\u00f3n por la cual, la entrega de los inmuebles \u00abPica-Pica\u00bb y \u00abBella Diana\u00bb, no genera en el peticionario ni en su n\u00facleo familiar una afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os y su compa\u00f1era Agripina de \u00c1ngel, no cumplen con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la calidad de segundos ocupantes, conforme lo establecido en la sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
6. Puestas, as\u00ed las cosas, la Corte no constata irregularidad en las conclusiones del Tribunal Superior de Cartagena, puesto que resolvi\u00f3 el asunto bajo su conocimiento con apego a las normas y a la jurisprudencia aplicable y bajo una ponderaci\u00f3n razonable del material probatorio. <\/p>\n
En cuanto a la negativa de la buena fe exenta de culpa, la fundament\u00f3 en la ley 1152 de 2007, que establec\u00eda que en ning\u00fan caso un solo titular, por s\u00ed o interpuesta persona, podr\u00eda ejercer el dominio, posesi\u00f3n o tenencia, a ning\u00fan t\u00edtulo, de m\u00e1s de una (1) Unidad Agr\u00edcola Familiar, incumpliendo el accionante esa regla, como quiera que, qued\u00f3 demostrado que adquiri\u00f3 la propiedad no solo del predio denominado \u00abPica Pica\u00bb, sino tambi\u00e9n del inmueble \u00abLa Milagrosa\u00bb constituidos como Unidades Agr\u00edcolas Familias (UAF), obteni\u00e9ndose por parte del opositor 2 UAF, lo que se considerar\u00eda como acumulaci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Adem\u00e1s, las condiciones de vulnerabilidad alegadas por el actor no las encontr\u00f3 acreditadas, pues en el an\u00e1lisis que realiz\u00f3 quedo establecido, que ante la negativa de acceder a las pretensiones de restituci\u00f3n del predio \u00abLa Milagrosa\u00bb invocadas por Humberto Padilla, el actor a\u00fan est\u00e1 en dominio del referido predio. <\/p>\n
7. Finalmente, para la Corte es claro, que el accionante pretende es imponer una versi\u00f3n de los hechos, ajena a los medios de prueba, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas en el proceso cuestionado, puesto que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ. STC4937-2016, STC6631-2018, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC6720-2022 y STC1734-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Lu\u00eds Orozco Bola\u00f1os contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5580-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5580-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02189-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., Catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Lu\u00eds Orozco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74035\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}