STC5680-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5680-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02140-00 <\/p>\n
11001-02-03-000-2023-02181-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las acciones de tutela1 promovidas por Hernando Enrique Rivero Carpio y Luis Eduardo Quiroz Amaya contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Seguros de Vida Suramericana S.A. y los intervinientes en el proceso rad. n.\u00ba 2021-03106-012. <\/p>\n
I. <\/p>\n
II.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, los solicitantes reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral con la empresa C.I. Prodeco S.A., los gestores aducen que fueron asegurados con la p\u00f3liza n.\u00b0 083001004433, emitida por Seguros de Vida Suramericana S.A., sin que al momento de su ingreso les haya sido \u00absuministrada la informaci\u00f3n referente a las condiciones del contrato de seguros, coberturas y exclusiones\u00bb. <\/p>\n
Informan que al determinarse su \u00abestado de INVALIDEZ determinado en INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE\u00bb -debido a que su p\u00e9rdida de capacidad laboral fue calificada con un porcentaje superior al 50%, de origen com\u00fan-, presentaron \u00absolicitud de indemnizaci\u00f3n ante el Departamento de Recursos Humanos del tomador de la p\u00f3liza (\u2026) adjuntando la documentaci\u00f3n necesaria\u00bb; sin embargo, la entidad aseguradora envi\u00f3 \u00abcarta de objeci\u00f3n por medio de la cual manifestaba que no acceder\u00eda favorablemente\u00bb, pues \u00ab[e]ste seguro no cubre la invalidez o p\u00e9rdidas de capacidad laboral que sean consecuencia directa o indirecta, en todo o en parte, de patolog\u00edas osteomusculares o de trastornos mentales cuyo origen sea determinada como com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, aducen que \u00abinconforme[s] con la objeci\u00f3n\u00bb, promovieron acciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, quien tras acumularlas \u00abprofiri\u00f3 Sentencia condenatoria de fecha 25 de mayo de 2022\u00bb; decisi\u00f3n que al haber sido censurada por el extremo demandado, fue revocada por el tribunal accionado, autoridad que \u00abincurri\u00f3 en yerros axiom\u00e1ticos teniendo en cuenta (\u2026) la interpretaci\u00f3n dada (\u2026) de manera exeg\u00e9tica al Art\u00edculo 37 de la Ley 1480 de 2011, (\u2026) al [i]nterpretar que la informaci\u00f3n solo se debe entregar en los contratos de seguros al tomador y no al asegurado, restringiendo derechos reconocidos por la Constituci[\u00f3]n, Jurisprudencia y la Ley\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden que se deje sin efecto la cuestionada providencia y, en su lugar, \u00abORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C. SALA CIVIL, proceda a resolver la controversia dictando nueva Sentencia aplicando las normas que en materia de protecci\u00f3n al consumidor est\u00e1n establecidas, conforme a la Constituci[\u00f3]n y los precedentes judiciales aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de una funcionaria del Grupo de lo Contencioso Administrativo Uno, la Superintendencia Financiera se pronunci\u00f3 mencionando las actuaciones adelantadas a su cargo, afirm\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte actora y precis\u00f3 que \u00aben esta sede constitucional es inane detenerse en [la decisi\u00f3n de primera instancia], pues, la controversia fue sometida al tr\u00e1mite que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento del juzgador de segunda instancia, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb. <\/p>\n
2. La magistratura accionada afirm\u00f3 que \u00ablas demandas de Luis Eduardo Quiroz (No. 03027) y la del tutelante Hernando Enrique Rivero Carpio (No. 03106), se resolvieron a la par, tanto en la Superfinanciera como por este Tribunal\u00bb; en lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, pues al concluir que \u00abno exist\u00eda deber de informaci\u00f3n de Seguros Sura con los asegurados y que, en consecuencia, la exclusi\u00f3n contenida en las cl\u00e1usulas de la p\u00f3liza incluidas v\u00e1lidamente a partir de la renovaci\u00f3n en la vigencia 2015-2016 y posteriores, tiene plena eficacia y les son oponibles\u00bb, ello resulta acorde con los lineamientos legales y jurisprudenciales, por lo que pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda pretendida. <\/p>\n
