STC5655-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5655-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2023-00003-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 24 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Germ\u00e1n Delgadillo Vel\u00e1squez formul\u00f3 contra los Juzgados Promiscuo de Familia de Granada y Promiscuo Municipal de Fuente de Oro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Lejan\u00edas, la Procuradur\u00eda Provincial de Villavicencio, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, Marcos Enrique Rodr\u00edguez Moreno, John Jairo Galindo Calder\u00f3n, Lilio Oscar Ni\u00f1o Verano, Edith Ram\u00edrez Conde, Ang\u00e9lica Rodr\u00edguez Cardona, Diana Shirley Gonz\u00e1lez Molina, Edwin Galindo, intervinientes en el proceso disciplinario de radicado n\u00famero de radicado 50287-40-89-001-2019-00200-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que los Juzgados Promiscuo Municipal de Fuente de Oro y de Lejan\u00edas, adelantaron dos investigaciones disciplinarias en su contra, por los mismos hechos, queja, quejoso y testigos, y que a pesar de las reiteradas solicitudes de nulidad, recusaci\u00f3n, falta de competencia, poder preferente, non bis in \u00eddem, desconocimiento de la Ley 734 de 2002, y ausencia de congruencia que les hab\u00eda presentado, el primero de ellos continu\u00f3 con el tr\u00e1mite sin resolver de fondo sus peticiones, el 1\u00b0 de marzo de 2022 profiri\u00f3 sentencia en la que lo sancion\u00f3, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el recurso fue desestimado por Juzgado Promiscuo de Familia de Granada, en providencia de 9 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que este \u00faltimo Juzgado vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al considerar que \u00abno necesitaba, ni le era indispensable para garantizar su derecho de defensa, contar con la asistencia y acompa\u00f1amiento de un defensor de oficio, es decir, con defensa t\u00e9cnica\u00bb, posici\u00f3n con la que contrari\u00f3 la Constituci\u00f3n y la ley, y vici\u00f3 de nulidad el fallo de segunda instancia referido, lo que ameritaba su revocatoria e invalidaci\u00f3n, ya que los funcionarios denunciados se hab\u00edan apartado de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso. <\/p>\n
Destac\u00f3, que se hab\u00edan convalidado declaraciones de testigos que no hab\u00eda sido objeto de contradicci\u00f3n, porque se tomaron de un proceso penal alterno, sin haber citado a sus autores a ratificar sus dichos. Afirm\u00f3, que en el proceso hizo una solicitud de designaci\u00f3n de defensa t\u00e9cnica que fue negada por el Juzgado con fundamento en que para los procesos disciplinarios no era viable la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico, adem\u00e1s porque de su hoja de vida se extra\u00eda que era una persona conocedora del derecho y, por lo tanto, no era posible invalidar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, hizo referencia a que en las determinaciones tampoco se mencion\u00f3 que, para ese momento, se adelantaban dos investigaciones similares, otra de las cuales cursaba ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Lejan\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, dejar sin efectos la \u00abdecisi\u00f3n primera instancia de 01 de marzo de 2022 del Juzgado Promiscuo Municipal de Fuente de Oro \u2013 Meta, y la decisi\u00f3n de segunda instancia del 09 de diciembre de 2022 del Juzgado Promiscuo de Familia de Granada – Meta que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del aquo\u00bb, para que, en su lugar, se \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n judicial, en la cual se haga una valoraci\u00f3n adecuada del precedente judicial conforme los aspectos sustanciales que convocan la prerrogativa impetrada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Fuente de Oro, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones del proceso disciplinario n\u00b0 50287-40-89-001-2019-00200-00, e indic\u00f3 que le solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo que le asignara al disciplinado un defensor, sin embargo, dicha entidad le contest\u00f3 que no contaba con profesionales en dicha materia, lo cual fue puesto en conocimiento del accionante, quien siempre tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Lejan\u00edas, explic\u00f3 que el 30 de mayo del 2018, Lilio Oscar Ni\u00f1o Verano formul\u00f3 una queja disciplinaria contra el se\u00f1or Germ\u00e1n Delgadillo Vel\u00e1squez, a quien dijo haberle entregado un dinero para que le colaborara con el pago de unas sumas de dinero cuyo recaudo pretend\u00eda, en los procesos ejecutivos n\u00b0 50400408900120150006400 y 504004089001201500065 00, motivo por el que se iniciaron los asuntos disciplinarios n\u00b0 50400408900120190010100 y 5040040890012019 0010000. <\/p>\n
Destac\u00f3, que el primero de los anteriores asuntos se adelant\u00f3 en el Juzgado Promiscuo de Fuente de Oro, por cuanto la titular del juzgado de Lejan\u00edas de la \u00e9poca se hab\u00eda declarado impedida, lo cual fue aceptado por el Juzgado Penal del Circuito de Granada, y, el segundo, continu\u00f3 bajo su conocimiento, debido a que, el impedimento planteado en el segundo juicio no fue acogido, esta vez, por la Sala Plena del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que al investigado le fue designado defensor de oficio en el proceso n\u00famero 504004089001201900100 00, dentro del cual se resolvieron todas sus peticiones. <\/p>\n
