STC5592-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5592-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-21-000-2023-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Jaime Robiro Trujillo y Mar\u00eda Liliana S\u00e1nchez formularon frente a la sentencia de 2 de mayo de 2023, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, en la tutela que instauraron contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despajadas, extensiva las partes e intervinientes del proceso especial con rad. 2016-00221-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas pretenden a trav\u00e9s de este mecanismo que se ordene a las autoridades convocadas \u00abreali[zar] los tr\u00e1mites pertinentes para [entregar] la compensaci\u00f3n por equivalencia a [su] favor (\u2026) con el bien inmueble ubicado en la Urbanizaci\u00f3n San Nicolas del [m]unicipio de Guaitarilla\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior adujeron que promovieron el juicio objeto de escrutinio en el que, por una parte, se acogi\u00f3 su pretensi\u00f3n restitutoria, y por la otra, se orden\u00f3 que en los 3 meses siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, se realizaran los tr\u00e1mites correspondientes al reconocimiento de la restituci\u00f3n por equivalencia que tenga en cuenta un aval\u00fao comercial del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (30 oct. 2017); sin embargo, vencido el citado t\u00e9rmino las autoridades convocadas \u00abse limitan a informar las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la sentencia\u00bb. En su criterio, la mentada circunstancia le causa \u00abperjuicios porque no han podido estabilizarse tanto econ\u00f3mica como emocionalmente\u00bb, adem\u00e1s que no disponen \u00abde los recursos necesarios para solventar sus necesidades b\u00e1sicas personales y las de su familia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Juez aludida precis\u00f3 que el 25 de febrero de 2021 asumi\u00f3 el conocimiento del asunto cuestionado; y comoquiera que la estimaci\u00f3n que present\u00f3 el IGAC el 9 de noviembre 2019 \u00abcarece de informaci\u00f3n para sustentar lo all\u00ed consignado\u00bb, mediante prove\u00eddos del 7 de febrero y 25 de abril de los corrientes orden\u00f3 la pr\u00e1ctica del nuevo dictamen a las dos entidades responsables, otorgando el t\u00e9rmino perentorio para su concreci\u00f3n. Agreg\u00f3 que aun cuando se cre\u00f3 un nuevo despacho judicial \u00abel c\u00famulo [de trabajo] (\u2026) sigue siendo bastante alto y el tr\u00e1mite se impartir\u00e1 atendiendo el orden cronol\u00f3gico de llegada\u00bb. <\/p>\n
La Unidad de Tierras accionada, advirti\u00f3 que dio cumplimiento al fallo judicial; sin embargo, en relaci\u00f3n a la restituci\u00f3n, indic\u00f3 que no le ha sido posible lograr tal cometido, pues el justiprecio que se present\u00f3 ten\u00eda yerros sustanciales que imped\u00edan su observancia; adem\u00e1s que, en virtud del auto proferido por el Juzgado aludido, ya remiti\u00f3 los \u00abinsumos necesarios para la elaboraci\u00f3n del informe valuatorio\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo, no solo porque advirti\u00f3 que la mora enrostrada se encontraba justificada en la alta demanda laboral para el Juzgado accionado, lo que inclusive amerit\u00f3 medidas de descongesti\u00f3n, sino que adem\u00e1s los actores cuentan con otras herramientas procesales para lograr el cumplimiento de la sentencia que les fue favorable. <\/p>\n
4.- Los accionantes impugnaron la anterior determinaci\u00f3n y se\u00f1alaron similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El veredicto opugnado se revocar\u00e1 para, en su lugar, conceder el ruego implorado por Jaime Robiro Trujillo y Mar\u00eda Liliana S\u00e1nchez. Todo, porque la autoridad accionada se encuentra en mora de procurar el cumplimiento de la sentencia que les fue favorable, no justific\u00f3 objetivamente la tardanza y la misma no tiene excusa alguna. <\/p>\n
