STC5696-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5696-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02012-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Justina Mart\u00ednez Berm\u00fadez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2017-00084-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, supuestamente, conculcadas por las autoridades convocadas, toda vez que, no han dispuesto las medidas pertinentes tendientes a que se materialice la entrega del predio, conforme a la orden impartida en la sentencia de 23 de marzo de 2022, en el juicio de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2017-00084-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que en el aludido fallo, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se ordenara a su favor la entrega del predio denominado \u00abCongo Felipito 2 y Trapiche\u00bb, ubicado en el municipio de Mar\u00eda La Baja, departamento de Bol\u00edvar, identificado con matr\u00edcula n\u00ba 060-65376 y se comisionara para el efecto al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del auxilio se hubiese cumplido con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Asegura, que tal proceder le causa \u00abgraves perjuicios\u00bb y se constituye en un hecho de revictimizaci\u00f3n, aunado a que es \u00abuna persona de la tercera edad, quien tiene m\u00faltiples padecimientos cl\u00ednicos, para lo cual, el \u00fanico medio de subsistencia podr\u00eda ser durante los \u00faltimos a\u00f1os que resta de vida\u00bb es el aludido inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda \u00abse ordene al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO ESPECIALIZADO RESTITUCION TIERRAS – BOL\u00cdVAR – EL CARMEN DE BOL\u00cdVAR, que fije fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de entrega definitiva de la propiedad mi cliente la Sra. JUSTINA MARTINEZ BERMUDEZ, ubicada en el municipio de Mar\u00eda La Baja, departamento de Bol\u00edvar, identificado con FMI 060-65376, conforme lo ordeno el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA \u2013 SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS en Sentencia de fecha veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por conducto de una de sus magistradas inform\u00f3 que el 23 de marzo de 2022 profiri\u00f3 sentencia en el asunto que origina el reclamo constitucional, destacando que esta decisi\u00f3n fue notificada el 25 de octubre anterior y respecto de la cual la UAEGRTRD present\u00f3 solicitud de correcci\u00f3n y aclaraci\u00f3n el d\u00eda 26 de octubre de 2022, que fue resuelta en forma negativa mediante auto de fecha 5 de junio de 2023. <\/p>\n
Defendi\u00f3 su proceder, asegurando que no ha vulnerado las prerrogativas que reclama la gestora, en la medida que \u00abla entrega material solo pod\u00eda materializarse una vez ejecutoriada la sentencia (art\u00edculo 305 C.G.P), lo cual solo era posible con la ejecutoria del auto que resolviera la solicitud de correcci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n presentada por la UAEGRTD. En ese sentido, se tiene que la raz\u00f3n por la cual, esta Sala no ha expedido el despacho comisorio dirigido al Juzgado 2\u00ba CCERT de El Carmen de Bol\u00edvar, reside en la falta de ejecutoria de la citada providencia, lo cual habr\u00e1 de surtirse con el auto que resuelve la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n presentada en su momento por la UAEGRTD, la cual dicho sea, aunque fue rotulada como \u201ccorrecci\u00f3n\u201d, invoca el art\u00edculo 285 del C.G.P., referente a la figura de aclaraci\u00f3n de providencias cuyo efecto es la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que \u00abuna vez ejecutoriado el auto que resuelve la solicitud de correcci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de esta Sala que elabore, remita y notifique en forma inmediata el despacho comisorio correspondiente al Juzgado 2\u00ba CCERT de El Carmen de Bol\u00edvar, con la finalidad de materializar la entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Secretar\u00eda Distrital de H\u00e1bitat de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas asegur\u00f3 que no ha transgredido las garant\u00edas esenciales que invoca la promotora. Reliev\u00f3 que esa entidad solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la sentencia proferida en el juicio n\u00ba 2017-00084-00, \u00abla cual fue resuelta y notificada por estado el 6 de junio de 2023, por tal raz\u00f3n (\u2026) la misma no ha quedado ejecutoriada por ello (\u2026) no se libr\u00f3 despacho comisorio para que el Juzgado segundo de restituci\u00f3n de El Carmen de Bol\u00edvar realice la diligencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar se opuso a la prosperidad del amparo precisando que \u00abNO EXISTE ACTUALMENTE EN \uf05bESA\uf05d CASA JUDICIAL, comisi\u00f3n encomendada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013 Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, que ordene la entrega material del predio en mientes, por lo que siendo esto as\u00ed, NO ES POSIBLE MATERIALIZAR UNA ORDEN QUE NO HA SIDO COMISIONADA A\u00daN POR EL ENTE FALLADOR\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, recalc\u00f3 que los reproches de la acci\u00f3n de tutela no se dirigen frente a esa entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se opuso a la prosperidad del amparo manifestando que no tiene injerencia en los hechos que originan el reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si la autoridad convocada est\u00e1 lesionando las prerrogativas esenciales de la promotora al, supuestamente, dilatar injustificadamente la entrega del predio distinguido con folio de matr\u00edcula n\u00ba 060-65376, dispuesto en el fallo de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2017-00084-00. <\/p>\n
