STC5682-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5682-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02146-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Danilo Romero Pab\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, las Fiscal\u00edas 1\u00aa del Grupo Nacional para la Investigaci\u00f3n de Violencia contra Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes y la 48 Seccional de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-02211. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena lo conden\u00f3 a la pena de 21 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial agravado\u00bb; condena que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cartagena en fallo del 5 de marzo de 2020; finalmente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal con auto del 17 de agosto de 2022 inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n impetrado por su abogada contra la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, dirigi\u00f3 dos peticiones a la Defensor\u00eda P\u00fablica (10 de octubre y 20 de noviembre de 2022) solicitando la asistencia de esa entidad para interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pero no obtuvo respuesta positiva, por lo que, seg\u00fan afirma, no le queda otra opci\u00f3n que acudir a la presente salvaguarda. <\/p>\n
En el escrito inaugural, plante\u00f3 diversas inconformidades con las actuaciones surtidas en el juicio penal que se le adelant\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, aduce que, la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n adoleci\u00f3 de varios defectos, pues, la fiscal\u00eda encargada realiz\u00f3 una comunicaci\u00f3n \u00abdispersa, gen\u00e9rica, abstracta y vaga\u00bb de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, no tuvo claridad acerca de los verbos rectores de las conductas que le endilg\u00f3 y err\u00f3 en cuanto a precisar su grado de participaci\u00f3n y la culpabilidad. <\/p>\n
As\u00ed mismo sostiene que las v\u00edctimas mencionadas en los hechos no tienen nada que ver con esa causa penal, pues en realidad est\u00e1n relacionadas con otro asunto que contin\u00faa indag\u00e1ndose (rad. 2015-02872) y el cual, asevera, no ha sido objeto de imputaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 con \u00e9nfasis que, pese a todas las anomal\u00edas presentadas en el acto de imputaci\u00f3n, su defensor para aquel momento lo indujo en error para que se allanara a los cargos, con la falsa promesa de que acceder\u00eda a una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer (que no superar\u00eda los 10 a\u00f1os) y que, \u00abredimiendo pena con trabajo y estudio intramural, no estar\u00eda ni siquiera 7 a\u00f1os privado de la libertad\u00bb; as\u00ed mismo, que ser\u00eda acumulada la otra investigaci\u00f3n (rad. 2015-2872), la que a\u00fan no ha iniciado formalmente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1ala que tuvo como defensores a los abogados Ricardo Bettin Verbel y Sorel Berena Mendoza Hern\u00e1ndez, frente a quienes igualmente expres\u00f3 su desavenencia con la labor que desarrollaron, las falencias t\u00e9cnicas que evidenciaron y, sobre todo, de la \u00faltima mencionada, por sustentar de forma insuficiente los recursos de apelaci\u00f3n y de casaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, dirigi\u00f3 cr\u00edticas a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los jueces de instancia e incluso a la forma en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal plasm\u00f3 los hechos en el prove\u00eddo de inadmisi\u00f3n de la demanda extraordinaria; as\u00ed mismo, recrimin\u00f3 que no haya advertido las fallas en la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, no fue tenido en cuenta por los jueces su manifestaci\u00f3n de retractarse del allanamiento, lo cual ya hab\u00eda provocado una declaratoria de nulidad por cuenta del tribunal (29 de marzo de 2019); pese a ello, el juzgado de conocimiento, una vez reanudada la actuaci\u00f3n, desatendi\u00f3 su expresa declaraci\u00f3n de no aceptar cargos por la falta de defensa t\u00e9cnica, destacando que, no hab\u00eda probado esa circunstancia como determinante en el vicio del consentimiento. <\/p>\n