Indic\u00f3 que no exist\u00eda sentencia anterior a la proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuente de Oro, respecto a los hechos que afectaron el proceso ejecutivo n\u00b0 2015-00065, iniciado contra Jhon Jairo Galindo, luego, desvirtu\u00f3 que se tratara de dos juicios disciplinarios soportados en los mismos hechos, pues correspond\u00edan a actuaciones adelantadas con base en quejas relacionadas por dos procesos ejecutivos con t\u00edtulos ejecutivos y demandados diferentes. <\/p>\n
Finalmente, relat\u00f3 que el aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de procesos, petici\u00f3n que fue negada porque en uno de ellos ya se hab\u00eda proferido la sentencia disciplinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Edith Ram\u00edrez Conde neg\u00f3 que hubiese participado de alguna diligencia de secuestro en el municipio de Lejan\u00edas sin la presencia de la juez y el secretario del despacho. De otra parte, expres\u00f3 que en alguna oportunidad fue visitada por una fiscal, quien la interrog\u00f3 sobre el tema, sin la presencia de un apoderado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial afirm\u00f3 que no hab\u00eda conocido actuaci\u00f3n alguna en contra del accionante, pero que \u00aben la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Meta, cursa el proceso 50001250200020220050300, en el cual el se\u00f1or Delgadillo Vel\u00e1squez es parte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ang\u00e9lica Rodr\u00edguez Cardona expres\u00f3, que no ten\u00eda conocimiento sobre los asuntos disciplinarios adelantados en contra del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Personer\u00eda Municipal de Lejan\u00edas inform\u00f3 que desconoc\u00eda lo concerniente a los juicios tramitados respecto al se\u00f1or Delgadillo Vel\u00e1squez, por cuanto nunca hab\u00eda sido citada por los Juzgados Promiscuos Municipales de Fuente de Oro y Lejan\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues desconoc\u00eda los hechos por los que, supuestamente, se hab\u00edan vulnerado los derechos al se\u00f1or Delgadillo Vel\u00e1squez, sumado a que \u00e9ste plante\u00f3 una petici\u00f3n ante dicha entidad, que fue resuelta oportunamente, remiti\u00e9ndose la actuaci\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
8. William Romero se\u00f1al\u00f3 no recordar los hechos relacionados con la queja disciplinaria promovida en contra del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Villavicencio expres\u00f3, que recibi\u00f3 el despacho comisorio, lo cual aconteci\u00f3 el 1\u00b0 de julio del 2019, pero fue devuelto el d\u00eda 9 siguiente, por solicitud del comitente. <\/p>\n
<\/p>\n
10. El Juzgado Civil del Circuito de Granada, inform\u00f3 que se encontraba pendiente por definir la apelaci\u00f3n promovida por el accionante en el proceso disciplinario n\u00b0 2019-00101-01. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Villavicencio, concedi\u00f3 el amparo, tras evidenciar que, oportunamente, el accionante hab\u00eda solicitado la designaci\u00f3n de un abogado que lo representara en el juicio disciplinario, sin embargo, no se atendi\u00f3 su petici\u00f3n, lo que vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso. As\u00ed, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 lo pertinente. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que no pod\u00eda realizar ninguna valoraci\u00f3n en relaci\u00f3n a los dem\u00e1s cuestionamientos realizados por el accionante, \u00aben la medida que ello podr\u00eda volver a ser tema de estudio por parte de los funcionarios naturales encargados del proceso No. 2019 00200 00, con ocasi\u00f3n de lo aqu\u00ed dispuesto. Igualmente, no se dispondr\u00e1 sobre el examen de los elementos materiales probatorios allegados por el accionante, primero, porque no tienen relaci\u00f3n con la nulidad de la actuaci\u00f3n aqu\u00ed advertida, y segundo, debido a que no se advierten aportados en el expediente disciplinario No. 2019 00200 00, de modo que valorarlos podr\u00eda implicar la afectaci\u00f3n al debido proceso de los accionados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para recalcar que las autoridades accionadas ya no eran competentes para juzgarlo, como s\u00ed lo ser\u00eda la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, conforme lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el art\u00edculo 61 de la Ley 2094 de 2021. Aleg\u00f3, que realiz\u00f3 una serie de peticiones al Juzgado de conocimiento que no fueron debidamente atendidas antes de proferirse el fallo cuestionado, entre otras, la relacionada con la acumulaci\u00f3n de los procesos disciplinarios seguidos en su contra por hechos similares. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N EN SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
<\/p>\n
