STC5703-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5703-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02192-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-04958. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, mediante sentencia del 30 de octubre de 2020 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed \u2013 radicado n\u00ba 2019-4958 \u2013 conden\u00f3 al ac\u00e1 actor a la pena principal de 260 meses de prisi\u00f3n y multa de 1066.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00absecuestro simple agravado\u00bb, condena que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn con fallo del 22 de abril de 2021. <\/p>\n
Contra los rese\u00f1ados veredictos condenatorios promovi\u00f3 recurso de revisi\u00f3n, el cual fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n (auto de 7 de diciembre de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
El accionante acude al presente amparo para plantear una serie de cuestionamientos por diversas irregularidades que habr\u00edan, supuestamente, viciado de nulidad el proceso penal que se le adelant\u00f3. <\/p>\n
Alega que, los fallos que lo condenaron son trasgresores de sus derechos fundamentales, ya que se emitieron en un proceso \u00absin el debido fundamento probatorio que permitiera deducir la materialidad de la conducta de secuestro\u00bb, mismo delito por el que reclama fue sancionado dos veces si en cuenta se tiene que los supuestos de hecho de ese punible ser\u00edan los mismos del comportamiento atentatorio del patrimonio econ\u00f3mico, ya que la \u00abretenci\u00f3n fue por la causalidad del delito de hurto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reprocha que le fue impuesta una sanci\u00f3n de 260 meses de prisi\u00f3n \u00abno solamente es ilegal, arbitraria, injusta e inconstitucional, sino desproporcionada\u00bb por cuanto, \u00abde darse la conducta de secuestro esta era en la modalidad tentada, como el delito de hurto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade que, no acudi\u00f3 al recurso de casaci\u00f3n porque es una persona que no cuenta con recursos econ\u00f3micos para asumir los costos que tal demanda exig\u00eda. <\/p>\n
Finalmente, sobre la inadmisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 (autos de 2 de septiembre y 7 de diciembre de 2022), se\u00f1al\u00f3 que la Hom\u00f3loga Penal resolvi\u00f3 \u00abde forma caprichosa, de manera ilegal, arbitraria e injusta\u00bb habida cuenta que no se percat\u00f3 de la \u00abinexistencia\u00bb de la conducta punible por la fue sancionado. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse decrete la nulidad de toda la actuaci\u00f3n procesal y a consecuencia de ello se ordene mi libertad\u00bb.\u201d <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed indic\u00f3 que, tramit\u00f3 contra el actor dos causas penales, una por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb – radicado 2020-0005 \u2013 que culmin\u00f3 con sentencia el 7 de junio de 2020 producto de allanamiento voluntario a cargos, imponi\u00e9ndosele una pena de prisi\u00f3n de 7 a\u00f1os, ratificada el 31 de agosto de esa anualidad por el Tribunal Superior de Medell\u00edn; de otro lado, el juicio por el delito de \u00absecuestro simple agravado\u00bb, objeto de la actual demanda tutelar \u2013 radicado 2019-04958 \u2013 en el que dict\u00f3 sentencia de condena el 30 de octubre de 2020 de 260 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n igualmente confirmada por el superior. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en los tr\u00e1mites se respetaron plenamente las garant\u00edas procesales del enjuiciado y que no hubo doble incriminaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem. Finalmente, inform\u00f3 que Villa Ram\u00edrez ha promovido multitud de acciones constitucionales, de tutela y habeas corpus, en todas recriminando el mismo tr\u00e1mite penal bajo id\u00e9nticas alegaciones, lo que representa un evidente \u00abun abuso del derecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ponente del auto que inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n impetrado por el gestor del resguardo explic\u00f3 que, se resolvi\u00f3 de esa manera porque dicho recurso no satisfizo \u00ablas exigencias formales y sustanciales requeridas para su admisibilidad y tr\u00e1mite\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que, Villa Ram\u00edrez, en una oportunidad anterior promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela por quejas similares, la cual conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil bajo el radicado 2023-00246-00 que culmin\u00f3 con fallo denegatorio del amparo el 1\u00ba de febrero de 2023. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si se vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor por cuenta, (i) del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, al condenarlo a la pena de 260 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00absecuestro simple agravado\u00bb a partir de una indebida valoraci\u00f3n probatoria y vulneraci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem; y, (ii) la Sala de Casaci\u00f3n Penal por inadmitir el recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 contra los referidos fallos condenatorios. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio del amparo. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
