STC5697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00338-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Alexander Rodr\u00edguez Aponte contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad y la Direcci\u00f3n Nacional de Impuestos Nacionales \u2013 DIAN \u2013, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-05495. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y administrativa convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, la DIAN tramita en su contra proceso de cobro coactivo (exp. 200439472) por el no pago de la declaraci\u00f3n de retenci\u00f3n en la fuente del a\u00f1o 2005 \u00abperiodos 02 por $10\u2019396.000.; periodo 04 por $8\u2019138.000.; periodo 06 por $859.000.\u00bb como representante legal de la empresa \u00abComercializadora Reby\u00bb, asunto del que, seg\u00fan afirm\u00f3, no fue enterado, pese a que hab\u00eda actualizado la direcci\u00f3n de notificaciones. Para el a\u00f1o 2010 se inici\u00f3 en su contra proceso penal por el delito de \u00abomisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador\u00bb en el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. 2010-5495). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en el tr\u00e1mite administrativo, el 23 de febrero y el 11 de noviembre la DIAN profiri\u00f3 sendas resoluciones decretando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro de las obligaciones de retefuente a su cargo. <\/p>\n
En cuanto al juicio penal, resalt\u00f3 que, en diligencias del 8 y 14 de julio solicit\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (sic)\u00bb, la cual le fue negada por el despacho y el tribunal en segunda instancia. Posteriormente, en sede de audiencia preparatoria realiz\u00f3 cuestionamientos sobre la validez de la actuaci\u00f3n \u2013 solicitud de nulidad \u2013 en virtud del tard\u00edo descubrimiento de los elementos materiales probatorios por parte de la fiscal\u00eda, petici\u00f3n que tampoco prosper\u00f3, ya que en ambas instancias (auto del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, del 9 de febrero de 2022) se consider\u00f3 que el traslado extempor\u00e1neo de las pruebas \u00abno ten\u00eda ninguna incidencia para el proceso\u00bb. <\/p>\n
En la causa tributaria, el 9 de febrero de 2022, tras conocer la decisi\u00f3n adversa frente a la nulidad planteada en el juicio penal, pidi\u00f3 a la DIAN la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite de cobro de coactivo \u00abpor mutuo acuerdo\u00bb o transacci\u00f3n, pero dicha entidad con resoluci\u00f3n del 22 de abril de 2022 \u2013 Acta n\u00ba 73 \u2013por intermedio del Comit\u00e9 Especial de Conciliaci\u00f3n y Terminaci\u00f3n por Mutuo Acuerdo, resolvi\u00f3 \u00abno transar al no concurrir los requisitos para proceder en ese sentido\u00bb. <\/p>\n
Luego, asever\u00f3 que, en el mes de agosto de ese a\u00f1o, pidi\u00f3 la revocatoria directa de la resoluci\u00f3n del 22 de abril de 2022, pero cuestion\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda tutelar, la DIAN no ha decidido al respecto, desatendiendo, seg\u00fan adujo, el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 95 de la ley 1437 de 2011 (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), proferimiento que resulta determinante para requerir ante la justicia penal la \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el proceso de cobro coactivo sostuvo que, cumpli\u00f3 con los requisitos para acceder a la cancelaci\u00f3n de la causa por mutuo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 47 de la ley 2155 de 2021 (ley de inversi\u00f3n social) que posibilita a los contribuyentes morosos ser beneficiados con \u00abla rebaja del 80% de inter\u00e9s de capital\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se declare la nulidad \u00ab(i) de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso penal a partir del d\u00eda 29 de junio del a\u00f1o 2021 [porque la fiscal\u00eda] realiz\u00f3 el descubrimiento de los elementos Materiales Probatorios y Evidencia F\u00edsica por fuera del t\u00e9rmino legal; (\u2026) (ii) se declare la nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso penal a partir del momento en que se neg\u00f3 la incorporaci\u00f3n de la prueba sobreviniente a juicio en cuanto al Acto Administrativo ACTA No. 73 de fecha 22 de abril del a\u00f1o 2022 del Comit\u00e9 Especial de Conciliaci\u00f3n y Terminaci\u00f3n por Mutuo Acuerdo de la DIAN, mediante el cual NO TRANSA la petici\u00f3n de pago de liquidaci\u00f3n con rebaja de intereses del 80% sobre capital (art 47 ley 2155 de 2021) de la Declaraci\u00f3n de Retenci\u00f3n en la Fuente a\u00f1o 2005; (\u2026) (iii) que de fondo se decrete la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal [\u2026] desde el d\u00eda 15 de diciembre del a\u00f1o 2022; (\u2026) (iv) se deje sin efectos el acto administrativo de 22 de abril de 2022 de la DIAN; (\u2026) se ordene a la DIAN expedir un nuevo acto que resuelva la solicitud de revocatoria directa aplicando favorablemente el art\u00edculo 47 de la ley 2155 de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, en efecto, del proceso que se sigue contra el aqu\u00ed actor, conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n formulada frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la petici\u00f3n de incorporaci\u00f3n de una prueba sobreviniente en el juicio, confirm\u00e1ndola. <\/p>\n
