STC5652-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5652-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00714-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la tutela que Ramiro Eduardo Calder\u00f3n Rodr\u00edguez instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00117. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n, y acceso a la justicia\u00bb, para que, en el juicio verbal de la referencia, se ordenara: i. \u00abdeclarar extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda, por haberse contestado por fuera de t\u00e9rminos de ley\u00bb y, ii. \u00abdejar sin efecto los autos en que se me niega el amparo de pobre y en el que se da contestada la demanda se ordenara volver a decidir el asunto\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el proceso \u00abde responsabilidad civil\u00bb que promovi\u00f3 contra Davivienda S.A. (rad. 2020-0117), emiti\u00f3 dos providencias que \u00abquebrantan\u00bb el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En la primera, neg\u00f3 \u00abel amparo de pobreza solicitado con la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb pidi\u00e9ndole prueba de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera, lo que, en su opini\u00f3n, desconoci\u00f3 los art\u00edculos 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso y la sentencia STC-2318 de 2020, ya que \u00abel \u00fanico requisito para ello es que se haga bajo la gravedad de juramento\u00bb, por lo cual, estima que \u00abest\u00e1 haciendo una errada interpretaci\u00f3n a la norma, exigiendo cumplimiento de formalidades no establecidas en esta, las cuales han afectado el derecho de defensa y acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
En la segunda, tuvo en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda efectuada por Davivienda S.A. de forma \u00abextempor\u00e1nea\u00bb, mezclando \u00abdos normas de notificaci\u00f3n lo establecido en el inciso 2 del art\u00edculo 91 del C. G del P. y lo reglado en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, como quiera que \u00abha resuelto todas y cada una de las peticiones que motivaron el presente amparo constitucional\u00bb y, comunic\u00f3, que en el \u00abejecutivo singular\u00bb n.\u00b0 2020-00117 estaba pendiente de resolver un recurso de reposici\u00f3n incoado \u00abpor la parte actora\u00bb contra el auto de 2 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual \u00abresolvi\u00f3 sobre la solicitud de p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 1 judicial II Asuntos Civiles relat\u00f3 las intervenciones adelantadas por esa dependencia en la lid debatida y pregon\u00f3 que \u00aben el presente caso se cumplen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en la medida que el actor agot\u00f3 todos los recursos con los que contaba en el proceso\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que se emita \u00abun pronunciamiento de fondo frente a la protecci\u00f3n constitucional rogada\u00bb. <\/p>\n
Davivienda S.A. indic\u00f3 que \u00abel 10 de octubre de 2022, el accionante instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, en similares t\u00e9rminos (\u2026) a la cual le correspondi\u00f3 el radicado 2022 02195 01\u201d, en la que \u00absolicitaba que se ordenara al Juez Segundo Civil de Bogot\u00e1 D.C., que, en un t\u00e9rmino de 2 d\u00edas, diera respuesta al recurso de reposici\u00f3n, en subsidio, de apelaci\u00f3n\u201d, y \u00abel 19 de octubre de 2022 el Tribunal profiri\u00f3 fallo en el cual neg\u00f3 el amparo constitucional por no encontrar vulnerados los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, \u00abel 08 de febrero de 2023 el Accionante instaura nueva acci\u00f3n de tutela en contra del aqu\u00ed Accionando, a la cual le correspondi\u00f3 el radicado 2023-00270-00\u00bb y \u201cEl 16 de febrero de 2023, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil, profiri\u00f3 fallo en donde se le concedi\u00f3 el amparo al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esta es la tercera oportunidad que Ramiro Eduardo acude a este sendero especial con un escrito que \u00abguardan una similitud\u00bb con los aportados en las ocasiones precedentes, por lo que exigi\u00f3 denegar el resguardo por \u00abtemerario\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego, tras colegir que al ser la presente acci\u00f3n equivalente a la demanda tuitiva n.\u00b0 2022-002195, \u00abno resulta viable analizar de fondo la controversia, en aplicaci\u00f3n del precepto 38 del Decreto 2591 de 1991 transcrito, m\u00e1xime cuando no se evidencia justificaci\u00f3n alguna en el obrar del demandante\u00bb. <\/p>\n