En primer lugar, hay que destacar que los accionantes dada su calidad de v\u00edctimas del conflicto armado interno son sujetos de especial protecci\u00f3n y la Ley 1448 de 2011, con el fin de garantizar la reparaci\u00f3n de los ciudadanos que han padecido tales afectaciones, estableci\u00f3 el procedimiento para la satisfacci\u00f3n del que ha sido catalogado como derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, que, inspirado en principios de orden constitucional, est\u00e1 orientado a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de los predios despojados o abandonados forzadamente. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la particular materia y la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el citado proceso, esta Sala indic\u00f3 que la citada norma <\/p>\n
consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral para las v\u00edctimas, dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria, reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
De igual modo, esta Sala ha indicado que cuando se formulan acciones de tutela contra tales tr\u00e1mites, el juez constitucional debe priorizar los derechos de las v\u00edctimas, quienes en tal condici\u00f3n son sujetos especiales de protecci\u00f3n exentos de cargas adicionales que lesionen sus garant\u00edas y que generen, incluso, su revictimizaci\u00f3n (Ver CSJ. STC1428-2020 y STC4990-2022, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior no quiere decir que en todos los casos deba accederse a la protecci\u00f3n demandada, pues es forzoso revisar las circunstancias particulares de las v\u00edctimas, la idoneidad de los recursos que puedan tener a su alcance y la eventual necesidad de que intervenga esta especial jurisdicci\u00f3n en aras de garantizar sus derechos (Subrayado fuera del texto) (STC12169-2022). <\/p>\n
En segundo orden, esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la mora judicial y el deber de los funcionarios y empleados de respetar los t\u00e9rminos procesales imprimiendo la debida diligencia a los asuntos puestos en su conocimiento, en reciente pronunciamiento, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
El legislador ha previsto plazos para que las autoridades judiciales tramiten los asuntos a cargo. Ello, no solo para materializar el derecho de las personas a que sus prerrogativas y deberes sean reconocidos en un plazo razonable, sino para garantizar la efectividad de estos. <\/p>\n
Quien acude a la jurisdicci\u00f3n con el fin de que se le resuelva alg\u00fan conflicto que lo afecta, pone nada m\u00e1s y nada menos que, su vida, familia y patrimonio en manos de servidores judiciales. As\u00ed que, a tono con esa gran responsabilidad, se reclama de ellos diligencia en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo. Principio y deber (\u2026). <\/p>\n
En ese contexto, deben comprenderse los alcances del deber de los servidores judiciales de \u00ab[r]esolver los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos previstos en la ley y con sujeci\u00f3n a los principios y garant\u00edas que orientan el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb (num. 15, art. 153 de la Ley 270 de 1996), y concretamente de los falladores, de \u00abdirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb, y \u00abdictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas\u00bb (numerales 8 y 9 del C.G.P.) <\/p>\n
Ahora, cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, que exista mora no significa que haya un desempe\u00f1o negligente de las funciones jurisdiccionales. Hay m\u00faltiples circunstancias que la pueden provocar, y que pueden ser ajenas a la diligencia que se demanda de sus servidores. En ese sentido, el \u00abComentario relativo a los Principios de Bagalore sobre la conducta judicial\u00bb se\u00f1ala: <\/p>\n
La capacidad de actuar con diligencia en el desempe\u00f1o de las obligaciones judiciales puede depender de la carga de trabajo, la suficiencia de los recursos (incluida la disponibilidad de personal de apoyo y de asistencia t\u00e9cnica) y el tiempo para la investigaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n, redacci\u00f3n y otras obligaciones judiciales que no sean la participaci\u00f3n en las audiencias del tribunal. <\/p>\n
