STC5670-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5670-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00985-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 17 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Enrique Cerpa Yepes contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor 2021-299398. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del libelo inicial, sus anexos y dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, H\u00e9ctor Enrique Cerpa Yepes formul\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor contra ARG Constructores S.A.S. alegando un supuesto incumplimiento contractual, a la cual se le dio el tr\u00e1mite de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, es decir de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, en audiencia del pasado 9 de febrero la autoridad jurisdiccional profiri\u00f3 fallo desestimatorio. <\/p>\n
3. El promotor sostiene que la providencia adversa a sus pretensiones adolece de defectos f\u00e1ctico, material y procedimental, al tiempo que la acusa de estar indebidamente motivada. En torno a ello, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La decisi\u00f3n no solo neg\u00f3 las pretensiones de la demanda basada en una motivaci\u00f3n err\u00f3nea, no valor\u00f3 las pruebas documentales mas importantes, no tuvo en cuenta el audio donde la demandada reconoce el error, no dio aplicaci\u00f3n a la norma constitucional expresa art\u00edculo 78, 333 y 334, ni a lo ordenado en la norma expresa y aplicable sobre protecci\u00f3n al consumidor Ley 1480 de 2011. Adicionalmente y a falta de oportunidad de aclaraci\u00f3n, me dej\u00f3 a la deriva sobre los efectos, los cuales fueron nefastos, pues la constructora por v\u00edas de hecho, no tuvo ning\u00fan reparo en continuar atropellando todos mis derechos, descontando todo lo que a su alcance pudo y no reconoci\u00f3 ning\u00fan tipo de beneficio financiero que tuvo durante casi 3 a\u00f1os, aprovech\u00e1ndose de la rentabilidad que produjo la suma superior a los $400.000.000 que pagu\u00e9 [sic] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, para proferir la sentencia, la delegatura se tom\u00f3 un tiempo superior al consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que carec\u00eda de competencia, incurriendo con ese proceder en un \u00abdefecto org\u00e1nico\u00bb. <\/p>\n
4. En suma, critic\u00f3 la hermen\u00e9utica de la autoridad accionada y expuso la forma como, a su juicio, debieron apreciarse las pruebas e interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, para, finalmente, solicitar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ordenar revocar o declarar la nulidad de la sentencia\u2026 y ordenar lo que en derecho corresponda, bien trasladar el conocimiento del caso al juez que le corresponda la competencia, u ordenar que se adopte una decisi\u00f3n de instancia que corresponda a los mandatos constitucionales y legales, debidamente motivada en la defensa y protecci\u00f3n al consumidor, con base en la valoraci\u00f3n conjunta de pruebas seg\u00fan lo reglado por las normas procesales y sustanciales aplicables al caso en concreto. <\/p>\n
(\u2026) Cualquiera que sea la decisi\u00f3n en torno a la protecci\u00f3n o amparo a mis derechos fundamentales y constitucionales, ordenar al juez de conocimiento que aclare los efectos de la providencia, con respecto a los valores que deber\u00e1 restituirme la constructora (capital, intereses, penalidades), los que deber\u00e1 reconocer por todo el tiempo que tuvo en su poder el dinero que con tanto esfuerzo ahorr\u00e9 durante estos a\u00f1os, y que debido a la demora procesal de la ACCIONADA, hubo un aprovechamiento injustificado por parte de la constructora, consentido por la Superintendencia de Industria y Comercio en su actuar negligente, a pesar de ser la primera llamada constitucionalmente a proteger mis derechos fundamentales [SIC] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio, luego de rememorar las actuaciones surtidas y de exponer in extenso las motivaciones de la sentencia objeto de escrutinio, pidi\u00f3 no acceder al resguardo \u00abtoda vez que las actuaciones de esta entidad se concentraron en acatar el procedimiento que las normas procesales establecen\u00bb al tiempo que la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al asunto concreto y tuvo como fundamento las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que el juez constitucional no puede involucrarse en las controversias que generan [las] pretensiones [formuladas por el actor], en tanto esta es una tarea propia del juez natural en las etapas pertinentes del litigio\u00bb. Al margen de lo anterior, y tras analizar con detenimiento la decisi\u00f3n cuestionada, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ablas consideraciones que all\u00ed expuso el funcionario accionado no aparecen antojadizas, arbitrarias o caprichosas, toda vez que se soportan en el an\u00e1lisis de las pruebas, as\u00ed como de los hechos expuestos por las partes, de cuyo an\u00e1lisis estableci\u00f3 cu\u00e1l fue el monto por el que se negociaron los inmuebles, los abonos, y el saldo de la obligaci\u00f3n, sin que el desacuerdo del accionante con la interpretaci\u00f3n efectuada descalifique tal decisi\u00f3n, porque adem\u00e1s de estar motivada se encuentra amparada con la presunci\u00f3n de legalidad que contiene y no se avizora argumento valedero que faculte a la parte vencida acudir al presente mecanismo\u2026 con el prop\u00f3sito de abrir nuevamente un debate que ya se surti\u00f3\u2026 o utilizarl[o] como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso asegurando que la colegiatura de primer grado \u00abignor\u00f3 totalmente [su] reclamo\u00bb pues no tuvo en cuenta que \u00abargument[\u00f3] de forma juiciosa, las causales espec\u00edficas de procedibilidad\u00bb y por el contrario se limit\u00f3 a \u00abtranscribir la decisi\u00f3n adoptada por la accionada\u00bb, despu\u00e9s de lo cual concluy\u00f3 que la misma se encontraba debidamente motivada, sin detenerse en \u00abla exposici\u00f3n de [sus] motivos o razones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad accionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de H\u00e9ctor Enrique Cerpa Yepes, dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0. 2021-299398, al desestimar sus pretensiones, supuestamente, desconociendo el material probatorio recaudado en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Circunscrita a los planteamientos esbozados en la impugnaci\u00f3n, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que los cuestionamientos que sirvieron de sustento a la presente acci\u00f3n, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por Cerpa Yepes es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite este instrumento de defensa contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el gestor atribuye a la autoridad jurisdiccional cognoscente la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico, material, procedimental y org\u00e1nico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron tales yerros, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por el juez competente, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la providencia objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre la quejosa y la autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por el demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente al funcionario de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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