STC5700-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5700-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02186-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Samuel Hern\u00e1ndez Coronado contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes reconocidas en el juicio verbal 2020-00120. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores \u00aba la igualdad de las personas frente a la ley, a la justa remuneraci\u00f3n del trabajo\u2026 debido proceso\u2026 situaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb. <\/p>\n
2. Expuso que, por efecto del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito con Yeni Patricia y Claudia Milena Santiago Rueda, promovi\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Proalimentos Liber S.A.S., pact\u00e1ndose como honorarios por la gesti\u00f3n profesional, \u00abuna cuota litis del veinticinco por ciento\u2026 de los valores que fueran asignados o se declararan a favor de la poderdante, m\u00e1s $20.000.000,00 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la cl\u00e1usula cuarta del convenio regul\u00f3 lo relativo a la revocatoria del mandato, estableci\u00e9ndose que las contratantes se compromet\u00edan a \u00abno revocar el poder\u2026 sin justa causa\u00bb, quedando obligadas, en caso de hacerlo, a cancelar el valor total de la remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
Dijo que Yeni Patricia Santiago Rueda revoc\u00f3 el poder aduciendo una indebida representaci\u00f3n, manifestaci\u00f3n admitida por el juzgado el 27 de noviembre de 2020, por lo cual promovi\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios \u00abdonde se solicit\u00f3 fueran [establecidos] en la suma de $2.925.572.812,75 que corresponden al 25 %… de la cuant\u00eda de la demanda, liquidados seg\u00fan lo estipulado en las cl\u00e1usulas segunda y cuarta del contrato\u2026\u00bb. <\/p>\n
Tramitado el incidente, seg\u00fan afirm\u00f3, sin oposici\u00f3n de la parte incidentada, el 8 de junio de 2022 el despacho cognoscente \u00abprocedi\u00f3 a dictar sentencia [sic] regulando los honorarios en la peque\u00f1a suma de $1.500.000,00\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; la defensa horizontal fue resuelta desfavorablemente a sus intereses, en tanto que la alzada la desat\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de diciembre siguiente, en el sentido de modificar la suma reconocida por el a quo, determin\u00e1ndola en tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
3. Para Hern\u00e1ndez Coronado las anteriores providencias adolecen de defectos sustantivo y f\u00e1ctico. Frente al primero, asegur\u00f3 que las autoridades realizaron una incorrecta interpretaci\u00f3n de las disposiciones y precedentes jurisprudenciales llamados a gobernar el asunto. Por su parte, en torno al segundo, cuestion\u00f3 que se hubiera dejado de valorar el elemento de prueba aportado, el cual serv\u00eda de soporte a su pretensi\u00f3n, como lo era el contrato de prestaci\u00f3n de servicios. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, sostuvo que el tribunal incurri\u00f3 en defecto procedimental por haber excedido la competencia regulada en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abal pronunciarse sobre argumentos no expuestos en la apelaci\u00f3n, al afirmar que se limitaba la posibilidad de la poderdante a ejercer el acto de revocatoria del poder y al aplicar la tarifa m\u00ednima de agencias en derecho para los procesos sin cuant\u00eda, desconociendo la cuant\u00eda que obra en el proceso y sin que nadie as\u00ed lo solicitara\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 remover los efectos jur\u00eddicos de la providencia censurada y \u00aba cambio, ordenar la regulaci\u00f3n de honorarios en la suma de $2.925.572.812,75 que corresponden al 25 % de $ 11.702.291.251,00, que es la cuant\u00eda de la demanda, de los cuales debe pagar la se\u00f1ora Yeni Patricia Santiago Rueda $1.462.786.403,37 que es la mitad, por ser dos las contratantes [sic]\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente deprec\u00f3 que \u00abde no liquidarse conforme a lo anterior, aplicar como criterio auxiliar las tarifas se\u00f1aladas para las agencias en derecho en el Acuerdo PSAA16-10554\u2026 aplicando el art\u00edculo 5\u00ba, literal a, numeral (ii) de la tarifa para los procesos de mayor cuant\u00eda, que van del 3 % al 7 % de lo pedido, regulando los honorarios en $351.08.737,53 que corresponde al m\u00ednimo del 3 % sobre la base de la cuant\u00eda de la demanda\u2026 [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a remitir el link del expediente digital y a informar que, en efecto, con auto de 8 de junio de 2022 resolvi\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido por el ac\u00e1 gestor; decisi\u00f3n contra la cual se interpuso recurso de apelaci\u00f3n resuelto el 7 de diciembre siguiente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el sentido de modificar la suma establecida. <\/p>\n