Finalmente, refiere que, \u00abdurante el proceso penal [\u2026] he contado con seis profesionales del derecho, los cuales, subestimando mi acto de allanamiento a cargos, se han desinteresado por ejercer una buena defensa t\u00e9cnica a mi favor\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00abse decrete la nulidad de la sentencia condenatoria de primera instancia del proceso penal [2018-02211] de fecha 10 de septiembre de 2019 (\u2026) se tutele mi derecho a la retractaci\u00f3n del allanamiento a cargos (\u2026) se le imputen cargos en cada uno de los procesos penales [2018-02211 \u2013 2015-02872] con el fin de que los hechos jur\u00eddicamente relevantes de un proceso, no se usen para inflar la imputaci\u00f3n del otro proceso penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente del auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n impetrado por la defensa de Romero Pab\u00f3n, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada al respecto \u2013 17 de agosto de 2022 \u2013, y asegur\u00f3 que no ha vulnerado derecho alguno del actor. <\/p>\n
2. La Fiscal Coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de G\u00e9nero para la Atenci\u00f3n de Delitos que afectan a Mujeres, Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, lo que est\u00e1 pretendiendo el actor es revivir etapas que ya fenecieron \u00abhaciendo uso de argumentaciones mentirosas\u00bb. <\/p>\n
Sobre la supuesta aceptaci\u00f3n de cargos de forma irregular seg\u00fan lo denunciado por el gestor adujo que, contrario a lo alegado, el allanamiento en la imputaci\u00f3n \u00abestuvo revestida de absolutamente todas las garant\u00edas procesales y procedimentales [\u2026] cont\u00f3 con la asesor\u00eda de su abogado de confianza, acciones que en su momento fueron verificadas por el juez de control de garant\u00edas\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que, la sentencia condenatoria adem\u00e1s \u00abse fundament\u00f3 en pruebas debidamente allegadas al diligenciamiento que fueron valoradas de forma rigurosa por el Juez de Primera Instancia. De ah\u00ed que falta a la verdad Ra\u00fal Romero al pretender hacer creer al juez constitucional que la sentencia condenatoria se ciment\u00f3 en la simple aceptaci\u00f3n de cargos de \u00e9ste, dado que la fiscal\u00eda cumpli\u00f3 con su deber legal de demostrar la materialidad del delito a trav\u00e9s de los medios de conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Doce Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cartagena inform\u00f3 que, conoci\u00f3 las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en contra de Romero Pab\u00f3n y otros, por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial con menor de edad y otros\u00bb llevadas a cabo los d\u00edas 27 y 28 de julio de 2018. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el actor, el 9 de octubre de 2020 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n solicitando informaci\u00f3n sobre el proceso, como por ejemplo, \u00ab(\u2026) fechas de los hechos y nombres de las v\u00edctimas acreditadas dentro del proceso, a lo cual [\u2026] en fecha de 12 de octubre de 2020 se le da respuesta de fondo [\u2026] inform\u00e1ndole que al ser un despacho de control de garant\u00edas y no de conocimiento solo guardamos copia del acta, m\u00e1s no de la carpeta de la fiscal\u00eda [\u2026] es por ello que la solicitud deb\u00eda ser remitida al juez de conocimiento o en su defecto al fiscal del caso\u00bb. El 24 de noviembre de 2020 alleg\u00f3 una nueva petici\u00f3n expresando una serie de inconformidades con la imputaci\u00f3n de cargos, solicitud que fue contestada el 4 de diciembre siguiente, explic\u00e1ndole nuevamente que no se contaba con el expediente. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 82 Judicial II Penal resalt\u00f3 que, \u00abninguna de las pretensiones que se formulan a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela son viables. Las providencias de primera y segunda instancia tuvieron fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, siendo debidamente motivadas (\u2026) el actor menciona expectativa de instaurar un recurso de revisi\u00f3n, pero los argumentos que plantea para el efecto son de controversia probatoria como si se tratara de una tercera instancia y no de las causales contenidas en el art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. LA Fiscal 48 Seccional CAIVAS indic\u00f3 que tiene a su cargo la indagaci\u00f3n penal en contra de Romero Pab\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal violento\u00bb, en el que tiene identificadas cuatro (4) presuntas v\u00edctimas (rad. 2015-02872) y, como dicho asunto se encuentra en fase preliminar \u00abno se le est\u00e1 vulnerando ning\u00fan derecho fundamental, tal como se le ha venido reiterando en las m\u00faltiples respuestas de derechos de petici\u00f3n del se\u00f1or Romero\u00bb. <\/p>\n