2.- El actor impugn\u00f3 ese desenlace, porque desconoce totalmente que la \u00abacci\u00f3n constitucional con anterioridad a esta, cuyo radicado fue 11001 22 03 000 2022 02195 00, fue con ocasi\u00f3n a la mora judicial para resolver las peticiones elevadas contra el juzgado accionado\u00bb; insisti\u00f3 en que las decisiones adoptadas por este \u00abhan tenido una desviaci\u00f3n arbitraria y caprichosa, por cuanto desconoce las normas legales, jurisprudenciales y constitucionales que direccionan la forma como se debe resolver la solicitud de amparo de pobre y la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para contestar una demanda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala no advierte la conducta temeraria que el a quo endilg\u00f3 al impulsor, toda vez que, en el pliego supralegal n.\u00b0 2022-002195, la \u201cacci\u00f3n de tutela\u00bb se dirigi\u00f3 a denunciar la dilaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito en solventar el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra el prove\u00eddo de 17 de mayo de 2022, mediante el cual no concedi\u00f3 el \u00abamparo de pobreza\u00bb por \u00e9l requerido y tuvo por contestada la demanda por Davivienda S.A., auxilio que se neg\u00f3 con base en que \u00abal interior del juicio n\u00ba 2020-00117-00, el 14 de octubre anterior la referida autoridad desat\u00f3 el recurso echado de menos por el promotor\u00bb. <\/p>\n
Empero, el aspecto aqu\u00ed debatido no fue all\u00e1 abordado, como quiera que para cuando se radic\u00f3 esa \u00abtutela 2022-002195\u00bb (10 oct. 2022), en la Litis civil estaba pendiente por definir, precisamente, sobre el otorgamiento o no del \u00abamparo de pobreza\u00bb y la \u00abcontestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, lo que vino a quedar dirimido el 16 de marzo de 2023, cuando se declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 24 de octubre de 2022; lo que descarta la duplicidad de acciones sobre el mismo tema. <\/p>\n
2.- Aclarado lo anterior, se anuncia la infirmaci\u00f3n parcial del veredicto impugnado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
2.1.- Se duele el querellante de que el despacho recriminado no le ha concedido el \u00abamparo de pobreza\u00bb que varias veces le ha requerido en la causa verbal n\u00b0 2020-00117, porque en su criterio, desconoce los art\u00edculos 151, 152 del C.G.P., y la sentencia STC-2318 de 2020, en tanto le exige \u00abpruebas sumarias de la falta de capacidad econ\u00f3mica para la concesi\u00f3n del amparo\u00bb. <\/p>\n
2.1.1.- El art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso consagra, que \u00abSe conceder\u00eda el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a t\u00edtulo oneroso\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el canon 152 ib\u00eddem, prev\u00e9, que: \u00abEl amparo podr\u00e1 solicitarse por el presunto demandante antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. El solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente (\u2026)\u00bb \u00e9nfasis fuera de texto. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) no es necesario que la parte o el tercero acrediten \u2013 ni siquiera sumariamente \u2013 la insuficiencia patrimonial que los mueve a \u2018solicitar el amparo de pobreza\u2019; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la \u2018gravedad del juramento\u2019. Esto se justifica, de un lado, en la presunci\u00f3n de buena fe que cobija a la persona que hace la manifestaci\u00f3n (art. 83 C.N.), y de otro, en la eficacia y valor que el mismo ordenamiento jur\u00eddico le otorga al \u2018juramento deferido\u2019 en este evento (art. 207 C.G.P.); pues, suponer cosa distinta ser\u00eda tanto como partir de la base de que el \u2018petente\u2019 falta a la verdad, lo que obviamente est\u00e1 proscrito. (Negrillas fuera de texto). CSJ STC1567-2020 reiterada en STC102-2022 y STC13320-2022. <\/p>\n
2.1.2.- Lo evidenciado en el plenario respecto a dicho t\u00f3pico, es que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1: <\/p>\n
<\/p>\n
* En auto de 17 de agosto de 2021 neg\u00f3 el \u00abamparo de pobreza\u00bb reclamado por Ramiro Eduardo, \u00abpor no demostrarse fehacientemente las caracter\u00edsticas para su procedencia ni aportarse prueba siquiera sumaria para su concesi\u00f3n\u00bb. Contra esta resoluci\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