2. El apoderado externo de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, pidi\u00f3 se niegue el auxilio por cuanto el proceso penal que en ella se critica no ha concluido. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de la causa que cursa contra Rodr\u00edguez Aponte y defendi\u00f3 las determinaciones que ha adoptado, en cuanto a negar la nulidad planteada por la defensa por la supuesta extemporaneidad en el traslado de los elementos de prueba, la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y de incorporaci\u00f3n de prueba sobreviniente. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los reclamos dirigidos contra el juicio penal y las decisiones que en \u00e9l se han proferido, desestim\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad porque, dicho proceso \u00abse encuentra en curso [\u2026] lo que significa que es al interior de la referida actuaci\u00f3n donde deben plantearse las inconformidades que por este tr\u00e1mite excepcional se proponen (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n de la causa penal hasta tanto no se resuelva la revocatoria directa propuesta ante la DIAN, tampoco prospera por el mismo criterio, ya que, se trata de una postulaci\u00f3n que no ha sido elevada ante el juez competente. <\/p>\n
Finalmente, concedi\u00f3 el resguardo por la mora atribuida a la DIAN para resolver sobre la revocatoria directa (solicitud que se estableci\u00f3 fue presentada por el actor el 9 de noviembre de 2022), esto es, por haber \u00abtranscurrido 4 meses sin que haya dado a conocer su tr\u00e1mite al actor\u00bb; en consecuencia, le orden\u00f3 a la tutelada que, \u00ab(\u2026) dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva la solicitud de revocatoria directa presentada, el 9 de noviembre de 2022, por Fredy Alexander Rodr\u00edguez Aponte\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien refut\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo por cuanto, estar\u00eda desconociendo el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 738-1 del estatuto tributario, que otorga un (1) a\u00f1o a esa entidad para resolver lo respectivo a la revocatoria directa, norma que se\u00f1ala que, si dentro de ese plazo \u00abno se profiere decisi\u00f3n, se entender\u00e1 resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petici\u00f3n de parte el silencio administrativo positivo (\u2026) por lo que la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1 tiene hasta el 9 de noviembre de 2023 para notificar el respectivo acto administrativo que resuelva dicha solicitud\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la inconformidad contenida en la impugnaci\u00f3n formulada por el apoderado de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, corresponder\u00e1 establecer si dicha entidad incurri\u00f3 en mora para resolver la solicitud de revocatoria directa (de la resoluci\u00f3n del 22 de abril de 2022, Acta n\u00ba 73), radicada por el aqu\u00ed accionante el 9 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Sala revocar\u00e1 la providencia confutada, y en consecuencia, negara el amparo y la orden dada por la a quo a la entidad impugnante consistente en, emitir acto administrativo (dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela), que resuelva sobre la revocatoria directa que present\u00f3 el actor el 9 de noviembre de 2022 al interior del proceso de cobro coactivo 200439472. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, de conformidad con la normativa especial regulatoria del tr\u00e1mite tributario en cuesti\u00f3n1, el t\u00e9rmino con que cuenta la entidad recaudadora para pronunciarse frente a la solicitud referida no se ha superado, luego, no es posible endilgarle transgresi\u00f3n del debido proceso en ese aspecto, evidenci\u00e1ndose infundada dicha reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, no se advierte un proceder irregular que imponga ineludiblemente dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos pretendidos por el promotor del amparo, en tanto que, la actuaci\u00f3n recriminada, como lo aclar\u00f3 la DIAN, se encuentra en tr\u00e1mite y a\u00fan en tiempo para dictar la resoluci\u00f3n que le concierne, por lo que no corresponde atribuirle negligencia u omisi\u00f3n alguna, seg\u00fan lo expuesto. <\/p>\n
Lo dicho, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el actor para demandar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, las determinaciones \u2013 dictadas al interior del proceso tributario \u2013 que considere pudieron apartarse de las previsiones del ordenamiento jur\u00eddico (siempre y cuando cumpla con los requisitos propios procedibilidad de la acci\u00f3n que invoque). <\/p>\n
En suma, tal como se anticip\u00f3, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, para en su lugar denegar el amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente explicado, se revocar\u00e1 la salvaguarda otorgada por la Hom\u00f3loga a quo, ya que, no es posible atribuir a la entidad administrativa accionada dilaci\u00f3n o desidia frente a la solicitud impetrada por el actor, de acuerdo a la normativa aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, NEGAR la tutela impetrada por Fredy Alexander Rodr\u00edguez Aponte y, por lo tanto, dejar sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ARTICULO 738-1. TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA. Art\u00edculo adicionado por el art\u00edculo 136 de la Ley 223 de 1995.: Las solicitudes de revocatoria directa deber\u00e1n fallarse dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir de su petici\u00f3n en debida forma. Si dentro de \u00e9ste t\u00e9rmino no se profiere decisi\u00f3n, se entender\u00e1 resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petici\u00f3n de parte el silencio administrativo positivo. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO TRANSITORIO. Para las solicitudes de revocatoria directas pendientes de fallo, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en este art\u00edculo empezar\u00e1 a correr a partir del mes siguiente de la vigencia de la presente ley. <\/p>\n
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