6. Sorel Berena Mendoza Hern\u00e1ndez, quien fungi\u00f3 como defensora en el juicio penal seguido contra el ac\u00e1 actor, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda tutelar, pues a su juicio, se le ha vulnerado en varias ocasiones el derecho fundamental de petici\u00f3n al actor, ya que, por intermedio suyo ha elevado ante las autoridades judiciales varias solicitudes encaminadas a obtener informaci\u00f3n y copia del expediente penal sin haberlo logrado, lo cual intent\u00f3 tambi\u00e9n con acciones de tutela, pero en definitiva aquello no se materializ\u00f3, por lo que, seg\u00fan afirma, como no aparecen o no existen los elementos materiales probatorios incorporados al expediente \u00abmal podr\u00eda mi mandante continuar privado de la libertad bajo ese supuesto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
7. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cartagena inform\u00f3 que, le correspondi\u00f3 adelantar diligencia de legalizaci\u00f3n de incautaci\u00f3n con fines de comiso dentro del radicado 2017-00002 por los delitos de \u00abexplotaci\u00f3n sexual comercial con menor de 18 a\u00f1os agravado y concierto para delinquir\u00bb, investigaci\u00f3n que se adelanta contra Romero Pab\u00f3n, en la cual se decidi\u00f3 impartir legalidad a la incautaci\u00f3n de un veh\u00edculo automotor. En dicha oportunidad el investigado-procesado estuvo acompa\u00f1ado por la defensora p\u00fablica Liliana Pic\u00f3n Serrano y se le garantizaron todos sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-02211, al condenarlo a la pena de 21 a\u00f1os, 9 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial agravado\u00bb (sentencia de primera instancia del 10 de septiembre de 2019; de segundo grado, del 5 de marzo de 2020 y, auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, del 17 de agosto de 2022), desconociendo las v\u00edas de hecho presentadas en virtud de las inconsistencias en la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, el vicio en el consentimiento en la aceptaci\u00f3n unilateral de cargos, la indebida valoraci\u00f3n probatoria y por la falta de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea durante el curso procesal. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que los cuestionamientos que se hacen no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que, el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue proferido el 17 de agosto de 2022, mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 31 de mayo de 2023, esto es, superando el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Entonces, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo de asentimiento respecto de las decisiones que ataca y frente a las supuestas deficientes actuaciones que endilga a los abogados que ejercieron su defensa t\u00e9cnica en la causa penal (alegaci\u00f3n que, dicho sea de paso, hizo parte de los argumentos sustentatorios de los recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n, siendo objeto de pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en dichas sedes procesales); adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Ahora, aunque el gestor del amparo se\u00f1al\u00f3 que no ha permanecido inactivo en relaci\u00f3n con lo que aqu\u00ed denuncia, ya que dirigi\u00f3 recientemente sendas peticiones a la Defensor\u00eda del Pueblo a fin de exponer las presuntas irregularidades de su proceso y especialmente requiriendo que lo asista en la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, ello no es raz\u00f3n suficiente para omitir la aplicaci\u00f3n de la destacada exigencia procedimental pues, se ha dicho en precedencia por esta Corte que, peticiones o incidentes promovidos con posterioridad a las determinaciones que puntualmente se atacan no necesariamente alteran el an\u00e1lisis sobre la inmediatez. recientes <\/p>\n
En casos similares, la Sala explicit\u00f3 que, el requisito enunciado no se desvirt\u00faa con solicitudes, que aun actuales, redunden finalmente en el mismo prop\u00f3sito; esta Corporaci\u00f3n al respecto expuso que, \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 may. 2011, rad, 00096-01, reiterada en STC11067-2015, 21 ag.). <\/p>\n
3.4. En definitiva, el criterio adoptado releva a esta particular justicia de ahondar en el estudio de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas, los cuestionamientos al juicio que se le adelant\u00f3 al precursor del amparo y las cr\u00edticas a la gesti\u00f3n de los profesionales del derecho que lo defendieron; ex\u00e1menes que, en este evento, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 circunstancia v\u00e1lida que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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