Sobre lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Anticipa la Sala que desestimar\u00e1 la s\u00faplica al revelarse una actuaci\u00f3n temeraria del actor respecto de los cuestionamientos que dirige frente a la actuaci\u00f3n penal que se adelant\u00f3 en su contra por el delito de secuestro simple agravado \u2013 rad. 2019-4958 \u2013 y los fallos que lo condenaron a 260 meses de prisi\u00f3n por esa conducta, puesto que, dichas postulaciones ya las hab\u00eda planteado en una pluralidad de tutelas anteriores conocidas por esta Corporaci\u00f3n, entre las que pueden destacarse la STP6481-2021 (declarada improcedente por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad \u2013 omisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n); ATP096-2022 (auto que rechaz\u00f3 la demanda por temeridad); STP2546-2022 (desestimada por temeridad) y STP616-2023 y en impugnaci\u00f3n STC1888-2023 (ambas denegadas por ejercicio temerario de la acci\u00f3n). <\/p>\n
Y es que, efectivamente, aqu\u00e9llas salvaguardas se sustentaron en id\u00e9nticos reproches a los expuestos por el gestor en el actual tr\u00e1mite; esto es, las presuntas irregularidades que afectar\u00edan la validez del juicio penal rad. 2019-4958, tales como, el supuesto vencimiento de los t\u00e9rminos procesales, la doble incriminaci\u00f3n por los mismos hechos, la indebida valoraci\u00f3n probatoria (pues considera que el delito de \u00absecuestro simple\u00bb no se comprob\u00f3) y la pena \u00abdesproporcionada\u00bb que le fue impuesta. <\/p>\n
De manera que, es claro que aquellos resguardos concuerdan con el aqu\u00ed examinado en los puntos cardinales que los motivaron, y pese a que difieren sutilmente en la forma de exponerlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido, esta tutela es el reflejo injustificado de otras tantas esencialmente similares, no es posible su reiteraci\u00f3n porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01; y STC9397-2019, 17 jul., rad. 02151-00). <\/p>\n
Frente al citado criterio de procedibilidad ha precisado la Corte que, <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (STC 21 oct. 2009, rad. 01841-00, reiterada en STC3202-2014, 13 jun. 2014, rad. 00075-01). <\/p>\n
Entonces, ciertamente, se reitera, la vigente demanda reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales con las rese\u00f1adas, que evidencian su indebido ejercicio, de donde surge n\u00edtida la inviabilidad de las posteriores actuaciones con igual prop\u00f3sito. <\/p>\n
Por lo dicho, sobre estos aspectos concretos se impone declarar la manifiesta improcedencia de la protecci\u00f3n, a fin de detener la injustificada extensi\u00f3n del debate propuesto. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. La providencia que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la censura del actor dirigida contra la Hom\u00f3loga Penal, por haber inadmitido el recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 contra los fallos condenatorios, reclamo este s\u00ed novedoso en el presente resguardo, se precisa que, analizada esa determinaci\u00f3n, la Sala la observa razonable, pues la accionada fue clara en indicar que los presupuestos normativos para la viabilidad del estudio de fondo de dicho remedio extraordinario, no fueron acreditados por el recurrente. <\/p>\n
En tal sentido, Villa Ram\u00edrez, aunque fund\u00f3 el mencionado recurso en las causales 1\u00aa, 3\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 192 del estatuto adjetivo penal, la Sala Especializada, precis\u00f3 que ni siquiera cumpli\u00f3 con el requisito formal de demostrar la firmeza de las decisiones atacadas. <\/p>\n
Pero, no obstante que aquella exigencia bastaba para inadmitir la demanda, se detuvo a evaluar las causales que desarroll\u00f3 en los argumentos del remedio; as\u00ed, de la 3\u00aa relacionada con la aparici\u00f3n de hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo del debate jur\u00eddico, precis\u00f3 esa Sala que, inicialmente el proponente deb\u00eda acreditar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) i) una situaci\u00f3n f\u00e1ctica o probatoria nueva, no conocida en el curso del proceso; y ii) la novedad f\u00e1ctica o probatoria con virtualidad e idoneidad suficientes para derruir el soporte justificante de la sentencia calificada injusta, que permita establecer la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o cuando menos tornar discutible la verdad declarada en el fallo, por lo cual se requiere, adicional e imperativamente, explicar la aptitud del elemento probatorio para derruir los fundamentos de la sentencia atacada1. <\/p>\n