3. El vinculado, Seguros de Vida Suramericana S.A., refiri\u00f3 que la tutela \u00abno puede convertirse en una TERCERA INSTANCIA como lo pretende la parte actora\u00bb, pues \u00abla providencia objeto de inconformidad por v\u00eda de tutela, estuvo debidamente fundamentada, y ajustada a los supuestos facticos y jur\u00eddicos, sin que en la misma se advierta ninguna arbitrariedad, capricho o dislate grosero que viabilice el remedio constitucional excepcional\u00bb. <\/p>\n
4. Luis Eduardo Quiroz Amaya, enterado de la acumulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l formulada al presente asunto, indic\u00f3 \u00abme remito en mi manifestaci\u00f3n descrita en la acci\u00f3n de tutela que se acumula en esta rad 11001020300020230218100\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los gestores, en los asuntos verbales acumulados que promovieron (rad. n.\u00ba 2021-3027-01 y 2023-03106-01), por cuanto revoc\u00f3 lo dispuesto por el a quo y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de las demandas de responsabilidad civil contractual por ellos incoadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 memorando que \u00abel asunto de fondo gira en torno a establecer si la aseguradora cumpli\u00f3 con su deber de informaci\u00f3n para que los actores conocieran en oportunidad las condiciones de la p\u00f3liza y las modificaciones que se efectuaron, espec\u00edficamente, en la renovaci\u00f3n del 2015-2016, y por ende, no resulta oponible la exclusi\u00f3n que en dicha oportunidad se incluy\u00f3 para patolog\u00edas osteomusculares y mentales, sobre las cuales se estructur\u00f3 la invalidez con fundamento en la cual reclaman la existencia y pago del siniestro\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, continu\u00f3 anotando que, \u00abel caso en estudio recae sobre el seguro de vida Plan Vida Cl\u00e1sico No Contributivo n\u00famero 083001004433 contratado por la empresa C.I. Prodeco S.A. en cumplimiento de un pacto colectivo efectuado con trabajadores no sindicalizados, con cobertura de incapacidad total y permanente a la que se adhirieron en calidad de asegurados los se\u00f1ores Luis Eduardo Quiroz Amaya y Hernando Enrique Rivero Carpio el 14 de julio de 200812 y el 4 de mayo de 2009, respectivamente, fechas en las que ingresaron a laborar en la aludida compa\u00f1\u00eda. De conformidad con la normativa vigente y la jurisprudencia expuesta, se resalta que la modalidad de contrataci\u00f3n del aludido seguro se dio bajo la forma de una p\u00f3liza colectiva o de grupo (art. 1064 C.Co.), en la cual el tomador \u2013 empleador- actu\u00f3 por cuenta de terceros determinados o determinables \u2013 trabajadores- y traslad\u00f3 los riesgos al asegurador (art. 1039 C.Co.); es decir, para el caso, se incorpor\u00f3 a un n\u00famero de empleados en calidad de afianzados, quienes lo consintieron en atenci\u00f3n a la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
Ante tales circunstancias, defini\u00f3 que \u00abel tomador y la aseguradora son los que generan el negocio jur\u00eddico y asumen las obligaciones derivadas de este, salvo aquellas que no puedan ser cumplidas m\u00e1s que por el asegurado (art. 1039 C.Co., quien al no ser parte, carece de poder en la negociaci\u00f3n del convenio, y su consentimiento se limita a decidir si acepta o no en los t\u00e9rminos establecidos en la adhesi\u00f3n a la p\u00f3liza previamente adquirida por su empleador (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, puntualiz\u00f3 el ad quem que \u00abrevisado el material probatorio aportado, se observ\u00f3 la existencia de documentos que contienen \u201clas condiciones particulares\u201d remitidas por la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros para efectuar la renovaci\u00f3n de la p\u00f3liza No.1004433 de vida grupo no contributivo\u00bb, y que \u00absi bien no obra documento que permita acreditar las condiciones particulares bajo las cuales se contrat\u00f3 en un principio el seguro, lo cierto es que de acuerdo con el clausulado general que integra el negocio jur\u00eddico, vista en los formatos F02-83-237 y F-02-83-282, se