En los tiempos que corren, en los que los que la conflictividad social se ha incrementado, y con ello, el n\u00famero de causas que debe resolver la administraci\u00f3n de justicia, la mora judicial se ha normalizado. Se ha vuelto tan ordinario no atender oportunamente las causas, que acatar los tiempos o no da lo mismo, cuando no es ni deber\u00eda ser as\u00ed. <\/p>\n
No hay duda que los anotados factores afectan el cumplimiento de los plazos consagrados por el legislador. Por eso, es comprensible que cuando ellos concurren, todas las controversias o algunas de ellas no se impulsen en tiempo. Pero ello no significa que el retardo est\u00e9 bien, o que este pueda asumirse como \u00abnatural\u00bb, ni mucho menos que el deber de los servidores de sustanciar oportunamente los asuntos se extinga. No. Como se vio, lo que est\u00e1 en juego es la efectividad de los derechos de los asociados. Por tanto, la diligencia que se reclama de las autoridades jurisdiccionales, impone, tambi\u00e9n, adoptar medidas razonables y concretas para superar la congesti\u00f3n. Todo, a fin de solucionar las contiendas oportunamente o en un plazo razonable. Mem\u00f3rese que \u00ab[l]a judicatura es una instituci\u00f3n de servicio a la comunidad\u00bb, de ah\u00ed que quienes laboran en ella est\u00e1n llamados a implementar las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio. <\/p>\n
Es que, pese a que la congesti\u00f3n judicial es un problema que afecta a la mayor\u00eda de los juzgados, propiciado, seg\u00fan se vio por m\u00faltiples factores, eso no releva al fallador y a sus colaboradores de enfilar esfuerzos para conjurar el problema, ya que pueden hacerlo a trav\u00e9s de los recursos de los que disponen, o gestionando aquellos que no tienen. <\/p>\n
En suma, toda vez que la efectividad de los derechos de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1 ligada al cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, los funcionarios y empleados judiciales deben procurar, estrictamente, su observancia. Y en virtud del deber de sustanciar diligentemente los asuntos a su cargo, est\u00e1n convocados a adoptar las medidas necesarias para remediar las circunstancias que entorpezcan su impulso oportuno (STC13282-2022). <\/p>\n
Ahora frente a la tutela judicial y efectiva en relaci\u00f3n a la mora judicial, en el mismo fallo aludido, se explic\u00f3 que ello depende de que i) se constate la infracci\u00f3n de los plazos establecidos para tramitar la actuaci\u00f3n de que se trate, ii) la mora sea injustificada, y iii) la tardanza sea trascendente frente a los derechos del accionante. <\/p>\n
En punto del primero de los requisitos obs\u00e9rvese que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, norma especial que rige para los juicios de restituci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la efectividad del fallo, prev\u00e9 que \u00abuna vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez (\u2026) mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el asunto analizado, se observa que el despacho querellado no ha logrado el cumplimiento del fallo que accedi\u00f3 a las pretensiones restitutorias de los actores, pues aun cuando otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 3 meses para su acatamiento (30 oct. 2017), hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda no se ha decantado tal materia. <\/p>\n
N\u00f3tese que la restituci\u00f3n por equivalencia ordenada a la Unidad de Tierras en el fallo en comento, se supedit\u00f3 al \u00abaval\u00fao comercial\u00bb del predio objeto del litigio que deber\u00eda presentar el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi en el citado periodo; sin embargo, pese a que esa experticia se aport\u00f3 al proceso (13 ene. 2020) y la Unidad de Tierras solicit\u00f3 al Despacho tomar las medidas necesarias para corregir los yerros advertidos de tal estimaci\u00f3n para cumplir con la referida orden (15 dic. 2020, 10 nov. 2021, 24 ene. 2022 y 2 dic. 2022), el Juzgado convocado, ya en el curso del presente tr\u00e1mite si bien profiri\u00f3 una serie de autos requiriendo a las diferentes entidades, no ha perfeccionado la tan mentada restituci\u00f3n (6 feb. 2023, 7 mar. 2023, 25 abr. 2023 y 16 may. 2023). <\/p>\n
