STC5666-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5666-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01944-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la sociedad \u00abMon\u00f3meros Colombo Venezolanos S.A.\u00bb pretendiendo indemnizaci\u00f3n por el fallecimiento de su familiar Ricardo Prato Reales, quien, trabajando como contratista de la demandada, perdi\u00f3 la vida en un incendio que se produjo en las instalaciones donde llevaba a cabo sus labores (14 de mayo de 2014). <\/p>\n
Refieren que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla el 15 de julio de 2022 dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con fallo del 19 de diciembre de esa anualidad, la cual tuvo un salvamento de voto. <\/p>\n
Pese a que interpusieron recurso de casaci\u00f3n contra la providencia del ad quem, el tribunal neg\u00f3 su concesi\u00f3n \u2013 auto del 20 de enero de 2023 \u2013 por carecer de inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir. <\/p>\n
Cuestionan los fallos de instancia, especialmente, el proferido por el tribunal, y apoyaron sus alegaciones en los fundamentos del salvamento de voto que tuvo dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alan que el salvamento, v\u00e1lidamente se enfoc\u00f3 en indicar que, el an\u00e1lisis de la segunda instancia debi\u00f3 girar alrededor del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada y preguntarse si, el contratista actu\u00f3 bajo su cuenta y riesgo, y, \u00ab(\u2026) si cuando ingres\u00f3 a la empresa estaba sujeto a la seguridad industrial de la misma, \u00bfc\u00f3mo deb\u00eda actuar la seguridad industrial de la empresa? \u00bfEra una obligaci\u00f3n de medio o de resultado?\u00bb. <\/p>\n
Los gestores del amparo critican que, el tribunal fue incongruente en relaci\u00f3n con el fallo apelado y que se confundi\u00f3 en cuanto al tipo de responsabilidad sobre la que deb\u00eda realizarse el estudio. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden que, se deje sin efectos \u00abla sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022 dentro del proceso verbal declarativo [2019-00247], orden\u00e1ndole a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla [\u2026] profiera un nuevo prove\u00eddo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La apoderada de la empresa \u00abMon\u00f3meros Colombo Venezolanos S.A.\u00bb, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n pues, considera que no es de recibo que se pretenda discutir una decisi\u00f3n de la que \u00abno se advierte ning\u00fan vicio ni defecto que haga que su estudio resulte procedente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia desestimatoria de las pretensiones de la demanda declarativa incoada por los quejosos contra la empresa Mon\u00f3meros Colombo Venezolanos S.A., y en concreto, por supuestamente, efectuar un an\u00e1lisis incorrecto respecto al tipo de responsabilidad civil endilgada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem accionado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la corporaci\u00f3n tutelada reconoci\u00f3 que los recurrentes tuvieron raz\u00f3n cuando sostuvieron que el estudio del a quo fue incorrecto por haberse orientado a la constataci\u00f3n de los elementos de la responsabilidad civil contractual, cuando en la demanda se reclam\u00f3 la configuraci\u00f3n de la extracontractual. <\/p>\n
Empero, precis\u00f3 que los dem\u00e1s cuestionamientos no pod\u00edan salir avantes, para lo cual retom\u00f3 el examen de las pruebas practicadas en el juicio, esto es, los testimonios de los testigos de los hechos da\u00f1osos, el informe del Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, el acta de inicio de desmonte o retiro de bienes muebles, todos los cuales dan cuenta que la conflagraci\u00f3n que acab\u00f3 con la vida de Prato Reales se origin\u00f3 por la manipulaci\u00f3n de equipos de soldadura sin las debidas precauciones, \u00abno por causas imputables a la estructura f\u00edsica del inmueble, como lo podr\u00edan ser fallas en el servicio el\u00e9ctrico, cortos circuitos, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que, a partir de la declaraci\u00f3n rendida en juicio por la hermana del fallecido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se desprende que, Ricardo Prato Reales, ten\u00eda conocimiento del riesgo que conllevaba la actividad que se encontraba realizando, pues as\u00ed lo manifest\u00f3, e incluso se\u00f1al\u00f3 que por el trabajo con la soldadura se generaban \u201cchispas\u201d, y que por ello se requer\u00eda de un personal que las apagara en la planta de abajo. As\u00ed las cosas, aqu\u00e9l ten\u00eda conocimiento del equipo que se pod\u00eda utilizar en consideraci\u00f3n, por lo que pudo previamente tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, en especial, si se tiene en cuenta que su presencia en el inmueble fue requerida precisamente para desocuparlo. <\/p>\n
De igual forma, dicho testigo fue claro al indicar que la demandada no proporcionaba ning\u00fan equipo y\/o herramienta para el desarrollo de la obra contratada, pues ello era de responsabilidad de cada uno de los compradores de los equipos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no pueden analizarse los argumentos en torno a las comunicaciones posteriores en las que PRATO REALES (Q.E.P.D.) se mostr\u00f3 inconforme con lo pactado en dicho documento, y a que en las instalaciones de la f\u00e1brica VANYLON se encontraba otra empresa que tambi\u00e9n hac\u00eda labores de desmote, denominada ENKA COLOMBIA, en cuanto, adem\u00e1s de ser hechos no relatados en la demanda, se trata de un argumento novedoso que no fue planteado al esbozar los reparos concretos a la sentencia, ello, en aplicaci\u00f3n de lo estipulado por los art\u00edculos 32013 y 32714 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, del material probatorio obrante en el plenario, no evidencia la negligencia que el extremo activo le endilga a MON\u00d3MEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A., y que por tal raz\u00f3n tenga responsabilidad en el deceso de RICARDO PRATO REALES (Q.E.P.D.), en el incendio del 14 de mayo de 2014\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; al respecto, se ha expuesto de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el que los gestores del auxilio disientan de la postura que atacan, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por los accionantes es anteponer su propio criterio al de la magistratura convocada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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