advierte que la p\u00f3liza (\u2026) ten\u00eda como fin las coberturas b\u00e1sicas: vida, invalidez, desmembraci\u00f3n por accidente o enfermedad; y adicionales: indemnizaci\u00f3n por muerte accidental, enfermedades graves, bono para gastos funerarios, bono canasta. Adem\u00e1s, en cada uno de los clausulados particulares aportados, se dej\u00f3 escrito por la aseguradora que las remit\u00edan para efectos de renovaci\u00f3n\u00bb, destacando que \u00abla p\u00f3liza no fue revocada y siempre fue renovada antes de la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino anual, tr\u00e1mite este en el que fue objeto de variadas modificaciones, entre otras, en relaci\u00f3n con el valor de la prima, las edades de los asegurados, las exclusiones de los amparos, entre ellas, la que se discute en el presente asunto, incluida a partir de la vigencia 1\/12\/2015 al 1\/12\/2016\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, dijo frente a la renovaci\u00f3n del seguro, que \u00abla voluntad de las partes se dirigi\u00f3 a mantener la vigencia del negocio aseguraticio, y que las diferentes renovaciones, todas validas, si bien, las entendieron como acuerdos aut\u00f3nomos, tambi\u00e9n las aceptaron como consecuencia de la prolongaci\u00f3n del seguro adquirido, pues de otro modo, no hubiesen aludido a la renovaci\u00f3n tal como lo establece el clausulado general, mantenido el mismo n\u00famero de p\u00f3liza y continuado la relaci\u00f3n sin suspensi\u00f3n o ruptura, la cual, a pesar de las modificaciones efectuadas no perdi\u00f3 su objeto ni caus\u00f3 variaci\u00f3n en la esencia del negocio, pues estas obedecieron a los ajustes dadas las necesidades que se evidenciaban en el desarrollo de lo pactado\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al derecho a la informaci\u00f3n, an\u00e1lisis esencialmente debatido en esta sede, determin\u00f3 el tribunal cuestionado que \u00abpara la fecha en la que se pact\u00f3 el negocio jur\u00eddico original entre el tomador y la aseguradora, y en la que los accionantes se adhirieron, no estaban vigentes las normas contenidas en la leyes 1328 de 2008 y 1480 de 2011 que ata\u00f1an al presente asunto; sin embargo, debe advertirse que las renovaciones efectuadas posteriormente, tal como se explic\u00f3, corresponden a verdaderos negocios jur\u00eddicos, entre ellas, las realizadas a partir del 1 de diciembre del 2015, raz\u00f3n por la cual y a voces de lo estipulado en el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887, se deb\u00eda atender las aludidas normativas dado que: \u201cEn todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n.\u201d, por ende, debi\u00f3 ajustarse, tanto en su formaci\u00f3n y en sus efectos a estas regulaciones\u00bb; por lo que \u00abpara determinar la vulneraci\u00f3n del derecho de informaci\u00f3n del consumidor con las consecuencias que ello implica en un contrato de adhesi\u00f3n como el que ac\u00e1 se estudia, no es suficiente con aducir la inexistencia de la constancia aludida pues deben considerarse otros aspectos como: i) la trascendencia de la omisi\u00f3n en la determinaci\u00f3n de las condiciones particulares del contrato y en la expresi\u00f3n del consentimiento de las partes; ii) la posibilidad de que las condiciones generales se explicitaran al tomador de conformidad con las normas especiales que aplican al contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, dijo entonces que si bien \u00abexisti\u00f3 ausencia de informaci\u00f3n sobre la p\u00f3liza a la cual se adhirieron los demandantes\u00bb, lo cierto es que \u00abello no es suficiente para dar por sentado las consecuencias jur\u00eddicas que la Ley 1480 de 2011 estableci\u00f3 de manera general para los contratos de adhesi\u00f3n, pues se debe atender la especialidad del negocio estudiado y la finalidad de la protecci\u00f3n de este derecho\u00bb, concluyendo que \u00aben el caso objeto de estudio, el hecho de que el seguro sea de vida grupo no contributivo tomado por cuenta ajena, y responda a un beneficio pactado con trabajadores no sindicalizados de la empresa a la que pertenecieron los accionantes, se colige que la elecci\u00f3n del proveedor, as\u00ed como las condiciones espec\u00edficas del contrato las estableci\u00f3 el empleador en calidad de tomador de acuerdo con las pautas fijadas en el aludido acuerdo, por lo que en esta modalidad de aseguranza no tiene influencia alguna el querer personal y particular de cada uno de los asegurados para determinar los beneficios y particularidades, pues (\u2026) el escenario para ello es en la negociaci\u00f3n del pacto colectivo. <\/p>\n