2. Para Yeni Patricia Santiago Rueda \u00abel juzgado de conocimiento y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 obraron conforme a la legalidad al adoptar sus decisiones, asignando una suma de dinero que consideraron ajustada, teniendo en cuenta el trabajo realizado por el se\u00f1or Hern\u00e1ndez, ya que en [su] nombre no puede decirse que act\u00fao [sic]\u00bb, pues la revocatoria del mandato le fue informada al profesional del derecho inclusive antes de haber sido admitida la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Samuel Hern\u00e1ndez Coronado, en el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, promovido dentro de la rendici\u00f3n provocada de cuentas 2020-00120, al asignarle como remuneraci\u00f3n por los servicios prestados el equivalente a tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, desconociendo, supuestamente, lo pactado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito con Yeni Patricia Santiago Rueda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones que sirvieron de sustento a la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto de 7 de diciembre de 2022 por medio del cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 reconoci\u00f3 al gestor, como honorarios por los servicios profesionales prestados a Yeni Patricia Santiago Rueda, la suma equivalente a tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, como de las pruebas practicadas en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura accionada, luego de hacer un recuento del acontecer procesal, de los motivos de disenso formulados por el apelante, de las disposiciones legales aplicables al asunto concreto y de las pruebas arrimadas, se adentr\u00f3 en el estudio del caso, advirtiendo que \u00abrespecto de los honorarios que le corresponde a los profesionales del derecho por su labor en las actuaciones judiciales, se aplican las reglas del mandato\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, aun cuando la cuantificaci\u00f3n de tal remuneraci\u00f3n correspond\u00eda hacerse, en principio, \u00abcon apego a la convenci\u00f3n, toda vez que el contrato es ley para las partes\u00bb lo cierto era que la cl\u00e1usula cuarta, que consagr\u00f3 la irrevocabilidad del poder y que sirvi\u00f3 de sustento a la pretensi\u00f3n del incidentante, \u00abno [pod\u00eda] ser aplicada para los fines de fijar los honorarios\u2026 comoquiera que esa disposici\u00f3n negocial [contraven\u00eda] la ley\u00bb. <\/p>\n
En punto de ello se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dicho acuerdo negocial est\u00e1 en contrav\u00eda del art\u00edculo 2189 del C\u00f3digo Civil, norma seg\u00fan la cual el contrato de mandato se puede terminar, entre otros eventos, por la revocaci\u00f3n del mandante, como sucedi\u00f3 en el sub lite. Por manera que, si el incidentante pretende que se le paguen sus honorarios como si hubiera obtenido un \u00e9xito rotundo en su gesti\u00f3n, cuando lo \u00fanico que despleg\u00f3 fue la presentaci\u00f3n de la demanda y la obtenci\u00f3n de un auto admisorio, su aspiraci\u00f3n no puede estar cimentada en una cl\u00e1usula que limitaba la posibilidad de los poderdantes a ejercer el acto de la revocatoria, comoquiera que la misma legislaci\u00f3n es la que les permit\u00eda actuar de esa manera. <\/p>\n
En esencia, ning\u00fan contrato puede celebrarse contraviniendo los preceptos legales y constitucionales, mucho menos puede justificarse el pago total de los honorarios de forma autom\u00e1tica y como si la gesti\u00f3n hubiera sido absolutamente exitosa, por el hecho de la revocatoria del poder al abogado, cuando, se repite, la misma norma sustancial prev\u00e9 que el mandato, extensivo al apoderamiento judicial, puede culminar con la revocaci\u00f3n por parte del mandante, argumentos que son suficientes para desestimar la mayor\u00eda de los reparos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, resalt\u00f3 que como la labor del profesional del derecho demanda cierto grado de esfuerzo intelectual, la misma deb\u00eda corresponderse con una retribuci\u00f3n ajustada y suficiente por las gestiones efectivamente realizadas, para lo cual el juzgador debi\u00f3 acudir <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a los criterios se\u00f1alados por el Cgp para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho (art. 76), dado que los referentes de audiencias y dem\u00e1s etapas previstas en el contrato no eran aplicables ante el estado en que se encontraba el tr\u00e1mite al producirse la revocaci\u00f3n, acaecida incluso antes de la admisi\u00f3n de la demanda. En s\u00edntesis, deben tenerse en cuenta los par\u00e1metros del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, comoquiera que el art\u00edculo 366.4 del Cgp es claro al preceptuar que \u201cpara la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado y cr\u00edtico del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como del medio de convicci\u00f3n que sustent\u00f3 el reclamo, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas adosadas al tr\u00e1mite incidental y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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