2. Sobre la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Es innegable la relaci\u00f3n que existe entre el acceso a la justicia y el ejercicio oportuno de la funci\u00f3n judicial. La tardanza de los funcionarios encargados de dirimir derechos sustanciales en disputa pone en entredicho el contenido mismo de esos derechos, y por lo mismo, compromete la realizaci\u00f3n de los valores y principios de convivencia que defiende y promueve el Estado Social de Derecho a trav\u00e9s del poder jurisdiccional. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, no cualquier situaci\u00f3n de mora compromete los derechos fundamentales de las partes, ni habilita la intervenci\u00f3n de los jueces constitucionales. Debido a que la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia no cuenta con recursos ilimitados, es posible que el presupuesto de la jurisdicci\u00f3n sea insuficiente para crear tantas sedes judiciales como se requieran para atender las crecientes necesidades de justicia de toda la sociedad. Y, por esa v\u00eda, tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de imprimir en ello todos los esfuerzos que razonablemente caben exigir a un ser humano, el fallador tampoco pueda evacuar a tiempo toda la carga que tiene asignada. <\/p>\n
2.3. Estas situaciones, se deben entender excepcionales, y ha de procurarse con celo que no se conviertan en la regla, como ocurrir\u00eda si se toleran excusas infundadas para no realizar a tiempo las tareas que le competen a cada juez o magistrado, como directores de los procesos a su cargo. Pero si, analizadas las circunstancias, se evidencia que la mora tiene explicaci\u00f3n justificada, la tutela no puede abrirse paso, tal como lo tiene decantado el precedente constitucional consolidado, que, sobre el particular, explica: <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de t\u00e9rminos judiciales no como un fin en s\u00ed mismo, sino como medio para \u201casegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u201d. Por ende, quien adelanta cualquier actuaci\u00f3n judicial dentro de los t\u00e9rminos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser as\u00ed se desconocer\u00edan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201ccomoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realizaci\u00f3n efectiva de la justicia material en el caso concreto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fen\u00f3menos como la mora, la congesti\u00f3n y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administraci\u00f3n de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de t\u00e9rminos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales, m\u00e1s si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la pr\u00e1ctica de pruebas, el cumplimiento de tr\u00e1mites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto (…) en la decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el precedente jurisprudencial respecto de la mora judicial y la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ella se unificaron las siguientes reglas jurisprudenciales: (…) En caso de omisi\u00f3n de respuesta, se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n est\u00e9 v\u00e1lidamente justificada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estas omisiones judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta formalmente procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de indefensi\u00f3n, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisi\u00f3n judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales. <\/p>\n
Se presenta una mora judicial injustificada si: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb (CC, SU-453 de 2020). <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por la memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que no se acredit\u00f3 la dilaci\u00f3n injustificada endilgada a la magistratura accionada en torno a la materializaci\u00f3n de la orden de entrega dispuesta en la sentencia que defini\u00f3 el litigio. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras despojadas que origina el reclamo (i) se profiri\u00f3 fallo el 23 de marzo de 2022, el cual se notific\u00f3 el 25 de octubre de esa anualidad, (ii) seguidamente la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras solicit\u00f3 \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb de la sentencia, y (iii) el 5 de junio de 2023 la magistratura acusada resolvi\u00f3 negativamente ese pedimento. <\/p>\n
En tal virtud, s\u00f3lo una vez ejecutoriado el auto que se pronunci\u00f3 respecto de la solicitud de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n del fallo se podr\u00e1 exigir la ejecuci\u00f3n de la precitada sentencia, esto en atenci\u00f3n a lo estatuido en el precepto 305 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras) <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia\/ m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada, ni la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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