De este modo no resulta dable, para el caso en concreto, declarar la inoponibilidad de una cl\u00e1usula pactada en el tr\u00e1mite de la renovaci\u00f3n del seguro en el intervalo 2015-2016 que excluy\u00f3 la cobertura para patolog\u00edas osteomusculares y mentales a partir de dicha vigencia, fundamentado en la ausencia de constancia de aceptaci\u00f3n del adherente a las condiciones generales previsto en el art\u00edculo 39 de la Ley 1480 de 2011, pues esta omisi\u00f3n no tiene consecuencias sustanciales en el asunto, dado que \u201cel adherente\u201d que reclama es el trabajador quien no posee la calidad de tomador sino de asegurado y beneficiario\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
3.3. Igualmente, cabe agregar que, al referirse a un caso de condiciones an\u00e1logas al que ahora es objeto de estudio, esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente al reproche contra el prove\u00eddo del Juzgado del Circuito que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado para en su lugar negar las pretensiones del juicio de protecci\u00f3n al consumidor activado por el actor, pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n luce razonable. Ciertamente, para obrar como lo hizo, en el punto nodal de la providencia, esto es, el an\u00e1lisis del presunto incumplimiento de la aseguradora con el deber de informaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la p\u00f3liza contratada al tomador y en especial al asegurado, la Juez accionada, despu\u00e9s de sentar que si bien las Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011, que rigen la materia, son coincidentes en que es obligaci\u00f3n de la entidad vigilada brindar toda el conocimiento necesario sobre sus productos y servicios, advirti\u00f3 que, ciertamente, respecto de los contratos de seguros, la \u00faltima de las normas en cita -art. 37-3-, impone dicho compromiso con destino \u00fanica y exclusivamente \u00abal tomador y no al asegurado\u00bb, tal como se encontr\u00f3 probado respecto de C.I. Prodeco S.A.; luego \u00abal no existir un deber de informar al asegurado de las condiciones del seguro, pero si al tomador, se debe concluir que la exclusi\u00f3n contenida en las condiciones particulares del contrato (\u2026), son aplicables al caso\u00bb. Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, indic\u00f3 que como exclusiones adicionales a la p\u00f3liza contratada, se ten\u00eda la condici\u00f3n de invalidez con origen com\u00fan, de all\u00ed que si el dictamen de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral del actor, encontr\u00f3 esas especiales especificaciones, coligi\u00f3 que \u00abhay un eximente de responsabilidad por parte de la aseguradora, puesto que es claro que se hab\u00eda pactado entre aseguradora y tomador, una exclusi\u00f3n del riesgo asegurable, por lo que la situaci\u00f3n presentada por el asegurado no tiene la cobertura deseada\u00bb. As\u00ed las cosas, se pone en evidencia que el despacho judicial convocado no transgredi\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor, puesto que realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n razonable de las disposiciones del legislador respecto de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y puntualmente la obligatoriedad de informaci\u00f3n sobre el contrato de seguro al contratante, excluyendo a la luz de dicho proceso el citado deber frente a los asegurados, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (\u2026)\u00bb (STC6395-2022). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante prove\u00eddo de 8 de junio pasado, al radicado de la referencia se acumul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela distinguida con el consecutivo n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02181-01. <\/p>\n
2\u0002 Asunto unificado con el rad. n.\u00b0 2021-03027-01. <\/p>\n
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