STC5679-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5679-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00430-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Alberto Calder\u00f3n Calder\u00f3n contra el Juzgado Octavo de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2019-00765. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de sucesi\u00f3n de sus padres Carlos Eduardo Calder\u00f3n Soriano y Emperatriz Calder\u00f3n de Calder\u00f3n, al cual tambi\u00e9n concurrieron sus hermanos y sobrinos, tras haberse surtido \u00abtodas las etapas procesales, el 29 de enero de 2021 la Juez [Octava de Familia de Bogot\u00e1] orden\u00f3 a los tres abogados que intervienen en el proceso que presentaran el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abpor diversas razones, en varias oportunidades el trabajo [partitivo ha sido] rechazado por la se\u00f1ora juez, y en todas las ocasiones, los abogados hicieron las correcciones ordenadas\u00bb, pero el despacho insiste \u00abque sumados los porcentajes adjudicados a los herederos deben arrojar como resultado el 100% y al hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, da como resultado un porcentaje menor\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 15 de febrero de 2.023, se volvi\u00f3 a radicar (\u2026) el trabajo de partici\u00f3n suscrito por los tres abogados entre ellos mi apoderada judicial, con las debidas correcciones ordenadas (\u2026), teniendo en cuenta que el \u00fanico activo inventariado es una casa que tiene un valor de $256.713.000, por lo que siendo 9 los herederos, a cada uno de nosotros se nos adjudica una parte del bien en com\u00fan y proindiviso por un valor de $28.523.666,666666666666667 lo que en t\u00e9rminos porcentuales corresponde a 11.11111111111111%. Y si se multiplica este \u00faltimo n\u00famero esto es, 11.11111111111111 por 9 en una calculadora cient\u00edfica, arroja como resultado 100; pero si esta misma operaci\u00f3n matem\u00e1tica se hace en la calculadora de un tel\u00e9fono celular, arroja como resultado 99.99999999999999\u00bb. <\/p>\n
Que, pese a lo anterior, \u00aben auto del 28 de marzo de 2.023, notificado en estado N\u00b0. 023 del 29 de marzo de 2.023, la se\u00f1ora juez volvi\u00f3 a rechazar el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, y ordeno rehacerlo, arguyendo que sumados los porcentajes adjudicados a todos los herederos de la \u00fanica partida inventariada debe arrojar como resultado exactamente el 100%, ya que al hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica respectiva arroja un porcentaje inferior (99.99999999999999%) y en estas condiciones la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la zona respectiva no registra la partici\u00f3n. pese a los recursos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene \u00abdeclarar sin valor ni efecto el auto de fecha 29 de marzo de 2023 (\u2026), mediante el cual [el despacho acusado] orden\u00f3 volver a rehacer el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del despacho criticado, inform\u00f3 que decretada la partici\u00f3n dentro del liquidatorio en cuesti\u00f3n, \u00abno se le ha dado aprobaci\u00f3n comoquiera que la suma de los porcentajes adjudicados respecto del bien inmueble a distribuir en el trabajo partitivo, en la primera oportunidad era inferior al 100%, y, en las posteriores, supera el 100%, raz\u00f3n por la que se ha ordenado a los Partidores \u2013 apoderados de los interesados – su rehechura, lo que a la fecha no ha ocurrido\u00bb. Frente a lo pretendido mediante esta acci\u00f3n, se opuso aduciendo que \u00abno cumple con el requisito de subsidiariedad ya que no se agot\u00f3 los medios de defensa (\u2026), pues la providencia que emitida el 28 de marzo de 2023, (\u2026) no fue objeto de reparo alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que no cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto el quejoso \u00abtuvo la oportunidad de incoar el recurso de reposici\u00f3n correspondiente, pero lo cierto es que no lo hizo, cuando era lo que le correspond\u00eda, para procurar la salvaguarda de sus derechos ante el Juez ordinario, para desquiciar las decisiones que le eran adversas y, si no hizo uso de \u00e9l, debe atenerse a las consecuencias de su incuria o negligencia, sin que pueda venir, ahora, a pretender subsanar el fruto de tal omisi\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el reclamante aduciendo que, para resolver su querella, \u00abse limitaron a ver los requisitos de forma de la acci\u00f3n de tutela, sin reparar en mis derechos fundamentales que est\u00e1n siendo vulnerados por el juzgado accionado, sin tener en cuenta la prevalencia del derecho sustancial y el derecho al debido proceso\u00bb, que \u00aben la actualidad se desconoce cu\u00e1l es el m\u00e9todo que se debe utilizar para que el porcentaje de lo que nos corresponde a cada uno de los herederos en la sucesi\u00f3n de nuestros padres de exactamente 100%\u00bb. Pidi\u00f3 \u00abse expida copia de todo el expediente de la acci\u00f3n de tutela, incluyendo la respuesta dada por la se\u00f1ora juez octavo de familia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el querellante, al haber ordenado rehacer el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n dentro del sucesorio n\u00b0 2019-00765. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el ruego tuitivo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la presente queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la sentencia de primer grado, precisando que la desestimaci\u00f3n del resguardo se funda en no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al enfilarse la actual censura contra el prove\u00eddo dictado por el accionado el 28 de marzo de 2023, se establece que tal decisi\u00f3n no fue refutada a trav\u00e9s del recurso ordinario de reposici\u00f3n, el cual, adem\u00e1s de que se encontraba al alcance del actor -quien en el pleito viene actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial-, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del recurso que proced\u00eda contra dicha providencia, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC3448-2023, 13 abr., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras muchas en STC1200-2023, 15 feb., rad. 00480-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en relaci\u00f3n con la inquietud del peticionario sobre la inexistencia de un \u00abm\u00e9todo\u00bb que permita solucionar la sumatoria de porcentajes para totalizar la \u00fanica partida objeto de partici\u00f3n, sobre lo cual cabe indicar que cualquier reproche sobre ese tema, debe plantearlo ante el funcionario cognoscente en las oportunidades procesales correspondientes. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 el fallo impugnado, precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia al no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado del medio de defensa judicial legalmente previsto para rebatir la actuaci\u00f3n censurada, acotando que, ante la inexistencia de excusa para tal omisi\u00f3n, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
Finalmente, en atenci\u00f3n a lo pedido por el impugnante, se autorizar\u00e1 su acceso al expediente digital contentivo de esta salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con la precisi\u00f3n indicada en precedencia. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, sumin\u00edstresele al demandante el enlace para que acceda al expediente contentivo de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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