De no cumplir el demandante con la carga de acreditar o demostrar estas exigencias, deja el cargo carente de la eficacia necesaria para su admisi\u00f3n, situaci\u00f3n que en este evento es la que acontece habida cuenta que si bien se invoca la causal tercera, el actor no menciona alg\u00fan hecho nuevo desconocido en el curso de las actuaciones judiciales regulares adelantadas contra VILLA RAM\u00cdREZ; mucho menos alude o aporta alguna especie de prueba novedosa, con los que se demuestre su inocencia o inimputabilidad o se desvirt\u00fae la verdad declarada en los fallos de condena conocidos. <\/p>\n
Por ende, deviene inadmisible la demanda sustentada en la causal tercera del art\u00edculo 192 del estatuto procesal penal\u00bb. <\/p>\n
Luego, de la causal 6\u00aa, que alude a que el fallo condenatorio se soport\u00f3 en prueba falsa, dijo la accionada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se promueve la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con fundamento en la causal sexta corresponde al peticionario demostrar con el aporte de providencia judicial en firme, la certeza de la falsedad de la prueba que influy\u00f3 de manera determinante en la declaraci\u00f3n de verdad contenida en la sentencia que se busca derruir. <\/p>\n
En ese contexto, no sirven de sustento a la pretensi\u00f3n las apreciaciones subjetivas del aqu\u00ed demandante que considera soportadas en prueba falsa las sentencias emitidas en desfavor de VILLA RAM\u00cdREZ dentro de los procesos que se le siguieron por los delitos de secuestro simple y agravado y hurto calificado agravado en tentativa; en cambio, deb\u00eda acreditar la existencia de la prueba espuria cuya remoci\u00f3n conducir\u00eda a variar sustancialmente dichos fallos\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto, concluy\u00f3 que no pod\u00eda ser otra la decisi\u00f3n que declarar la ineptitud de la demanda, \u00ab(\u2026) toda vez que, a m\u00e1s de carecer del soporte de la ejecutoria de las sentencias que cuestiona, deja de lado demostrar que en verdad se materializa alguna de las causales a que se ha hecho referencia. <\/p>\n
Y finalmente agreg\u00f3 que, \u00abPor contrario, el demandante persigue revertir el efecto de cosa juzgada de las determinaciones adoptadas en desfavor del prenombrado ciudadano por distintas instancias de justicia, queriendo hacer valer su particular opini\u00f3n acerca de que son \u201cilegales, arbitrarias, desproporcionadas e inconstitucionales\u201d, alegaci\u00f3n que evidencia el uso indebido de la acci\u00f3n revisora al no consultar las razones de su procedencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo transcrito da cuenta de que la Sala Especializada consign\u00f3 en el rese\u00f1ado pronunciamiento las razones que tuvo para inadmitir el mencionado recurso extraordinario, sin que al efecto se advierta una actuaci\u00f3n subjetiva que deslegitime su postura. <\/p>\n
Por el contrario, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad del auxilio al no vislumbrarse un proceder irracional por parte de la tutelada que imponga la intervenci\u00f3n de esta justicia especial, reservada para casos en los que se muestre indiscutible la configuraci\u00f3n de verdaderas v\u00edas de hecho. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que el Juez de la causa est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso, si <\/p>\n
\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte ha sido enf\u00e1tica en resaltar que incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una providencia judicial no s\u00f3lo conformarse con cuestionar su validez por no compartirla, sino tambi\u00e9n, demostrar que se trata de la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone un debate de esta naturaleza, debe detallar las razones por las cuales aqu\u00e9lla desconoce derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho, lo que ciertamente aqu\u00ed no sucedi\u00f3, por lo tanto, partiendo de esa premisa, el proferimiento discutido no es susceptible de revisarse por esta senda. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se evidencia el ejercicio temerario de la acci\u00f3n en relaci\u00f3n con las quejas contra el tr\u00e1mite penal rad. 2019-4958 y las sentencias de primera y segunda instancia condenatorias, en tanto que, los cuestionamientos son esencialmente id\u00e9nticos, replanteando temas que ya hab\u00edan sido sometidos al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional en anteriores acciones de tutela. <\/p>\n
5.2 No se advierte v\u00eda de hecho que abra paso a la protecci\u00f3n constitucional, por cuanto el pronunciamiento que inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n formulado por el precursor del amparo respecto de los fallos de condena, se observa razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ, AP1568-2015, 25 mar. 2015, rad. 44524. <\/p>\n
<\/p>\n
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