* Ante nuevo pedimento en igual sentido de Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, el 17 de mayo de 2022, le orden\u00f3 estarse a lo dispuesto en la determinaci\u00f3n anterior, \u00abteniendo en cuenta que la parte demandante omiti\u00f3 rotundamente allegar prueba si quiera sumaria y\/o indicios que permitieran inferir la precariedad de su capacidad econ\u00f3mica o, en su defecto, el menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia; por ejemplo incorporando al plenario (i) el certificado expedido por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n que acreditara la incursi\u00f3n en programas de subsidio. (ii) la expedici\u00f3n de la Base de Datos \u00danica de afiliaci\u00f3n en que se constara la incursi\u00f3n en el r\u00e9gimen subsidiado o (iii) el puntaje del Sisb\u00e9n que acreditara su eventual potencial de beneficiario de los programas de subsidio del Estado, entre otros\u00bb (\u00e9nfasis fuera de texto) <\/p>\n
<\/p>\n
* Para mantener inc\u00f3lume el auto precedente y no conceder su apelaci\u00f3n, el 14 de octubre de 2022, luego de trascribir el art\u00edculo 151 del estatuto procesal civil y la sentencia T-339 de la Corte Constitucional, esboz\u00f3: \u00ab(\u2026) De lo anterior se colige sin lugar a equ\u00edvocos que, en efecto, los requisitos para solicitar el amparo de pobreza son dos i) que se presente de forma personal, bajo gravedad de juramento y ii) que quien lo solicita acredite la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que hace procedente acceder a su concesi\u00f3n\u00bb. (Resalta el despacho). <\/p>\n
<\/p>\n
* Despu\u00e9s, mediante interlocutorio de 10 de febrero de 2023, resolvi\u00f3 \u00abNo revocar la providencia del 14 de octubre del 2022 (\u2026) y CONCEDER el recurso de queja, en el efecto devolutivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
* La queja fue dirimida el 16 de marzo \u00faltimo por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de \u00abDECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 la parte demandada contra el auto que profiri\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 17 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.1.3. Se colige de lo descrito, que el estrado criticado incurri\u00f3 en el yerro que se le imputa, al imponer a Calder\u00f3n Rodr\u00edguez una carga procesal \u2013 demostrar la precariedad de sus condiciones para acceder al mencionado beneficio jur\u00eddico- no establecida en la ley, y desconocer con ello, el precedente de esta Colegiatura sobre la materia. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que las \u00fanicas exigencias de las normas atr\u00e1s referidas, consisten en i) Elevar la petici\u00f3n de amparo de forma personal y motivada y, ii) Aseverar bajo la gravedad del juramento, encontrarse en las condiciones previstas en el art\u00edculo 151 citado, esto es, no estar \u00aben capacidad de atender los gastos del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos\u00bb. <\/p>\n
Con dicho comportamiento, el iudex confutado cometi\u00f3 un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, lo que torna necesaria la intervenci\u00f3n de esta especial\u00edsima justicia supralegal. <\/p>\n
Es que, se ha sostenido que el \u00abexceso de ritual manifiesto\u00bb: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a la trasgresi\u00f3n del \u00abderecho al debido proceso\u00bb del precursor por parte de la autoridad acusada, se ordenar\u00e1 a esta resolver nuevamente la \u00absolicitud\u00bb elevada en torno a la \u00abconcesi\u00f3n del amparo de pobreza\u00bb teniendo en cuenta lo aqu\u00ed esbozado. <\/p>\n
2.2. Lo mismo no puede aseverarse frente a la queja contra la resoluci\u00f3n que tuvo por contestada la demanda por parte de Davivienda S.A., ya que el proveimiento de 14 de octubre de 2022 que zanj\u00f3 la discusi\u00f3n sobre este punto no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del cartapacio. <\/p>\n
Para el efecto, el funcionario combatido, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00aben lo que refiere a la notificaci\u00f3n del extremo actor y la presunta extemporaneidad del escrito de contestaci\u00f3n de demanda, encuentra el despacho que no le asiste raz\u00f3n a la recurrente, habida cuenta que, como se indic\u00f3 en el auto objeto de censura la entidad financiera demandada fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 806 de 2020, conforme se evidencia a folio 445 del expediente y frente a ello no hay discusi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hoy el despacho no comparte la interpretaci\u00f3n que, de la referida norma, hace el demandante al considerar que el t\u00e9rmino con que contaba la demanda (sic) para contestar, veinte (20) d\u00edas, hoy por tratarse de un proceso verbal, debe contarse desde el d\u00eda siguiente de la recepci\u00f3n del mensaje seg\u00fan adujo porque as\u00ed lo dispuso la Corte Constitucional en su jurisprudencia, hecho que no corresponde a la realidad, en tanto el \u00f3rgano constitucional en su sentencia C 420- de 2020, respecto del tema, condicion\u00f3 la excequibilidad (sic) del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de decret0 806 de 2020 a que el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto, valga decir, los dos (2) d\u00edas, se deb\u00edan contar no desde el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n como estaba plasmado en la norma, sino desde, cuando \u201cel iniciador recepcione acuse recibido o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario del mensaje\u201d espec\u00edficamente la corte constitucional indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u201c353. Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el r\u00e9gimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporaci\u00f3n de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificaci\u00f3n se admitan interpretaciones que desconozcan la teleolog\u00eda de las notificaciones, esto es la garant\u00eda de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada del inciso 3 del art\u00edculo 8\u00b0 y del par\u00e1grafo del art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el t\u00e9rmino de dos (02) d\u00edas all\u00ed dispuesto empezar\u00e1 a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretaci\u00f3n de la medida que desconoce la garant\u00eda de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulaci\u00f3n existente en materia de notificaciones personales mediante correo electr\u00f3nico prevista en los art\u00edculos 291 y 612 del CGP y, por \u00faltimo, (iii) orienta la aplicaci\u00f3n del remedio de nulidad previsto en el art\u00edculo 8\u00b0, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que, si la notificaci\u00f3n fue remitida el 2 de septiembre de 2021, hoy los 2 d\u00edas que deb\u00edan transcurrir previo a tener por notificada a la demandada deb\u00edan ser el 3 y 6 de septiembre (4 y 5 no eran h\u00e1biles), por tanto, la demandada se tendr\u00eda por notificada el d\u00eda 7 de septiembre, luego el t\u00e9rmino para contestar la demanda, de acuerdo con el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8 del decreto 806, empezaba a correr al d\u00eda siguiente de su notificaci\u00f3n, que para el caso en estudio, ser\u00eda el 8 de septiembre de 2021 y vencer\u00eda el 5 de octubre de la misma anualidad, fecha para la cual, en efecto la demandada radic\u00f3 el escrito de contestaci\u00f3n, como se evidencia a folio 454 del expediente, es decir, fue radicado dentro del t\u00e9rmino. <\/p>\n
Acto seguido indic\u00f3: <\/p>\n
Frente al tema se pronunci\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil en prove\u00eddo del 20 de noviembre de 2020, indicando que \u201c(\u2026) si la notificaci\u00f3n personal, bajo la modalidad prevista en el Decreto Legislativo 806 de 2020, se considera realizada \u201cuna vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje de datos\u201d (\u2026) quiere ello decir que el d\u00eda de intimaci\u00f3n no es el \u00faltimo de esos dos, sino el que le sigue, puesto que tales d\u00edas deben cumplirse, verificarse o pasar completos, que es lo que significa la expresi\u00f3n \u201ctranscurrir\u201d (\u2026) en efecto, si el legislador extraordinario hubiere querido que dicha notificaci\u00f3n personal se verificar al \u201cfinalizar del d\u00eda\u2026\u201d como se previ\u00f3 en el art\u00edculo 292 del CGP para la comunicaci\u00f3n por aviso, as\u00ed o (sic) habr\u00eda establecido; pero el lenguaje que utiliz\u00f3 en el art\u00edculo 8\u00b0, inciso 3 del decreto 806, fue uno muy otro: que la notificaci\u00f3n se considera realizada \u201ctranscurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje de datos\u201d (\u2026) luego no es al final del segundo d\u00eda , sino pasados los dos, que se entiende surtida la notificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2.1. Ergo, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela Ramiro Eduardo, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda especial, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC3637-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia emitida el 18 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la tutela que Ramiro Eduardo Calder\u00f3n Rodr\u00edguez instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta capital, para en su lugar, CONCEDER el auxilio invocado por el accionante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir del enteramiento de esta determinaci\u00f3n, resuelva la petici\u00f3n de \u00abamparo de pobreza\u00bb del actor, teniendo en cuenta los par\u00e1metros aqu\u00ed consagrados. <\/p>\n
CUARTO: En lo dem\u00e1s, el fallo queda inc\u00f3lume. <\/p>\n
QUINTO: Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5652-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5652-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00714-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de abril de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}