1. El expediente ingres\u00f3 a esta Sala el 3 de febrero de 2023, con el fin de resolver la impugnaci\u00f3n invocada, sin embargo, tras advertir la nulidad del tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, debido a que la Corporaci\u00f3n de primer grado \u00abcarec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por un empleado de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en el cargo de \u00abEscribiente en Propiedad\u00bb y, en su momento, de Juez y Secretario Municipal, como expresamente lo manifest\u00f3 en su escrito de tutela [por lo que] la especialidad de lo contencioso administrativo es la competente para dirimir la controversia suscitada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021\u00bb1 orden\u00f3 su remisi\u00f3n al Tribunal Administrativo del Meta, para que conociera en primera instancia (Auto ATC138-2023 de 15 de febrero). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme, el Tribunal Administrativo del Meta propuso conflicto negativo de competencia (auto de 22 de febrero de 2022) y se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo se\u00f1alado en la norma y lo establecido por esta Sala, no era competente para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Como se ha venido reiterando desde el 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01) entre muchos otros, en auto ATC1486-2022 y Sentencia STC1558-2023) esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Sin perjuicio de todo lo anterior, y toda vez que este tr\u00e1mite constitucional fue radicado desde inicios del a\u00f1o 2023, as\u00ed como que a la fecha se encontraba pendiente de una resoluci\u00f3n definitiva en segunda instancia, al margen de que se comparta o no el resultado de las actuaciones desplegadas con el fin de determinar la verdadera competencia para conocer el asunto, esta Sala avoc\u00f3 el conocimiento de la impugnaci\u00f3n, como medida de protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n fue denunciada, de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y en la medida en que la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, Germ\u00e1n Delgadillo Vel\u00e1squez acudi\u00f3 inconforme con las sentencias de primera y segunda instancia de 1\u00b0 de marzo y 9 de diciembre de 2022, proferidas por los Juzgados Promiscuos de Fuente de Oro y Familia de Granada, Meta -respectivamente- en el proceso disciplinario adelantado en su contra, bajo el n\u00famero de radicado 50287-40-89-001-2019-00200-00. <\/p>\n
Destac\u00f3, que, pese a la existencia de otra investigaci\u00f3n id\u00e9ntica tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Lejan\u00edas, Meta (Rad. 504004089001 20190010000) as\u00ed como de las reiteradas solicitudes de nulidad, recusaci\u00f3n, falta de competencia, poder preferente, non bis in \u00eddem, desconocimiento de la Ley 734 de 2002, ausencia de congruencia y designaci\u00f3n de abogado defensor que les hab\u00eda presentado, los Juzgados accionados hab\u00edan decidido el fondo del asunto, lo que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Analizado el expediente 2019-00200-00 se corrobor\u00f3, que, ciertamente, la omisi\u00f3n de los accionados en cuanto a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 17 de la Ley 734 de 2002, vulner\u00f3 el fundamental al debido proceso del accionante, por lo que la nulidad solicitada por este, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del canon 143 de la misma codificaci\u00f3n, se encontraba debidamente sustentada, porque, pese a que hab\u00eda solicitado la designaci\u00f3n de un abogado para que lo representara durante el tr\u00e1mite, no se le proporcion\u00f3, y, por lo tanto, se le priv\u00f3 de la oportunidad de ejercer, adecuadamente, sus derechos a la defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, es claro que, decretada la nulidad en la forma en la que se hizo por cuenta del Tribunal de primer grado, en la presente acci\u00f3n constitucional, es deber de los jueces naturales pronunciarse en cuanto a todos los cuestionamientos realizados por el aqu\u00ed impugnante, entre otros, su competencia para continuar con el proceso disciplinario, as\u00ed como la eventual acumulaci\u00f3n de las investigaciones que -se\u00f1al\u00f3- se hab\u00edan edificado en los mismos hechos por los que, en su momento, hab\u00eda sido sancionado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En ese orden, surge evidente que esta especial jurisdicci\u00f3n constitucional no se encuentra habilitada -por el momento- para pronunciarse sobre los aspectos que, por efecto del fallo de primera instancia, a\u00fan no han sido decididos por la autoridad competente, primera llamada a dicha labor, debido a que este mecanismo no fue dise\u00f1ado por el Legislador para suscitar manifestaciones paralelas o concomitantes a las que deben realizar tales funcionarios, en el \u00e1mbito de sus competencias, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado la Jurisprudencia de esta Corte, <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ. STC, 22 feb. 2010, rad. 0031201, citada entre muchas en, STC14280-2018, STC12055-2020 STC5909-2021, STC17367-2021, STC3499-2022, STC2808-2022 y, STC4384-2023 entre muchas). <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Auto de 15 de febrero de 2023. <\/p>\n
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STC5655-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5655-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2023-00003-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74053"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74053\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}