En relaci\u00f3n al segundo de los requerimientos, esto es, la justificaci\u00f3n de la mora, la falladora enjuiciada aunque se exculp\u00f3 en la excesiva carga laboral y que asumi\u00f3 el conocimiento de la causa hasta el 2021, lo cierto es que no acredit\u00f3 de manera alguna dichos supuestos ya sea con el n\u00famero de procesos a su cargo y el conteo de las decisiones que profiri\u00f3 en tal lapso o, en su defecto, a trav\u00e9s de las estad\u00edsticas que lleva cada despacho; adem\u00e1s el hecho de que haya avocado el asunto desde el citado a\u00f1o, no la exime del impulso procesal requerido, m\u00e1xime cuando, no solo, tal como lo expuso en el informe que rindi\u00f3, se implementaron medidas de descongesti\u00f3n judicial en ese distrito lo que disminu\u00eda la carga laboral, sino adem\u00e1s, porque con antelaci\u00f3n a aquella calenda ya exist\u00edan peticiones relacionadas con el tan referida estimaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, sobre la tercera de las exigencias, esto es, la trascendencia de la mora, es dable afirmar que, de acuerdo al acontecer procesal, el retraso es fehaciente y ha impedido a los accionantes una pronta y debida soluci\u00f3n judicial a la controversia suscitada, lo que repercute verdaderamente en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el debido proceso y lo m\u00e1s importante, la restituci\u00f3n de sus bienes, en la medida que ya han transcurrido 5 a\u00f1os y 7 meses desde que se profiri\u00f3 la sentencia que les fue favorable sin que se logre su materializaci\u00f3n; sumado a ello, se trata de sujetos de especial protecci\u00f3n precisamente por el desplazamiento del que fueron v\u00edctimas y tal circunstancia ha impedido, conforme lo manifestaros en el escrito de tutela y se advierte del expediente digital, establecer un proyecto de vida que les permita echar ra\u00edces en alguno lugar, dest\u00e1quese que su trasegar ha sido en Ecuador, Funes y recientemente Guaitarilla. <\/p>\n
Ahora, en raz\u00f3n de lo multidisciplinario que resulta el cumplimiento de la sentencia por la participaci\u00f3n de varias entidades, nada justifica que el Juzgado, en la actualidad, no emplee sus poderes instructivos y correccionales para lograr la ejecuci\u00f3n de sus decisiones (art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso), teniendo en cuenta, adem\u00e1s, que est\u00e1 habilitado para dictar todas las medidas que \u00abgaranticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb (art\u00edculo 102, Ley 1448 de 2011). <\/p>\n
En cuanto a la tardanza en el cumplimiento de sentencias dictadas dentro de los casos de restituci\u00f3n de tierras, esta Sala en un asunto an\u00e1logo, citando la referida norma advirti\u00f3 que: \u00ab(\u2026) en aras de cumplir con el prop\u00f3sito ut supra demarcado, el juzgador de conocimiento habr\u00e1 de determinar las directrices que \u201csean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas\u201d\u00bb (Reiterada en STC9666-2019, STC15245-2019 y en STC12897-2019, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la mora del Juzgado Segundo Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa no ha sido superada, y debe ser remediada a trav\u00e9s de este sendero, se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia, que desestim\u00f3 el amparo. En su reemplazo, se ordenar\u00e1 al estrado denunciado que persiga el cumplimiento del fallo en menci\u00f3n en punto de la restituci\u00f3n por equivalencia en un t\u00e9rmino prudencial, el cual ser\u00e1 de seis (6) meses. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley resuelve REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, se AMPARAN los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Jaime Robiro Trujillo y Mar\u00eda Liliana S\u00e1nchez. <\/p>\n
Por lo anterior, se ORDENA a la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa, que efectivice el cumplimiento de la orden dispensada en el numeral segundo de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2017 en el proceso especial de restituci\u00f3n de tierras con rad. 86001-31-21-001-2006-00221-00, en un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de seis (6) meses, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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